El mensaje esta claro, el veredicto de culpabilidad al ex-presidente Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), el pasado viernes 8 de marzo marca un antes y un después en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Lo dijo el fiscal general de New York, Damián Williams: “Tenía todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su natal Honduras. En su lugar, optó por abusar de su oficina y su país para su propio beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Espero sinceramente que este veredicto envíe un mensaje a todos los políticos corruptos que considerarían un camino similar: elegir de manera diferente. Mi oficina no se detendrá ante nada para investigar y procesar a los responsables de enviar veneno a esta comunidad, sin importar su estatus o poder político.”

El proceso criminal contra Hernández Alvarado marca la estrategia que piensa seguir ahora los Estados Unidos, en su guerra contra las drogas: atacar al poder político que fortalece a las bandas criminales, para desde allí desbaratar toda la estructura. No importa cuándo haya sido esa relación con el narcotráfico, si fue hace un año o hace dos décadas; si el político, en su asenso o ejercicio del poder recibió cualquier dinero, por parte de las estructuras del narcotráfico —por muy poca que sea la cantidad—, para hacer o dejar de hacer algo que le correspondía en el ejercicio de sus funciones, y así favorecer a intereses corruptos, serán procesados en Estados Unidos como parte de esas estructuras criminales.

Y no solo hablamos ya de narcotráfico. El parámetro se ha ampliado. Ahora hay, incluso, una ley que permite a los fiscales federales presentar cargos penales contra funcionarios de gobiernos extranjeros que soliciten o acepten sobornos de empresas estadounidenses. En su análisis Estados Unidos ha comprendido que la corrupción y el narcotráfico han debilitado las instituciones de nuestros países, y esa debilidad institucional se traduce en incapacidad para establecer las reformas sociales y políticas que permitan, a su vez, mejorar la calidad de vida de la población y, reducir así la migración que termina presionando en su frontera sur. Estados Unidos actúa entonces en su interés propio. Ellos saben, que su seguridad nacional depende de instituciones fuertes en Centro América y México.

La comunidad internacional invirtió, en las últimas décadas, gran cantidad de recursos para ayudar a los países de la región a fortalecer las instituciones encargadas de aplicar la justicia y, el esfuerzo fue en vano, pues terminó, al final de cuentas, chocando en la pared de la impunidad en donde todos los políticos corruptos se abrazan. La lección más clara la dejó el fracaso de la CICIG en Guatemala, cuando luego de procesar al presidente Otto Pérez Molina las élites se atrincheraron, desmontando la misión, retrocediendo en los pocos avances logrados con un alto costo en la vida de quienes desde el país creyeron que esa sería una oportunidad para construir una democracia más abierta e incluyente. Quizás el destino de Juan Orlando Hernández hubiera sido otro si no hubiera desmantelado la MACCIH, cuando vio el ejemplo de lo que acababa de suceder al vecino presidente.

Tienen razón ahora los políticos corruptos hondureño de estar preocupados. La vara que ha de medirlos es muy alta. Ni Juan Orlando, aliado fiel de los norteamericanos, leal en todo, fue capaz de saltarse a cerca. Todos aquellos mencionados en New York deben poner las barbas en remojo, pero más los expresidentes y sus familias, porque sus acciones están siendo escrutadas con mucho cuidado. No importa si creen que controlando la Corte Suprema y la Fiscalía hondureña van a salvarse de dar cuentas de los abusos y el desmoronamiento institucional, no importa si se sienten todo poderosos e intocables, la espada de Damocles pende sobre sus cabezas y es cuestión de tiempo para que sean, ellos también, llamados a rendir cuentas por sus acciones u omisiones.

En el año 104 AC, Cayo Mario, uno de los más grandes generales y políticos de la República Romana, derrotó a Jugurta, el rey de Numidia, antes un fiel aliado de décadas, de Roma. El historiador Salustio describió en su libro “La Guerra de Jugurta”, los eventos que llevaron a la captura del rey de Numidia por Boco I, rey de Mauritania. El Rey Jugurta fue paseado por Cayo Mario por las calles de Roma y luego ejecutado. El mensaje era claro a amigos y enemigos: “Que la caída de Jugurta sirva como recordatorio perpetuo de que la traición hacia Roma y sus aliados le llevará, inevitablemente, a la ruina.”