A finales de 2025, un derechohabiente llamado Carlos Matute llegó al Seguro de La Granja con una receta que incluía cuatro medicamentos de uso permanente. Después de hacer fila durante horas, la farmacia solo pudo entregarle uno. Los otros tres no estaban disponibles. “No sé por qué hacen esto”, dijo a los periodistas que cubrían el hospital. “Es un centro asistencial; lo primero que debería haber son medicamentos”. Su caso no era excepcional. Ese mismo día decenas de afiliados denunciaban lo mismo: citas agotadas, medicamentos incompletos, respuestas repetidas detrás de la ventanilla.
El abogado Hermann Leitzelar contó una historia doméstica durante una conversación en el programa +conscientes. Su nieta sufrió una fractura en el codo, la familia recorrió varias farmacias buscando un medicamento específico, no lo encontraron, en una de las cadenas les dijeron que tal vez el Instituto Hondureño de Seguridad Social lo tenía disponible. La respuesta parecía sencilla, pero el sistema no lo era: el Seguro Social no podía entregar el medicamento con una receta privada. La institución funcionaba bajo sus propios procedimientos. El medicamento podía existir, pero no necesariamente era accesible.
La anécdota es pequeña, pero encierra el problema completo. El Seguro Social es una de las instituciones más grandes y mejor financiadas del sistema sanitario hondureño. Cada mes recibe cotizaciones obligatorias de trabajadores y empresas. Administra hospitales, clínicas y servicios especializados. Maneja miles de millones de lempiras al año. Y, sin embargo, la percepción pública es la de una institución permanentemente al borde de la crisis.
Esa paradoja —una institución con recursos que opera bajo la sensación constante de deterioro— fue el eje de la conversación que el programa sostuvo este día con el neurólogo Marco Tulio Medina y el abogado Hermann Leitzelar. Ambos llegaron al estudio desde trayectorias distintas, pero coincidieron en una lectura que se repite con frecuencia entre quienes han estudiado la institución: el problema del Seguro Social no comienza dentro de sus hospitales, comienza en la estructura política del Estado hondureño.
El Instituto Hondureño de Seguridad Social fue creado en 1959 durante el gobierno de Ramón Villeda Morales. La inspiración del sistema provenía, según explicó don German Leitzelar, del modelo desarrollado en Alemania en el siglo XIX bajo Otto von Bismarck: un esquema contributivo en el que trabajadores y empleadores financian conjuntamente la protección social. Bajo esa lógica, el sistema debía cubrir enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. El objetivo no era únicamente médico, era también económico y social. La seguridad social buscaba proteger la estabilidad de los trabajadores y, por extensión, la estabilidad de la sociedad.
Villeda Morales estudió medicina en Alemania y conocía el funcionamiento del modelo europeo. Cuando impulsó el Seguro Social en Honduras, lo hizo con la convicción de que el país podía construir una institución similar. Durante años, esa aspiración se mantuvo como una promesa institucional. Pero la estructura económica hondureña terminó imponiendo límites que el modelo original no había previsto.
El sistema bismarckiano depende de una condición básica: una masa amplia de trabajadores formales que cotizan regularmente. Honduras nunca tuvo esa base. Hoy la población económicamente activa supera los cuatro millones de personas, pero más del setenta por ciento trabaja en condiciones informales. Es decir, fuera de los sistemas de protección laboral y social. El Seguro Social, en consecuencia, cubre solo a una fracción del mercado laboral. El sistema que debía convertirse en la columna vertebral de la protección social terminó funcionando como un subsistema.
Doctor Marco Tulio Medina
Marco Tulio Medina describió esa limitación con una metáfora tomada de la neurología. La seguridad social hondureña —dijo— sufre una especie de “agnosia social”: una incapacidad institucional para reconocer a la mayor parte de la población trabajadora. Vendedores ambulantes, pequeños agricultores, trabajadores independientes y miles de empleados informales quedan fuera del sistema que debía protegerlos.
El resultado es un modelo fragmentado. Por un lado, el Seguro Social cubre a los trabajadores formales. Por otro, la Secretaría de Salud atiende a la población general a través de hospitales públicos crónicamente saturados. Entre ambos sistemas existe coordinación limitada, infraestructura duplicada y una distribución desigual de recursos.
Esa fragmentación sería difícil incluso bajo condiciones administrativas ideales. Pero el Seguro Social enfrenta un segundo problema que complica aún más su funcionamiento: la inestabilidad institucional.
Desde su creación, la dirección del Instituto ha sido objeto de disputas políticas. Cada cambio de gobierno suele traer consigo nuevos directores, nuevas juntas directivas y, en algunos casos, nuevas juntas interventoras. En la última década la institución ha tenido múltiples directores ejecutivos. El gobierno de Juan Orlando Hernández, por ejemplo, recurrió a una comisión interventora tras el escándalo del desfalco que se reveló en 2015, uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente del país.
Las investigaciones judiciales estimaron que cerca de siete mil millones de lempiras fueron desviados del sistema. El caso provocó protestas nacionales conocidas como las marchas de las antorchas y abrió un debate profundo sobre la administración del Seguro Social. Sin embargo, el escándalo también mostró algo más profundo: la facilidad con la que la institución podía ser capturada por redes políticas y administrativas.
Leitzelar utilizó una expresión que ha repetido durante años en sus intervenciones públicas: los “filtros del diablo”. Con esa frase describe la serie de decisiones políticas que atraviesan la administración del Seguro Social, desde el nombramiento de sus autoridades hasta la asignación de contratos y recursos.
En teoría, el sistema hondureño funciona bajo una junta directiva en la que participan representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores. En la práctica, el equilibrio suele inclinarse hacia el poder político. El director ejecutivo es designado por el presidente de la República, y la institución queda expuesta a los ciclos electorales.
“Cuando los gobiernos meten la mano, se crea el problema”, dijo el abogado durante la conversación televisiva. La frase no era una acusación aislada. Era un diagnóstico sobre la forma en que el poder político interactúa con las instituciones públicas en Honduras.
El problema no se limita a los nombramientos. La administración cotidiana del sistema también enfrenta obstáculos estructurales. Uno de los más visibles es el sistema de compras públicas. Para adquirir medicamentos, equipos o insumos, el Seguro Social debe seguir los mismos procedimientos que cualquier otra institución del Estado. Los procesos pueden tardar meses. Cuando un concurso fracasa, debe reiniciarse desde el principio.
Leitzelar describió el dilema con ironía: “Entonces le decimos al paciente con cáncer que espere seis meses”.
En sistemas sanitarios complejos, la velocidad administrativa puede ser tan importante como el financiamiento. Un hospital puede tener recursos suficientes y, aun así, fallar en la entrega de servicios si no puede adquirir insumos a tiempo. En el caso del Seguro Social hondureño, la combinación de burocracia estatal, supervisión política e irregularidades administrativas ha generado una cultura institucional marcada por la cautela y la demora.
El debate sobre la eficiencia del sistema público suele derivar, tarde o temprano, en una comparación con el sector privado. Muchos pacientes perciben que las clínicas privadas ofrecen atención más rápida, diagnósticos más precisos y mejores condiciones de servicio.
Marco Tulio Medina rechazó esa idea como un destino inevitable. “La aspiración debería ser que lo público sea mejor que lo privado”, dijo.
Medina dirige proyectos de investigación médica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allí, explicó, funciona uno de los equipos de resonancia magnética más avanzados del país. El centro universitario combina atención médica, formación de especialistas e investigación científica. El ejemplo le sirve para ilustrar un argumento más amplio: cuando las instituciones públicas cuentan con liderazgo técnico, recursos adecuados y estabilidad administrativa, pueden ofrecer servicios de alta calidad.
El problema, según él, es que el país ha naturalizado el deterioro de lo público.
Diputado, Doctor Carlos Umaña
En la conversación aparecieron también comparaciones internacionales. España fue mencionada varias veces como ejemplo de un sistema de seguridad social que logró consolidarse. El modelo español combina financiamiento público, atención primaria extendida y acceso relativamente rápido a servicios especializados. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, España mantiene uno de los sistemas sanitarios más eficientes de Europa, con una esperanza de vida superior a los ochenta años y un gasto sanitario menor que el de Estados Unidos.
El contraste con el sistema estadounidense fue explícito durante la discusión. A pesar de su enorme gasto sanitario —cerca del diecisiete por ciento del producto interno bruto— Estados Unidos enfrenta desigualdades profundas en acceso y cobertura. España, con un gasto menor, ha logrado mejores resultados en salud pública.
Las comparaciones internacionales tienen un riesgo evidente: simplifican contextos muy distintos. Pero también cumplen una función importante. Demuestran que los sistemas sanitarios no están condenados a un único destino. Las instituciones pueden cambiar. La pregunta que quedó flotando entonces, durante la conversación, fue qué ocurrirá si Honduras no logra hacerlo. Si no logra construir un sistema de Seguridad Social acorde con las circunstancias actuales de país.
El deterioro de los sistemas de seguridad social puede tener consecuencias que van más allá del ámbito médico. En 2018, una reforma al sistema de pensiones en Nicaragua provocó una ola de protestas que terminó convirtiéndose en una crisis política nacional. El Seguro Social nicaragüense enfrentaba problemas financieros acumulados durante años. La decisión del gobierno de Daniel Ortega de aumentar las cotizaciones y reducir los beneficios desencadenó una reacción social inesperada.
Honduras no enfrenta exactamente la misma situación, pero comparte algunas de las tensiones estructurales: informalidad laboral elevada, instituciones frágiles y desconfianza pública hacia el Estado.
Cuando la seguridad social deja de cumplir su función, los efectos se sienten primero en los sectores más vulnerables. Leitzelar lo resumió con una frase amarga: “En Honduras, cuando falla la seguridad social, los sistemas de jubilación terminan siendo las rotondas y los semáforos”.
La imagen no es exagerada. Basta caminar por cualquier intersección de Tegucigalpa para encontrar a personas mayores vendiendo dulces, limpiando parabrisas o pidiendo monedas. Muchos de ellos trabajaron durante décadas sin acceso a un sistema de protección social.
El futuro del Seguro Social hondureño sigue abierto. Durante la conversación, Marco Tulio Medina propuso tres principios para orientar cualquier reforma: autonomía institucional, universalización de la cobertura y fortalecimiento técnico de la administración.
Las tres ideas apuntan a una misma conclusión. El problema del Seguro Social no es solamente médico ni administrativo. Es, sobre todo, un problema de organización política.
Las instituciones sanitarias funcionan como una especie de termómetro social. Revelan la capacidad de un país para transformar recursos colectivos en bienestar concreto. En Honduras, el Seguro Social continúa operando entre esa promesa y sus límites. Cada receta que no encuentra medicamento, cada cirugía que espera turno, cada afiliado que recorre pasillos hospitalarios recuerda que la seguridad social no es una abstracción jurídica. Es una práctica diaria que depende, en última instancia, de la calidad de las instituciones que la sostienen.