En la guerra contra las drogas en el hemisferio occidental, cada estrategia suele presentarse como un giro decisivo, pero con el tiempo termina revelándose como una etapa más dentro de un conflicto que cambia de forma sin desaparecer. Desde finales del siglo XX, Estados Unidos ha impulsado sucesivas arquitecturas de seguridad regional —Plan Colombia, la Iniciativa Mérida, los programas de interdicción en el Caribe— que han modificado el mapa del narcotráfico sin lograr desarticular su lógica económica y política. La Cumbre Escudo de las Américas, celebrada el 7 de marzo en Doral, Florida, se inscribe dentro de esa genealogía de estrategias hemisféricas que intentan reorganizar el combate contra el crimen organizado transnacional.
Convocada por la administración de Donald Trump, la reunión reunió a varios gobiernos latinoamericanos para discutir la creación de una coalición regional destinada a reforzar la cooperación en inteligencia, vigilancia marítima, control de rutas aéreas clandestinas y persecución financiera de las redes criminales. La arquitectura formal de la iniciativa recuerda a esquemas anteriores de cooperación en seguridad. Sin embargo, el discurso que acompañó el encuentro sugiere un cambio conceptual más profundo. Durante su intervención, Trump planteó que los carteles operan hoy con capacidades comparables a las de organizaciones insurgentes y propuso que los gobiernos del hemisferio consideren el uso de sus fuerzas armadas para enfrentarlos. El narcotráfico, en esa narrativa, deja de ser exclusivamente un problema criminal para convertirse en una amenaza estratégica que compromete la estabilidad política, el control territorial y la integridad institucional de los Estados.
Ese desplazamiento discursivo es significativo porque altera la manera en que el problema se define. Durante décadas, la política antidrogas se articuló alrededor de la idea de interdicción: interceptar cargamentos, capturar líderes y judicializar organizaciones. El nuevo lenguaje introduce otra lógica. Los carteles aparecen ahora como actores que ejercen formas de poder territorial, penetran estructuras estatales y articulan redes económicas capaces de atravesar fronteras con facilidad. En otras palabras, se trata menos de organizaciones criminales tradicionales que de sistemas de poder híbridos que combinan violencia, economía ilegal y relaciones políticas.
El politólogo colombiano Gustavo Duncan, en su estudio Más que plata o plomo (2014), describe este fenómeno con precisión. Duncan sostiene que el narcotráfico no debe entenderse únicamente como un negocio ilícito, sino como una estructura de poder que busca influir en las instituciones políticas para garantizar la continuidad de sus operaciones. En ese modelo, los grupos criminales no necesariamente buscan destruir el Estado; más bien intentan capturarlo parcialmente, infiltrando redes de funcionarios, financiando campañas y construyendo alianzas locales que les permitan operar con menor riesgo. Esta perspectiva ayuda a entender por qué las estrategias centradas exclusivamente en la captura de capos han tenido efectos limitados. La eliminación de un líder rara vez desmonta la red de relaciones económicas y políticas que sostiene el negocio.
Las políticas antidrogas impulsadas por Washington en las últimas décadas reflejan intentos sucesivos de enfrentar esa complejidad. A finales del siglo XX, la gran apuesta fue Plan Colombia, un programa lanzado en 1999 que combinó asistencia económica, reforma institucional y apoyo militar al Estado colombiano. Durante más de una década, Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares en entrenamiento, equipos y operaciones conjuntas con las fuerzas armadas colombianas. El plan produjo resultados visibles en el ámbito militar: debilitó a las FARC, redujo la violencia en varias regiones y permitió al Estado recuperar territorios antes dominados por actores armados. Sin embargo, la economía de la cocaína sobrevivió. La producción se desplazó geográficamente y las redes de transporte migraron hacia nuevos corredores, especialmente en el Caribe y Centroamérica.
A mediados de la década de 2000, el epicentro del problema se trasladó hacia México. Allí surgió la segunda gran arquitectura de cooperación antidrogas del periodo: la Iniciativa Mérida, lanzada en 2008. El programa buscaba fortalecer la capacidad institucional mexicana y apoyar la ofensiva del gobierno contra los carteles. Durante varios años, la estrategia se centró en capturar o eliminar a los principales líderes de las organizaciones criminales. La lógica era relativamente sencilla: descabezar los carteles para desarticular su capacidad operativa.
El resultado fue más complejo de lo esperado. Numerosos estudios sobre violencia criminal en México han documentado cómo la captura de líderes produjo procesos de fragmentación organizacional. Las grandes estructuras se dividieron en grupos más pequeños, menos jerárquicos y, en muchos casos, más violentos. El narcotráfico no desapareció; simplemente adoptó nuevas configuraciones. Duncan observa que este tipo de transformaciones son coherentes con la naturaleza de las economías criminales: cuando el liderazgo central se rompe, el sistema se reorganiza en redes más dispersas que compiten por territorios y rutas.
Centroamérica entró en ese ciclo durante la década siguiente. A medida que México intensificó la presión sobre los carteles, las rutas logísticas se desplazaron hacia países con menor capacidad institucional para controlar amplias zonas costeras y rurales. Honduras se convirtió en uno de los nodos centrales de ese nuevo corredor. Estados Unidos entonces reaccionó. A principios de la década de 2010, Washington impulsó en el país una fase intensificada de cooperación de seguridad que combinaba operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y el uso de infraestructura aérea para vigilancia regional. En algunos casos incluso implicó la intervención directa de agentes de Estados Unidos en operaciones antidrogas, algo que no había ocurrido hasta entonces.
El resultado fue una paradoja que se repite con frecuencia en la historia de la guerra contra las drogas. Honduras se volvió simultáneamente un socio clave para la interdicción y un corredor logístico fundamental para el tráfico de cocaína. La cooperación en seguridad no eliminó el fenómeno; simplemente coexistió con él. Duncan ha señalado que esta coexistencia no es accidental. Las economías criminales tienden a prosperar precisamente en contextos donde el Estado es lo suficientemente fuerte para garantizar estabilidad básica, pero demasiado débil para controlar completamente las redes ilegales.
Jesús Daniel Romero, exoficial de inteligencia.
Esa tensión apareció recientemente en el programa televisivo +consciente, que transmite la cadena ICN, donde la cumbre de Doral fue discutida desde la perspectiva regional. El exoficial de inteligencia estadounidense Jesús Daniel Romero, quien trabajó en operaciones de interdicción en el Caribe y en el Joint Interagency Task Force South, describió durante la conversación la resiliencia estructural de estas organizaciones. “Estas organizaciones funcionan motivadas por la ganancia de dinero y están diseñadas para sobrevivir a cambios repentinos”, explicó. “Cuando cae un jefe, la organización continúa”.
La observación coincide con el consenso académico sobre la dinámica de las economías ilícitas. Las organizaciones narcotraficantes no operan como corporaciones tradicionales con jerarquías rígidas. Funcionan como redes flexibles capaces de redistribuir funciones y liderazgo cuando las condiciones cambian. La captura de un líder puede alterar temporalmente la estructura, pero rara vez destruye la lógica económica que sostiene el negocio.
Germán Licona, capitan (r) y abogado.
El abogado y analista hondureño Germán Licona, también participante en el debate televisivo, subrayó otro aspecto fundamental del problema: la dimensión financiera. “Las ganancias del narcotráfico no desaparecen”, señaló durante la discusión. “Se convierten en empresas, propiedades y negocios” y ese dinero se traduce a poder de penetración. Esa observación apunta hacia el corazón del fenómeno. El narcotráfico no es únicamente una actividad logística basada en rutas y cargamentos. Es, ante todo, una economía que genera capital masivo y necesita integrarlo en circuitos aparentemente legales.
Según estimaciones de organismos internacionales, el mercado global de drogas ilícitas mueve decenas de miles de millones de dólares cada año. Ese capital circula a través de sistemas financieros, inversiones inmobiliarias y empresas comerciales. Las estrategias antidrogas suelen concentrarse en la interdicción visible —incautaciones, capturas, operativos— mientras que el lavado de activos permanece como uno de los eslabones más difíciles de atacar.
En ese contexto, el Escudo de las Américas parece ampliar el campo de la estrategia regional. La iniciativa no se limita a la interdicción de cargamentos. Incluye cooperación tecnológica, vigilancia marítima intensificada y presión política sobre gobiernos que Washington considera insuficientemente comprometidos con la lucha antidrogas. Al mismo tiempo, introduce una dimensión geopolítica que no estaba presente con la misma intensidad en estrategias anteriores.
Durante la cumbre se mencionó repetidamente la creciente presencia de China en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura portuaria, telecomunicaciones y cadenas de suministro químico-industrial. Aunque la relación directa entre China y el narcotráfico regional sigue siendo indirecta, Washington parece dispuesto a integrar ambos temas dentro de un mismo marco estratégico. La lucha contra las drogas se convierte así en una pieza dentro de una competencia geopolítica más amplia por influencia en el hemisferio.
Para Honduras, este cambio de enfoque tiene implicaciones profundas. El país ocupa una posición geográfica que lo convierte en un punto de conexión natural entre Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. Durante años, agencias estadounidenses han identificado el Caribe occidental como uno de los corredores más activos del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La ubicación de Honduras dentro de ese corredor explica por qué el país aparece simultáneamente como aliado estratégico en la interdicción y como nodo logístico para las redes criminales.
Las estrategias antidrogas del pasado ofrecen una advertencia clara. Plan Colombia redujo la producción en ciertas regiones, pero desplazó el fenómeno hacia nuevas zonas. La Iniciativa Mérida debilitó algunas estructuras criminales, pero fragmentó otras y generó nuevos ciclos de violencia. Las operaciones de interdicción en Centroamérica lograron decomisos importantes, pero no eliminaron las principales rutas.
La cumbre del Escudo de las Américas marca el inicio de una nueva fase en ese largo proceso de ensayo y error. No podemos saber aun si esta nueva arquitectura logrará modificar las condiciones estructurales que permiten al narcotráfico adaptarse y persistir. Para Honduras, el desafío es particularmente delicado. El país se encuentra en el centro de un sistema donde convergen intereses estratégicos de Estados Unidos, rutas logísticas de organizaciones criminales y debilidades institucionales internas. En ese cruce de fuerzas se define su papel dentro del nuevo mapa de seguridad hemisférica.
La historia de la guerra contra las drogas sugiere prudencia. Cada estrategia ha prometido resultados definitivos. Ninguna ha logrado alcanzarlos. El Escudo de las Américas comienza su recorrido bajo esa misma tensión histórica: la ambición de transformar el problema y la posibilidad de que el fenómeno vuelva a adaptarse una vez más.