A partir del discurso de Jorge Cálix en el hemiciclo, concluimos que los acuerdos que permitieron destrabar la elección de la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras no fueron una simple transacción de votos. Lo que Cálix expuso en su discurso (y en buena medida documentó) es una agenda legislativa para los primeros cien días, construida en medio de una negociación fallida por la presidencia del Congreso, pero exitosa en términos programáticos. El Partido Liberal no consiguió los 24 votos adicionales que necesitaba para imponerse en la presidencia, ese límite político es reconocido sin rodeos en el discurso de Cálix. A partir de ahí, nos indica que la negociación se desplazó del control del cargo a las condiciones bajo las cuales se ejercerá el poder legislativo a partir de este momento.

El punto de partida del discurso es una referencia directa al quiebre institucional de hace cuatro años. Jorge Cálix recuerda la instalación de una directiva con apenas 44 votos, y remarca también el contexto político que lo hizo posible. En 2022, el Partido Libertad y Refundación no solo contaba con una mayoría parlamentaria precaria, sino con un factor extrainstitucional decisivo: la capacidad de presión de los colectivos, que operaron como fuerza de choque para imponer una decisión que no tenía respaldo suficiente dentro del hemiciclo. La fuerza física, la ocupación del espacio y la intimidación funcionaron entonces como sustitutos del consenso político. Ese es el antecedente que Cálix pone sobre la mesa cuando habla de “patadas” y de un Congreso tomado por la fuerza.

El contraste con 2025 es deliberado. El Partido Liberal no dispone de ese mismo instrumento de presión. No controla la calle, no tiene colectivos organizados que puedan operar como brazo de coerción política sin costos severos, y tampoco tiene una legitimidad social que le permita forzar una salida de hecho sin quedar inmediatamente asociado a la ruptura del orden institucional. Pero, además, hay un segundo límite más profundo reconocido por Cálix: incluso en el plano estrictamente parlamentario, el liberalismo llega a esta negociación sin los números necesarios para imponer su voluntad. No solo no tiene la fuerza extralegal que tuvo Libre en 2022; tampoco tiene el margen de maniobra interno para presionar más allá de la retórica sin salir él mismo debilitado.

Esa doble limitación explica el tono y la estrategia del discurso que vimos. La evocación del golpe legislativo de hace cuatro años no busca abrir una revancha simbólica, sino marcar una frontera política. Cálix deja claro que repetir ese método no es una opción viable ni deseable para su partido, porque el costo sería mayor que el beneficio. Forzar una salida de choque, sin calle y sin votos, habría colocado al Partido Liberal en una posición de aislamiento político y de desgaste institucional difícil de revertir.

En ese marco se entienden las conversaciones con el Partido Nacional de Honduras, que no se abrieron discutiendo nombres ni cargos, sino reglas. La negociación no partió de la pregunta sobre quién debía presidir el Congreso, sino sobre cómo evitar que el Congreso vuelva a ser capturado por un partido con una lógica de imposición. El recuerdo de 2022 funciona así como advertencia y como justificación: advertencia sobre lo que ocurre cuando la fuerza sustituye al procedimiento, y justificación de por qué, en 2025, el liberalismo opta por una negociación programática aun sabiendo que no controla el desenlace de la presidencia.

Ya aterrizando en la base del discurso. El primer bloque de acuerdos se concentra en el sistema electoral. Cálix menciona como incidente concreto la ausencia prolongada del consejero del CNE, Marlon Ochoa, durante el proceso, una ausencia que, en los hechos, paralizó decisiones claves y terminó impactando la credibilidad del proceso. A partir de ese antecedente, liberales y nacionalistas coinciden en la necesidad de blindar a los órganos electorales frente a ausencias deliberadas, presiones políticas y uso instrumental del sistema penal. El señalamiento a los requerimientos fiscales contra magistrados y consejeros por el contenido de sus resoluciones apunta a un consenso para cerrar el ciclo de judicialización selectiva de la función electoral.

En esa misma línea aparece la referencia a la tardanza en la divulgación de resultados y la emisión de declaratorias con expedientes aún abiertos. El acuerdo político, indica Cálix, incluye revisar el sistema de transmisión de resultados, evitar esperas de semanas para conocer datos oficiales y permitir que el propio órgano electoral tenga margen para extender plazos cuando existan recursos pendientes. Es una corrección institucional que busca reducir la conflictividad poselectoral y, al mismo tiempo, trasladar responsabilidad técnica al CNE.

El segundo gran eje de la negociación que reconocemos tiene que ver con el funcionamiento interno del Congreso. Cálix enumera en su discurso las prácticas concretas de la legislatura anterior: sesiones sin quórum real, sustitución irregular de diputados propietarios por suplentes de otros partidos, y una concentración excesiva de poder en la presidencia del Legislativo. De ahí surge el acuerdo para reformar la Ley Orgánica del Congreso, eliminar la comisión permanente y acotar las facultades discrecionales del presidente. No es un ajuste menor, lo que vemos constituiría un intento concreto por devolver al pleno su condición de órgano colegiado y limitar el personalismo que marcó los últimos años.

Otro incidente citado con claridad por Jorge Cálix es el uso del fondo departamental y de los subsidios directos a diputados. En el discurso, estos mecanismos son presentados como focos estructurales de corrupción. La eliminación de ambos aparece como parte del entendimiento entre los partidos Liberal y Nacional, no solo como gesto ético, sino como señal política de arranque para una legislatura que busca legitimarse ante una ciudadanía agotada del reparto opaco de recursos.

La agenda también incorpora acuerdos de contenido económico inmediato. Cálix pone como ejemplo el departamento de Cortés y la demanda de una ley de empleo parcial que permita esquemas laborales flexibles, especialmente en el sector maquilador. El argumento es que una sola reforma podría habilitar miles de empleos en cuestión de semanas. Esta referencia funciona como ancla social de la negociación, como prueba de que el acuerdo no se limita a rediseñar reglas de poder, sino a producir resultados tangibles en los primeros meses.

En el plano político-institucional de mayor alcance, el discurso de Cálix recoge acuerdos para abrir el debate sobre la segunda vuelta electoral y para reformar la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, con el objetivo explícito de evitar su politización. Ambos temas están ligados a incidentes recientes: elecciones disputadas y una presencia militar percibida como alineada políticamente.

Con ese conjunto de acuerdos sobre la mesa, Jorge Cálix explica la decisión final de la bancada liberal: ante la imposibilidad para su partido de alcanzar la presidencia del Congreso, optaron por respaldar la elección de Tomás Zambrano, asegurando previamente una mayoría de 87 votos para reformas constitucionales, electorales y legislativas.

El discurso, entonces, leído con atención, deja ver que el Partido Liberal asume su límite numérico con bastante madurez, evita una confrontación sin salida y busca capitalizar una mayoría transversal para marcar los primeros cien días del Congreso. Si esa agenda se materializa o queda en promesa es otra discusión. Pero los acuerdos están ahí, explicitados por quien los negoció, y comprendemos que constituyen el punto de partida que nos puede servir para evaluar esta nueva legislatura.