El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre Honduras es un documento incómodo. No porque diga algo completamente desconocido, lo que reporta lo hemos venido cubriendo desde los medios de comunicación de manera abierta y constante, sino porque organiza en un mismo retrato una serie de datos que, cuando se observan juntos, obligan a mirar el país con una claridad difícil de esquivar.
El informe, presentado la semana pasada, reconoce avances institucionales en algunos ámbitos, pero advierte que persisten patrones de violencia estructural, impunidad judicial y debilitamiento del Estado de derecho. La conclusión general no es explosiva en términos retóricos, pero sí contundente en términos empíricos: Honduras continúa atrapada en una dinámica donde la seguridad pública, la pobreza y la debilidad institucional se entrelazan de una manera que afecta directamente la vigencia de los derechos humanos.
El documento llega en un momento políticamente sensible. El país atraviesa una etapa de transición institucional marcada por debates sobre seguridad, la continuidad del estado de excepción y el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En ese contexto, el informe de Naciones Unidas funciona menos como un juicio externo que como un espejo.
Uno de los aspectos más señalados del informe es el uso prolongado del estado de excepción, decretado originalmente como una medida temporal para enfrentar estructuras criminales. Según la OACNUDH, la medida llegó a aplicarse en aproximadamente el 76 % del territorio nacional, una extensión territorial que transforma una herramienta extraordinaria en una práctica cotidiana. La oficina de Naciones Unidas advierte que la excepcionalidad se convirtió, en la práctica, en un elemento permanente de la política de seguridad. Con las alertas que eso genera.
El informe también introduce una advertencia metodológica que rara vez aparece en el debate político: no existe evidencia clara que permita atribuir la reducción reciente de los homicidios exclusivamente al estado de excepción.
Honduras ha experimentado una disminución gradual en su tasa de homicidios durante los últimos años. Sin embargo, la OACNUDH señala que la correlación entre las políticas de excepción y esa reducción no fue demostrada de manera concluyente.
La violencia continúa golpeando con fuerza a sectores específicos de la población. Los jóvenes entre 15 y 29 años siguen siendo las principales víctimas de homicidio. Las armas de fuego siguen siendo el instrumento dominante en los asesinatos.
El informe registra también 225 muertes violentas de mujeres durante el año analizado y decenas de asesinatos de personas de la diversidad sexual. Las cifras no son nuevas en el contexto hondureño, pero su persistencia en el último año de la gestión de Xiomara Castro revela una estructura de violencia que no ha sido desmantelada.
Entre los datos más inquietantes del informe se encuentra el registro de 17 defensores de derechos humanos asesinados en un solo año (2025).
La cifra puede parecer pequeña frente al total de homicidios del país, pero en el contexto de los derechos humanos tiene un significado particular. Los defensores suelen ser personas que denuncian abusos de poder, conflictos territoriales o corrupción. Su asesinato no es simplemente un acto de violencia individual; es un mensaje dirigido a quienes intentan denunciar injusticias.
Javier Acevedo, CIPRODEH
En el programa +consciente, el abogado y defensor de derechos humanos Javier Acevedo, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), ofreció una interpretación que ayuda a entender la gravedad del fenómeno.
“En los casos de defensores de derechos humanos estamos hablando de niveles de impunidad que superan el noventa por ciento”, explicó durante la entrevista. “Eso significa que menos de uno de cada diez crímenes termina con alguien condenado”.
El efecto de esa impunidad es estructural. Cuando la probabilidad de castigo es tan baja, la violencia se vuelve un instrumento disponible.
Acevedo lo resumió con una frase que captura la lógica del problema: “Hay sectores que se sienten con suficiente poder para quitarle la vida a un defensor o una defensora de derechos humanos con la expectativa de que no habrá consecuencias”.
El patrón no es exclusivo de Honduras, pero el país se encuentra entre los lugares donde esa dinámica ha adquirido mayor persistencia.
Las investigaciones criminales, señala el informe, suelen avanzar hasta identificar a los autores materiales. El problema aparece cuando se trata de establecer responsabilidades intelectuales.
“Las investigaciones suelen llegar hasta los autores materiales”, señaló Acevedo. “Pero casi nunca se persigue con la misma fuerza a los autores intelectuales”.
La experiencia hondureña ofrece ejemplos claros. El asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en 2016 reveló, tras años de investigación internacional, la participación de actores empresariales y estructuras de poder que inicialmente no habían sido señaladas por las autoridades nacionales. Ese caso se ha convertido en una referencia obligada para entender cómo operan las redes de violencia en conflictos territoriales.
El informe de la OACNUDH también señala un deterioro del espacio cívico durante el último año. Se registraron amenazas, campañas de estigmatización y presiones contra organizaciones sociales, periodistas y medios de comunicación.
La libertad de expresión ocupa un lugar central en este diagnóstico. La presión contra periodistas no se limita a la violencia física; incluye hostigamiento digital, campañas de desprestigio y el uso de recursos estatales para atacar a medios críticos.
Durante la entrevista en +consciente, Acevedo recordó una idea que suele perderse en los debates políticos sobre prensa: “Cuando se ataca la libertad de expresión de un periodista no solo se vulnera el derecho del periodista, sino el derecho de la sociedad a conocer la información”.
La frase resume una de las tensiones fundamentales en la democracia hondureña. La libertad de expresión no es únicamente un asunto corporativo del gremio periodístico. Es una condición para que la sociedad tenga acceso a información sobre el funcionamiento del poder.
Otro punto señalado por el informe es la situación del sistema penitenciario, que continúa bajo control militar.
Durante el último año se realizaron traslados masivos de miles de personas privadas de libertad entre distintos centros penales. La OACNUDH advierte que muchos de estos movimientos se realizaron sin evaluaciones individuales y provocaron denuncias de hacinamiento, restricciones a visitas familiares y condiciones degradantes de detención.
El sistema penitenciario hondureño arrastra problemas históricos de sobrepoblación, violencia interna y falta de infraestructura adecuada. La militarización del sistema, concebida originalmente como una medida temporal de control, se ha prolongado en el tiempo sin una estrategia clara de transición hacia un modelo civil.
La discusión sobre derechos humanos en Honduras suele concentrarse en la violencia y en la actuación de las fuerzas de seguridad. El informe de Naciones Unidas introduce un recordatorio fundamental: los derechos humanos también se relacionan con las condiciones materiales de vida.
Honduras es uno de los países más pobres de América Latina. Los datos citados en el programa televisivo son elocuentes: 63 % de la población vive en pobreza y más del 40 % en pobreza extrema.
Acevedo explicó durante la entrevista cómo las Naciones Unidas conceptualizan esta realidad: “Una persona que vive en pobreza es una persona que vive con una negación parcial de sus derechos”. El ejemplo más evidente es el derecho a la alimentación.
El hambre, explicó, no es solo un problema económico. Es una violación directa de los derechos humanos. La pobreza también limita el acceso a la educación, a la atención médica y a la capacidad de enfrentar enfermedades. En términos prácticos, significa que millones de personas viven en condiciones donde los derechos reconocidos por la ley no pueden ejercerse plenamente.
El informe dedica también atención a los conflictos territoriales que afectan a pueblos indígenas y comunidades garífunas.
Honduras acumula varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con la protección de territorios indígenas. Muchas de ellas siguen sin cumplirse plenamente.
La situación refleja una tensión histórica entre los derechos colectivos de las comunidades y los intereses económicos asociados a la tierra.
Acevedo lo resumió de forma directa durante la entrevista: “En Honduras parece que los derechos colectivos sobre la tierra tienen menos valor que los derechos individuales de propiedad”.
La frase resume décadas de conflictos en territorios garífunas, lencas, miskitos, tolupanes y de otros pueblos originarios.
En algunos casos, la ocupación ilegal de territorios ha sido tolerada por el Estado. En otros, las comunidades han denunciado intentos de negar su identidad indígena como mecanismo para evitar el reconocimiento de sus derechos.
El informe de la OACNUDH no presenta una narrativa simple. Reconoce avances, si, reformas legales y esfuerzos en materia de seguridad. Pero al mismo tiempo muestra una estructura donde las debilidades institucionales siguen teniendo consecuencias humanas profundas.
La violencia continúa concentrándose en sectores vulnerables. Los asesinatos de defensores y periodistas siguen ocurriendo en un contexto de impunidad. La pobreza limita el ejercicio de derechos fundamentales. Los conflictos territoriales con pueblos indígenas siguen sin resolverse.
Al final de la entrevista en +consciente, Javier Acevedo, de CIPRODEH, ofreció una síntesis que resume el sentido del informe: “Lo que muestra el informe es que los derechos humanos todavía no constituyen una prioridad real para el Estado hondureño”.
El documento de Naciones Unidas no resuelve los problemas que describe. Pero cumple una función importante: ordenar los hechos en un retrato coherente. En ese retrato aparece un país donde la violencia no ha desaparecido, la impunidad sigue siendo alta y los derechos humanos continúan siendo una tarea pendiente.