El vínculo de un sector de las élites económicas y políticas hondureñas con el narcotráfico tiene raíces concretas, históricas y científicas. El propósito de este ensayo es explicar esas raíces, así como los factores que llevaron a dicho sector de la élite hondureña a vincularse con el narco. Consciente de que cada país centroamericano presenta características particulares que deben ser evaluadas a la hora de extrapolar una teoría como esta, mi estudio se centrará en Honduras. Aun así, los elementos que han creado esta fractura inter-clase tienen similitudes y patrones en toda la región.

En 1821 las élites centroamericanas se apresuraron a separarse del Imperio español sin contar con la preparación para afrontar los retos de un Estado independiente. Era más urgente impedir un levantamiento de las clases oprimidas que pusiera en riesgo sus privilegios y sus vidas, como había ocurrido en el resto del continente. A diferencia de otros Estados americanos que sí acumularon importantes capitales desde la Colonia a través de la creciente burguesía criolla que tomó el poder una vez consumada la Independencia, en Centroamérica —con claras excepciones— no hubo grandes acumulaciones de capital. No teníamos industrias y nuestro único recurso era la tierra, sus minerales y la fuerza de trabajo nativa.

Basta una lectura de los reportes financieros de los gobiernos hondureños a partir de la Independencia, pero más después del colapso de la Federación Centroamericana, para conocer la precariedad con la que funcionaba el Estado. Carecíamos de todo: no había caminos, escuelas u hospitales, y las rentas que se obtenían por el impuesto a las importaciones y a la venta de alcohol apenas alcanzaban para sostener un gobierno sumamente débil. Era una sociedad feudal en la que los caudillos locales ejercían el poder total de sus territorios y prestaban sus campesinos para engrosar milicias en guerras nacionales y regionales.

Para 1876 —año en que se impulsó la Reforma Liberal liderada por Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto— Honduras había avanzado poco en términos económicos. Hubo, eso sí, notables intentos anteriores para modernizar la economía y las instituciones estatales desde el fin de la República Federal de Centroamérica al punto de que la Reforma no habría sido posible sin esos esfuerzos y avances en el desarrollo del Estado, la educación y la sociedad. No obstante, los esfuerzos de la Reforma por introducir a Honduras al capitalismo del siglo XIX se concentraron en crear una economía de enclave. Y fue a partir de entonces (1876-1883) cuando se marcó la fractura más clara en la clase dominante; una fractura que evolucionó, como iremos viendo, hasta el gran quiebre del siglo XXI.

Es posible que podamos identificar fracturas anteriores, pero fue con el ingreso del capital transnacional a través de la minería como inició la división de la élite que conocemos. Esa división definió quiénes tienen acceso al capital extranjero y quiénes solo cuentan con el recurso de la tierra. Esa fractura, además, fue profundizándose a lo largo del siglo XX, especialmente con la entrada del capital de bananero desde finales del siglo XIX.

Entre 1876 y 1926 Honduras estuvo sumergida en la etapa de las montoneras, una serie de guerras y escaramuzas entre caudillos provocada por el choque de dos visiones distintas sobre el desarrollo económico del Estado: una mirada externa y ligada al capital transnacional (minería y banano) contra otra mirada interna y ligada a la explotación de la tierra y productos de monocultivo (café, tabaco, añil, zarzaparrilla, hato ganadero).

El traslado de la capital hondureña de Comayagua a Tegucigalpa en 1880 durante el gobierno de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, entre otras razones, podría ser expresión de este conflicto. Digo «podría», porque no existe consenso aún entre los historiadores nacionales.

Durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron los centros urbanos de la costa norte ligados a los intereses bananeros. De esa explosión económica surgió una clase burguesa que, a diferencia de los sectores tradicionales de la élite, se enfocó en el comercio para los obreros de las bananeras. Este nuevo grupo de la élite —compuesto en buena parte por migrantes árabes y palestinos, pero también de nacionales— se alió con la facción moderna que surgió de la Reforma Liberal.

Hablamos, en este punto, de dos facciones claramente diferenciadas. La primera es una facción tradicional de la élite nacional, cuya riqueza proviene del control del territorio y la tierra y siempre opuesta a la reforma agraria. La segunda es una élite moderna liderada por migrantes y nacionales cuya relación con las transnacionales le permitió acumular capital y poder político, y más inclinada a una reforma agraria.

Las tensiones entre estas dos facciones fueron incrementándose en el período de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), en lo que llamaremos el fin de la pax cachureca, pero fue el dinero del narcotráfico en la década de 1970 lo que cambió la balanza del poder que vimos durante cien años.

Las condiciones de abandono y precariedad que vivió Centroamérica durante la Colonia española hicieron que las naciones del istmo, al iniciar su vida republicana, se vieran en el reto titánico de arrancar un desarrollo para el país, sin recursos económicos; una tarea imposible, sobre todo cuando se carecen de los otros elementos necesarios en el capitalismo para acumular capital: población para la producción y mercado para el consumo.

Esa precariedad nos hizo vulnerables a las condiciones predatorias de los prestamistas europeos y norteamericanos que contaban con un exceso de recursos que buscaban colocar alrededor del mundo para multiplicarlos con intereses. Para finales del Siglo XIX y luego de décadas de luchas intestinas por decidir el mejor modelo económico para las élites del país, las condiciones del capitalismo internacional estaban prestas para la expansión colonial en la región, creando las economías de enclaves (minera y bananera) que favorecieron, sobre todo, a un sector de las élites que creció en riqueza y poder, conviviendo con el capital extranjero.

Luego la gran depresión de la década de 1930, en conjunto con los intereses geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial, se giró la balanza del poder consolidando al sector de la élite tradicional, la cual contaba con los recursos para sobrevivir en el capitalismo de subsistencia (tierra y caudillos). Fue entonces cuando surgió lo que he llamado la Pax Cachureca.

LA PAX CACHURECA

La prolongada dictadura del doctor y general Tiburcio Carías Andino (1933-1949) coincidió, como ya resaltamos, con la crisis del capitalismo global. La Gran Depresión de 1929 —que provocó la fusión de los intereses bananeros en Honduras— y la Segunda Guerra Mundial permitieron que el país se mantuviera aislado del mundo. El sector de la élite que en décadas anteriores se favoreció con el capital transnacional de la minería y el banano ahora se vio desplazado porque Estados Unidos reorientó sus recursos a la recuperación de su económica y la Guerra.

La Pax Cachureca de Carías favoreció momentáneamente a la élite tradicional, pues el país necesitaba de los recursos de la tierra para subsistir y del control férreo de los caudillos para controlar los alzamientos de la población hambrienta. Esa paz, en cambio, terminó con la llegada al poder de Juan Manuel Gálvez en 1949, cuando Estados Unidos nuevamente cambió su estrategia para la región a una política más expansiva, modernizando las economías de Centroamérica.

Para ese proyecto usaron el recurso que las transnacionales habían formado en los países. Tanto Gálvez (1949-1954) como su sucesor, Julio Lozano Díaz (1954-1956) fueron empleados de las compañías bananeras de la costa norte. Fueron, además, los forjadores del primer sistema financiero nacional (Banco Central de Honduras y Banco Nacional de Fomento, hoy BANADESA) que le permitió a Honduras entrar, con cincuenta años de retraso, en la lógica del capitalismo del siglo XX.

La presión de las compañías bananeras y el nuevo rol asumido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra impulsó la salida de Carías del poder y el ascenso del «sector reformista» del Partido Nacional. El mismo fenómeno se dio en el Partido Liberal con las pugnas entre la visión moderna de Ramón Villena Morales (presidente de Honduras desde 1957 hasta el golpe de Estado de 1963) y la visión tradicional de Modesto Rodas Alvarado.

En las facciones de las élites que describo: moderna y tradicional, no existe la frontera de los partidos. Ambas se encuentran en los dos partidos tradicionales y, como veremos, incluso en las fuerzas políticas emergentes, como el Partido Libre.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, aparecen en la escena política nacional con el golpe de Estado que propinaron a Julio Lozano Díaz en 1956, el primero de muchos. A pesar de ello, dejaron el gobierno en manos Ramón Villeda Morales a cambio de la autonomía que el gobierno de este les concedió en 1957.

En 1963 el propio Villeda Morales fue víctima del golpe de Estado liderado por Oswaldo López Arellano, coronel de aviación que impulsó la segunda etapa de la reforma agraria promovida por el mismo Villeda Morales. Ambos respondían entonces a la misma facción de la élite, menos ligada a la tierra y, por lo tanto, más proclive a la reforma agraria. Ahora se sospecha incluso que, de hecho, Villeda Morales permitió el golpe de Estado en su contra para fortalecer a la élite moderna e impedir la llegada del tradicional Modesto Rodas Alvarado.

El poder de los militares duró dieciocho años en el país, con el breve gobierno civil —también derrocado militarmente— de Ramón Ernesto Cruz (1971-1972). En ese periodo el Ejército se alió abiertamente con el sector reformista del Partido Nacional y por esa razón Ricardo Zúñiga Agustinus fue vicepresidente de cada uno de los jefes de Estado militares hasta el retorno a la democracia en 1982. Durante todos estos gobiernos del reformismo militar se favorecieron los negocios de la élite moderna, los intereses de las compañías transnacionales y de Estados Unidos.

En el período 1962-1982 se crearon también los capitales que ayudarían a conformar la modesta industrialización hondureña. Fortunas como las de Miguel Facussé Barjum, construida gracias a la quiebra de Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) —creada para desarrollar la industria nacional—, surgió gracias a su alianza con el gobierno militar.

Basta ver quiénes conformaban la Asociación para Progreso de Honduras (APROH) en la década de 1980 para saber quiénes representaban a la facción moderna de la élite nacional: Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas; Miguel Facussé Barjum, empresario del sector agroindustrial; Oswaldo Ramos Soto, abogado, rector de la UNAH y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Rafael Callejas; Bernard Cassanova; José Rafael Ferrari, dueño de Televicentro; Paul Vinelli, directivo de Banco Atlántida; Rafael Leonardo Callejas, más tarde presidente de la República; Osmond Maduro, hermano de Ricardo Maduro (presidente de Honduras 2002-2006); además de Roy Smith, Emin Abufele, Rafael Valle, Francisco Guerrero, Marcial Solís, Andrés Víctor Artiles, Matilde Manueles, Juan Marinakys, Aquiles Izaguirre, Eduardo Aragón, Armando Erazo, Emilio Larach, Armando Fuentes, Ángel Martínez Reyes, Rafael Cruz López, Israel Rodríguez y Adán Benítez.

A comienzos de esa década el gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1986) estuvo representado por las dos facciones de las élites. Convivían él, que era de la facción tradicional y heredero directo de Rodas Alvarado, y la APROH, un “Estado paralelo” auspiciado por la embajada estadounidense y con una marcada línea anticomunista que defendía la visión moderna del desarrollo económico.

Durante todo el siglo XX los intereses económicos del capital transnacional estadounidense beneficiaron la hegemonía de la facción moderna de la élite nacional, por ello los intereses políticos y económicos de esta facción coincidieron con los intereses imperialistas. En la década de 1990, luego del triunfo electoral de Rafael Leonardo Callejas en 1989, esa tendencia se evidenció aún más con la agenda neoliberal impulsada desde el gobierno de Ronald Reagan y George Bush padre, que ayudó al sector exportador maquilero de la costa norte, al capital financiero y al sector agroexportador ligado a la facción moderna.

Pero el poder solo sirve si se tiene y es lógico pensar que la facción tradicional de la élite, marginada del desarrollo económico, buscara nuevas formas de acumular riqueza y poder de cara a la facción adversa. Es cuando entra el narcotráfico como una oportunidad para acumular capital económico y político, algo que analizaremos enseguida.

Hasta el momento hemos hablado sobre esa vieja fractura entre la clase dominante hondureña que se generó a partir del ingreso del capital transnacional que llegó con la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto en el último cuarto del siglo XIX. El capital transnacional apoyó a un sector de la élite local que llamamos facción «moderna», favoreciendo sus negocios y su acceso al poder, y desplazando al sector que hemos llamado «tradicional» de la élite hondureña.

Con la crisis mundial del capitalismo en la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, el capital transnacional replegó sus energías en recuperar la economía y ganar la guerra, lo que permitió la consolidación de la dictadura tradicional de Tiburcio Carías Andino (1933-1949) hasta que nuevamente las fuerzas económicas del imperio, fortalecido luego de la victoria en la guerra, se reacomodaron al final de la Pax Cachureca, impulsando la modernización de la economía (y el Estado hondureño) a partir del gobierno de Juan Manuel Gálvez en 1949 y toda la década de 1950. Durante las décadas de 1960 y 1970 el país fue gobernado por una prolongada dictadura militar en alianza con la élite moderna del partido nacional (Ricardo Zúñiga Agustinus fue vicepresidente de todos los gobiernos militares y el primer candidato del Partido Nacional luego del retorno a la democracia en 1982) hasta que los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, nuevamente cambiaron, alterando también el equilibro que existía entre las facciones de las élites (tradicional y moderna) y el narcotráfico en la política nacional.

El ingreso del narcotráfico en Honduras

El mercado de la cocaína tuvo su boom a partir de la década de 1970. La cultura disco heredada de la década anterior y las grandes urbes estadounidenses crearon un ambiente favorable para el consumo de la droga, aumentando la demanda y producción de cocaína en Sudamérica. Para 1980 el colombiano Pablo Escobar ya era el rey de la droga en América Latina. La forma como Escobar expandió su poder e influencia por el mundo dejó claro que el éxito del negocio de los narcóticos depende de su capacidad de general alianzas con quienes en la práctica controlan el territorio por el cual la droga necesita producirse o transitar. La mayor parte de los cargamentos viajaban entonces por rutas marítimas y aéreas sobre el Caribe. El tráfico por Honduras, que en ese momento era equivalente al más simple contrabando, era controlado por oficiales del Ejército que cobraban una coima por dejar pasar.

Los esposos Mario y Mary Ferrari (asesinados por militares en 1976) y Ramón Matta Ballesteros eran quienes fungía como enlace entre el Cartel de Medellín y el Cartel de Guadalajara; y el país apenas era una ruta secundaria de la droga.

Los narcotraficantes colombianos y mexicanos comenzaron a relacionarse con los militares en los gobiernos de los generales López, Melgar y Paz, porque ellos controlaban cada rincón del país, cada pista aérea, cada carretera y cada avenida de las principales ciudades; además, contaban con absoluta impunidad. Pero el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 y el ascenso de Ronald Reagan a la Casa Blanca cambió las reglas del juego.

Aunque la guerra contra las drogas la había declarado Richard Nixon en 1971 y Reagan la continuó tímidamente, para 1980 los intereses geoestratégicos de Washington eran otros: era más urgente derrotar la amenaza comunista en Nicaragua que impedir el tráfico de drogas a Estados Unidos. Eso, sumado a la incapacidad que el Congreso de Estados Unidos había impuesto a la Casa Blanca para iniciar cualquier intervención armada o apoyar económicamente a cualquier grupo armando en el extranjero —luego del desastroso desenlace de la guerra de Vietnam— hizo que el narcotráfico pusiera atención en el control de territorio centroamericano.

Reagan tenía las manos atadas por el Congreso y no podía usar recursos de los Estados Unidos para apoyar la lucha contra Nicaragua. Por ello recurrió a los fondos de la venta de armas a Irán (el escándalo Irán-Contras) y a recursos provenientes del tráfico de droga en México y Centroamérica. El fin justificaba los medios. Los aviones que volaban desde Honduras en una empresa propiedad de Matta Ballesteros, cargados con cocaína colombiana, eran descargados en Estados Unidos y vueltos a cargar con armamento que se había comprado con las ganancias de la venta de armas a Irán —en guerra contra Irak— para luego volar de regreso a Honduras con armas para la Contra en guerra con el sandinismo.

Durante la década de 1980 quien controlaba el territorio hondureño era la CIA. La relación entre esta organización y los carteles sudamericanos y mexicanos se evidenció en 1985 con el asesinato en México del agente de la DEA, Enrique Camarena. Testimonios desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelaron que el agente Camarena había descubierto un centro de entrenamiento para contras nicaragüenses en México, auspiciados por el Cartel de Guadalajara.

Los militares hondureños, apoyados por Estados Unidos, se vieron beneficiados por la guerra de Reagan en Nicaragua. El flujo de dólares sin ningún tipo de control enriqueció a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para quienes poco importaba la Guerra Fría, como tampoco la guerra contra el narcotráfico colombiano y mexicano. De acuerdo con información desclasificada por la DEA y revelada por el periodista estadounidense Jeremías Bigwood en 1997, en la década de 1980 estaban ligados al tráfico de droga los coroneles Leónidas Torres Árias, jefe de inteligencia militar; Ramón Reyes Sánchez, director de la Penitenciaría Central; el teniente coronel Juan Ángel Barahona, jefe de la Interpol; el coronel Armando Calidonio y el oficial Carlos Coello. En ese mismo informe, la DEA señaló a los militares Juan Blas Salazar, jefe del batallón anticomunista 3-16; Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas; Humberto Regalado Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas; y José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Rigoberto Regalado Lara y Thomas Said Speer como «sospechosos de estar en el asunto de las drogas o bajo su influencia».

Hemos dicho antes que las Fuerzas Armadas gobernaron durante la dictadura militar (1963-1982) en alianza con el Partido Nacional y la facción moderna de la élite; lo cierto es que esta fractura se vio, de manera un poco menos clara, al interior de las fuerzas armadas, especialmente en lo relacionado a la Reforma Agraria, uno de los proyectos emblemas de la facción moderna que fue desmantelada por el gobierno de Melgar Castro, quien gobernó en alianza con los sectores tradicionales de la élite rural. La masacre de Los Horcones (1975) jugó un rol importante en el desmantelamiento de la Reforma Agraria y esta ocurrió en la finca de don Manuel Zelaya Ordóñez.

Esto tampoco significa que solo la facción tradicional de la élite haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico. También hay algunos testimonios de narcotraficantes como Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien asegura que hacía uso de las plantaciones de palma africana del magnate Miguel Facusé Barjúm en el departamento de Colón para aterrizar avionetas cargadas de droga y, según el testimonio de «Pablo» (el narcotraficante que habla en el libro Tierra de narcos, cómo las mafias se apropiaron de Honduras), «es poco probable que los narcotraficantes usen la propiedad de alguien sin autorización respectiva del dueño».

En 2015 el banco Continental, de la familia Rosenthal, fue forzado a cerrar operaciones por haber servicio en el lavado de activos para el cartel de los Cachiros. Yani Rosenthal —ex candidato presidencial por el Partido Liberal— fue declarado culpable por delitos relacionados con el lavado de activos en Estados Unidos y purgó una condena de cinco años de cárcel.

Lo que estamos afirmando entonces es que, siendo el narcotráfico una fuerza económica con influencia en todos los sectores de la economía del país, ha sido en la facción tradicional en donde mejor se evidencian las alianzas, especialmente después de 1998, cuando las reglas de esta alianza volvieron a alterarse, desplazando del control del territorio a los militares hondureños y norteamericanos.

El fin de una era

1998 marcó el punto desde el cual podemos reconocer un cambio sustancial en el tráfico de drogas en el país. El caso del teniente coronel Wilfredo Leva Cabrera, asociado con el Cartel de los Licenciados (en guerra con el Cartel de los Ganaderos) fue el “fin” de la hegemonía militar en el narco y el inicio de una nueva etapa: el nacimiento de los carteles de la droga dirigidos por civiles. Leva Cabrera, acusado por el asesinato de al menos siete personas, fue capturado en Nicaragua y sentenciado a ochenta años de cárcel en 2001. Era la primera vez que un militar de alto rango era sentenciado por narcotráfico en Honduras. Su zaga la recoge el libro Tierra de narcos. Pero ¿qué cambió en el narcotráfico hondureño a partir de 1998 que terminó con la hegemonía de los militares y caudillos de la facción moderna en el control del territorio hondureño?

Para finales de la década de 1980 las Fuerzas Armadas ya habían perdido el favor de Estados Unidos. La Guerra Fría había terminado y con ella la importancia militar del país. Pero fue el huracán Mitch, que azotó el territorio hondureño en 1998 y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, lo que terminó con la posibilidad de la facción tradicional de acumular el capital necesario para competir contra la facción moderna por el control político. En el contexto del huracán la facción moderna no se vio particularmente golpeada en su capital, pues su riqueza descansaba en la industria urbana: maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, al contrario de la élite tradicional que tenía sus capitales en la tierra y sus productos.

Debemos sumar además que la cooperación internacional asumió las demandas de los sectores populares que venían exigiendo reformas electorales desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (la facción tradicional suazocordovista/rodismo versus la facción moderna azconista/rosenthalista). Estados Unidos y la Unión Europea, a través de PNUD, impulsaron las reformas electorales que en su momento parecieron la solución a la falta de representación democrática en las estructuras políticas del país, y «terminaron» con un siglo de malas prácticas en los partidos tradicionales.

La crisis social y económica que abrió el huracán Mitch, sumada a las bien intencionadas reformas electorales, abrió el camino para que el narcotráfico filtrara las planillas en alianza con el sector tradicional de la élite nacional, algo que aún estamos viviendo.

Si una tesis puedo afirmar en este ensayo, es que quien controlaba el territorio hondureño controlaba también la entrada del narcotráfico, fueran estos militares en la década de 1970, la CIA en los 80 o civiles en los 90. Para 1998 estaba claro que las reglas habían cambiado en el narcotráfico hondureño porque el dueño del territorio había cambiado.

El huracán Mitch, que azotó Honduras en 1998 y provocó miles de millones de dólares en pérdidas, terminó con la posibilidad de la facción tradicional de acumular el capital necesario para competir contra la facción moderna por el control político del país. Esta facción moderna venía acumulando capital y poder desde mediados del siglo XX gracias a una serie de reformas estructurales de la economía que iniciaron con el gobierno de Gálvez y se renovaron con Callejas. En el contexto del huracán la facción moderna no se vio particularmente golpeada en su capital. Su riqueza descansaba más en la industria urbana beneficiada con las políticas neoliberales del gobierno de Reagan: maquila, sector financiero, comercio y telecomunicaciones, al contrario de la élite tradicional que tenía sus capitales en la tierra y sus productos afectados por el huracán.

A esta crisis sumémosle las reformas electorales demandadas por la sociedad civil desde la crisis constitucional de 1985, cuando se enfrentaron las dos facciones de la élite liberal (la facción tradicional suazo-cordovista/rodismo versus la facción moderna azconista/rosenthalista) que marcó también un punto de giro en ese juego político. Estados Unidos, a través de su influencia, impulsó las reformas electorales que «terminaron» con un siglo de práctica en los partidos tradicionales: hasta ese momento las planillas de alcaldes y diputados eran arrastradas por la papeleta presidencial. Quien controlaba la presidencia (de la República o del partido) controlaba también a sus representantes en las alcaldías y en el Congreso Nacional; y así se garantizaba el flujo del poder.

Al abrirse la papeleta al voto con fotografía en las elecciones de 2005 —como ocurriera en México a inicios de aquella década, cuando el PRI fue desplazado del poder luego de 75 años de hegemonía—, se hirió el poder que las élites hondureñas tenían sobre sus partidos. Ya no era necesario el favor del caudillo para acceder a estructuras de poder (alcaldes y diputados), pues bastaba con el capital necesario para la campaña. Los narcotraficantes, antes dependientes del favor de los caudillos que les permitían funcionar a cambio de una cuota de las ganancias, ya no necesitaban llegar a un acuerdo con los políticos para acceder al poder, pues ellos podían ser el poder.

En la elección de 2002 Ricardo Maduro venció a Rafael Pineda Ponce, impulsando las políticas neoliberales que este había iniciado desde su gestión como jefe de gabinete económico y presidente del Banco Central en el gobierno de Rafael Callejas. Era la continuación de la política económica de Suazo Córdova continuada por Azcona, Callejas, Reina y Flores; políticas neoliberales que incluían el desmantelamiento del estado de bienestar a favor de la libre empresa que favorecía, sobre todo, al capital transnacional y sus aliados locales.

La caída del Wilfredo Leva Cabrera en 1998 hizo evidente que los militares habían perdido la hegemonía del territorio nacional. En occidente comenzaron a aparecer figuras como Arnulfo Valle Valle, ligado a los carteles mexicanos; en San Pedro Sula surgió José Pineda Duarte, el «Paico», ligado a Castaños Gil y a los paramilitares colombianos; en Colón surgió Aníbal Echeverria Ramos, «Coque», ligado a las FARC, asesinado en 2004 tras una tenaz persecución de los Cachiros para hacerse con su reinado.

Un ejemplo de esa relación entre narcotraficantes y políticos de la facción tradicional lo vemos en Coque, que cuando recibió su primer atentado en 2003 estaba en compañía de su novia, Margarita Lobo, sobrina de Porfirio Lobo Sosa, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras. Es frecuente leer en el testimonio de varios de los narcotraficantes apresados en Estados Unidos la cercanía de Coque con Ramón Lobo Sosa, hermano mayor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien ha sido amigo de narcotraficantes desde la década de 1980, cuando controlaba el negocio el también olanchano Ramón Matta Ballesteros, con asistencia directa de los militares. La relación entre Margarita Lobo, hija de Ramón Lobo Sosa, con Aníbal Echeverría Ramos, capo y señor indiscutible de la droga en Colón hasta su caída en 2004, muestra un vínculo estrecho y directo de la familia Lobo con el comercio de la droga.

Esa alianza de facción de clase con capitales oscuros se hizo evidente en la selección del presidente del Congreso Nacional en 2002, cuando se creía que el presidente del Congreso sería Rodolfo Irías Navas, figura clave del callejismo, pero esta recayó finalmente y luego de intensos cabildeos en Porfirio Lobo Sosa, un aliado necesario en el financiamiento de la campaña, y quien pasó de ser gerente de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) en 1994 a diputado en 1998 y presidente del Congreso Nacional en 2002.

El dinero del narcotráfico en Honduras hizo que la facción tradicional ascendiera al poder sobre la facción moderna a partir de las elecciones de 2001, con la llegada de Pepe Lobo a la presidencia del Congreso Nacional.

Si vemos el mapa político del país, quienes han gobernado Honduras a partir de 2006 han sido presidentes alejados de los centros de poder de la facción moderna: Mel Zelaya y Pepe Lobo de Olancho, Juan Orlando Hernández de Gracias a Dios (con el breve paso de Micheletti Baín de Yoro) y ahora Xiomara Castro de Zelaya, también de Olancho.

La consecuencia no esperada de la estrategia del imperio

Estados Unidos cambió su estrategia de lucha contra el narcotráfico en México a partir de 2004. Durante el gobierno de Vicente Fox comenzaron a elaborarse acciones que luego implementó Felipe Calderón con la Iniciativa Mérida. Los carteles mexicanos que conocían de cerca la estrategia de Estados Unidos —copia directa del Plan Colombia— comprendieron la urgencia de expandir su territorio de influencia a Centroamérica, desplazando momentáneamente su centro de operaciones a la ciudad de San Pedro Sula (en Honduras) y a Guatemala. Pero también necesitaban un acuerdo con el poder político centroamericano y vieron el escenario de reformas electorales impulsado por Estados Unidos como favorable para sus objetivos.

Desde 2006 fueron frecuentes las denuncias en la prensa (controlada por la facción moderna) que vinculaban al presidente Manuel Zelaya Rosales con el narcotráfico. Diariamente se enumeraban las avionetas que caían en el país con matrícula venezolana como prueba que ligaba a los gobiernos de Hugo Chávez y Manuel Zelaya con el tráfico de droga. Manuel Zelaya, un liberal terrateniente que se impuso a la facción moderna de su partido, financió su campaña en parte con los fondos que le facilitó el narcotraficante Héctor Emilio Fernández Rosa, «Don H», según testimonios del mismo narcotraficante en las cortes de Nueva York; mismo que aseguró haber entregado dos millones de dólares para la campaña de 2005.

El contrincante de Mel Zelaya para esas elecciones fue el nacionalista Porfirio Lobo Sosa, vinculado con los Rivera Maradiaga, herederos del cartel de Aníbal Echeverría Ramos. Pero esos vínculos no habrían pasado de lo anecdótico, aceptado como normal en la política local, de no haber ocurrido el más grave error de cálculos que ha cometido la facción moderna en su disputa con la facción tradicional: hablo del golpe de Estado de 2009 que sacudió el tablero político de manera irreversible.

El golpe de Estado, un error caro de las élites

El narcotráfico, para prosperar, requiere de un acuerdo con quien en la práctica ejerce el control del territorio, ya sean estos militares —como lo fue hasta la década de 1980—, contras —durante la guerra antisandinista— o civiles —a partir de la década de 1990. El Plan Colombia empujó a los narcotraficantes colombianos a buscar nuevas rutas en México, así como la Iniciativa Mérida movió a los carteles mexicanos hacia Centroamérica.

En las democracias modernas, quien tiene el capital para campaña accede al control de las estructuras del Estado, claves para favorecer a su sector de clase. La relación con el capital transnacional y Estados Unidos hizo que la facción de la élite hondureña moderna acumulara poder, favoreciendo sus intereses desde las estructuras del Estado. Ese equilibrio se vio afectado con la crisis financiera de 2008 (como ocurrió en la Gran Depresión de 1929), que impidió que la facción moderna accediera al capital de los bancos internacionales al tiempo que el capital del chavismo, producto de los altos precios del petróleo, favorecían a la facción tradicional de la élite.

Fueron esa alteración en el equilibrio que como facción había gozado la élite moderna desde el gobierno de Gálvez (1949) producto de la crisis financiera de 2008, y la iniciativa Mérida que se recrudeció en México a partir de 2005, las que crearon las condiciones para esa alianza entre facción tradicional y narcotráfico que aún persiste.

El golpe de Estado de 2009 tuvo un alto costo político para la facción moderna. Elvin Santos, representante de esa facción, estaba proyectado como ganador de las elecciones de 2009, pero el temor —justificado— de un cambio a la Constitución de la República (creada por la facción moderna en 1982) a través de una constituyente que les desplazara definitivamente del acceso al poder, obligó a la facción moderna a actuar con asistencia de los militares.

Si vemos a los sectores que apoyaron el golpe de Estado de 2009 reconoceremos, con nombres y apellidos, a los principales representantes de la facción moderna de la élite de ambos partidos en escena (Liberal y Nacional), así como de la empresa privada y grupos de sociedad civil. A la vez, la élite tradicional (antes adversa a los sectores populares) se alió con aquellas categorías sociales más afectadas por las políticas neoliberales. El narcotráfico, nuevamente, favoreció la alianza con quien en la práctica ejerciera el control del territorio.

El golpe de Estado de 2009 marcó un nuevo clímax en las tensiones inter-clase de la élite hondureña. Para su subsistencia, las élites necesitan el control del Estado: quién controle el Estado acumula capital. En las elecciones generales de 2009, cuando el sector de la élite tradicional del Partido Liberal se rehusó a participar en los comicios, dieron en la práctica la victoria a la facción tradicional del Partido Nacional. La facción moderna, independiente del partido político y agrupada a favor del golpe de Estado, fue desplazada por los sectores conservadores del cachurequismo, más cercanos entonces a la figura (tradicional) de Tiburcio Carías Andino que al sector «reformista» (moderno) de Zúniga Agustinus y Callejas Romero.

Finalmente, Juan Orlando Hernández, representante también de la facción tradicional, se hizo de la presidencia en 2014 y, al igual que los dos anteriores presidentes, también con ayuda financiera del narcotráfico. Con Hernández vemos ahora cómo la facción tradicional de la élite ha logrado posicionarse en el control de los recursos del Estado, estableciendo cambios en la legislación para garantizar esa hegemonía necesaria para enfrentar, política y económicamente, a la facción moderna, políticamente debilitada después del golpe de Estado.

Eso no quiere decir que ni la facción tradicional ni la facción moderna tomen medidas a favor de las clases desposeídas del país. Ambas facciones pelean el acceso a los recursos del Estado hondureño en favor de sus respectivas facciones de clase.

Llegar a este punto de fricción entre las élites hondureñas nos ha tomado 140 años de historia y seguramente no terminará pronto; pero solo entendiendo las razones económicas de fondo podremos saber qué acciones tomar como país para salir del narcoestado.

Artículo publicado originalmente en la revista Casi Literal.