Análisis de contexto: 1 de septiembre de 2023.

A nadie sorprendió lo que pasó esta semana en el Congreso Nacional. Para quienes seguimos la política de Honduras, pudimos ver que esto terminaría de la forma que terminó, incluso desde el 25 de enero de 2022, cuando se demostró la incapacidad de la bancada de Libre en llegar a ningún tipo de acuerdo. Y de la presidenta Castro, que lejos de ser ahora la figura conciliadora entre las fuerzas en disputa, se ha convertido —muy a nuestro pesar— en un agente incendiario, que llama a las masas para mostrar fuerza impidiendo, al final, que las cosas logren sentarse a su propio ritmo.

Esta crisis, si bien afecta a la institucionalidad toda del país, afecta sobremanera al partido de gobierno, que a pesar de su empeño de mostrarse acompañado por ese ente amorfo que llaman «pueblo», buscando «forzar» la voluntad de la oposición para «apoyar» su planilla, ha golpeado con una pared que no tiene, por el momento, muestra de fisuras y eso, es peligroso.

Porque tampoco se ha hecho ninguna de las cosas que normalmente un político requiere hacer para lograr consensos. No han habido reuniones serias para escuchar las preocupaciones de los tres partidos de la oposición, ni juntos ni separados y más bien han ayudado, desde ese tono antagónico a unificar una estructura tan inusual como el BOC, compuesta por personas de intereses sumamente distintos.

Dos misiones tenía el actual congreso nacional cuando fue electo en noviembre de 2021: elegir (en 2023) la Corte Suprema de Justicia y elegir al Fiscal General, ambos cargos vitales para el correcto funcionamiento de la justicia hondureña. Cuando se eligió la CSJ el pasado mes de enero, se vaticinaron cualquier cantidad de escenarios apocalípticos que al final no se materializaron. Con tres semanas de retraso el Congreso Nacional logró ponerse de acuerdo y se eligieron 15 magistrados que, en teoría representarían la proporción de fuerzas políticas del país: 6/5/4; unos dicen que es en realidad 7/5/3; últimamente incluso hay unos que señalan que el número verdadero es 8/5/2 o incluso 10/5. El PSH, que jugó un rol secundario en esa elección, no logró representación alguna y se quedó, al final, reclamando la elección meritoria de Ana Pineda. Viendo como se ha desempeñado en este proceso puedo decir que aprendieron la lección del real politic.

Tenemos claro que las elecciones de segundo grado poco tienen que ver con el mérito académico o personal. Menos en este gobierno, donde la lealtad es un atributo mucho más importante que cualquier título académico. Y tenemos claro también que una vez pasado el filtro de la Junta Nominadora (en el caso de la CSJ) y la junta proponente (en el caso del FG y FA), la elección en el Congreso se da por un juego de estira y encoge, en donde todos los actores buscan cuidarse las espaldas de futuros procesos criminales. No debería ser así, pero así es. Y por eso es que el actual jefe del Congreso Luis Redondo buscó, desde un inicio, eliminar de sus funciones tanto a la Junta Nominadora como a la Junta Proponente para controlar todo el proceso desde su junta directiva del CN. Afortunadamente no lo logró, porque entonces la crisis ahora sería de otras magnitudes.

Aunque en el discurso los políticos bañen sus palabras con imágenes doradas del bien común, en la práctica lo que les interesa es su sobrevivencia y la de sus colaboradores. Incluso los autócratas construyen su red de poder, no pensando en acumularlo como un bien, necesariamente, si no en el entendido de que el poder es indispensable para protegerse de futuras persecuciones criminales. Y tienen razón de temer, o ¿qué sería Daniel Ortega sin el poder, o Vladimir Putin? El autócrata requiere del deterioro de la institucionalidad para gobernar. Y no estoy sugiriendo acá que la Presidenta sea autócratica, lejos está de eso aún (aunque creo que el señor jefe del Congreso sí lo es). Una institucionalidad fuerte es síntoma de los regímenes democráticos. Los autócratas buscarán siempre dañar la institucionalidad a la que ven como una amenaza.

Permítame divagar todavía un poco más.

Está claro que, a seis meses de electa, la CSJ es favorable a la familia Zelaya y los colaboradores más cercanos del gobierno. Es imposible imaginar que esta corte moverá un solo proceso criminal en contra de nadie de esta administración y eso le da seis años y medio de calma a quienes hoy ejercen el poder, que aunque no existe prueba REAL que sugiera el manejo doloso de los bienes públicos en la actual administración, quizás únicamente algunos casos aislados, muy pequeños en comparación a los escandalosos casos que se conocieron en el gobierno anterior, la experiencia de la Cuarta Urna y el uso político de la justicia ha dejado en el grupo que hoy gobierna, una lección que no están dispuestos a repetir. Por eso no pueden tomar el más mínimo riesgo. Por eso enfilaron bayonetas contra uno de sus más cercanos aliados en 2022 y rompieron el partido. Dejaron claro entonces y ahora, que están dispuestos a destruir la institucionalidad si con eso se defienden. Ese temor de la actual administración, a una futura persecución judicial (más que a un golpe de Estado, que ellos también saben, en el gobierno, nadie puede ejecutarlo) les sigue jugando en contra.

Para quienes vimos la marcha del 29/8 desde afuera, nos quedó la duda de cuál era la intención detrás de toda esa movilización. ¿Medir fuerzas con el BOC? Nadie puede hablar de igualdad de condiciones cuando se compite contra los recursos del Estado. ¿Calistenia política? ¿Vimos un ejercicio de práctica para una futura movilización? ¿Motivar a la bancada de Libre a mantenerse en su trinchera, dándoles un baño de masas? Pero como suele ser en las guerras de trinchera, nada se mueve. ¿Fue todo ese esfuerzo inútil, entonces? Yo creo que no.

Libre no logró ganar un solo voto en el Congreso Nacional por la marcha del 29-8, porque nunca fue esa la intención. Las trincheras se mantienen intactas y al 1 de septiembre no hay fiscal. Rota esta barrera, llegaremos a diciembre sin elección, ya eso no importa. O mejor aún, llegaremos a 2025 sin fiscal general. La marcha dejó claro el mensaje, que el gobierno es capaz de movilizar a la base de su partido con el mínimo esfuerzo, incluso si no está claro siquiera el objetivo, y cuando hablan de “defender al gobierno de Xiomara Castro”, luego de una semana de cruces de palabras entre militares acusándose de golpes Estado, está claro que en las manos de los Zelaya está la paz del país. ¿Ese fue el objetivo entonces?

Pero, y ojo acá que también hay una lección importante. Las masas son el genio de la botella, que tienen un número limitado de deseos al que se puede recurrir. ¿Cuántos van ya, dos? Luego de un tiempo, como ocurrió también en 2009, la masa se cansa, se desilusiona, vuelve a su vida que es más urgente que defender una causa poco clara. E incluso a veces, los deseos que cumplen los genios salen demasiado caros, porque el genio suele tomar los deseos al pie de la letra.

Tenga cuidado entonces en lo que desea, señor Zelaya, porque se le puede cumplir.