La escena no tiene nada de festiva. Honduras entra a la semana previa a la Navidad con el escrutinio electoral aún bajo sospecha, transmisiones interrumpidas, recursos judiciales inusuales y una sensación persistente de que el conflicto ya no se libra en las urnas, sino en los márgenes del derecho. Otros países se preparan para cerrar el año, aquí sinenbargo la política insiste en no soltar el calendario. El problema no es solo que el conteo continúe. Es la forma en que se ha decidido prolongarlo.
Durante el fin de semana, el proceso se reanudó después de días de parálisis. Pero la reactivación no trajo sosiego. Lo que emergió fue otro tipo de tensión: una disputa por el control del relato institucional. El episodio más revelador fue la presentación anoche de un recurso de exhibición personal por parte de la Procuraduría General de la República, “a favor” de las dos consejeras del Consejo Nacional Electoral. Un instrumento jurídico concebido para proteger a personas privadas de libertad fue colocado, de pronto, en el centro de un conflicto político-electoral. No hay detención, eso lo dejaron claro las consejeras esta mañana cuando comparecieron vía zoom. No hay desaparición sino acoso por parte del Estado hondureño. Hay teletrabajo, sesiones virtuales y ejercicio de funciones. Aun así, el Estado decidió presentarse como si desconociera el paradero de sus propias funcionarias.
Ese gesto, más que jurídico, fue simbólico. Mostró hasta qué punto el lenguaje del derecho puede ser estirado cuando se vuelve funcional a una estrategia política. En el debate público, el recurso fue leído como lo que parecía: una forma de presión institucional, un mensaje dirigido tanto a las consejeras como al país. No se trata ya de proteger derechos, sino de instalar la idea de que el proceso esta fuera de control, que alguien debía intervenir, que la legalidad podía ponerse en pausa mientras se reordenaban las piezas del tablero.
La discusión que siguió dejó algo claro: el Estado actua como solicitante de un habeas corpus contra sí mismo. El problema entonces ya no es técnico, es político. Y esa política se ejerce desde el expediente judicial. El daño que vemos en vivo y en directo es más profundo, porque erosiona el terreno de la poca, casi nula credibilidad de las reglas que aún tenemos.
El escrutinio especial, por su parte, ha sido utilizado como campo de batalla discursivo. Se ha repetido, una y otra vez, que las inconsistencias amenazan el resultado. Pero una revisión cuidadosa de los datos revela otra cosa. No todas las actas observadas requieren un recuento completo. Muchas presentan errores de forma, no de fondo, corregibles mediante los mecanismos previstos en la ley.
La estadística, además, es terca: quienes conocen de matemática de la probabilídad saben que una muestra no se comporta de manera radicalmente distinta del universo del que proviene. Pretender que un subconjunto de actas alterará por sí solo la tendencia general equivale a desconocer principios básicos de matemáticas o, peor aún, a fingir desconocerlos.
Aquí aparece una línea que atraviesa todo el proceso: la disposición de algunos actores a transformar cada procedimiento en un punto muerto, estirando los plazos y forzando las etapas hasta vaciarlas de sentido. El efecto es acumulativo. Cada día sin definiciones erosiona la legitimidad del resultado, cualquiera que este sea. Cada recurso interpuesto sin necesidad desgasta la confianza pública. Cada transmisión que se interrumpe o se cae alimenta la sospecha de que algo se oculta, incluso cuando no hay nada que ocultar.
Pero reducir esta crisis al episodio electoral sería un error. Lo que está ocurriendo es la expresión más reciente de una enfermedad más antigua que vivimos en Honduras: un Estado incapaz para sostener reglas comunes cuando el poder está en juego. La administración que llega a su fin dejó una lección difícil de ignorar. Durante años, la lealtad política y familiar pesó más que la capacidad técnica. El activismo sustituyó a la gestión. El discurso reemplazó a la planificación. Y cuando llegaron los momentos críticos (en finanzas, en energía, en política exterior, en seguridad) la respuesta fue siempre la misma: improvisación.
Ese patrón explica mucho de lo que vemos hoy. Un Estado poblado por funcionarios sin dominio (ni respeto) del marco legal termina dependiendo de atajos. Un gobierno que confunde crítica con ataque pierde la capacidad de corregirse. Un sistema que se acostumbra a forzar la norma acaba creyendo que cualquier obstáculo puede resolverse presionando a la institución de turno.
Por eso la pregunta que emerge tras este proceso no es únicamente quién gana la elección, sino cómo se gobernará después. La idea de un gobierno de integración, planteada con insistencia en los últimos días, merece ser tomada en serio, pero también examinada con cuidado. Integración no puede significar reparto de cuotas ni amnistía anticipada. Tampoco puede ser una coartada para reciclar figuras que han demostrado una vocación sistemática por el conflicto o el bloqueo institucional.
Un gobierno viable en el contexto actual necesita algo más básico y más difícil: aceptar límites. Reconocer que la ley no es un estorbo, sino el único marco que permite convivir en la diferencia. Entender que la estabilidad no se construye silenciando críticas ni comprando lealtades, sino rodeándose de personas que sepan hacer su trabajo y estén dispuestas a rendir cuentas.
El Congreso que viene, con una composición significativamente renovada, ofrece una oportunidad que no se presenta con frecuencia. Pero también encierra un riesgo evidente. Sin reglas claras y liderazgo responsable, la renovación puede derivar en dispersión, improvisación o captura por intereses que ya conocemos demasiado bien. La reorganización institucional no será automática. Exigirá decisiones impopulares, depuración de prácticas arraigadas y una ruptura explícita con la lógica del feudo político.
Hay, además, un actor que no puede seguir siendo tratado como espectador: la ciudadanía. La elección no fue un accidente ni un impulso momentáneo. Fue una reacción a un clima de confrontación permanente, a un Congreso paralizado, a un Ejecutivo incapaz de generar consensos mínimos. Ignorar ese mensaje sería una forma de desprecio político que el país ya no puede permitirse.
La declaratoria oficial, cuando llegue, porque llegará, no resolverá estos problemas. Apenas despejará el terreno para que comience el trabajo más difícil. El verdadero examen vendrá después, cuando el nuevo gobierno deba demostrar si aprendió algo de este episodio o si repetirá el ciclo conocido: atajos legales, enemigos imaginarios, lealtades mal entendidas y un Estado que vuelve a fallar justo cuando más se le necesita.
Honduras no enfrenta únicamente una crisis electoral. Enfrenta una crisis de método. Y mientras no se entienda que gobernar implica aceptar reglas incluso cuando resultan incómodas, cada elección será solo el preludio de la siguiente confrontación. El conteo de votos terminará. La pregunta es si, esta vez, algo más habrá cambiado.