La Secretaría de Seguridad pasó los últimos años con una dirección formalmente instalada, pero sin una estrategia reconocible. La politización del mando, sumada al uso prolongado del estado de excepción como principal respuesta frente a la criminalidad, fue erosionando la conducción institucional y desplazando la planificación de largo plazo. El nombramiento de Gerson Onán Velásquez Aguilera busca reorientar esos yerros: la institución siguió funcionando durante la gestión anterior, pero perdió coherencia estratégica y capacidad de conducción profesional.
Velásquez Aguilera llega al cargo con un perfil poco frecuente en la historia reciente de la seguridad hondureña. Su trayectoria se formó dentro de la Policía Nacional, en espacios donde el trabajo rara vez se traduce en exposición pública. Egresado de la 14ª promoción en 1993, con el primer lugar académico, desarrolló su carrera en inteligencia, análisis y coordinación interinstitucional. Fue uno de los fundadores del antiguo Centro de Información Conjunto, una plataforma clave para el intercambio de información sobre narcotráfico, vuelos ilícitos y control aéreo, en esa etapa la cooperación internacional dependía de resultados técnicos y confianza operativa.
El desmontaje de ese centro, motivado por decisiones políticas, tuvo consecuencias que hoy resultan elocuentes: la suspensión de apoyo del gobierno norteamericano, la pérdida de capacidades y la fragmentación de los flujos de información. Velásquez Aguilera fue desplazado entonces, pero no desacreditado. Cuando el engranaje institucional volvió a necesitar orden y credibilidad, los enlaces se reactivaron y el trabajo acumulado por su equipo recuperó valor estratégico. Esa experiencia marca uno de los rasgos centrales de su perfil: ha vivido, desde dentro de la policía, los costos de subordinar la seguridad a la lógica partidaria.
Abogado de formación, con experiencia en inteligencia civil y policial, participó en la creación y consolidación de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Porfirio Lobo, en un diseño que buscaba equilibrar presencia militar y policial. Aquella arquitectura institucional tuvo límites evidentes, pero dejó una enseñanza que hoy vuelve a cobrar vigencia: las estructuras no funcionan si quienes las dirigen no entienden el oficio. Buena parte del andamiaje técnico de ese período se sostuvo sobre el trabajo de Velásquez Aguilera.
Tras el cambio político de 2022 y conociendo los conflictos que enfrentaría con las autoridades de la policía, entonces bajo la dirección de Gustavo Sánchez, optó por un retiro institucional sin estridencias. Continuó colaborando como asesor en materia de reestructuración policial en proyectos internacionales, mantuvo relaciones de confianza con agencias externas y, en un entorno donde los expedientes suelen ensuciarse con facilidad, su hoja de vida permaneció intacta. No hay sanciones, ni procesos disciplinarios, ni señalamientos de corrupción en su contra. Ese dato habla de una carrera atravesada por disputas internas, pero no por cuestionamientos éticos.
El perfil, sin embargo, no define por sí solo el rumbo. Lo decisivo es la institución que recibe. La Secretaría de Seguridad llega a este relevo con una Policía tensionada por años de conducción errática. La estrategia del gobierno anterior se redujo a la administración de la emergencia, con el estado de excepción como respuesta recurrente, aún en contra de la misma ley, mientras la criminalidad se adaptaba y la capacidad investigativa real de la policía seguía rezagada. El resultado fue una fuerza operativa activa, pero sin horizonte estratégico claro, y una ciudadanía que percibió presencia policial sin una reducción sostenida de los delitos que más afectan la vida cotidiana.
El primer reto de Velásquez Aguilera es, por tanto, reconstruir estrategia antes que discurso. Eso implica ordenar prioridades, definir qué problemas se atacan primero y con qué herramientas, y recuperar la idea de que la seguridad no se gobierna solo desde el despliegue, sino desde la planificación. La depuración policial, tantas veces anunciada, aparece aquí como una condición previa. No por desconocimiento de los problemas internos —los policías saben quién es quién en su institución—, sino por la ausencia histórica de respaldo político para enfrentarlos.
Ese respaldo político no depende del ministro, sino del presidente. Despolitizar el alto mando no es una tarea administrativa; es una decisión política que implica costos. Cada intento de imponer nombramientos, saltar promociones o forzar jerarquías debilita la autoridad del ministerio antes de que pueda ejercerla. En la Policía, la jerarquía es la base del mando. Romperla por conveniencia coyuntural suele tener efectos duraderos.
En ese marco, el nombramiento de Rigoberto Oseguera Mass como nuevo jefe de la Policía Nacional aporta una pieza clave para entender el rumbo que el gobierno de Nasry Asfura empieza a delinear. Oseguera Mass representa un perfil complementario al del ministro Velasquez Aguilera: formación en ciencias policiales, derecho y una maestría en criminología e investigación, con trayectoria asociada a prevención, policía comunitaria y enfoque investigativo. No es un nombre pensado para administrar la emergencia, sino para reconstruir capacidades.
La dupla Velásquez–Oseguera sugiere entonces una estrategia que busca reordenar la seguridad desde la técnica y la formación. La prevención reaparece como eje, pero ya no como consigna, sino vinculada a control territorial, inteligencia local y fortalecimiento de la investigación criminal. Esta última, históricamente rezagada por falta de tecnología, capacitación y continuidad, se perfila como una prioridad que exige inversión sostenida y paciencia política. Sin laboratorios, sistemas de información y personal formado, la impunidad seguirá siendo el principal aliado del crimen.
El apoyo que Velásquez Aguilera deberá construir para el éxito de su gestión no se limita al interior de la Policía. Necesita blindaje político para sostener a su equipo, espacio para reorganizar mandos y coherencia entre discurso y decisiones. Cada nombramiento adicional —viceministros, direcciones, jefaturas regionales— irá definiendo si esta etapa avanza hacia una reforma real o si termina administrando, con mayor prolijidad, las mismas inercias.
Lo que empieza a delinearse ahora es un boceto de estrategia: recuperar conducción estratégica, reducir la interferencia política en el mando, fortalecer inteligencia e investigación, y reordenar la prevención desde el territorio. No hay promesas de resultados inmediatos, eso lo tenemos claro y quizá ahí radica la señal más relevante. La seguridad no se recompone en meses, pero sí puede deteriorarse rápido si las decisiones contradicen el discurso.
Hoy, la estrategia de seguridad del gobierno de Asfura empieza a tomar forma y tiene nombres claros al frente. El desenlace dependerá de si esos nombres cuentan con el margen necesario para convertir el perfil técnico en política pública sostenida, o si la lógica que erosionó la estrategia en el pasado vuelve a imponerse.