Cuando el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal por el caso Sedesol, el gesto tuvo la forma clásica de una demostración de autoridad: cifras precisas, delitos enunciados con pulcritud jurídica, un relato administrativo que prometía orden más que ruido. L 6.0 millones, 67 transacciones, una secuencia de cheques, solicitudes y liquidaciones que —en el papel— permitían afirmar que el Estado, por fin, estaba reaccionando. El expediente parecía decir: aquí hay acción, aquí hay responsables, aquí hay institucionalidad.
Pero el problema de ese relato no está en lo que incluye, sino en todo lo que deja cuidadosamente fuera.
Leído con atención, el requerimiento fiscal no es una radiografía del modelo de poder que permitió el uso discrecional de fondos públicos, sino un encuadre conveniente del escándalo. El Ministerio Público decide intervenir en un tramo específico del circuito del dinero, con actores delimitados y un monto acotado, como si el desfalco fuera un episodio aislado del poder y no la expresión de una práctica clientelar más amplia, sostenida por decisiones políticas al más alto nivel, protección partidaria y silencios administrativos. Desde esa primera decisión (qué investigar y hasta dónde) el caso empieza a hablar menos de justicia y más de oportunidad.
Esa lectura se vuelve inevitable cuando se observa el contexto político en el que el requerimiento aparece. El fiscal general llega a este punto con una amenaza latente: la posibilidad de un juicio político impulsado desde el Congreso Nacional, con diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal cuestionando su selectividad, su credibilidad y su capacidad de sostener un Ministerio Público que no parezca subordinado a cálculos partidarios (del partido Libre). En ese escenario, el caso Sedesol no irrumpe como una sorpresa, sino como una respuesta defensiva.
El ex ministro de Sedesol José Carlos Cardona, antes de ingresar a su audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia, lo dijo sin rodeos. Para él, el caso “es una operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del fiscal general”, y lo que se está buscando no es esclarecer responsabilidades, sino sacrificar piezas prescindibles. “Yo soy descartable”, afirmó, y añadió que quien realmente estaba siendo utilizada como moneda de cambio era la diputada Isis Carolina Cuéllar. Cardona insistió en que durante meses pidió declarar ante el Ministerio Público y que se le negó esa oportunidad, y que ahora lo único que exige es defenderse en libertad, con las garantías constitucionales que —según él— le fueron negadas.
Más allá de la veracidad o no de su autodefensa, el valor político de esas declaraciones está en el relato: el caso no aparece como resultado de una investigación robusta y sostenida, sino como una acción tardía, activada cuando el fiscal ya no podía darse el lujo de seguir inmóvil.
Hugo Maldonado había colocó esa sospecha esta mañana. Desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuestionó abiertamente la debilidad del requerimiento, no solo por su alcance limitado, sino por el momento en que se presenta. Si las investigaciones —como se ha dicho— llevaban meses en curso, ¿por qué esperar tanto para actuar? ¿Por qué permitir que el tiempo juegue a favor de quienes tienen recursos, redes y capacidad para reorganizar bienes y blindar patrimonios? La pregunta no es menor, sabemos que en contextos de corrupción estructural el calendario también es una herramienta de poder.
Ramón Custodio llevó esa inquietud un paso más allá, conectando el caso con una discusión institucional más amplia. En el programa +conscientes de ICN Custodio reconoció el papel de los medios y de la investigación periodística como parte del “verdadero cuarto poder”, pero advirtió que la justicia selectiva no restaura democracia: la deforma. Señaló que se ha hablado con ligereza de juicios políticos contra otros funcionarios, poniendo como ejemplo la advertencia que vertió el diputado liberal Jorge Cálix contra el concejal Marlon Ochoa, pero no se ha hablado con la misma firmeza contra el fiscal general, a pesar de que (si el argumento es la defensa del orden democrático) su conducta también debería ser examinada. Custodio deja clara la idea de que el sistema está dispuesto a usar el discurso de legalidad ,solo cuando no amenaza a quienes controlan el tablero.
Aníbal Cálix, también en el programa +conscientes, desde una perspectiva más política, apuntó al mismo núcleo que señaló Custodio. El problema, dijo, no es solo si hay culpables individuales en el caso de Sedesol, sino si el Estado está dispuesto a romper con la lógica del actual fiscal de “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”. Si eso no ocurre, el resultado no será la justicia, sino administración del daño. Y en ese marco, un requerimiento fiscal limitado, como el que presentó el pasado 2 de febrero el fiscal Zelaya, puede cumplir perfectamente su función: calmar la indignación pública, ofrecer titulares de acción, y permitir que las estructuras que hicieron posible el desfalco sigan intactas.
Fernando Anduray fue aún más explícito en el programa. Para él, la permanencia del fiscal general es insostenible si el Ministerio Público se utiliza como herramienta de maniobra política. Habló de la necesidad de activar el juicio político no como venganza, sino como mecanismo constitucional frente a una institución que perdió credibilidad. En su lectura, casos como Sedesol no fortalecen al Estado si se usan para simular independencia, mientras se evita tocar los nodos reales de poder que sostienen la corrupción.
Vistas en conjunto, estas voces no construyen una teoría conspirativa, sino algo más simple y, por eso mismo, más perturbador: un patrón de comportamiento. El Ministerio Público actúa cuando la presión es insostenible, delimita su intervención para que sea visible pero controlable, y selecciona responsables que no comprometan al corazón del poder político. El resultado es un expediente que puede exhibirse como prueba de eficacia, pero que no amenaza el modelo clientelar que convirtió los fondos públicos en herramientas de lealtad partidaria.
El zelayismo, entendido no como una etiqueta ideológica, sino como una red concreta de poder, aparece en este esquema no como objeto central de investigación, sino como marco protegido. Los “cabos sueltos” son los que se sacrifican: funcionarios sin apellido pesado, operadores sin respaldo suficiente, figuras que pueden caer sin que el sistema tiemble. El mensaje implícito es claro: se castiga lo necesario para que todo lo demás permanezca igual.
La amenaza de juicio político contra el fiscal general funciona, entonces, como motor de esta puesta en escena. No es seguro que ese juicio prospere; de hecho, la aritmética parlamentaria y los pactos tácitos suelen convertir esas amenazas en retórica. Pero su sola existencia obliga al Ministerio Público a mover fichas, y el caso Sedesol parece haber sido la ficha elegida.
La pregunta que nos queda ahora no es si habrá condenas en este caso, ni siquiera si algunos culpables terminarán en prisión. La pregunta es si este proceso va a desarmar el modelo de poder clientelar que permitió el desfalco, o si solo servirá para ganar tiempo, recomponer imagen y cerrar filas. Hasta ahora, todo indica lo segundo.
Si el Ministerio Público no amplía el alcance de la investigación, si no sigue la ruta completa del dinero, si no conecta las decisiones administrativas con las decisiones políticas que las hicieron posibles, el caso Sedesol quedará como una pieza más del teatro institucional hondureño: suficiente para el comunicado, insuficiente para la historia. Y entonces, más que justicia, lo que estamos viendo es una operación de control de daños, diseñada para que el fiscal siga en su puesto y el sistema siga respirando, aunque sea con respiración asistida.
Ese es el riesgo mayor de fingir efectividad: no solo se pierde una oportunidad de hacer justicia real, sino que se consolida la idea de que, en Honduras, la ley se activa no cuando el poder abusa, sino cuando el poder se siente amenazado.