El departamento de Estado de Estados Unidos publicó el mas reciente Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, fechado en marzo de 2024, sobre Control de Drogas y Sustancias Químicas. En el capítulo que refiere a Honduras, el informe señala que el país sigue siendo clave en el tránsito de cocaína con destino a los Estados Unidos. Según el informe, el gobierno hondureño ha experimentado una significativa reducción en la cantidad de droga incautada en comparación con años anteriores, un indicio claro de que las políticas y estrategias actuales son insuficientes. La corrupción sistémica, dice el informe, la crisis política, y la falta de recursos adecuados han convertido a Honduras en un terreno fértil para los narcotraficantes, y la respuesta del Estado ha sido, en el mejor de los casos, ineficaz y, en el peor, cómplice.

El informe revela que, en los primeros nueve meses de 2023, el gobierno hondureño incautó tan solo 486 kilogramos de cocaína, una dramática reducción en comparación con las 4.9 toneladas métricas incautadas en 2022. Esta cifra sugiere un debilitamiento en la capacidad del Estado para controlar el flujo de drogas a través de su territorio, una realidad alarmante considerando el rol central de Honduras en el tráfico internacional de cocaína.

La disminución en las incautaciones ha sido atribuida por el propio gobierno a un “renovado enfoque en la erradicación”, según señala el informe. Sin embargo, este argumento resulta difícil de aceptar, especialmente cuando el país sigue siendo uno de los principales corredores para el narcotráfico. Aunque es cierto que las autoridades han incrementado los esfuerzos de erradicación en áreas como Colón y Gracias a Dios —donde las fuerzas de seguridad apenas tienen presencia debido a las condiciones geográficas—, el problema es mucho más profundo y está arraigado en la falta de coordinación entre agencias, recursos limitados, y una creciente crisis política.

Una de las críticas más duras hacia el gobierno hondureño en este informe, es la corrupción endémica que permea tanto el sector público como privado. El informe del INCSR es claro al señalar que, aunque el gobierno no alienta oficialmente la producción o distribución de drogas ilícitas, la corrupción es un obstáculo significativo par su combate. La corrupción afecta los esfuerzos de interdicción y procesamiento de narcotraficantes, lo que permite las organizaciones criminales operen con impunidad en vastas áreas del país.

De manera notable, alerta el informe, en marzo de 2023, el gobierno reemplazó inesperadamente al juez de la jurisdicción nacional que manejaba la mayoría de los casos de crimen organizado. Este cambio abrupto, sin una explicación clara, generó serias dudas sobre la independencia del poder judicial en el combate al narcotráfico. Es difícil no sospechar que las influencias externas, y posiblemente las internas, relacionadas con el narcotráfico puedan estar detrás de decisiones como esta.

La lucha contra el narcotráfico en Honduras no es solo una batalla contra los cárteles, sino también contra un sistema profundamente corrompido. El informe hace eco de la incapacidad del gobierno para erradicar la corrupción en sus propias filas, lo que lleva a la ineficacia de cualquier política o iniciativa destinada a reducir el tráfico de drogas. A pesar de los repetidos llamados a una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH), similar a la que se estableció en Guatemala, las negociaciones con las Naciones Unidas continúan estancadas. Esto indica la falta de voluntad real por parte del gobierno para avanzar en una lucha efectiva contra la impunidad.

En diciembre de 2022, la administración de Xiomara Castro instituyó un Estado de Excepción focalizado para combatir la extorsión. Sin embargo, este estado de emergencia, que ha sido extendido de manera indefinida, ha desviado los escasos recursos policiales y militares de las operaciones antidrogas hacia la lucha contra otros tipos de criminalidad. Si bien la extorsión es un problema grave en el país, la decisión de mantener este enfoque ha debilitado considerablemente la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico, al punto de que las operaciones en áreas claves han disminuido significativamente.

El INCSR señala que no hay indicios de cuándo el gobierno levantará el Estado de Excepción, lo que ha generado una preocupación generalizada sobre si esta medida es, de hecho, una excusa para consolidar el poder en áreas afectadas por el crimen organizado. La incertidumbre política y la falta de recursos han permitido que los narcotraficantes operen con mayor libertad en el país. En lugar de combatir directamente el tráfico de drogas, el gobierno parece estar enredado en una guerra política interna, incapaz de concentrar sus esfuerzos en los problemas más urgentes.

El informe también destaca el impacto negativo que la inestabilidad política ha tenido en los esfuerzos del gobierno para combatir el narcotráfico. La incapacidad del Congreso para aprobar leyes esenciales ha sido devastadora para la seguridad del país. La falta de liderazgo en las instituciones clave de justicia no solo ha estancado el progreso en la lucha contra el narcotráfico, sino que también ha fomentado un ambiente en el que las organizaciones criminales pueden operar con impunidad. La falta de acción legislativa también ha impedido la implementación de nuevas políticas que podrían reforzar la capacidad de las fuerzas del orden. A pesar de que la administración de Castro afirma que el combate al narcotráfico es una de sus principales prioridades, las acciones (o la falta de ellas) del gobierno cuentan una historia diferente.

Aunque el informe fechado en marzo de 2024 subraya el apoyo que Estados Unidos y la ONU han brindado a Honduras en su lucha contra el narcotráfico, este respaldo parece ser insuficiente ante la magnitud del problema. El INCSR menciona que agencias estadounidenses han contribuido significativamente al establecimiento del Centro Conjunto de Operaciones Interinstitucionales de Honduras (CCOI), diseñado para coordinar la respuesta interinstitucional al tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, la falta de recursos, la ambigüedad en las funciones y la corrupción generalizada han impedido el uso efectivo de este centro.

Por otro lado, las organizaciones internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), han intentado impulsar reformas en la capacidad de almacenamiento y destrucción de precursores químicos en Honduras, pero estos esfuerzos siguen enfrentándose a una resistencia interna. Si bien la comunidad internacional ha dejado clara su disposición para ayudar a Honduras, es evidente que el éxito de estas iniciativas depende de la voluntad política interna.

El futuro del combate al narcotráfico en Honduras es, en el mejor de los casos, incierto. La reducción drástica en las incautaciones de cocaína en 2023 refleja un debilitamiento en la efectividad del Estado para hacer frente a esta amenaza. La corrupción endémica, la crisis política y el desvío de recursos hacia el Estado de Excepción han permitido que el narcotráfico florezca en áreas sin ley. Si bien la comunidad internacional ha brindado apoyo sustancial, el cambio real debe provenir del propio gobierno hondureño. A menos que haya una reforma institucional significativa y un compromiso firme para erradicar la corrupción, el combate al narcotráfico en Honduras continuará siendo una batalla cuesta arriba, con pocas probabilidades de éxito.