Xiomara Castro perdió el poder, pero su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobrevivió a las elecciones. El domingo por la noche, Nasry Asfura recibió un espaldarazo técnico por el cumplimiento de un programa que su adversaria había negociado en 2023. Ahora el nuevo gobierno puede exhibirlo como una señal de confianza en su gestión, mientras el anterior reivindica los compromisos que dejó encaminados. Los políticos se disputaron Honduras; el Fondo, mientras tanto, siguió sentado en la misma mesa.
El acuerdo, por aproximadamente 847 millones de dólares, comprometía una sucesión de revisiones periódicas. La última concluyó con una evaluación favorable que podría permitir el desembolso de otros 120 millones en diciembre. Pero el dato verdaderamente político es que el FMI consiguió mantener su programa económico a través de una campaña electoral altamente polarizada, un cambio de gobierno y la derrota del partido que lo había negociado.
Castro firmó aquel acuerdo mientras prometía cambiar las reglas de una economía que describía como capturada por los privilegios. Su gobierno defendió la Ley de Justicia Tributaria y la revisión de las exoneraciones fiscales; presentó la liquidación de fideicomisos como una manera de recuperar el control sobre el dinero público. La reforma tributaria no llegó a concretarse. Pero el acuerdo con el Fondo permaneció, incluso cuando la confrontación política consumía buena parte de la agenda nacional.
Asfura llegó con otro lenguaje. Habla de ahorro, inversión privada y eficiencia, y su gobierno exhibe la Ley de Justicia Energética como una de sus principales reformas. El FMI ha recibido favorablemente esa aprobación, aunque exige resultados concretos en la reducción de pérdidas y atrasos de la ENEE. También respalda las medidas monetarias adoptadas frente a la inflación y la intención de avanzar gradualmente hacia un mercado cambiario más determinado por la oferta y la demanda.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/honduras-crece-pero-el-trabajo-no-alcanza/
Las políticas no son idénticas, pero ambas administraciones encuentran legitimidad en las evaluaciones del mismo organismo.
Durante la conversación de este lunes en +Conscientes, el economista y analista financiero José Mario Sauceda observó que los gobiernos encuentran maneras distintas de presentar las recomendaciones del Fondo. Cada administración destaca aquello que mejor encaja con sus prioridades políticas y con el discurso que utiliza para justificarlas. La discusión nos llevó entonces a una pregunta inevitable: ¿quién decide realmente la política económica hondureña?
La respuesta no está en imaginar a los ejecutivos del FMI dictando órdenes desde Washington. Honduras negocia sus acuerdos y conserva la facultad de decidir cómo cumplirlos. Pero la negociación tampoco ocurre entre partes con el mismo poder. Los gobiernos necesitan dólares, acceso a financiamiento y una señal de confianza para otros acreedores. Del otro lado hay una institución que examina las cuentas, establece condiciones y puede recomendar que el dinero se desembolse o permanezca retenido.
Esa influencia no explica por sí sola las decisiones nacionales. La disciplina fiscal puede proteger al país de crisis costosas y no pertenece a una ideología. Conservar reservas internacionales y evitar que la deuda se vuelva impagable beneficia especialmente a quienes menos capacidad tienen para soportar una crisis financiera. Lo inquietante es que una evaluación favorable de esas variables termine utilizándose como prueba de que todo un proyecto político funciona.
El comunicado ofrece cifras que ningún análisis serio debería desdeñar. La economía hondureña creció 3.7 por ciento en el primer semestre de 2026 y el Fondo proyecta un 3.4 por ciento para el año completo. Las reservas internacionales netas rondaron los 11,500 millones de dólares en octubre. La deuda, a juicio de la misión, se mantiene sostenible. Son señales de una economía que ha soportado aumentos internacionales de precios y sequías sin perder sus principales equilibrios.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/la-reforma-que-divide-la-enee-pero-no-aparta-a-la-politica/
Pero en el mismo documento aparece una inflación de 6.3 por ciento en septiembre. El FMI reconoce que las remesas y los buenos precios de exportación contribuyeron a fortalecer las reservas. Es una protección valiosa, aunque también muestra cuánto depende Honduras del dinero que envían quienes trabajan fuera del país y de mercados internacionales que no controla. Las cifras saludables no responden por sí solas a la pregunta sobre el salario que alcanza, el empleo que falta o el costo de sostener una familia.
La ENEE devuelve el debate al terreno de las decisiones políticas. En junio, el Fondo concedió una dispensa por el incumplimiento de una meta relacionada con los atrasos de la empresa. En noviembre reconoció la Ley de Justicia Energética, pero volvió a reclamar menos pérdidas, mejor administración y pagos al día. El Gobierno puede exhibir la aprobación de la ley; pero la empresa sigue enfrentando un problema que no desaparece con su publicación en La Gaceta.
Algo parecido ocurre con las reformas institucionales. El Fondo reconoce avances en la liquidación de fideicomisos y vuelve a pedir controles sobre las compras estatales, mejor administración tributaria y transparencia. Reclama que funcione el registro de beneficiarios finales y que se completen las medidas contra el lavado de activos, ante la evaluación internacional de 2027. Son recomendaciones fáciles de celebrar mientras permanecen en los comunicados, pero mucho más difíciles de ejecutar cuando afectan intereses acostumbrados a la opacidad.
Castro tuvo cuatro años para demostrar hasta dónde podían llegar sus promesas de transformación. Asfura comienza a administrar las suyas, pero enfrenta problemas que ya estaban presentes cuando su antecesora llegó al poder. Ninguno puede atribuirse en exclusiva la estabilidad reconocida por el Fondo, porque el programa atravesó ambas administraciones. Tampoco puede utilizar sus condiciones para eludir las responsabilidades sobre las decisiones que adopta.
La intención de negociar otro acuerdo en 2027 devuelve la historia a su punto de partida. El Gobierno podrá presentar nuevas prioridades, pero encontrará sobre la mesa la deuda, el déficit, la ENEE y las deficiencias de las instituciones públicas. Son problemas que han sobrevivido a gobiernos nacionalistas y liberales, al mandato de Libre y a una interminable sucesión de promesas de reforma.
Honduras necesita estabilidad económica. Sería absurdo celebrar lo contrario. Lo que necesita, además, es que esa estabilidad deje de presentarse como la culminación de un proyecto de gobierno. Los presidentes pueden reclamar el mérito de recibir la aprobación técnica del Fondo. Los ciudadanos tienen derecho a pedirles resultados que puedan reconocer fuera de un comunicado.
Mientras tanto, el FMI conserva una ventaja sobre nuestros partidos políticos. No tiene que presentar candidatos, soportar campañas electorales ni enfrentar las consecuencias de una derrota. Sus compromisos permanecen cuando los ministros recogen sus escritorios y los nuevos funcionarios llegan a ocuparlos. El Fondo Monetario Internacional no necesita ganar elecciones en Honduras. Le basta con esperar a quien las gane.