La política hondureña atraviesa uno de sus momentos más complejos. La crisis en torno al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la disputa por la rotación de su presidencia es solo una manifestación del cúmulo de tensiones que afectan al gobierno de Xiomara Castro y al partido Libertad y Refundación (PLR). El supuesto acuerdo alcanzado en marzo de 2024 para definir la rotación en la presidencia del CNE, ha sido dejado de lado por la oposición, que hoy ve una oportunidad de recuperar terreno político.

Aquel acuerdo para la rotación de la presidencia fue impulsado, en teoría, desde las cúpulas de los partidos al momento de elegir a los consejales. Ellos, Ana Paola Hall (PL), Marlon Ochoa (PLR) y Cossette López (PN) no participaron directamente en dicho pacto, pero para que se haga efectivo, necesitan ratificarlo ahora que han asumido sus cargos. Según trascendió en su momento, Hall presidiría las elecciones primarias de marzo de 2025, mientras que Ochoa lo haría durante las elecciones generales de noviembre de ese año. No obstante, dos días después de haber sido juramentados el pasado 10 de septiembre, el CNE sigue sin presidente. Los partidos Liberal y Nacional, rechazan que Ochoa asuma la presidencia en las elecciones generales, alegando que esto podría generar una concentración excesiva de poder en manos del PLR.

Este panorama está profundamente marcado por la debilidad política que exhibe el gobierno, exacerbada por la revelación del video de Carlos Zelaya, hermano del expresidente Mel Zelaya y cuñado de la presidenta, recibiendo dinero de narcotraficantes en 2013.

Este escándalo, que vinculó directamente a la familia presidencial con el financiamiento ilícito, ha erosionado la legitimidad del gobierno del PLR. La respuesta de la administración ha sido, por un lado, proyectar fuerza a través de una militarización del discurso, y por otro, tratar de movilizar a su base electoral en torno a una narrativa de defensa patriótica contra un supuesto golpe de Estado.

La reciente cadena nacional en la que el gobierno “invitó” a la población a marchar el 14 de septiembre en defensa del régimen, con la aparición de altos funcionarios civiles rodeados de militares y policías, fue un claro intento de recuperar terreno. A simple vista, esta imagen de funcionarios flanqueados por las fuerzas de seguridad puede parecer una demostración de poder, pero en el fondo, proyecta una debilidad estructural que la oposición ha olido.

El CNE es el árbitro de los procesos electorales y, por tanto, uno de los órganos más importantes en la política hondureña. La lucha por su control refleja la profundidad de la crisis política. El debilitamiento del gobierno ha permitido que la oposición, que antes hubiera respetado dicho pacto para evitar un enfrentamiento abierto, se sienta con la confianza de ignorarlo. Los pactos se ignoran cuando se está fuerte. El PN y el PL no ven necesidad alguna de ceder el control de la presidencia del CNE a un partido cuya legitimidad está —ahora— bajo sospecha. De hecho, tienen razones para no confiar en la imparcialidad del concejal del PLR, Marlon Ochoa, cercano a Rixi Moncada, candidata oficialista y ministra de defensa, ha calificado en el pasado a los candidatos del PL poniendo en duda su capacidad de ser un juez imparcial en la contienda de noviembre próximo.

La cadena nacional de anoche no fue un mero llamado a la fiesta patriótica; fue un grito desesperado por recuperar la confianza de su militancia. El problema radica en que, en lugar de proyectar fuerza, lo que estas imágenes revelan es una administración acorralada. Al recurrir al simbolismo militarista, el gobierno está revelando que ha perdido su capacidad de liderazgo político y que depende ahora del respaldo de las fuerzas armadas para sostenerse.

El recurso del gobierno a una narrativa de golpe de Estado no es nuevo. En América Latina, los gobiernos en crisis —especialmente los de izquierda— han recurrido a menudo a este discurso para consolidar apoyos y movilizar a sus bases. Sin embargo, en el caso de Honduras, esta estrategia parece estar mostrando sus límites. Así como la base del partido reconoció en la denuncia del tratado de Extradición una defensa a familiares d de la Presidenta, reconoce ahora en ese llamado a las calles como un recurso para refrescar la imagen del gobierno con un baño de pueblo. Pero esa combinación amorfa de lucha popular y cerco militarista no cuaja, son como el agua y el aceite para la militancia del PLR.

La marcha del 14 de septiembre, seguramente será multitudinaria. Han puesto para lograrlo todos los recursos que tienen a mano. Pero lejos de ser una demostración de fuerza, como buscan, terminará siendo una muestra más de la fractura interna del país. La militarización del discurso político, en este contexto, no es señal de un gobierno fuerte, sino de uno que se siente vulnerable, al borde de perder el control institucional. Y la oposición lo sabe. La crisis del CNE es solo un reflejo de una administración que lucha por mantener la apariencia de estabilidad, mientras sus cimientos políticos se erosionan ante la vista de todos.