Durante el feriado morazánico estuve en Trujillo. Conversé con comerciantes, encargados de restaurantes y personas vinculadas al turismo. La respuesta se repetía con una frecuencia sorprendente: la temporada había sido mala porque todo el mundo se había ido para El Salvador.
La afirmación me llamó la atención. Había turistas en las calles, restaurantes con clientes y actividad en diferentes lugares de la ciudad. No parecía una temporada extraordinaria, pero tampoco tenía delante una ciudad abandonada. Entonces comencé a preguntar algo más sencillo: ¿cómo estuvo el feriado en comparación con el año pasado?
Algunos respondían que había sido parecido. Otros recordaban incluso un poco más de movimiento. Sin embargo, persistía la impresión de que el turismo hondureño había sufrido una especie de derrota frente a El Salvador.
Los datos oficiales permiten ahora ponerle números a aquella percepción. Según Migración de El Salvador, durante la Semana Morazánica ingresaron 54,716 hondureños, un aumento del 27.2 por ciento respecto de los 43,008 registrados en 2025. Hubo, efectivamente, un crecimiento importante de los viajes al país vecino. Pero eso no significa que Honduras se haya quedado sin turistas. El Instituto Hondureño de Turismo reportó una movilización nacional de 1.66 millones de personas, de las cuales más de 524,000 viajaron con fines turísticos, y estimó una derrama económica de 769 millones de lempiras. Las cifras no permiten establecer una comparación interanual del turismo interno, pero sí cuestionan la idea de que todo el mundo se había marchado. Durante días circularon imágenes de largas filas de vehículos en la frontera, playas salvadoreñas llenas de visitantes hondureños y figuras políticas que aprovechaban sus vacaciones para mostrar las maravillas del país vecino. La imagen era poderosa, pero contaba solamente una parte de la historia.
El Salvador había conseguido instalarse en la conversación nacional. Honduras, en cambio, parecía estar reaccionando a una campaña que otros habían preparado con anticipación.
Esa experiencia me sirvió para iniciar una conversación con Marvin Ponce, asesor presidencial, durante el programa +Conscientes de este martes. Quería entender por qué el gobierno de Nasry Asfura tiene tantas dificultades para comunicar sus acciones y por qué existe una distancia considerable entre los resultados que anuncia y lo que la población reconoce.
Ponce admitió que Honduras no tiene una política permanente de promoción turística. Los esfuerzos se concentran en determinadas temporadas y no existe una estrategia suficientemente articulada entre el gobierno central, las municipalidades y los empresarios del sector. También señaló que las dificultades económicas, las condiciones climáticas y la percepción de inseguridad influyeron en las decisiones de los viajeros.
Pero lo más interesante de la conversación apareció cuando dejamos de hablar de turismo y comenzamos a examinar cómo funciona el gobierno.
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Ponce conoce el poder desde adentro. Fue asesor de Juan Orlando Hernández y actualmente trabaja con Nasry Asfura. Ha transitado por la izquierda, el Congreso Nacional y los espacios de asesoría presidencial. Sus posiciones pueden resultar discutibles, pero tiene experiencia suficiente para distinguir entre la imagen pública de un gobierno y los mecanismos mediante los cuales se toman sus decisiones.
Al comparar ambas administraciones, describió a Asfura como un presidente pragmático, dedicado a ejecutar proyectos y resolver problemas concretos. Insistió varias veces en sus largas jornadas de trabajo, que pueden extenderse hasta la madrugada. Según Ponce, el presidente dedica buena parte de su tiempo a revisar asuntos administrativos y exigir resultados a sus colaboradores.
Sin embargo, también reconoció que la coordinación del gabinete necesita mejorar.
Algunos ministros, explicó, no mantienen una relación suficientemente directa con el presidente. Sus gestiones pasan por funcionarios del círculo inmediato de la Presidencia. Ponce mencionó la importancia del secretario privado, Juan Carlos García, y señaló que los grupos cercanos a los mandatarios pueden facilitar las decisiones, pero también retrasarlas.
Esta descripción introduce una contradicción que merece atención.
Un presidente puede trabajar dieciocho horas diarias y, aun así, dirigir una administración que no funciona con la coordinación necesaria. La capacidad personal de trabajo no sustituye los mecanismos institucionales. Un gobierno no puede depender exclusivamente de la voluntad, el carácter o la resistencia física de quien ocupa la Presidencia.
Necesita ministros que puedan tomar decisiones, instituciones que se comuniquen entre sí, procedimientos capaces de resolver problemas y sistemas de evaluación que permitan establecer qué se está logrando y qué permanece pendiente.
Si toda decisión importante debe pasar por un grupo reducido de colaboradores, la Presidencia puede terminar convertida en el principal cuello de botella de su propia administración.
No afirmo que esa sea necesariamente la situación del gobierno de Asfura. Pero las observaciones de uno de sus asesores obligan, cuando menos, a examinarla.
La conversación sobre la Secretaría de Comunicaciones reforzó esa impresión.
Ponce sostuvo que José Argueta, el primer responsable de esa oficina, no tenía la experiencia necesaria para construir una política de comunicación gubernamental. Provenía del entorno de confianza del presidente y terminó asumiendo funciones de vocero, cuando su responsabilidad debía consistir en organizar un sistema capaz de comunicar las acciones de toda la administración.
Pero inmediatamente añadió algo más revelador: muchos ministros no hablaban con la prensa. Algunos recibieron capacitación para hacerlo y continuaron evitando las entrevistas. El presidente, por su parte, tampoco acostumbra ofrecer conferencias de prensa organizadas.
Así, las dificultades de comunicación terminaron concentrándose en Argueta, aunque buena parte de los problemas estaban fuera de su control.
Su sustitución por Héctor Ordóñez no modificó automáticamente esas condiciones. Según Ponce, el nuevo secretario tiene mayor experiencia periodística, pero todavía debe insistir para conseguir que ministros y funcionarios comparezcan públicamente.
Se trata de un asunto que trasciende la publicidad oficial.
La comunicación gubernamental no consiste solamente en producir anuncios, distribuir fotografías o conseguir espacios favorables en los medios. Es una función del Estado que permite a los ciudadanos conocer las decisiones públicas, comprender sus consecuencias y exigir responsabilidades.
Un ministro que administra recursos públicos, pero evita explicar lo que hace, no está cumpliendo plenamente con esa responsabilidad. Y un presidente que prefiere mantenerse alejado de la exposición pública tampoco puede delegar indefinidamente en sus colaboradores la obligación de rendir cuentas.
Durante la entrevista, Ponce atribuyó parte de los conflictos comunicacionales a las relaciones entre el gobierno y las grandes empresas mediáticas. Afirmó que algunos medios están acostumbrados a recibir importantes cantidades de publicidad oficial y relacionó determinadas coberturas con los recursos que reciben del Estado.
Son afirmaciones que requieren pruebas. Sin contratos, cifras y comparaciones presupuestarias, no es posible establecer que una posición editorial responda a la distribución de publicidad gubernamental.
Pero su planteamiento permite recordar otro problema: cuando un gobierno entiende la comunicación como una negociación de espacios publicitarios, corre el riesgo de confundir el derecho ciudadano a la información con la necesidad política de mejorar su imagen.
El conflicto en el sistema de salud ofrece un ejemplo más concreto de estas contradicciones.
Durante más de un mes, médicos del sistema público han realizado asambleas informativas para reclamar obligaciones salariales. Las autoridades aseguran que han resuelto alrededor del 95 por ciento de los casos, pero el conflicto continúa.
Ponce responsabilizó a la administración anterior de haber contratado personal sin las estructuras presupuestarias necesarias. También cuestionó a los médicos por prolongar las medidas de presión, considerando sus consecuencias para los pacientes.
Pero reconoció que el gobierno actual ha sido demasiado lento para resolver los problemas administrativos pendientes. Y confirmó que ha recomendado al presidente nombrar un ministro de Salud que pueda asumir directamente las negociaciones.
Allí aparece nuevamente la distancia entre anunciar una decisión y conseguir que funcione.
Si las autoridades aseguran haber resuelto casi todas las obligaciones, pero todavía existen trabajadores reclamando pagos y pacientes afectados por la interrupción de servicios, el problema no puede despacharse únicamente como una falla de comunicación.
Puede haber expedientes mal tramitados, obligaciones pendientes, procedimientos ineficientes o desacuerdos legítimos sobre los mecanismos de protesta. Cada situación necesita verificarse. Pero ninguna conferencia de prensa puede sustituir la resolución efectiva del conflicto.
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Ponce enumeró otros resultados que atribuye a la administración: mantenimiento de carreteras, mejoras en la merienda escolar, asistencia a productores afectados por la sequía y agilización de licencias ambientales. Son afirmaciones que deben evaluarse mediante presupuestos, indicadores, beneficiarios y resultados comprobables.
Porque una cosa es ejecutar una actividad y otra determinar su efecto sobre la vida de las personas.
El sondeo de opinión pública del ERIC, realizado en mayo y presentado en julio, encontró que el 74.2 por ciento de los entrevistados no identificaba logros durante los primeros cien días del gobierno de Asfura. Siete de cada diez expresaban insatisfacción con su gestión.
Aquella encuesta no describe necesariamente la percepción actual, varios meses después. Pero establece un punto de partida para examinar cuánto ha cambiado la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
El Latinobarómetro 2026 introduce una dimensión todavía más preocupante. Aunque aumentó el respaldo a la democracia en Honduras, el 69 por ciento de los entrevistados afirmó que no le importaría tener un gobierno no democrático si este resolviera los problemas nacionales.
No significa que todos ellos prefieran una dictadura. Significa que, ante una pregunta que contrapone el carácter democrático del gobierno con su capacidad para resolver problemas, una proporción considerable de la población está dispuesta a relativizar las garantías democráticas.
Esa disposición no debe interpretarse como una autorización para restringir derechos, sino como una advertencia sobre la fragilidad de la confianza institucional.
Los ciudadanos esperan que las instituciones funcionen. Quieren atención médica, empleo, seguridad, educación y servicios públicos. Cuando las democracias no consiguen responder a esas demandas, aumenta el espacio para quienes ofrecen eficacia sin controles, resultados sin deliberación y autoridad sin rendición de cuentas.
Por eso importa tanto la manera en que gobierna Asfura.
Durante nuestra conversación, Marvin Ponce defendió las intenciones del presidente y destacó su voluntad de trabajo. Pero también describió dificultades de coordinación, problemas de comunicación y decisiones administrativas que no consiguen resolverse con suficiente rapidez.
No son necesariamente acusaciones contra el mandatario. Son observaciones que, viniendo de uno de sus asesores, deberían ser tomadas en serio por el propio gobierno.
Al final, regresé mentalmente a Trujillo y a los comerciantes convencidos de que todo el mundo se había ido para El Salvador.
Una estrategia de comunicación puede construir percepciones poderosas. Puede convertir imágenes aisladas en una narrativa nacional y conseguir que un país entero discuta un acontecimiento desde el marco que alguien más estableció.
Pero gobernar es bastante más complejo que promover un destino turístico.
La conversación con Marvin Ponce dejó la impresión de un gobierno que descansa excesivamente en la capacidad de trabajo de su presidente, mientras sus instituciones avanzan con dificultades para coordinarse y resolver los problemas cotidianos. La dedicación personal de Asfura puede ser una virtud, pero también revela los límites de una forma de gobernar que depende demasiado de las decisiones individuales.
En esas condiciones, la comunicación termina reflejando las debilidades de la propia administración. Los ministros tienen dificultades para explicar sus decisiones porque tampoco existe una conducción suficientemente articulada de las políticas públicas. La Secretaría de Comunicaciones intenta construir un relato común, pero tropieza con una estructura gubernamental que todavía no consigue hablar con una sola voz.
El gobierno ha dedicado buena parte de sus primeros meses a explicar las dificultades que heredó de la administración anterior. Algunas son reales y tienen consecuencias que no desaparecerán rápidamente. Pero, conforme avanza el tiempo, esas explicaciones pierden fuerza frente a las responsabilidades que ahora le corresponden.
Asfura llegó a la Presidencia precedido por una reputación de ejecutor, construida durante sus años como alcalde de Tegucigalpa. Ahora tiene por delante una tarea mucho más compleja. Gobernar un país requiere una capacidad institucional que no puede descansar en el esfuerzo de un solo hombre. Y esa capacidad tendrá que demostrarse en la vida cotidiana de los hondureños, mucho antes de que una campaña publicitaria consiga convencerlos de que las cosas están cambiando.