El Ministerio Público (MP) anunció que investigará la denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre el manejo del Fondo de Administración Solidaria. La decisión parece abrir una nueva etapa judicial, pero los hechos no comenzaron esta semana. Meses antes, ICN Investiga había seguido la ruta de recursos públicos gestionados por diputados, encontrado proyectos que no correspondían con lo reportado, beneficiarios que desconocían las ayudas atribuidas a sus nombres y mecanismos que colocaban al legislador entre el Estado y las necesidades de las comunidades. ASJ amplió aquella investigación, revisó documentos y beneficiarios y trasladó sus hallazgos a la Fiscalía.

El caso ha sido llamado “Diputados Solidarios”, un nombre que resume involuntariamente la naturaleza del problema. La solidaridad es presentada como una cualidad del político, aunque los recursos provengan de los impuestos pagados por la población. El diputado aparece como benefactor de una comunidad a la que entrega algo que nunca le perteneció.

La investigación deberá determinar si existieron delitos en la aprobación, ejecución o falta de liquidación de esos fondos. Pero el problema no comienza cuando alguien se apropia del dinero. Empieza antes: cuando un derecho social necesita la intermediación de un político para llegar al ciudadano.

Para comprender cómo se construyó este sistema hay que regresar a las reformas electorales de comienzos de siglo. En las elecciones de 2005, Honduras utilizó por primera vez el sistema de listas abiertas para escoger a los diputados. La papeleta legislativa permitió marcar directamente las fotografías de los candidatos y redujo la dependencia que estos tenían del voto presidencial. La reforma buscaba fortalecer la capacidad del ciudadano para escoger a sus representantes y modificar la relación entre las cúpulas de los partidos, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional.

La intención parecía democrática. El diputado debía construir una relación propia con los electores de su departamento, en lugar de llegar al Congreso arrastrado por la popularidad de un candidato presidencial. Tendría que recorrer municipios, conocer necesidades, representar intereses territoriales y responder ante quienes habían marcado su fotografía.

Julieta Castellanos recordó, durante una conversación en +Conscientes, los programas que se desarrollaron durante aquellos años para formar nuevos liderazgos partidarios y acompañar el proceso de modernización política. Existía la expectativa de que una relación más directa entre el diputado y el elector fortaleciera la representación democrática.

Pero la reforma también cambió los incentivos. A partir de entonces, cada candidato tuvo que conquistar y conservar un caudal electoral propio. Necesitó activistas en los municipios, dirigentes en las aldeas, personas capaces de movilizar votantes y una estructura territorial que mantuviera su nombre vigente entre una elección y la siguiente.

En 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya, apareció el Fondo Social Departamental. Su propósito formal era financiar proyectos sociales y comunitarios en los departamentos. Podía parecer una extensión de la nueva representación territorial: si el diputado conocía las necesidades de sus comunidades, podría gestionar recursos para atenderlas.

El problema fue que la cercanía entre el diputado y el elector no se construyó principalmente alrededor de las leyes, la fiscalización del presupuesto o la representación de intereses colectivos. Se construyó alrededor de la capacidad del político para conseguir cosas.

El diputado comenzó a ser evaluado menos por las leyes que promovía y más por las becas, medicamentos, bolsas de alimentos, materiales de construcción, empleos, carreteras y ayudas para funerales que podía obtener. Representar al departamento comenzó a confundirse con administrar directamente sus necesidades.

Sería sencillo reducir esa relación a la existencia de políticos interesados en comprar votos. La realidad es más compleja. Las comunidades ejercen una presión verdadera sobre sus representantes porque enfrentan necesidades igualmente verdaderas.

En La Mosquitia, trasladar a un paciente hasta un hospital puede costarle a una familia diez mil o quince mil lempiras. En otros municipios no existen medicamentos, las becas son insuficientes, las escuelas se deterioran y las instituciones encargadas de responder se encuentran lejos o carecen de recursos. Ante una emergencia, las personas buscan a quien tiene acceso al poder. Con frecuencia, esa persona es el diputado.

Castellanos relató el caso de una congresista que había dejado de visitar algunas comunidades porque cada recorrido significaba recibir peticiones de dinero para medicinas, consultas y otras necesidades. Recordó también a un médico que abandonó la política porque sus fines de semana se habían convertido en jornadas de atención gratuita y búsqueda de muestras médicas para los electores.

La presión existe. Pero no nace de una deformación moral de las comunidades. Es el resultado del abandono institucional. La gente no busca al diputado porque desconozca necesariamente la función del Congreso. Lo busca porque el hospital no tiene medicamentos, la secretaría no entrega la beca y la oficina pública no responde.

El diputado se convierte así en la puerta accesible de un Estado inaccesible.

En esa relación se encuentra la primera trampa. Cuando el legislador responde personalmente a la necesidad, alivia temporalmente el problema, pero no corrige la institución que lo produjo. La persona resuelve la emergencia, mientras el sistema que debería garantizar sus derechos permanece intacto.

La segunda trampa es electoral. El diputado descubre que cada ayuda genera reconocimiento, gratitud y, eventualmente, lealtad. Para conservar su escaño necesita activistas. Los activistas mantienen su influencia demostrando que pueden conseguir beneficios. Los fondos públicos proporcionan los recursos para alimentar esa cadena.

La comunidad pide porque necesita. El activista intercede porque busca conservar su posición. El diputado gestiona porque necesita mantener su base. La institución pública paga, pero el crédito político lo recibe quien aparece entregando la ayuda.

No hace falta que exista una orden explícita de votar por determinado candidato. El clientelismo puede operar de manera más sutil. Quien consigue una beca sabe quién incorporó su nombre a la lista. Quien recibe una bolsa de alimentos reconoce la fotografía del diputado que apareció durante la entrega. Quien obtuvo materiales para reparar su casa sabe a qué activista deberá recurrir la próxima vez.

La ayuda crea una expectativa de reciprocidad. Un derecho financiado por el Estado se transforma en un favor concedido por el político.

Las fotografías de diputados entregando alimentos o materiales no son, por tanto, un detalle propagandístico menor. Representan el momento en que el recurso público cambia simbólicamente de propietario. Ya no aparece como el cumplimiento de una obligación estatal, sino como una expresión de generosidad personal.

Los diputados también terminan atrapados por el sistema que los beneficia. Una vez que alguien construye su liderazgo mediante ayudas, debe continuar entregándolas. Si deja de hacerlo, puede perder activistas y electores frente a otro candidato dispuesto a mantener el intercambio. La solidaridad se convierte en una obligación electoral cada vez más costosa.

Eso explica por qué el mecanismo sobrevive a los cambios de gobierno. El fondo fue creado durante una administración liberal, se expandió y deformó durante los gobiernos nacionalistas y reapareció bajo nuevas denominaciones durante el gobierno de Libertad y Refundación. Cada partido denuncia el mecanismo cuando se encuentra en la oposición y descubre su utilidad cuando llega al poder.

No estamos únicamente ante una práctica partidaria. Estamos ante una estructura de incentivos compartida por el sistema político.

El daño más profundo recae sobre las instituciones. Si un diputado está preocupado por la falta de becas en su departamento, su función debería ser conocer el presupuesto destinado a ellas, fiscalizar su distribución y promover una ampliación basada en criterios de pobreza, población y cobertura educativa. No debería elaborar su propio padrón de estudiantes.

Una institución puede establecer requisitos, realizar una convocatoria, comprobar las condiciones socioeconómicas de los solicitantes y seleccionar a los beneficiarios sin conocer su afiliación política. Un diputado no posee la estructura técnica para hacerlo. Si es él quien presenta las listas, alguien debe decidir quién entra y quién queda fuera. Ese espacio puede ser ocupado por los activistas, los alcaldes, los dirigentes territoriales y las estructuras partidarias.

La diferencia entre un derecho y un favor no está solamente en el origen del dinero. Está en el procedimiento. Cuando existen reglas públicas, convocatoria abierta y criterios verificables, el estudiante recibe una beca del Estado. Cuando necesita a un activista o a un diputado para ser incorporado a la lista, recibe un favor y adquiere una deuda política.

Las instituciones no desaparecen necesariamente. Pueden conservar sus edificios, empleados y presupuestos, pero quedan reducidas a ejecutar decisiones tomadas fuera de ellas. En vez de diseñar una política pública, verifican o pagan listas provenientes del poder político. La responsabilidad queda fragmentada entre quien gestiona, quien aprueba, quien transfiere, quien paga y quien debería liquidar.

Entonces aparece la defensa que se repite en el caso “Diputados Solidarios”: los legisladores aseguran que nunca manejaron directamente el dinero y que las instituciones fueron responsables de realizar los pagos.

La explicación puede ser materialmente cierta y, aun así, insuficiente. El diputado no necesita recibir un cheque para obtener el beneficio político. Si propuso los nombres, intervino en el trámite, participó en la entrega o presentó el resultado como una gestión personal, ocupó una posición decisiva en el mecanismo.

Quedan además preguntas que la investigación fiscal deberá responder. Quién elaboró los listados, qué criterios se utilizaron, quién comprobó la identidad y necesidad de los beneficiarios, cuánto dinero fue efectivamente entregado, qué documentos respaldan cada operación y por qué no existen liquidaciones completas de todos los recursos.

Según la investigación presentada por ASJ, el Fondo de Administración Solidaria canalizó aproximadamente 1,837 millones de lempiras entre 2023 y 2025. Dentro del componente de becas, 50 diputados propietarios y suplentes aparecen relacionados con la gestión de alrededor de 22 mil beneficios por más de 110 millones de lempiras.

Son cifras que deben mantenerse separadas. Los 50 legisladores identificados en el apartado de becas no gestionaron necesariamente la totalidad de los 1,837 millones. El fondo general incluyó también cupones de alimentos, viviendas, kits escolares, instalaciones deportivas y pequeñas obras ejecutadas por distintas dependencias públicas.

Que algunas ayudas hayan llegado a personas necesitadas tampoco convierte automáticamente el procedimiento en transparente. Un programa público debe demostrar no solamente que entregó algo, sino que seleccionó legítimamente a sus beneficiarios, pagó las cantidades autorizadas, registró correctamente cada operación y liquidó todos los fondos.

No toda irregularidad administrativa constituye un delito. Será responsabilidad del Ministerio Público establecer si existieron conductas penalmente relevantes y quiénes participaron en ellas. Pero la responsabilidad política no depende de una sentencia. La apropiación personal de la ayuda pública, la selección discrecional de beneficiarios y el debilitamiento de las instituciones ya constituyen un problema democrático.

La advertencia alcanza también al Congreso actual. Prohibir que los diputados reciban cheques directamente no desmonta el mecanismo si continúan elaborando listas, recomendando beneficiarios, interviniendo en las entregas y capitalizando políticamente los resultados.

El clientelismo no depende de quién firma el cheque. Depende de quién controla la puerta de entrada.

El Congreso podría establecer que cualquier ayuda sea administrada exclusivamente por la institución competente, mediante registros únicos, criterios públicos, asignaciones territoriales justificadas, transferencias verificables, plazos obligatorios de liquidación y auditorías independientes. También debería prohibir la utilización de nombres, fotografías, colores partidarios o números de candidatura en la entrega de bienes financiados por el Estado.

Nada de eso resolverá por sí solo la presión que reciben los diputados. Para reducirla es necesario que los hospitales tengan medicamentos, que los programas de becas funcionen, que las emergencias puedan ser atendidas localmente y que las personas no necesiten un padrino político para acceder a una institución.

El fondo departamental quiso acercar al diputado a su comunidad, pero terminó colocando al diputado entre la comunidad y el Estado. En ese lugar intermedio encontró una fuente extraordinaria de poder: la posibilidad de convertir la necesidad en gratitud, la gratitud en lealtad y la lealtad en votos.

Las comunidades presionan porque las instituciones no responden. Los diputados reparten porque necesitan conservar sus bases. Y las instituciones siguen debilitándose porque el político obtiene mayores beneficios sustituyéndolas que fortaleciéndolas.

“Diputados Solidarios” no es solamente el nombre de una denuncia. Es el resultado de un sistema en el que el Estado retrocede y el intermediario prospera. Una democracia comienza a degradarse cuando el ciudadano debe agradecerle a un político aquello que ya pagó con sus impuestos.