La segunda vuelta electoral permitiría que los hondureños regresaran a las urnas para escoger entre las dos candidaturas presidenciales más votadas cuando ninguna alcanzara el respaldo exigido para ganar en la primera elección. Su propósito es ampliar el apoyo electoral con el que una persona llega a la Presidencia. Su capacidad para recuperar la confianza depende, además, de quién organiza la votación, cómo se cuentan los sufragios y qué garantías existen para resolver las controversias.
Esa diferencia atravesó la conversación que sostuvimos en +Conscientes con Ramón Arístides Jiménez, del Frente Nacional para Elecciones Limpias, y el general retirado Luis Maldonado Galeas, de Patria. Ambos promueven reformas electorales, pero sus intervenciones mostraron prioridades distintas dentro de una preocupación compartida: conseguir que los ciudadanos vuelvan a confiar en las instituciones que convierten sus votos en poder público.
El Latinobarómetro 2026 ayuda a entender la dimensión del problema. El apoyo a la democracia en Honduras pasó del 36 % en 2024 al 42 % en 2026. Al mismo tiempo, el 69 % respondió que no le importaría la llegada de un gobierno no democrático si resolviera los problemas. Son preguntas diferentes. La segunda respuesta expresa una disposición condicionada por la promesa de resultados; convertirla en la afirmación de que siete de cada diez hondureños quieren una dictadura sería distorsionar su significado.
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Los datos permiten reconocer una tensión: la democracia puede ganar respaldo como idea mientras sigue siendo vulnerable frente a la oferta de soluciones que prescinden de sus límites. Para el debate electoral, esto significa que mejorar las reglas de acceso al poder es una tarea necesaria, cuyo resultado tendrá que sostenerse después en la experiencia de gobierno.
La segunda vuelta atiende un problema específico. En una competencia con varias candidaturas, quien obtiene más votos puede quedar lejos de reunir la mitad de los sufragios válidos. Una ronda adicional obliga a los finalistas a buscar apoyos más amplios. Los electores cuyas opciones quedaron fuera pueden escoger entre las dos restantes, aunque su decisión responda a una preferencia limitada o al rechazo de la otra candidatura.
La propuesta de la Mesa de Reformas Electorales contempla una posibilidad adicional para ganar sin otra votación: superar el 45 % de los votos válidos y aventajar por más de diez puntos porcentuales a la candidatura que ocupe el segundo lugar. Si no se cumplen las condiciones establecidas para vencer en primera ronda, competirían las dos fórmulas más votadas. Es una propuesta sometida a discusión, y sus umbrales deben explicarse con precisión porque determinan cuándo los ciudadanos tendrían que votar nuevamente.
Un ejemplo permite comprender esa diferencia. Bajo la excepción propuesta, una candidatura con 46 % y una segunda con 34 % podría ganar en primera ronda. Una contienda de 46 % contra 40 % requeriría otra votación. En ambos casos, quien encabeza obtiene el mismo respaldo; lo que cambia es la distancia respecto de su competidor.
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Maldonado Galeas defendió la segunda vuelta como una vía para fortalecer la representatividad y la legitimidad de quien asuma la Presidencia. La situó dentro de un conjunto de cambios que incluye separar elecciones y despartidizar los órganos electorales. Jiménez puso el énfasis en las condiciones administrativas: sostuvo que una segunda vuelta solo tendría sentido si se avanzaba en la despartidización de las juntas receptoras y de las instituciones encargadas del proceso.
Su observación merece atención porque identifica un límite concreto. Una votación adicional utiliza autoridades, procedimientos, personal y mecanismos de resolución de conflictos. Si esas estructuras mantienen las mismas debilidades, la nueva ronda también estará expuesta a ellas. Un respaldo electoral más amplio puede fortalecer al ganador, pero la confianza en ese respaldo exige que el resultado sea verificable.
De allí la importancia de explicar qué significa ciudadanizar las mesas. La palabra puede sugerir independencia sin describir cómo se consigue. En el programa pregunté quién escogería a esos ciudadanos y cómo se evitaría que organizaciones cercanas a los partidos reprodujeran su control bajo otra identificación.
Jiménez relató su experiencia de observación en Guatemala y destacó la preparación anticipada de quienes administran las mesas. Para Honduras, la discusión debe traducirse en procedimientos concretos: selección pública, capacitación, reglas de incompatibilidad, sustituciones y vigilancia. Tener preferencias políticas es compatible con cumplir una función electoral imparcial; lo que debe impedirse es que esa función se ejerza bajo órdenes partidarias.
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También importa el sistema que comunica los resultados. La propuesta de contar con un TREP propio del Consejo Nacional Electoral necesita evaluarse junto con sus garantías de auditoría. El documento de reformas plantea controles externos y publicación de sus resultados. La propiedad del sistema, por sí sola, ofrece una respuesta incompleta: el ciudadano necesita poder verificar cómo un acta se convierte en información pública y cómo se corrige una inconsistencia.
El costo de otra jornada electoral merece una discusión igualmente seria. Durante la entrevista se mencionó la carga que podrían representar las primarias, la separación de elecciones y una eventual segunda vuelta. La conversación no aportó una estimación presupuestaria que permita resolver ese debate. Corresponde exigir cálculos, calendarios y alternativas, además de considerar los costos institucionales de procesos que terminan sin confianza suficiente.
La segunda vuelta puede ampliar la base electoral de una Presidencia. Ese es un resultado relevante, aunque limitado. No asegura una mayoría legislativa, no vuelve transparentes los acuerdos entre partidos y no garantiza que el gobierno cumpla lo ofrecido.
El Latinobarómetro obliga a mantener presente esa distancia entre elegir y gobernar. La confianza se construye cuando el voto se cuenta correctamente, cuando las controversias encuentran respuesta y cuando las autoridades electas responden por sus decisiones. La reforma tendrá valor para el ciudadano si le permite reconocer que su elección produce consecuencias y que conserva herramientas para exigir cuentas durante los años que siguen.