El avión aterriza en la base aérea de Palmerola poco antes del mediodía. Los pasajeros bajan en fila, algunos con una bolsa plástica, otros con la misma ropa con la que salieron del país semanas o meses atrás. Entre ellos hay hombres jóvenes (la mayoría), pero también mujeres y menores. En la primera quincena de enero de 2026 llegaron así 1,528 hondureñas y hondureños deportados. El año anterior, casi 43,000 fueron retornados desde Estados Unidos y México. El ochenta por ciento eran hombres en edad productiva.
Cada llegada es un evento administrativo para el Estado. Para el país, sin embargo, es otra cosa: un recordatorio físico de su economía invisible. Honduras tiene alrededor de 1.8 millones de ciudadanos viviendo en Estados Unidos, legales e indocumentados. Las remesas que envían superaron los 12,200 millones de dólares el año pasado, más de una cuarta parte del producto interno bruto.
La escena del retorno y la escena del envío de dinero forman parte del mismo sistema. Uno trae de vuelta a quienes no pudieron quedarse. El otro sostiene a quienes permanecen.
En febrero, el U.S. Department of Homeland Security publicó un mensaje que condensaba esa relación en términos políticos: el cinco por ciento de los hondureños habría ingresado ilegalmente en los últimos años; miles de millones de dólares salen de la economía estadounidense hacia Honduras; ese flujo —sugería el texto— “socava la prosperidad” del país receptor.
María Fernanda Boozmosky, via zoom
El dato más llamativo, el cinco por ciento, proviene de los encuentros registrados por la Patrulla Fronteriza. Pero, como explicó durante el programa la analista regional María Fernanda Boozmosky, del Atlantic Council, esos números no equivalen a personas establecidas en Estados Unidos. Incluyen detenciones múltiples, expulsiones inmediatas y procesos que nunca llegan a convertirse en residencia efectiva. Son una medida de presión migratoria, no de asentamiento.
La diferencia es técnica. El efecto del mensaje no lo es.
El texto del DHS no estaba dirigido a Honduras. Estaba dirigido al electorado estadounidense. Boozmosky lo describió con precisión: “Es una narrativa que responde al debate político interno. El objetivo es mostrar control y vincular migración con impacto económico”.
El contexto es la doctrina America First del presidente Donald Trump, donde la migración ya no se discute principalmente en términos humanitarios o de seguridad fronteriza, sino como un problema fiscal y de mercado laboral. En esa lógica, las remesas aparecen como dinero que se va. Lo que desaparece del encuadre es el origen de ese dinero: trabajo en construcción, agricultura, servicios y cuidado, sectores donde la economía estadounidense depende estructuralmente de mano de obra migrante.
Pero si el mensaje estaba diseñado para consumo doméstico, sus efectos políticos se sienten en Tegucigalpa.
El presidente Nasry Asfura gobierna sobre una paradoja que ningún discurso puede resolver. Las remesas sostienen el consumo interno, estabilizan la balanza de pagos y amortiguan el desempleo. Al mismo tiempo, esa dependencia convierte cada giro en la política migratoria de Washington en un riesgo macroeconómico.
Durante el programa, Arthur Estopinan, con casi tres décadas en el Congreso estadounidense, fue directo: “En Washington, el tema migratorio hoy se mide en términos de control y resultados visibles. La presión política es interna, no externa”.
Arthur Estopinan e Itsmania Platero
La traducción de esa presión ya se ve en el terreno. Más operativos de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), más procesos de deportación acelerada, más incertidumbre alrededor del Estatus de Protección Temporal. No se trata de un cambio abrupto, sino de un clima político que empuja en una sola dirección.
Para Asfura, el margen de maniobra es estrecho.
Externamente, necesita mantener a Honduras como un socio útil: cooperación en control migratorio, combate al tráfico de personas, coordinación en seguridad. Internamente, necesita que el flujo de remesas no se interrumpa y que los retornos no se conviertan en una crisis laboral o de seguridad.
Itsmania Platero ha trabajado durante años en el tema migratorio, en el programa introdujo una dimensión que suele quedar fuera del debate económico. “Cada vez más personas no migran por ingresos, sino por protección. En muchos casos, volver no es una opción segura”. Recordó como 16 personas deportadas han sido asesinadas al volver a Honduras.
Ese matiz importa. Porque el endurecimiento de la política migratoria no reduce necesariamente la presión de salida. Solo aumenta el número de retornos forzados y el tiempo que esas personas permanecerán en un país que ya no pudo retenerlas una vez.
El equilibrio que busca Asfura depende de variables que no controla. La economía hondureña necesita crecimiento sostenido para reducir la expulsión. Eso requiere inversión. La inversión requiere seguridad jurídica y física. La estabilidad social depende del empleo. El empleo depende del crecimiento. Cada una de esas condiciones toma años. La presión política de Washington opera en ciclos electorales. Tiempo es lo que no hay.
Itsmania Platero y Óscar Estrada en +conscientes
Mientras el gobierno intenta reforzar su interlocución con la Casa Blanca y contener expectativas internas sobre TPS o acuerdos especiales, la realidad se mide en cifras mensuales. En 2025, las deportaciones aumentaron casi un veinticinco por ciento respecto al año anterior. Cada retorno es un trabajador menos enviando dinero y un nuevo buscador de empleo en un mercado que ya estaba saturado.
El mensaje del DHS puede leerse como propaganda doméstica. También puede leerse como una advertencia estructural. Honduras aparece en la conversación migratoria estadounidense no como un socio en desarrollo, sino como una fuente de presión económica y demográfica.
En Palmerola o en San Pedro Sula los vuelos siguen llegando. Los hombres que bajan tienen entre veintiuno y cuarenta años, el grupo más productivo de la economía. Muchos volverán a intentar salir. Otros se quedarán, compitiendo por trabajos que no existen.
En Estados Unidos, los operativos de ICE continúan. Las redadas no siempre aparecen en grandes titulares todos los días, pero el efecto es acumulativo: detenciones en lugares de trabajo, procesos acelerados, salidas silenciosas.
El ciclo comienza mucho antes del viaje y termina mucho después del retorno. Empieza en Honduras, donde la falta de empleo, la inseguridad o la simple imposibilidad de sostener a una familia empujan a miles de personas a salir. Continúa en Estados Unidos, donde esos mismos migrantes encuentran trabajo en sectores que dependen de su mano de obra y desde donde envían remesas que sostienen hogares, comunidades y una parte decisiva de la economía nacional. Pero ese flujo humano y económico también entra en el debate político estadounidense, donde la migración se convierte en un tema de control, costos y seguridad. Cuando el clima político se endurece, llegan los operativos, las detenciones y los procesos de deportación. Entonces el ciclo se cierra en Honduras, con los vuelos de retorno que devuelven a un mercado laboral frágil a quienes el propio país no pudo retener y que el otro ya no está dispuesto a absorber. En Tegucigalpa, el gobierno intenta navegar entre esas dos realidades: una economía que depende de los que se fueron y una política internacional que comienza a cerrarse sobre los que aún están allá.