La escena, aunque casi nunca aparece en las noticias, ocurre con demasiada frecuencia. Una mujer llega a una posta policial para denunciar violencia doméstica. Ha pasado semanas, meses, quizá años soportando insultos, amenazas y golpes dentro de su propia casa. Finalmente decide acudir al Estado. Pero cuando llega a la estación policial le dicen que ahí no pueden tomarle la denuncia. Que debe ir a un juzgado especializado. En el juzgado le indican que primero debe pasar por el Ministerio Público. El recorrido termina donde comenzó: con una mujer que vuelve a su casa sin denuncia registrada.
Durante la conversación en el programa +conscientes, que se transmite por la cadena ICN en Tegucigalpa, la abogada y exdiputada Fátima Mena describió ese patrón con una frase que resume bien el problema institucional. Muchas mujeres llegan a denunciar y reciben una respuesta que termina por desalentarlas: “No, mire, aquí no tiene que ir. Vaya mejor al juzgado”. El resultado es casi inevitable. La víctima abandona el proceso antes de que siquiera comience.
Es una escena aparentemente menor. No produce titulares. Pero revela algo más profundo sobre el funcionamiento del Estado hondureño frente a la violencia contra las mujeres.
El asesinato que luego aparece en los noticieros rara vez es el primer episodio de violencia. Antes hay una cadena de agresiones que el sistema institucional nunca logró detener: insultos, control económico, golpes, amenazas que se repiten dentro del hogar durante meses o incluso años. Cuando finalmente ocurre un femicidio, suele presentarse como un hecho repentino. En realidad, suele ser el último eslabón de una historia larga de violencia.
Las cifras confirman esa continuidad. Cada año más de doscientas mujeres son asesinadas en Honduras, según los registros del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma. Eso equivale a una mujer asesinada cada 38 horas. Paralelamente, miles de denuncias por violencia doméstica ingresan al sistema judicial cada año. Muchas no superan las primeras etapas del proceso.
Hay que reconocer sin embargo que país lleva décadas intentando enfrentar el problema. Se han aprobado leyes, se han creado fiscalías especializadas, se han diseñado protocolos de atención, se han firmado compromisos internacionales. Sobre el papel, el marco institucional existe. Pero los resultados siguen siendo limitados.
Durante el programa, Mena formuló la paradoja con claridad: “No es que carezcamos de leyes. Carecemos de voluntad para implementarlas”. Ese vacío entre norma y práctica aparece en cada etapa del proceso institucional.
En la investigación criminal, por ejemplo, los problemas comienzan desde el primer momento. Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil, relató un caso que ilustra la precariedad de las investigaciones. En una investigación sobre la muerte de una niña, el equipo de medicina forense tardó varios días en llegar al lugar de los hechos. Cuando finalmente llegaron, el cuerpo ya había sido enterrado. Hubo que exhumarlo para obtener pruebas.
“Medicina forense tardó tres días en llegar”, explicó Sánchez durante la conversación en el programa. El retraso obligó a reabrir el duelo de la familia y debilitó el proceso investigativo. En muchos casos, añadió, la situación es aún peor. “Si tardan cinco días en llegar a algunos departamentos, muchas veces la familia ya no quiere continuar. —Dijo Sáncehez—, ya quieren enterrar a la hija y terminar con eso”.
Ese tipo de retrasos no es excepcional. Forma parte de la rutina institucional en un país donde las unidades forenses son escasas, los equipos de investigación son limitados y las distancias geográficas complican cualquier diligencia. Pero la debilidad institucional no explica todo.
Muchos casos se pierden antes de llegar a sentencia. Un estudio citado durante la conversación mostró que, de diez mujeres que denuncian violencia doméstica, solo cuatro logran completar el proceso judicial que establece medidas contra el agresor. Las demás abandonan el caso.
Las razones son múltiples. El costo económico de acudir repetidamente a tribunales. La presión familiar para evitar el escándalo. El temor a represalias. Y también la forma en que las instituciones reciben a las víctimas.
Sánchez describió escenas que se repiten con demasiada frecuencia. Cuando una mujer llega a denunciar, el primer mensaje que recibe no siempre es de protección. “Lo primero que les dicen es: ‘¿Está segura de lo que está diciendo? Porque si no puede ir presa’”.
La advertencia pretende prevenir denuncias falsas, pero el efecto suele ser otro: intimidar a la víctima. El sistema institucional termina convirtiéndose en una segunda experiencia de violencia.
Ese fenómeno tiene un nombre en la literatura jurídica: revictimización. La víctima no solo enfrenta el daño inicial, sino también el desgaste psicológico y burocrático de demostrar lo ocurrido ante un sistema que con frecuencia desconfía de su relato. A ese problema se suma otro elemento más profundo: la cultura institucional.
Durante la conversación surgió la idea de que el machismo no se limita a la sociedad. También atraviesa las instituciones del Estado. Mena lo planteó sin rodeos: “Cuando hablamos de cultura machista no hablamos solo del ciudadano. Está dentro de las mismas instituciones”.
Ese machismo institucional adopta formas sutiles. Presupuestos reducidos para programas de género. Escasa capacitación de funcionarios. Falta de sensibilidad en la atención a víctimas. En otros casos adopta formas más directas.
Sánchez describió cómo la policía suele intervenir en conflictos domésticos intentando calmar la situación sin activar los mecanismos legales correspondientes. “En vez de actuar como autoridad, le dicen al hombre: ‘Tranquilo, váyase’, y lo acompañan hasta la salida”.
La escena puede parecer trivial, pero revela una lógica institucional donde la violencia doméstica se interpreta como un conflicto privado más que como un delito. La normalización de la violencia es uno de los problemas más difíciles de desmontar.
En el programa +conscientes se mencionó un fenómeno que rara vez aparece en informes oficiales: la sociedad hondureña ha ajustado sus expectativas de seguridad a niveles extremadamente bajos. Barrios donde se considera seguro vivir siempre que se respeten ciertas reglas impuestas por actores armados. Comunidades donde la violencia se interpreta como parte inevitable de la vida cotidiana. Esa misma normalización aparece cuando una mujer es asesinada.
La conversación pública suele girar rápidamente hacia preguntas que desplazan la responsabilidad hacia la víctima. Por qué estaba sola. Por qué salía de noche. Por qué se vestía de cierta manera.
Mena recordó un comentario que escuchó tras un caso reciente, de una chica que fue asesinada por un “pretendiente” en la costa norte. “Decían que eso le pasó porque andaba sola”, cuenta Mena. La frase revela una lógica social donde la libertad de movimiento de las mujeres se percibe como un riesgo que ellas mismas provocan.
Y la violencia contra las mujeres no está solo en los espacios domésticos y en la calle, también aparece en un espacio menos visible: en la política.
Durante el programa, las invitadas describieron experiencias que muestran cómo el poder político puede convertirse en un entorno hostil para las mujeres. Exclusión de espacios de decisión, ataques personales, cuestionamientos sobre su vida privada, campañas de desprestigio en redes sociales.
Mena relató cómo, siendo jefa de bancada en el Congreso, se le negó repetidamente la palabra en debates donde otros líderes políticos sí podían intervenir. La violencia política busca disciplinar, explicó. Reducir la presencia femenina en espacios de poder.
“Lo que buscan es neutralizar nuestro ejercicio de derechos políticos”, señaló Fátima Mena.
El resultado es una paradoja que se observa en muchos países de la región. Hay más mujeres en cargos públicos que en el pasado, pero las prácticas políticas siguen dominadas por dinámicas que dificultan su participación.
Volviendo al problema central, la persistencia de la violencia contra las mujeres en Honduras no se explica por un único factor. Es el resultado de una combinación de debilidades institucionales, prácticas culturales arraigadas, impunidad judicial y falta de voluntad política sostenida. Está claro que la creación de nuevas instituciones no ha sido suficiente para detener el problema.
Durante las últimas décadas se han multiplicado las unidades especializadas, las políticas públicas y los programas de género. Pero muchas veces esas estructuras funcionan más como símbolos institucionales que como herramientas efectivas de transformación. Se crean oficinas. Se redactan protocolos. Se anuncian estrategias. Pero nada cambia para las mujeres. El funcionamiento cotidiano del sistema sigue operando bajo las mismas lógicas culturales y burocráticas.
Cambiar esa dinámica requiere algo más complejo que aprobar nuevas leyes. Implica transformar la forma en que funcionan las instituciones, cómo se forman los funcionarios y cómo la sociedad entiende la violencia. También implica reconocer que la violencia contra las mujeres no es un problema sectorial.
Volvamos al caso que expuso Fátima Mena al inicio del programa: la mujer que llegó a la posta policial y no recibió la atención urgente que necesitaba. Volvió a su casa. La denuncia no se tomó. El trámite quedó inconcluso en algún escritorio. El expediente nunca comenzó a existir. Ella regresa al mismo lugar del que salió horas antes, al mismo ambiente de tensión, al mismo silencio que rodea muchas veces la violencia dentro del hogar. Esta no es una escena extraordinaria. Es, en realidad, una de las más comunes en la vida cotidiana del país. Aquella mujer comprendió que regresaba con una advertencia implícita, que nadie la protegerá si la amenaza se cumple.
Muchas veces —demasiadas veces— el agresor termina cumpliendo lo que prometió. Entonces el caso vuelve a aparecer en la escena pública, pero ya no como una denuncia ignorada sino como una muerte violenta. El Estado entra en acción cuando ya es tarde para salvar la vida que pudo haber protegido. Se abre una investigación. A veces se logra una captura. En un pequeño porcentaje de casos hay una condena.
Y el problema no termina ahí. Cuando una mujer es asesinada, el impacto no se limita al crimen. La familia pierde una figura central en la organización del hogar. Los hijos quedan huérfanos o crecen rodeados por una herida que marcará su vida durante décadas. Muchos cargan con traumas que se transmiten a la siguiente generación, con una violencia aprendida que puede reaparecer diez o veinte años después.
La comunidad también pierde algo difícil de medir. Gran parte del tejido social —la organización del barrio, el cuidado de los niños, las redes de apoyo— descansa sobre el trabajo invisible de las mujeres. Cuando una de ellas desaparece, ese entramado se rompe.
Cada muerte violenta de una mujer no termina en la escena del crimen. Se prolonga durante años en los hogares que quedan fracturados, en los hijos que crecen con miedo, en las comunidades que pierden uno de sus puntos de equilibrio. El problema no es únicamente moral ni jurídico. Es estructural.
Mientras el Estado continúe reaccionando solo después de la tragedia, las historias seguirán comenzando de la misma manera: con una mujer que llega a denunciar violencia y se encuentra con una puerta cerrada. Y seguirán terminando de la misma manera: con una muerte que pudo haberse evitado y con una sociedad condenada a cargar durante décadas el dolor que deja cada una de esas ausencias.