En 2017, realicé una entrevista al profesor Nazih Richani, un destacado académico de ciencias políticas de la Universidad King en New Jersey y coautor del artículo “¿Por qué los narcos invierten en zonas rurales?”, publicado en esos días por la Journal of Latin America Society. Durante esa conversación, Richani expuso cómo el narcotráfico ha actuado como punta de lanza del sistema neoliberal capitalista más salvaje en América Latina, dejando un impacto devastador tanto en el medio ambiente como en las economías rurales e indígenas. Siete años después de esta entrevista, la situación en Honduras no ha mejorado, sino que la conflictividad que involucra la expansión de la frontera ganadera y el narcotráfico en zonas indígenas se ha vuelto más compleja y persistente, en regiones como la Mosquitia hondureña, Yoro, Colón y Olancho.

Uno de los temas centrales de aquella entrevista fue la expansión del narcotráfico en la Mosquitia y la dependencia económica que las comunidades rurales e indígenas desarrollan en torno a esta actividad ilícita. Yo quería saber cómo el narcotráfico llega, genera empleo e infraestructura, pero también deja a su paso una estela de inestabilidad económica, social y política. Una vez que las rutas de tránsito cambian, las comunidades que se beneficiaban de la presencia del narco quedan sumidas en una crisis, mientras las tierras, a menudo adquiridas por narcotraficantes, son vendidas a inversionistas locales o extranjeros, transformando dramáticamente el paisaje rural.

En aquel momento, la situación en la Mosquitia ya era crítica, pero la realidad hoy es aún más alarmante. El gobierno hondureño, tanto bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández como bajo la administración de Xiomara Castro Sarmiento, ha prometido combatir el narcotráfico con firmeza, y de hecho, en los años anteriores y posteriores a la entrevista, se extraditaron varios líderes del narcotráfico que hoy suman casi medio centenar. Sin embargo, como lo predijo Richani, la captura de unos cuantos narcotraficantes no resolvió el problema de fondo, porque los incentivos para la industria del narcotráfico no han cambiado. La producción sigue a todo vapor y el consumo en el primer mundo está más fuerte que nunca. Las rutas de tráfico simplemente se adaptaron, y el negocio continuó. Un ejemplo claro de este fracaso gubernamental es la “narco carretera” en el departamento de Colón, construida a final de los 90 por los Cachiros, la cual ha sido clave para la expansión de la ganadería en la Mosquitia.

A pesar de que el gobierno hondureño decretó un plan de intervención en la región para cortar la influencia del narcotráfico y recuperar la soberanía estatal en esas zonas, los resultados han sido prácticamente nulos. La carretera, lejos de ser eliminada, sigue siendo utilizada por los carteles para el tránsito de cocaína desde Colombia o Venezuela hacia México y Estados Unidos. Mientras tanto, las tierras que alguna vez pertenecieron a comunidades indígenas han sido vendidas a ganaderos y terratenientes que utilizan prácticas agrícolas intensivas, como la ganadería extensiva, para explotar el suelo, generando una devastación ambiental a gran escala.

El fracaso de este plan de intervención no solo ha permitido la continuidad del narcotráfico, sino que ha facilitado la expansión de actividades económicas destructivas para el medio ambiente. Tal como lo señaló Richani en la entrevista, la ganadería extensiva requiere grandes extensiones de tierra, lo que ha acelerado la deforestación y la expansión de la frontera agrícola en la Mosquitia. Esta región, que alguna vez fue una de las áreas más ricas en biodiversidad de Honduras, ahora enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. La tala y quema de bosques para abrir paso a los pastizales han transformado el ecosistema, poniendo en peligro tanto la fauna como la flora de la región.

Además, la inacción estatal ha dejado a las comunidades rurales desamparadas. A medida que los narcos y los ganaderos toman control de las tierras, las comunidades indígenas se ven forzadas a abandonar sus hogares o adaptarse a un nuevo sistema económico que les es ajeno. Muchos han tenido que migrar a las ciudades, donde la falta de oportunidades los empuja hacia el desempleo o, en el peor de los casos, al crimen organizado.

En este contexto, la advertencia de Richani en 2017 resuena con aún más fuerza hoy: “El narcotráfico agrava las condiciones, pero no es la causa central de la migración ni del deterioro económico en las zonas rurales”. Lo que comenzó como un fenómeno vinculado al tráfico de drogas se ha entrelazado con el sistema capitalista, permitiendo que los terratenientes y grandes empresarios locales y extranjeros se beneficien de la devastación creada por el narcotráfico.

La narco carretera de Colón es un símbolo de cómo el narcotráfico ha logrado insertarse en las estructuras económicas y sociales de Honduras, pero también de la incapacidad —o falta de voluntad— del gobierno para abordar el problema de manera estructural. Mientras el gobierno se ufana de las extradiciones y las capturas, las economías locales siguen atadas a un sistema de violencia y destrucción que no solo afecta a las comunidades rurales, sino al medio ambiente de una región vital para el país.

Hoy, siete años después de aquella entrevista, la situación en la Mosquitia es una clara evidencia de que el narcotráfico sigue moldeando las realidades económicas y ambientales de Honduras. Las promesas de intervención estatal han sido poco más que declaraciones vacías, y las comunidades afectadas continúan esperando una solución real.