El relevo en la cúpula de las Fuerzas Armadas de Honduras anunciado esta semana marca el cierre de un experimento político fallido, la captura partidaria del estamento militar por parte de Libre y el retorno pleno de la institución armada a su función histórica de administrar la estabilidad interna al ritmo de las prioridades de Washington.

La salida de Roosevelt Hernández, jefe saliente del Estado Mayor Conjunto, resume ese colapso. Su figura representaba algo inédito desde 2009: una Fuerza Armada vinculada de manera directa a un proyecto político local, el de la familia Zelaya, no solo por afinidades ideológicas sino por nexos familiares en la Fuerza Aérea Hondureña (Rosales) y la naval (Tomé), y la apuesta abierta a convertirse en garante de continuidad del oficialismo. Desde la presidencia se intentó normalizar esa captura, presentándola como “refundación de la institución” cuando en realidad fue la transformación del Ejército en actor partidario.

Esa apuesta terminó estrellándose contra dos muros que Libre nunca supo leer. El primero fue interno: la pérdida de apoyo social, el desgaste del discurso confrontacional incapaz de traducirse en gobernabilidad real y el aislamiento dentro del propio Congreso. El segundo, y decisivo, fue externo: el cambio abrupto de la política hemisférica de Estados Unidos.

Washington ya no juega el juego discursivo de la defensa democrática. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional abandona el marco moralista de los últimos quince años para instalar una doctrina de primacía hemisférica directa. El énfasis dejó de estar en reformas institucionales o lucha anticorrupción, para concentrarse en objetivos mucho más crudos: frenar migración, bloquear flujos del narcotráfico, asegurar corredores logísticos del nearshoring y cerrar espacios a la penetración china en sectores estratégicos.

Honduras vuelve a quedar entonces en el centro de ese tablero. Corredor migratorio, punto de tránsito de droga, plataforma eventual de puertos, energía y telecomunicaciones. Para Washington ya no es una república débil que hay que “democratizar”, sino una pieza operativa que debe funcionar con eficiencia. El criterio ya no es ideológico: es funcional. Quien colabore en seguridad es socio; quien estorbe pasa a ser problema.

Libre nunca entendió este cambio. Siguió gobernando como si aún existiera un Washington interesado en lecciones éticas y reformas progresistas. Coqueteó con China en proyectos portuarios y energéticos, adoptó una retórica confrontacional sin músculo diplomático real, politizó innecesariamente la relación bilateral y confundió soberanía retórica con autonomía efectiva. En un tablero que comenzaba a penalizar a los actores imprevisibles, Libre quedó marcado como socio poco confiable.

En ese entorno, la permanencia de Roosevelt Hernández al frente de las Fuerzas Armadas se volvió insostenible. Su intento de extender su mandato hasta el 31 de diciembre buscaba asegurar que, en medio del conflicto postelectoral y la narrativa de desconocimiento de resultados, la institución permaneciera alineada con el proyecto de Libre. Fue una jugada desesperada. La negativa a prorrogarlo fue el momento en que las Fuerzas Armadas decidieron no hundirse con un proyecto político derrotado y en abierta fricción con la nueva lógica estratégica estadounidense.

El relevo, encabezado por Héctor Valerio Ardón como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, revela con total claridad el viraje. Valerio no representa ruptura alguna con las redes históricas del poder castrense: proviene directamente del círculo operacional del expresidente Juan Orlando Hernández, con trayectoria en la Guardia de Honor Presidencial y vínculos estrechos con el general Romero Palacios, que lo acompañó como testigos en su juicio en Nueva York. No es una figura de transición democrática, sino un oficial probado en la disciplina vertical del viejo aparato.

No se trata ya de una depuración moral de las Fuerzas Armadas, eso nunca ocurrió, sino de una restauración funcional: se sustituye una jefatura identificada con un proyecto partidario local por una conducción alineable con la racionalidad histórica del Ejército hondureño: cooperación con Estados Unidos y autonomía frente a cualquier poder civil que intente capturarlo.

El resto de la nueva Junta consolida esta lectura. Los coroneles Luis Alonso Rosales, Marco Alexander Lanza, José Rodimiro Murillo y Selvin Antúnez Medina son perfiles deliberadamente discretos, sin capital político propio, poco expuestos al escrutinio público. No encarnan ninguna agenda de transformación institucional. Representan la burocracia militar disciplinada que sabe operar sin protagonismos, bajo la lógica del orden y la obediencia. Lanza, además, conecta directamente con el eje penitenciario, uno de los espacios más militarizados del país, donde la excepción se ha vuelto norma y el control de cárceles sustituyó cualquier intento de reforma civil. Walter Yanuario Paz completa el mando territorial clásico, asociado a supervisión electoral y control de despliegues. Y el capitán de navío Ricardo de Jesús Dubón incorpora el componente naval en un momento en que la interdicción marítima vuelve a ser prioridad para Washington.

Nada en este cuadro anuncia desmilitarización. Al contrario: lo que emerge es la normalización del modelo de seguridad excepcional implantado durante los últimos años. El control militar de cárceles se mantendrá; el patrullaje en tareas de orden interno continuará; la presencia castrense como garante último de estabilidad electoral se consolida. La diferencia es política. Ahora todo eso se ejercerá sin la exposición partidaria de Libre, bajo una cúpula que puede ser presentada —hacia afuera— como profesional y funcional.

Aquí está el verdadero cambio de dirección de las Fuerzas Armadas. No se mueven hacia una doctrina republicana, de subordinación plena al poder civil y rendición de cuentas; se mueven hacia un modelo de neutralidad pragmática alineada con la estrategia de Washington.

Para el próximo gobierno civil, esta realidad implicará límites claros. Cualquier intento de profundizar acuerdos con China en sectores sensibles chocará no solo con presión diplomática, sino con una Fuerza Armada cuya legitimidad externa descansa precisamente en bloquear esas iniciativas. Cualquier giro hacia una política ambigua frente a Nicaragua encontrará el muro de un aparato militar inscrito en la arquitectura de contención regional. Y cualquier aspiración de desmilitarizar la seguridad interna topará (gracias a Libre y su intento de cooptar la institución armada) con una institución que ha consolidado poder real sobre cárceles, territorios calientes y control social.

La paradoja es brutal. El fracaso de Libre en su lectura geopolítica abrió la puerta a la restauración silenciosa del viejo equilibrio. Se desmontó la captura partidaria de las Fuerzas Armadas, pero no hay que hacerse ilusiones pensando que ha sido para devolverlas al control civil democrático; sino para reintegrarlas plenamente al histórico eje Washington–institución armada que ha regido Honduras durante décadas.

Así, entramos a una nueva etapa menos moral y más descarnada en la política de defensa hondureña. La política interna se juega bajo un marco definido desde fuera, con Fuerzas Armadas reubicadas como gestor operativo de la frontera extendida de Estados Unidos.