En el Bajo Aguán, los conflictos comienzan mucho antes de las tomas de tierra, comienza en decisiones que se acumulan durante décadas y que, en silencio, van alterando el equilibrio entre propiedad, poder y sobrevivencia. Lo que hoy se observa en la región es la fase visible de un proceso largo, incompleto y, sobre todo, mal resuelto.
El diagnóstico que surge de las entrevistas de +conscientes de hoy con el dirigente campesino Yoni Rivas y el analista Marvin Ponce permite leer el momento actual con más claridad. Ambos parten de trayectorias distintas, pero coinciden en algo esencial: el conflicto agrario del Aguán tiene raíces estructurales y el Estado ha evitado enfrentarlas.
La historia es conocida, pero sus efectos siguen vigentes. En los años setenta y ochenta, el Aguán fue el símbolo de la reforma agraria. Cooperativas campesinas, inversión pública, capacitación y un modelo de producción colectiva que buscaba democratizar el acceso a la tierra. El quiebre llegó en los años noventa. La liberalización del mercado permitió la venta de parcelas que habían sido entregadas bajo ese proceso. Los campesinos, presionados por la pobreza, vendieron. El capital compró. El resultado fue una reconcentración acelerada.
Ponce lo resume sin rodeos: lo ocurrido fue una contrarreforma agraria. El Estado distribuyó tierra durante décadas y luego permitió que ese patrimonio regresara a pocas manos. Corregir esa distorsión, advierte, es hoy una obligación pública.
Rivas describe el mismo fenómeno desde el terreno. En su lectura, gran parte de las tierras del Aguán fueron adquiridas al margen de la ley, sin la autorización que exige el artículo 106 de la Ley de Reforma Agraria y por actores que no calificaban como beneficiarios. “Hay argumentación jurídica que respalda esta lucha”, sostiene, insistiendo en que el problema no es únicamente social o político, sino también legal.
Esa disputa sobre la legitimidad es uno de los núcleos del conflicto actual. Las tierras han cambiado de manos varias veces. Empresas, cooperativas, comunidades, ocupaciones y desalojos han creado un mapa fragmentado donde la propiedad formal y la legitimidad social no siempre coinciden. En ese terreno ambiguo, cualquier intervención se convierte en un conflicto potencial.
Pero el Aguán de hoy no es el de hace treinta años. Ni siquiera el de hace 15, 10 años.
Ponce introduce un elemento que cambia la escala del problema: el narcotráfico. Durante años, la economía ilícita generó un auge artificial en la región. Cuando esas estructuras fueron golpeadas, surgieron nuevas redes vinculadas al crimen organizado que hoy participan, directa o indirectamente, en el mercado de tierras y en las disputas territoriales. El conflicto agrario dejó de ser únicamente una lucha por la producción o la propiedad. La tierra también es un activo dentro de economías ilegales.
Rivas, por su parte, advierte sobre otro fenómeno: la infiltración de estructuras armadas dentro de organizaciones campesinas o bajo su nombre. “Esa es la diferencia —dice—: nuestra herramienta es el diálogo; otros utilizan armas y violencia”. En la cooperativa Camarones, señala, el Ministerio Público ha presentado requerimientos contra integrantes de grupos con antecedentes delictivos.
Ambos describen el mismo escenario desde ángulos distintos: el conflicto agrario y el crimen organizado ya no son fenómenos separados.
Esa superposición tiene consecuencias visibles. En algunos casos, la confrontación ya no enfrenta a campesinos contra empresas, sino a comunidades contra comunidades. Ponce habla de un conflicto “entre pobres”, estimulado por intereses económicos que operan detrás de la disputa. Empresas, intermediarios o actores locales financian o empujan ocupaciones que terminan fracturando el tejido social. Los costos humanos quedan en la base de la pirámide.
La historia reciente del Aguán está llena de dirigentes asesinados, procesos judiciales interminables y comunidades divididas. Cada episodio reduce un poco más la confianza en las salidas institucionales.
A eso se suma otro factor: la proliferación de armas en la zona. Cuando el acceso a armas se combina con presencia criminal, alta concentración de tierra y debilidad estatal, el conflicto deja de ser una disputa social manejable y se acerca a una dinámica de seguridad.
El Estado, mientras tanto, ha respondido con mecanismos que no alteran el fondo del problema. Comisiones que no se reglamentan, mesas de diálogo que se diluyen, compras de tierras que terminan convertidas en negocios opacos. Ponce lo plantea con crudeza: el Instituto Nacional Agrario necesita una reconfiguración profunda. De lo contrario, seguirá operando como intermediario en transacciones y no como instrumento de política pública.
Desde el lado campesino, el mensaje es igualmente claro. Rivas insiste en que las organizaciones mantienen propuestas concretas y plantea la necesidad de declarar el Aguán como una zona de paz y desarrollo, con intervenciones integrales que combinen seguridad, producción y regularización de la tenencia. Pero junto a esa propuesta hay una advertencia implícita. Si no hay respuesta estatal, la presión social continuará. Y con ella, las tomas de tierra.
Ese punto es el que convierte el momento actual en un umbral.
La combinación que hoy se observa en el Aguán es inestable: alta concentración de tierra, legitimidades en disputa, presencia criminal, economías ilegales, armas disponibles y comunidades fracturadas. Ninguno de estos factores, por sí solo, explica una crisis. Juntos, configuran el tipo de entorno donde los conflictos escalan con rapidez.
Lo más preocupante es la ausencia de una decisión política proporcional al tamaño del problema. Ponce insiste en que la solución requiere negociaciones al más alto nivel. No se trata de administrar conflictos, sino de cerrar el ciclo histórico de la reforma agraria inconclusa. Mientras esa decisión no exista, cada ocupación, cada desalojo y cada enfrentamiento seguirá siendo un episodio dentro de una misma crisis prolongada.
El Aguán no está al borde del conflicto. Vive dentro de él desde hace años. La diferencia es que las condiciones que antes lo mantenían contenido están cambiando.
El conflicto por la tierra hace tiempos se mezclo con economías criminales, disputas comunitarias y pérdida de control estatal. Dejó ya de ser un problema sectorial. Se convirtió en un riesgo de estabilidad territorial.
El país suele mirar al Aguán sólo cuando hay muertos. Y si no miramos pronto, esos llegarán. El diagnóstico que emerge de estas conversaciones sugiere que el momento para mirar es ahora, antes de que la tierra vuelva a hablar en el único lenguaje que el Estado ha atendido históricamente: la crisis abierta.