El debate sobre el juicio político ha entrado en la conversación pública como si se tratara de una decisión inmediata, una respuesta directa a la crisis institucional reciente que puede tomar el Congreso Nacional sin mayores consecuencias. Los nombres de los posibles enjuiciados circulan, las posiciones de los analistas se endurecen y el tema en sí comienza a ocupar el centro del discurso político.
Pero la discusión que se desarrolló hoy en +conscientes, con la abogada constitucionalista Ruth Lafosse y el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado, dejó ver que el problema no se limita a la permanencia o salida de determinados funcionarios. Porque lo que está en juego es algo más profundo que las acciones arbitrarias de algunos funcionarios: el resultado de este debate define la forma en que el Estado hondureño establece los límites del poder después de una transición política.
Para Lafosse, el punto de partida no es penal ni judicial. El juicio político, explicó, pertenece a otra lógica. “El juicio político no es un proceso penal, es un mecanismo de control político que existe precisamente para establecer responsabilidades cuando el ejercicio del poder ha comprometido el funcionamiento institucional del Estado”.
Su preocupación no se concentra en una persona específica, sino en el efecto que deja la ausencia de consecuencias.
Abogada Ruth Laffose
“El problema no es una persona en particular. El problema es el precedente. Si no hay consecuencias frente al abuso de poder, el sistema queda abierto para que esa conducta se repita”, expresó Laffose.
Desde la perspectiva de Hugo Maldonado, la discusión conecta con una constante de la historia política del país. “La impunidad es lo que nos ha llevado a repetir los mismos conflictos una y otra vez. Si no hay rendición de cuentas, el mensaje que queda es que el poder no tiene límites”.
En ese marco, el juicio político aparece como una señal institucional. No como castigo individual, sino como una forma de establecer que el ejercicio del poder tiene consecuencias políticas, incluso cuando no existe responsabilidad penal.
Esa lógica, sin embargo, se encuentra con una realidad menos normativa y más política. La Constitución exige 86 votos del Congreso Nacional para destituir a un alto funcionario. Ninguna fuerza política dispone de esa mayoría por sí sola. El proceso, si llegara a plantearse, dependería de acuerdos entre partidos y, sobre todo, a criterio de Maldonado, del comportamiento del Partido Liberal.
Maldonado lo expresó sin rodeos: el fraccionamiento interno de esa bancada introduce incertidumbre sobre cualquier intento de alcanzar el consenso necesario para obtener los 86 votos.
En ese punto, el juicio político deja de ser una discusión sobre hechos y responsabilidades y se convierte más en un problema de correlación de fuerzas. La viabilidad del juicio político dependerá menos de la gravedad del conflicto que del cálculo político de los actores que controlan los votos.
Hugo Maldonado, presidente CODEH
Pero mientras la discusión pública se concentra en lo ocurrido durante el proceso electoral, el efecto más importante del debate mira hacia adelante.
El Consejo Nacional Electoral no solo es el escenario del conflicto reciente. Es la institución que organizará las elecciones primarias y generales de 2029. Este CNE, no otro, definirá calendarios, operará sistemas tecnológicos y tomará decisiones contractuales que, en la práctica, determinan cómo se administrará la próxima elección.
Por eso Maldonado habló de la necesidad de blindar institucionalmente al CNE y al Tribunal de Justicia Electoral para evitar su captura política. Lafosse fue todavía más lejos al cuestionar el diseño mismo del sistema.
“El problema no es solo quién ocupa los cargos. El problema es un modelo que distribuye el control del sistema electoral entre los partidos y que reproduce el poder en lugar de abrirlo”, dijo.
En ese contexto, el juicio político deja de ser únicamente un mecanismo de rendición de cuentas y pasa a formar parte de una disputa por el control operativo del próximo ciclo político.
Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales
La discusión se vuelve entonces aún más compleja, cuando entra en escena el tema de la amnistía. Lafosse advirtió que el riesgo de hablar de una amnistía no está en el principio de reparación para quienes fueron perseguidos políticamente, sino en su posible expansión. “Si la amnistía se convierte en un mecanismo general de borrón jurídico, puede terminar protegiendo también decisiones tomadas desde el poder que tuvieron impacto institucional”, alerta.
Maldonado resumió esa preocupación con mayor dureza: la amnistía podría convertirse en una salida para evitar responsabilidades políticas.
Para ambos juristas, un sistema de justicia despolitizado debería exculpar inmediatamente a los procesados por cargos que no se sostienen jurídicamente. No deberían necesitar una amnistía para ello.
El último tramo de la conversación se concentró en la figura del fiscal general. Para Lafosse, el problema no se limita a decisiones concretas, sino al origen y al ejercicio del cargo. El juicio político, en ese caso, tendría un efecto específico: la inhabilitación para el ejercicio futuro de funciones públicas de los enjuiciados.
Maldonado cerró con una advertencia que sintetiza la tensión del momento. El país necesita que las decisiones se adopten dentro del marco de la ley y no como resultado de acuerdos políticos.
Pero esa afirmación revela la paradoja que atraviesa todo el debate, tanto del juicio político como de la amnistía. El juicio político es, por definición, una decisión política. Su legitimidad dependerá no solo del procedimiento, sino del contexto en el que se produzca y de la percepción pública sobre sus motivaciones.
La experiencia reciente en América Latina muestra que estos mecanismos suelen aparecer en momentos de transición. A veces han servido para establecer responsabilidades reales. Otras veces han funcionado como instrumentos para alinear instituciones después de un cambio de poder. Honduras se encuentra hoy en ese punto de incertidumbre.
La alternancia en el Ejecutivo no transformó automáticamente el conjunto del aparato estatal. El Ministerio Público, el órgano electoral y parte del sistema judicial conservan equilibrios heredados del ciclo anterior. El debate sobre el juicio político surge precisamente en ese espacio donde el nuevo poder se encuentra con una estructura que no cambió al mismo ritmo.
Por eso la discusión actual no se limita a determinar si ciertos funcionarios deben o no ser removidos. Lo que realmente se está definiendo es el tipo de relación que existirá entre los ciclos políticos y las instituciones del Estado.
Si cada cambio de gobierno se traduce en un intento por remover a quienes dirigen el Ministerio Público, el CNE o la Corte Suprema —instituciones cuyos períodos están diseñados para trascender los ciclos políticos—, el mensaje será que la permanencia en esos cargos depende de la correlación de fuerzas del momento y no de su mandato constitucional. En ese escenario, cada alternancia abrirá una nueva disputa por el control del Estado. Si, en cambio, el nuevo poder decide convivir con funcionarios nombrados en el ciclo anterior, el costo político será inmediato y visible, porque implicará gobernar sin control pleno de esas instituciones. Pero a cambio se preserva algo menos visible y quizás más importante: la continuidad institucional y la señal de que las reglas del Estado no cambian cada vez que cambia el gobierno. Ese es el dilema que se esconde detrás del debate.
Más que un procedimiento legislativo o una discusión jurídica sobre las responsabilidades que se deben señalar a los actores de la crisis recién pasada, el juicio político se ha convertido en el punto donde se decide cómo se reorganiza el poder después de una crisis. Y, sobre todo, qué tan estables serán las reglas del Estado en los años que vienen.