La primera señal de que algo se había movido de lugar fue el humo. Camiones incendiados atravesando carreteras, vuelos suspendidos, ciudades que bajan la cortina con la velocidad con la que se baja una persiana ante un huracán. La muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, confirmada por reportes de prensa internacionales este 22 de febrero de 2026, desató una secuencia de represalia que pareció escrita para televisión y, al mismo tiempo, demasiado real para creerla un libreto: bloqueos coordinados, quema de vehículos y ataques en distintos puntos del país.
En la región, solemos tratar estos episodios como si fueran meteorología del crimen: tormentas que se forman allá y llueven acá. Pero junto al humo, apareció una palabra que si sabemos interpretarla cambia el género del relato: “Perímetro”. Es una palabra de ingenieros, de militares, de administradores de riesgo. Ahora es un término usado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos. El problema es que cuando un imperio deja de hablar ya en el idioma de las “relaciones” y empieza a hablar en el idioma del “perímetro,” lo que sigue rara vez se limita a un país, o a un cartel, o a una isla. De eso trata el mare nostrum americano: un cambio de era visto desde la lógica imperial.
Roma llamó mare nostrum al Mediterráneo cuando comprendió que el dominio no dependía de ocupar cada costa, sino de controlar el movimiento entre ellas. El poder estaba en hacer predecible la circulación: rutas seguras para el comercio, puertos leales, tributos estables y castigos suficientemente visibles para disuadir cualquier desviación. Durante décadas, sin embargo, esa ambición tuvo un obstáculo persistente: Cartago. Durante tres generaciones —desde la Primera Guerra Púnica en el siglo III a. C. hasta la Tercera, más de un siglo después— Cartago fue el recordatorio de que el mar no podía ser de Roma mientras existiera otra potencia capaz de disputarle el comercio, las alianzas y la influencia en sus bordes. La solución romana no fue un tratado ni una coexistencia equilibrada. En el año 146 a. C., tras un asedio prolongado, Roma arrasó la ciudad, destruyó sus defensas, vendió a su población como esclava y borró sus cimientos. No fue solo una victoria militar; fue un mensaje estratégico: el Mediterráneo sería romano porque no quedaría en él ningún poder capaz de alterar su estabilidad. A partir de ese momento, el mare nostrum dejó de ser una aspiración y se convirtió en una realidad política.
Hoy, sin comparaciones fáciles ni paralelos mecánicos, Estados Unidos parece reconfigurar su entorno cercano —Norte de Sudamérica, Caribe, Centroamérica, Golfo de México América— bajo una lógica que recuerda esa prioridad imperial: el espacio inmediato como zona vital. En ese marco, la inestabilidad ya no se interpreta como un problema ajeno o distante, sino como una variable de riesgo que debe ser contenida antes de que altere el sistema. El objetivo no es la ocupación territorial ni la administración directa de cada país, sino algo más funcional: reducir incertidumbre en los flujos de energía, migración, comercio, seguridad y alianzas. Como en la antigua Roma, el control no se mide por la bandera en cada costa, sino por la previsibilidad del mar que las conecta.
En el programa +conscientes del 23 de febrero abordamos precisamente esa lógica de reconfiguración: cómo están cambiando las relaciones de los países de la región a medida que Washington redefine sus prioridades estratégicas bajo la administración Trump. Lo que emerge no es una nueva doctrina ideológica, sino un criterio operativo. Patricia Bourdeth lo expresó con un realismo que resulta incómodo y, por eso mismo, verosímil: “vamos a ser aliados… porque nos conviene. Si tú tienes litio, tienes agua, tienes petróleo, vamos a ser aliados”. La frase no describe una visión del mundo; describe un método de gestión del poder. Las relaciones en la arena internacional dejan ya de ordenarse por afinidades políticas o discursos compartidos y comienzan a estructurarse alrededor de activos concretos. En ese mapa, los países no se alinean por lo que dicen ser, sino por lo que tienen. El sistema internacional, al menos en el hemisferio, empieza a parecerse menos a una comunidad de principios y más a un inventario estratégico.
Ese giro de estrategia coincide coincide con una pieza formal que, en Washington, ha venido consolidándose como instrumento: la orden ejecutiva que creó un proceso para designar carteles y otras organizaciones como Foreign Terrorist Organizations (FTO) o Specially Designated Global Terrorists (SDGT). Fue emitida el 20 de enero de 2025 y su propósito explícito es abrir un carril institucional para tratar a ciertos actores criminales bajo lógicas y herramientas de terrorismo, con todo lo que eso habilita en términos de sanciones, cooperación, persecución y alcance extraterritorial.
Este detalle importa porque reordena el campo semántico: un capo ya no es solo un capo; puede convertirse en una “amenaza estratégica”. Y cuando un actor es clasificado como amenaza estratégica, el repertorio de respuesta deja de ser únicamente policial.
La muerte del Mencho, en ese marco, se lee distinto. Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, explicó en el programa que el CJNG tenía una estructura “mucho más vertical de mando”, con un liderazgo que “controlaba… con mano dura”, y advirtió que el escenario de fragmentación —si ocurre— puede incrementar la violencia en México. Su instinto operativo fue inmediato: “hay que aprovechar… para desarticular toda la infraestructura del Cártel de Jalisco” (en Centroamérica). Es el lenguaje de quien entiende que decapitar no basta: hay que vaciar las redes, cortar la logística, perseguir el dinero.
La prensa internacional reportó, además, el punto que vuelve esto hemisférico: el componente estadounidense. Reuters informó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia y que, tras la muerte del Mencho, se registraron ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, con decenas de muertos y arrestos. Ese dato, en la práctica, confirma lo que otro de los invitados de +conscientes, Antonio Montes, planteó desde Ciudad de México: un modelo de cooperación donde Washington aporta capacidades tecnológicas y México ejecuta el operativo. Montes lo resumió con sencillez: “Estados Unidos comparte con sus capacidades tecnológicas… y el ejército mexicano es quien lleva a cabo el operativo.” El mensaje implícito es que el perímetro se puede asegurar sin marines desembarcando; basta con inteligencia, coordinación y un aliado dispuesto —o presionado— a hacer el trabajo visible.
Hasta aquí, podríamos decir: narcotráfico, cooperación, golpe de alto valor. Un capítulo conocido. Lo que cambia la era es el hecho de que el “perímetro” ya no está limitado a lo criminal.
Venezuela representa el otro extremo de esa misma lógica: la operación de “alto valor” trasladada del terreno criminal al político. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una incursión militar en Caracas y capturó al presidente Nicolás Maduro en el marco de la llamada Operation Resolve, una acción que incluyó ataques a infraestructura militar y su traslado inmediato a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración internacional. El episodio alteró de manera abrupta los límites tradicionales de la soberanía en el hemisferio y abrió un debate inmediato sobre su legalidad bajo el derecho internacional, particularmente por la prohibición del uso de la fuerza y la inmunidad de jefes de Estado.
A partir de ese punto, la pregunta relevante dejó de ser si Washington tiene la capacidad de intervenir de esa forma. La interrogante es en qué circunstancias decide que el costo de no hacerlo es mayor que el de hacerlo, y qué narrativa jurídica o estratégica utiliza para sostener la decisión. En el programa, Patricia Bourdeth lo planteó desde una lógica de poder material: una vez que una administración está dispuesta a cruzar ese umbral, cuenta con “supremacía en investigación, tecnología, armamento e inteligencia militar” para intervenir sobre puntos críticos y forzar reacomodos internos en los países afectados. Bajo ese enfoque, el instrumento central ya no es el consenso ni el tratado, sino la combinación de superioridad operativa y voluntad política. Es una forma de influencia que no busca administrar el entorno desde la negociación permanente, sino desde la capacidad de alterar sus equilibrios cuando lo considera necesario.
Cuba, a su modo, entra en la misma geometría. No por helicópteros ni comandos, sino por el oxígeno. En febrero de 2026, fuentes de energía y economía han descrito una crisis agudizada de combustible en la isla, asociada a la caída de envíos y a políticas estadounidenses que presionan los flujos de petróleo. Y en el programa, Bourdeth lo dijo sin eufemismo: “esa asfixia de Cuba… tiene que acortarse lo más pronto posible”, porque la supervivencia dejó de ser gubernamental y se volvió ciudadana.
Javier Larrondo, de la organización Prisoners Defenders, introdujo un elemento crucial para entender por qué el cerco energético es, también, un cerco político: el dinero del régimen cubano —dijo— no se sostiene solo con turismo y remesas, sino con ingresos que él califica como ilegales, en particular la exportación de servicios profesionales bajo coerción. “Estamos viendo una estrategia real de cortarle los ingresos ilegales de los que vive Cuba”, afirmó, y advirtió contra el triunfalismo con una frase española que, en este contexto, funciona como regla de análisis: “hasta el rabo, todo es toro”, diciendo que el régimen cubano terminará hasta que termine por completo, que no puede haber concesiones a este punto.
La discusión sobre las misiones médicas cubanas no es un detalle humanitario; es un capítulo financiero de la arquitectura del régimen. Organizaciones como Human Rights Watch han documentado reglas y restricciones severas para médicos cubanos en el exterior, incluyendo controles que afectan libertad de movimiento y de asociación, y que han sido señalados como prácticas represivas. (En el programa +conscientes, Larrondo fue más lejos en su caracterización; aquí basta con subrayar el punto verificable: hay documentación internacional sobre coerción y restricciones para los médicos cubanos que decidan dejar esa industria.)
Cuando se mira el tablero completo —capos abatidos, presidentes capturados, islas asfixiadas— la tentación es explicar todo como un plan maestro perfectamente diseñado. El propio programa coqueteó con esa idea, lo admito. Pero la lógica imperial no requiere perfección; requiere dirección. El imperio, cuando actúa como imperio, no controla cada variable: fija prioridades, asegura corredores y castiga desviaciones que considera intolerables en su zona vital.
En ese sentido, la tesis del mare nostrum americano puede sostenerse sin exageración si se la aterriza en funciones concretas.
Una función es migratoria. La frontera sur de Estados Unidos ya no es solo el Río Bravo: es la cadena logística de rutas y permisos que comienza en Darién, atraviesa el istmo, sube a México y llega a Texas. Otra función es energética y de abastecimiento que pasa por el canal de Panamá: cuando el suministro de petróleo hacia Cuba se vuelve palanca, el Caribe recupera su condición histórica de cuello de botella. Otra función es financiera: sanciones, acceso a sistema bancario, controles y listas. Y otra es criminal-estratégica: tratar a ciertas organizaciones como amenazas equivalentes a actores armados, habilitando herramientas excepcionales.
Lo que vincula la caída del Mencho con la captura de Nicolás Maduro no es la naturaleza de los actores, sino el marco estratégico en el que ambos episodios son interpretados. En los dos casos, Washington actúa bajo una premisa similar: ciertos focos de poder en el hemisferio —sean organizaciones criminales o gobiernos acusados de narcotráfico y desestabilización— forman parte de un mismo perímetro de seguridad que Estados Unidos ha comenzado a tratar como propio, aun cuando se ubique fuera de su territorio.
Esa lógica se refleja en la forma en que los acontecimientos son leídos y gestionados. La violencia desatada en México tras la operación contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue presentada en medios internacionales como un asunto directamente vinculado a la seguridad estadounidense y a la presión de Washington para intensificar la ofensiva contra los carteles. En paralelo, el análisis de la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido sobre la captura de Maduro subraya el carácter extraordinario de la operación militar del 3 de enero de 2026 y la incertidumbre sobre el grado de influencia que Estados Unidos ejercerá en adelante sobre la evolución política interna de Venezuela.
En conjunto, ambos casos muestran un cambio de enfoque: los eventos ocurridos en el entorno regional ya no se procesan como crisis externas que requieren gestión diplomática, sino como amenazas que justifican intervenciones directas o presión sostenida para moldear el equilibrio interno de los países afectados. En ese desplazamiento de criterio es donde comienza a dibujarse la idea de un perímetro estratégico ampliado.
Y aquí aparece Centroamérica, no como protagonista heroica, sino como bisagra inevitable.
Nadie en la región ha sido consultado sobre si está de acuerdo con el perímetro estratégico que Washington está definiendo. La cuestión relevante no es el consentimiento, sino las consecuencias: qué ocurre cuando ese perímetro comienza a administrarse simultáneamente con instrumentos de fuerza, sanciones financieras y presión comercial. Bourdeth lo dijo con claridad al final del programa: esto obliga a “reconfigurar” la diplomacia y a entender que la relación internacional dejó de ser solo protocolo. Su conclusión fue brutalmente práctica: relaciones exteriores debe estar pegada al banco central, finanzas, comercio e industria, porque el mapa de poder se está dibujando ahí. En otras palabras: Honduras entra a la era del mare nostrum con un Estado que todavía discute como si estuviera en otra época.
Si el CJNG se reacomoda, la presión puede buscar corredores más discretos, puertos más porosos, intermediarios más dóciles. Si Cuba pierde oxígeno, la migración y la economía informal se recalientan. Si Venezuela se convierte en precedente, el umbral de intervención aceptable cambia en toda la región. Si México coopera bajo presión —o por conveniencia—, Centroamérica queda más expuesta a la externalización de controles: más exigencias, más inteligencia, más condicionamientos.
El riesgo no es solo que Estados Unidos “controle” más. El riesgo es que la región se convierta en espacio donde se prueba el nuevo repertorio: antiterrorismo aplicado a crimen organizado, sanción aplicada a supervivencia energética, coerción financiera aplicada a alineamientos políticos. Ese laboratorio no es abstracto: tiene consecuencias en precios, migración, violencia y captura institucional.
La tesis del mare nostrum americano se vuelve, entonces, una manera de nombrar la sensación de época: el Caribe deja de ser periferia y vuelve a ser centro; no por romanticismo geográfico, sino porque allí se cruzan las cuatro obsesiones del poder contemporáneo: movilidad humana, energía, dinero y seguridad.
Roma también tuvo su Mediterráneo incendiado. La diferencia es que hoy el fuego se transmite por videos, por sistemas financieros, por sanciones, por drones, por acuerdos de inteligencia. Y por una idea que, una vez instalada, ya no se va fácil: que el perímetro es todo lo que está cerca, aunque esté lejos. Ese es el cambio de era. Y esa es la lógica imperial: convertir el vecindario en zona vital, y tratar lo que sucede dentro de ella como asunto propio.