El juicio a Juan Orlando Hernández terminó hace más de un año, pero el caso está lejos de haberse cerrado. No en las cortes, ni en los círculos políticos donde aún resuena como un eco incómodo. Desde su celda en Hazelton, el expresidente de Honduras espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revise lo que su defensa califica como un proceso defectuoso, parcial y jurídicamente cuestionable. Mientras tanto, en los márgenes de la discusión judicial, una constelación de voces asociadas a la derecha estadounidense —incluido Roger Stone— intenta reencuadrar el relato: no como un caso de corrupción latinoamericana, sino como un símbolo del supuesto uso político del Departamento de Justicia.

Pero en el núcleo del expediente, lejos del estruendo, lo que se libra es un debate técnico y complejo: ¿fue el juicio contra Juan Orlando Hernández un juicio justo? ¿Se respetaron las garantías procesales básicas? ¿O se sacrificó el rigor jurídico para obtener una condena política?

La apelación presentada por la defensa gira en torno a cinco ejes centrales: el cuestionamiento de la jurisdicción, la exclusión de testigos clave, el uso de un testimonio supuestamente engañoso por parte de una analista de la DEA, el rechazo a suspender el juicio pese al estado de salud del abogado principal, y la acumulación de errores que, según argumentan, afectaron gravemente el derecho de Hernández a una defensa efectiva.

El primero de esos ejes —la jurisdicción— apunta a una falla técnica, pero no menor. Hernández fue extraditado primero a Florida, pero juzgado en Nueva York. El traslado se justificó con una declaración firmada por su abogado sustituto que indicaba, erróneamente, que ingresó por el aeropuerto de Westchester, en el Distrito Sur de Nueva York. Más tarde, la propia fiscalía admitió que eso era falso. El gobierno intentó entonces sostener la jurisdicción con una nueva teoría, no presentada durante el juicio: que cualquier miembro de la conspiración que hubiera llegado antes a Nueva York bastaba para establecerla. El problema es que esa teoría no fue parte del caso en la sala. Ni fue instruida al jurado. Ni se discutió con evidencia. Para la defensa, eso convierte al veredicto en jurídicamente insostenible.

La fiscalía, en su respuesta, admite la imprecisión pero sostiene que se trata de un error “harmless” —inofensivo—, que no afectó el fondo del caso. Argumenta que la defensa aceptó esa estipulación y que, en cualquier caso, el impacto práctico fue nulo, dado que las pruebas, los testigos y los hechos clave se desarrollaron en Nueva York. La Corte deberá decidir si un error procesal como este puede ser subsanado por el resultado, o si invalida todo el procedimiento.

El segundo punto de tensión fue la exclusión de testigos de la defensa. Uno de ellos, Carlos Romero, exfuncionario del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, habría testificado sobre la seguridad del sistema de elecciones, contradiciendo la afirmación de que Hernández ganó fraudulentamente con fondos del narcotráfico. Otro testigo propuesto era un jurista hondureño que habría explicado cómo las leyes impulsadas por JOH no encajan con el perfil de un jefe protector del narcotráfico. Ambos fueron excluidos por el juez argumentando presentación tardía y falta de traducción adecuada. La defensa sostiene que ofrecieron soluciones —traductores disponibles, reorganización del orden del juicio— que fueron ignoradas. Y que negar ese testimonio crucial desbalanceó el caso ante el jurado.

La fiscalía responde que los testigos fueron propuestos a última hora, que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos para su admisión, y que su ausencia no impidió al jurado evaluar de forma completa las acusaciones. Pero aquí emerge un matiz importante: mientras a los testigos protegidos del gobierno se les permitió hablar durante horas, pese a contradicciones en otros juicios y beneficios por cooperar, la defensa fue bloqueada de introducir voces institucionales que habrían ofrecido otra lectura del contexto.

El tercer elemento en disputa es el testimonio de Jennifer Taul, analista de la DEA, quien afirmó ante el jurado que el tránsito de cocaína por Honduras aumentó durante el gobierno de Hernández. La defensa presentó informes oficiales que indican lo contrario, con cifras que muestran una caída o estabilización del flujo. Para la defensa, se trató de una afirmación falsa que influyó directamente en la percepción del jurado. La fiscalía, en cambio, argumenta que la agente ofreció una interpretación general y que los datos citados por la defensa eran parciales o irrelevantes para el contexto del testimonio.

En cuarto lugar está el estado de salud del abogado principal de la defensa, quien poco antes del juicio informó al tribunal que enfrentaba una condición médica que comprometía su capacidad para participar activamente en el juicio. La defensa pidió una postergación. El tribunal lo negó. En su lugar, designó a un abogado público de apoyo, que tuvo apenas semanas para estudiar más de un terabyte de información, entrevistar testigos, traducir documentos y diseñar una estrategia. Para la fiscalía, el nuevo abogado cumplió su función con competencia. Para la defensa, se trató de una negación al derecho básico de contar con una defensa preparada y coordinada.

El argumento final es más difuso pero más contundente: la acumulación de errores. La defensa sostiene que, aunque cada uno de los puntos por sí solo podría parecer menor, su efecto conjunto fue devastador. Testigos bloqueados, evidencia excluida, testimonio engañoso, defensa médica comprometida, instrucciones erróneas al jurado. Para ellos, el proceso entero fue desequilibrado. No solo parcial, sino estructuralmente injusto.

La fiscalía, como es previsible, niega que el conjunto de errores haya producido un fallo en el sistema. Sostiene que el juicio fue justo, que el jurado tuvo toda la información necesaria, y que cualquier falla fue corregida dentro del marco legal. Apuesta, en esencia, al peso del resultado. El veredicto se sostiene —dicen— porque los delitos son graves y las pruebas, suficientes.

Pero más allá de la discusión jurídica, el caso no se ha mantenido en silencio. A medida que la apelación avanza, figuras como Roger Stone han intentado convertir el expediente en una causa emblemática de la supuesta persecución del Departamento de Justicia a aliados conservadores de Estados Unidos. Stone ha dicho que JOH fue sacrificado por haber sido un buen aliado de Trump, “un Bukele antes de Bukele”. Aunque sus declaraciones no alteran el curso procesal, sí revelan un esfuerzo mediático por politizar el caso, desviar la atención de las fallas del juicio, y usar el nombre del expresidente hondureño como herramienta en la guerra interna del trumpismo.

La reelección de Donald Trump en 2024 y su regreso al poder en enero de 2025 ha reforzado ese intento. Aunque la administración ha mantenido silencio sobre el caso, y Matt Gaetz, otro abanderado de la causa de #FreeJOH, quien fue propuesto como fiscal general, declinó el cargo tras investigaciones internas del comité de ética del Congreso, el ruido continúa. La narrativa de que Hernández fue víctima de una persecución ideológica encuentra eco en algunos círculos, aunque no en las instancias legales que deben decidir su futuro.

Lo que la Corte debe evaluar ahora no es si JOH es culpable —ese juicio ya ocurrió—, sino si ese juicio se hizo correctamente. Si se respetaron sus derechos procesales. Si los errores fueron tolerables. Si el peso del castigo puede sostenerse sobre una estructura con grietas. Y si no, qué tipo de reparación corresponde: una nueva audiencia, un nuevo juicio, o el rechazo definitivo a su apelación.

Lo que se discute, al final, no es solo la suerte de un expresidente caído en desgracia, sino el estándar con el que la justicia estadounidense trata a los acusados extranjeros. Si se puede permitir la acumulación de fallas procesales cuando el acusado viene de un país del sur, con la investidura de un expresidente. Si la palabra de los testigos protegidos basta, aun cuando no se verifique nada. Si el juicio puede sostenerse, no por su solidez probatoria, sino por su utilidad simbólica.

En ese terreno se libra ahora la apelación de Juan Orlando Hernández. Y allí, entre tecnicismos y tensiones geopolíticas, se decidirá no solo su destino, sino el alcance real del debido proceso en uno de los sistemas judiciales más poderosos del mundo.