La defensa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras (2014-2022), presentó esta semana una solicitud ante la Corte del Distrito sur de Nueva York, en la que busca obtener una amplia gama de información relevante para su caso de narcotráfico. Entre los elementos clave de la solicitud se encuentran detalles sobre las políticas y acciones de gobierno implementadas durante el mandato de Hernández, tanto cuando fue presidente del Congreso Nacional (2010-2014) como cuando fue Presidente de la Republica, la colaboración y coordinación con agencias de Estados Unidos, documentación relacionada con la extradición, interceptos de comunicaciones y reuniones con funcionarios de EE. UU., y otros datos y documentos relevantes. La defensa, que por primera vez expresa detalladamente qué información busca obtener y argumenta que ésta es esencial para demostrar la inocencia de Hernández, y que la fiscalía estaría incurriendo en un abuso de poder al no haberla proporcionado de manera oportuna.

La defensa del expresidente Hernández, desde un inicio dejó claro que su estrategia estaría centrada en presentar la información clasificada de las agencias de inteligencia norteamericana, para desmontar los testimonios de los testigos llamados por los fiscales, en su mayoría exnarcotraficantes que buscan lograr, con su testimonio, una reducción en sus condenas. Ha reclamado además por la falta de voluntad de los fiscales en proporcionar de manera efectiva, la información necesaria para Hernández.

La carta, presentada al Juez Kevin Castell el pasado 25 de octubre, presenta una serie de casos de jurisprudencia que servirían para argumentar en favor de Hernández, sobre las obligaciones que el gobierno de los Estados Unidos tiene para con el respeto al debido proceso y el derecho de la defensa a conocer cualquier información que pueda servir para exculpar al procesado.

Solicitan además que la fiscalía proporcione todas las interceptaciones de comunicaciones (por ejemplo, correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, y otros), que se realizaron a Juan Orlando Hernández Alvarado, así como cuándo y cómo fueron registradas. Además, toda la información y descubrimientos relacionados con las siguientes personas que no duda de calificar como “involucradas en la conspiración” (en contra de Hernández), ya sea como acusados o co-conspiradores no acusados, que hayan tenido reuniones con la Embajada de Estados Unidos en Honduras o reuniones en Estados Unidos, con los Departamentos de Estado y Justicia, específicamente incluye en la lista a: el ex ministro de seguridad y ex jefe de la policía General Ramón Sabillón; el actual ministro de seguridad y ex jefe de la policía General Gustavo Sánchez; el Designado presidencial y principal opositor al gobierno, Salvador Nasralla; el Presidente (en funciones) del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo; el ex ministro de inversiones, y líder de la oposición Pedro Barquero; la Diputada opositora Suyapa Figueroa; la presidenta de Honduras Xiomara Castro; el Secretario privado e hijo de la presidenta Castro, Héctor Zelaya Castro y la diputada oficialista e hija de la presidenta, Xiomara Hortencia “Pichu” Zelaya Castro.

Estaba claro desde el principio que este sería un juicio politizado, desde que la Fiscalía metió en su requerimiento la denuncia de fraude electoral en las elecciones de 2009, 2013 y 2017, y calificó al Partido Nacional como una organización criminal, metió la política hondureña en el proceso contra Hernandez. Ahora la defensa busca llevar ese extremo al actual partido de gobierno, llamando al estrado la copia de las comunicaciones de tres miembros de la familia presidencial, incluyendo la presidenta Castro, un ministro, un designado presidencial, dos vice ministros, el presidente en funciones del Congreso Nacional y tres personajes activamente en la oposición que han denunciado, por su parte, la participación de miembros de la familia Zelaya en actividades ligadas con el narcotráfico.

Lo que la defensa de Juan Orlando Hernández nos está diciendo es, que entre este grupo sui géneris que menciona, hay conspiradores que conocen la “verdad” del caso Hernández Alvarado y quieren saber qué saben de esa “conspiración”, como la califica la Defensa.

De todos los mencionados hay dos personas que resaltan por su importancia: los generales Sánchez y Sabillón, uno actualmente en funciones, llevando tareas de combate al narcotráfico en todo el país y el segundo, el exministro de Seguridad, que conoció de primera mano tanto las acciones de combate al narcotráfico en el gobierno de Hernández, como en la actual administración Castro Sarmientos, y que de ambos salió de manera precipitada.

Una cosa más, la defensa pretende poner además en el estrado a la misma Agencia Antidrogas que llevó a Hernández a la corte en Nueva York, al solicitar en este mismo documento que se haga entregar de todas las comunicaciones, informes de la DEA sobre el intercambio de información entre la DEA y Jorge Aníbal Torres Puello, alias Jorge Barlevi, durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en su plan para infiltrar la defensa, así como información de cómo opera la DEA en Honduras y cómo coordinan con la Fiscalía para determinar a quiénes persiguen y procesan.

A mi también me interesa saber eso último.

Tengo la idea de que la defensa de Hernández conocen, en el caso de las comunicaciones oficiales de las agencias de inteligencia (o tienen una impresión general de) la información que piensan recibir, que su intención es que la Fiscalía se rehuse a entregársela. No creo que sepan qué información van a encontrar en el caso de la lista de funcionarios y ex funcionarios “conspiradores”, pero saben bien que, si los incluyen ahora, es para que echar combustible a un ambiente sumamente polarizado en Honduras, en donde Hernández está, nuevamente, al centro de la polémica.