La conversación comenzó con una cifra, pero no se quedó en ella. En el estudio de televisión de ICN, los números aparecieron como lo hacen siempre en los debates sobre seguridad: ordenados, medidos, aparentemente claros. Migdonia Ayestas los pronunció con el tono de quien lleva años observando la misma curva desde distintos ángulos. Los homicidios, explicó, han tenido variaciones importantes en los últimos años. Pero enseguida hizo una pausa, como si el dato necesitara un contexto para no ser malinterpretado. “Los homicidios son el indicador más visible”, dijo. “Pero la violencia no se reduce solo porque bajen los asesinatos. Hay otras formas de control que no aparecen en esa cifra”.
Ese matiz recorrió todo el programa de +conscientes. La discusión no giró alrededor de la violencia que estalla, sino de la que organiza. No hablamos de los enfrentamientos, sino de los sistemas que crean las pandillas.
Durante años, la imagen dominante de las maras fue la de grupos juveniles armados, tatuados, violentos y territoriales. Esa imagen todavía estructura buena parte del debate público. Pero lo que describieron los invitados en el programa fue otra cosa: redes que administran ingresos, distribuyen funciones, sostienen comunicación entre la calle y los centros penales, y que han aprendido a reducir su exposición.
Nelson Castañeda lo planteó sin rodeos: “Cuando hablamos de extorsión, estamos hablando de una economía. Y es una economía grande”.
Las estimaciones del informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indican que los hondureños podrían estar pagando más de dieciocho mil millones de lempiras al año en extorsión. El número, dicho así, suena abstracto. Pero cuando se traduce en sus efectos, la escala se vuelve concreta: rutas de transporte que operan con costos inflados, pequeños negocios que cierran, inversiones que no se realizan, empleos que no se crean, familias que deciden migrar porque la rentabilidad de trabajar se vuelve incierta.
La extorsión, explicó Castañeda, ya no funciona únicamente como un cobro bajo amenaza directa. Hay transferencias electrónicas, intermediarios, pagos fragmentados, mecanismos encubiertos. La lógica no es la del golpe visible, sino la de la recaudación estable.
Carlos Padilla, criminólogo y abogado, llevó la conversación hacia el terreno organizacional. “Estas estructuras han aprendido”, dijo. “Han pasado de la confrontación a la administración”.
La palabra administración apareció varias veces durante el programa. No es un término habitual en el lenguaje de seguridad pública, pero describe con precisión el cambio: menos confrontación armada, más gestión del territorio, de las rentas y de la información.
Ese cambio también se refleja en la composición interna. Los informes operativos y los análisis criminológicos tanto de sociedad civil como de autoridades de Seguridad coinciden en que el rol de las mujeres ha dejado de ser periférico. Hoy participan en el manejo de finanzas, en la logística, en la comunicación con los centros penales, en tareas de inteligencia y en la coordinación de cobros. La menor exposición pública de estas funciones las vuelve, además, más difíciles de detectar.
Padilla lo resumió de forma directa. La estructura se diversificó. Ya no es un grupo homogéneo de jóvenes armados. Es una organización con distintas generaciones, distintos niveles de organización y especializaciones operativas.
En paralelo, el reclutamiento de menores no se ha detenido. En algunos territorios, el ingreso ocurre cada vez más temprano. Lo que antes era un fenómeno de incorporación adolescente comienza ahora en la niñez. Las maras ya no son solo grupos de pertenencia juvenil. Desde hace mucho tiempo dejaron de ser solo eso. Ahora son entornos de socialización.
Padilla introdujo en ese punto una observación que pasó casi desapercibida, pero que ayuda a entender la profundidad del fenómeno. “Estamos hablando de varias generaciones”, dijo. “Ya hay familias completas vinculadas a estas dinámicas”. Cuatro generaciones, según estimaciones policiales y académicas, han crecido dentro o alrededor de estas estructuras desde su aparición en los años noventa. El resultado no es únicamente la persistencia de organizaciones criminales, sino la consolidación de comunidades que dependen, directa o indirectamente, de esa economía.
La recaudación ilegal se volvió estable y cuando eso ocurre, el reclutamiento se vuelve intergeneracional, el fenómeno deja de ser exclusivamente delictivo y empieza a adquirir características sociales.
El dato más inquietante del programa apareció en ese contexto: el noventa y cinco por ciento de los casos de extorsión no se denuncia. Una cifra que no nos habla sobre criminalidad sino sobre confianza en el Estado.
El silencio masivo tiene efectos prácticos que terminan favoreciendo a las estructuras criminales. Significa que las autoridades operan con información parcial. Significa que las redes de cobro funcionan con baja interferencia. Significa que la relación cotidiana entre ciudadanos y estructuras criminales se ha normalizado.
Padilla lo formuló de manera sobria: “Cuando el delito se vuelve predecible y la gente aprende a convivir con él, el control ya no depende de la violencia permanente”.
El contraste institucional apareció hacia el final del programa. Mientras la economía criminal mueve miles de millones de lempiras al año, las limitaciones operativas de la Policía Nacional siguen siendo elementales. Castañeda mencionó la brecha sin dramatismo: dificultades para dotación básica, uniformes insuficientes, limitaciones en equipamiento y en capacidades de investigación especializada.
En ese contraste hay una asimetría estructural. De un lado, organizaciones que administran ingresos constantes, que diversifican funciones y que operan con lógica empresarial. Del otro, una institución que aún enfrenta carencias en recursos materiales y en herramientas de inteligencia financiera.
La conversación que se generó en el programa evitó el tono alarmista. La alarma no ayuda a nadie en esta etapa. No hubo afirmaciones categóricas ni diagnósticos grandilocuentes. Pero el cuadro que se fue armando a lo largo de 80 minutos tenía un peso propio. El problema no es únicamente la existencia de maras y pandillas. El problema es la incapacidad del Estado de ejercer un control real en el territorio. El Estado ha perdido, en una buena porción del territorio nacional, el concepto weberiano del monopolio de la fuerza.
El debate público sigue anclado en la imagen de hace veinte años: grupos juveniles violentos, visibles por los tatuajes, desordenados, definidos por el enfrentamiento territorial. Esa imagen todavía orienta políticas, discursos y percepciones. Pero la estructura actual se parece más a otra cosa. Se parece a un sistema de recaudación que necesita estabilidad más que confrontación. Se parece a una red organizativa con funciones diferenciadas. Se parece a una economía que integra a adultos, mujeres y menores en distintos niveles. Se parece a un entorno donde varias generaciones han crecido dentro de la misma lógica de ingresos y pertenencia. Y se parece, sobre todo, a una forma de control que no necesita exhibirse para ser efectiva.
Al final del programa +conscientes, la discusión volvió a las cifras. No para cerrarla, sino para recordar que los números más visibles —homicidios, capturas, operativos— cuentan solo una parte de la historia.
El resto ocurre en silencio: en los pagos periódicos, en los negocios que ajustan sus precios, en los jóvenes que encuentran su primera fuente de ingreso dentro de estas redes, en las familias que dependen de esa economía para sobrevivir.
Mientras el debate siga imaginando a las pandillas como las estructuras que fueron, el diagnóstico quedará incompleto. Lo que existe hoy es algo más amplio, más integrado y más difícil de desmontar. No solo organizaciones criminales. Comunidades enteras organizadas alrededor de una economía que el Estado no logra disputar.