La primera vez que el nombre DRC apareció en Honduras no tenía nada de ominoso. Era 1999, el país todavía olía a lodo seco y madera húmeda después del huracán Mitch, y las palabras “reconstrucción” y “cooperación internacional” circulaban con una fe casi ingenua. DRC Inc., una empresa estadounidense dirigida por Murray Farmer, llegó como llegan los contratistas en las emergencias: con planos bajo el brazo, promesas de rapidez y una arquitectura legal pensada para moverse entre países devastados y Estados frágiles.
El contrato nunca fue simple. Nada lo fue desde el principio. La subcontratación de NAINSA, los pagos parciales, los reconocimientos administrativos, las disputas técnicas sobre obras iniciadas y obras inconclusas fueron acumulándose como capas de sedimento. Durante años, el caso avanzó en una especie de letargo burocrático. No desaparecía, pero tampoco explotaba. Era uno de esos conflictos que sobreviven a las administraciones, que nadie quiere cerrar del todo porque hacerlo implica asumir costos. Cuando finalmente entró al terreno jurídico, Honduras ya era otro país. O al menos otro Estado, con nuevas leyes, nuevos jueces y una memoria institucional cada vez más fragmentada.
En 2009, el conflicto llegó a arbitraje. El Estado aceptó ese camino y con ello aceptó reglas estrictas. El arbitraje no es una instancia preliminar: es el juicio. Allí se discute el fondo. Allí se gana o se pierde. Honduras, ocupada entonces en la crisis política, perdió la oportunidad de impugnar el laudo en el momento procesal correcto. El resultado fue decisivo: el laudo quedó vivo en el plano internacional.
Cuatro años después, en 2013, la Corte Suprema de Justicia declaró nulo aquel laudo. El fallo fue recibido como un alivio. En los titulares, el Estado había ganado. En los expedientes, la historia era menos clara. Los documentos firmados por el propio Estado (autorizaciones, reconocimientos de deuda, contratos válidos) permanecieron intactos. La nulidad no borró esos rastros. Solo los dejó en pausa.
Esa pausa terminó en 2019. NAINSA volvió a los tribunales antes de prescribir el tiempo, esta vez en la jurisdicción civil. Para entonces, Honduras ya había reformado su Código Procesal. Lo que antes requería homologación en el laudo ahora podía ejecutarse como título. El laudo, declarado nulo años atrás, encontró una nueva vía para regresar. Poco después DRC hizo lo mismo. El pasado volvió a presentarse, esta vez acompañado de intereses acumulados y costas procesales.
El momento decisivo que hoy nos importa llegó en enero de 2022, cuando el expediente 0091-2022 quedó en manos de la nueva Procuraduría General de la República. Ese era el último umbral. El punto en el que el Estado todavía podía hablar, o al menos intentarlo.
Pero no habló.
El delegado de la Procuraduría asignado al caso, Héctor Alvarado, no compareció a audiencias clave. Alegó enfermedad. Cuando el juez exigió prueba, presentó un documento médico (que luego sería considerado falso). La oposición del Estado nunca se discutió en esas audiencias. La prescripción, el argumento más fuerte para detener la ejecución que reclamaba DRC (porque entonces el reclamo ya había prescrito) jamás fue analizada. El tribunal declaró desistida la defensa por abandono del procurador. La sentencia se dictó en rebeldía del Estado y DRC Inc ganó la demanda.
En la sala no hubo escándalo. No hubo forcejeo jurídico. Solo un silencio procesal que lo resolvió todo. Esas omisiones ocurrieron bajo una administración de Manuel Antonio Díaz Galeas, nombrado en medio de una crisis legislativa, sin cumplir requisitos esenciales, sostenido por una minoría legislativa que entendió la institución más como botín que como defensa del Estado. La cifra: más de 2,600 millones de lempiras, acercándose a los 3,000 con recargos. Años después, el Ministerio Público, dirigido por Johel Zelaya, necesitado en un golpe contra el partido nacional, que fortaleciera al partido Libre en sus pretensiones de reelección, dirigió su energía hacia los funcionarios que habían ejecutado aquellas órdenes de pagos cuando, según argumentaron, ya no existía margen legal para hacerlo. Pero el abandono real del procurador Diaz Galeas que llevó a ejecución el pago quedó fuera del encuadre de Johel Zelaya, una omisión demasiado conveniente.
En el programa +conscientes de este 3 de febrero, los abogados Luis Romero y Olvin Sarmiento abordaron el tema de la función del procurador general de la república. Romero, que conocía el caso de DRC/NAINSA insistió que la responsabilidad penal de los funcionarios es personal. Si hubo falsificación, en el caso de la constancia médica de Alvarado, si hubo abandono por parte del procurador general, los nombres están en el expediente y deben ser procesados. Sarmiento completó el análisis afirmando que quien recibe una orden judicial de pago no evalúa justicia o injusticia del reclamo; la ejecuta. Negarse, para un funcionario, es desobedecer una orden e incurre en delito.
El caso DRC/NAINSA se discutió en el estudio esta mañana. Los abogados, conocedores del caso, argumentaron que no era una excepción extravagante en el sistema legal hondureño. Es la expresión extrema de una práctica tolerada durante años, donde se permite que el Estado pierda por inacción y luego se busca culpables a donde ya no hay capacidad de decisión. El estado igual debe pagar, no importa la circunstancia de la ausencia del procurador.
Esa conversación televisiva funcionó como una autopsia pública. Mostró, con lenguaje accesible pero preciso, que el daño no se produjo en el origen del contrato de DRC o NAINSA, ni siquiera en el arbitraje inicial que se hizo en el Colegio de Abogados de Honduras, sino en el momento cuando la defensa estatal decidió —por omisión— no estar.
Ese es el escenario en el que hoy se nombra a un nuevo Procurador General, Dagoberto Aspra.
Los abogados Luis Romero y Olvin Sarmientos me explicaron en el programa que Aspra no es un burócrata de carrera. Su trayectoria se ha construido en el terreno áspero del litigio penal y la investigación anticorrupción. Fue parte del Consejo Nacional Anticorrupción, donde encabezó investigaciones complejas que exigían lectura fina de expedientes, manejo de evidencia y comprensión de tiempos procesales. Más tarde, como abogado litigante, asumió defensas de alto perfil político, casos donde cada movimiento era observado y cada plazo resultaba decisivo.
Su formación no es ornamental. Derecho penal, compliance, investigación financiera. Aspra se formó en un entorno donde perder un plazo no es un detalle administrativo, sino una derrota. Donde no comparecer equivale a entregar el caso. Esa experiencia, trasladada a la Procuraduría, puede resultar crucial en una institución que acaba de demostrar lo contrario: ausencia, improvisación y abandono.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras Aspra construía su reputación en expedientes complejos, la Procuraduría que hoy dirige dejaba perder el juicio más caro de su historia reciente sin presentar siquiera la batalla. No por falta de tesis jurídica, sino por la ausencia física de Manuel Díaz Galeas.
El caso DRC/NAINSA no es una deuda nacida de una sola administración. Es una historia larga, atravesada por emergencias mal gestionadas, arbitrajes mal defendidos y reformas incompletas. Pero las historias largas tienen momentos irreversibles. Ese momento fue 2022. Y ahí la responsabilidad es directa: la de Díaz Galeas como procurador y la de Héctor Alvarado como delegado que abandonó la defensa.
Aspra hereda esa Procuraduría, desacreditada no por persecuciones políticas, sino por haber dejado solo al Estado cuando más necesitaba abogado. Su tarea no será únicamente ordenar oficinas ni administrar daños ya causados. Tendrá que reconstruir la práctica básica de comparecer a las audiencias, de litigar en favor del estado, de sostener la defensa incluso cuando el caso parece cuesta arriba.
El caso DRC/NAINSA quedará como un expediente de estudio en las facultades de derecho (ojalá los estudiantes de derecho lo estudien). No por su sofisticación jurídica, sino por su sencillez brutal: el Estado no se defendió a tiempo y esa negligencia nos costará 3,000 millones de lempiras. La pregunta no es cómo se llegó hasta allí. Eso ya está documentado en el expediente 0091-2022. La pregunta es si, con un nuevo procurador formado en la lógica del litigio real, esa historia volverá a repetirse. El Estado no pierde cuando lo demandan. Pierde cuando no está. Y esa es la herencia que hoy descansa sobre el escritorio del nuevo Procurador General.