EL SECRETO PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO DE HONDURAS

La promesa de establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido una de las banderas más importantes del gobierno de Xiomara Castro y del Partido Libre. Desde el inicio, se sabía que materializar esta promesa requeriría capacidad política para construir consensos amplios con la oposición, especialmente en el Congreso Nacional, donde deben aprobarse reformas legales clave. A pesar de esta necesidad evidente, el gobierno optó por un camino lleno de hermetismo y secretividad.

La CICIH, que representa una esperanza para un país sumido en redes de corrupción, se ha convertido en un proceso encerrado en discusiones confidenciales. El gobierno, con sus acciones, ha limitado la transparencia, generando desconfianza entre los sectores críticos de la sociedad civil y los medios de comunicación. Este clima de incertidumbre alcanzó un nuevo punto álgido con la inclusión de Rixi Moncada al frente de las negociaciones con la ONU. Moncada, la super ministra, quien ya figuraba como precandidata presidencial del partido oficialista y que actualmente ocupa el cargo de ministra de Defensa, encarna la contradicción más profunda del proceso: la politización de un mecanismo que, por definición, debe ser independiente y alejado de intereses partidarios.

La decisión de colocar a Moncada al frente de las negociaciones, en diciembre de 2023, sucitó críticas tanto a nivel local como internacional. Desde un inicio se dijo que su papel como precandidata afectaría la percepción de imparcialidad en el proceso, pero lejos de revertir el curso se nombró al canciller Enrique Reina, otro de los encargados de la mesa negociadora, como el designado presidencial de Moncada, situación que profundiza aún más las dudas sobre la naturaleza apartidista del proceso.

La negociación de la ONU con el gobierno de Honduras tomó un giro polémico cuando el medio Contra Corriente publicó un artículo el 10 de diciembre recién pasado, donde citó declaraciones de Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU. En sus palabras, Mohammed respondió a una pregunta directa sobre los obstáculos para la instalación de la CICIH, señalando que los temas controversiales, como las leyes de inmunidad, suelen representar enormes barreras en la lucha contra la corrupción. Además, afirmó que prolongar las negociaciones solo permitiría que la impunidad creciera.

La reacción de la Oficina de la ONU en Honduras cuando se publicó ese artículo no se hizo esperar. En un comunicado oficial emitido el 12 de diciembre, la entidad aclaró que la vicesecretaria Mohammed no había concedido una “entrevista específica” sobre el tema y que sus comentarios correspondían a una reunión con periodistas, organizada bajo el marco de la beca Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship (RAF). Si bien el comunicado no señaló directamente a Contra Corriente, fue interpretado como un intento de desmentir el artículo.

En paralelo, el gobierno hondureño, a través del canciller y precandidato a designado presidencial Enrique Reina, calificó la publicación de Contra Corriente como “noticia falsa”, negando que la entrevista hubiese tenido lugar. La declaración de Reina no solo buscó desacreditar el trabajo periodístico del medio, sino que también ignoró el contenido del artículo, que incluía contexto, datos y opiniones de analistas sobre el estado actual de las negociaciones. En respuesta, el medio publicó la transcripción íntegra de la pregunta realizada por su periodista, Vienna Herrera, y la respuesta completa de Mohammed, dejando claro que las citas utilizadas fueron exactas y verificables.

El documento filtrado los últimos días sobre la CICIH, que inicialmente circuló en medios como Criterio.hn y luego fue comentado en el programa 30/30, confirmó muchas de las preocupaciones expuestas en el artículo de Contra Corriente. En particular, se destacan los siguientes puntos: la necesidad de derogar leyes de amnistía, la urgencia de reformas legales que permitan fortalecer la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, y la importancia de asegurar que el mecanismo sea verdaderamente independiente del gobierno en turno. La respuesta de altos oficiales del gobierno fue lamentar que el documento se haya filtrado a la prensa.

Esta situación expone la tensa relación entre el gobierno de Xiomara Castro, los medios de comunicación críticos y la sociedad civil. El proceso para instalar la CICIH, que alguna vez fue una promesa de cambio estructural, hoy enfrenta una crisis de confianza. La mezcla de secretividad, politización y ataques a la prensa ha puesto en duda el compromiso real del gobierno con la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, la ciudadanía hondureña observa con escepticismo cómo la posibilidad de tener una comisión independiente se diluye entre intereses políticos y declaraciones contradictorias.

Pongamos atención ahora en el mensaje de la vicesecretaria Mohammed que resuena con fuerza en este contexto: prolongar las negociaciones no solo retrasa la justicia, sino que permite que la impunidad siga creciendo, consolidándose como un obstáculo estructural en el tejido social del país. Para que la CICIH sea una realidad efectiva, será necesario reconstruir la confianza pública y garantizar que el proceso esté libre de intereses partidarios. En un momento en el que Honduras necesita con urgencia combatir la corrupción, las respuestas no pueden seguir esperando en el silencio de las negociaciones a puerta cerrada.