El 20 de enero, Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca con un mensaje claro: esta vez no habrá medias tintas. Su administración, apenas instalada, ya está moldeando un nuevo enemigo interno y externo. Durante años, la narrativa sobre Venezuela estuvo enmarcada en la lucha contra el socialismo, en la retórica del dictador corrupto y la crisis humanitaria. Pero en las últimas semanas, la historia ha cambiado. Ahora, en el discurso oficial de la administración Trump, Venezuela ya no es solo un Estado fallido, sino una base de operaciones criminales que amenaza directamente la seguridad de Estados Unidos. No es coincidencia que, en cuestión de días, su gobierno haya designado al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera y haya publicado desde las redes oficiales de la presidencia un artículo que advierte sobre la colusión entre el gobierno de Biden y el crimen organizado. La pieza clave de este cambio narrativo es una idea poderosa: Biden no solo dejó que la crisis venezolana creciera, sino que la facilitó.

El parole humanitario que Biden otorgó a más de 500,000 venezolanos ha pasado de ser una medida migratoria a convertirse en el eje central de la teoría de que el gobierno demócrata facilitó la entrada de criminales a Estados Unidos. El equipo de Trump está construyendo un relato en el que la migración venezolana no es solo una crisis humanitaria, sino un mecanismo de guerra híbrida. En este marco, el Tren de Aragua no es solo una pandilla peligrosa, sino una fuerza irregular enviada deliberadamente por el régimen de Maduro para infiltrarse en Estados Unidos. Esta idea es clave para lo que está por venir. Porque si la crisis migratoria es vista como una invasión criminal, entonces Trump tiene la justificación perfecta para actuar sin restricciones. De ahí que haya firmado una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, lo que permite la detención y deportación de venezolanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado sin necesidad de juicio.

El problema es que la idea de que la migración es una estrategia de guerra no se sostiene en los hechos. La gran mayoría de los venezolanos que llegaron a Estados Unidos lo hicieron huyendo precisamente del Tren de Aragua, no en complicidad con él. Pero en la lógica de la administración Trump, los matices no importan. Lo que importa es que esta retórica le permite justificar medidas extremas.

El cambio de narrativa no se detiene en la migración. Trump ha vinculado directamente al gobierno de Biden con el fortalecimiento del crimen organizado en Venezuela. La premisa es simple y efectiva: Biden suspendió sanciones contra Maduro y permitió el acceso al petróleo venezolano, lo que dio un respiro financiero al régimen. Ese dinero, según el equipo de Trump, no solo salvó al chavismo, sino que fortaleció las redes de narcotráfico del Cártel de los Soles. En esta historia, el enemigo ya no es solo Maduro, sino la administración anterior que le facilitó el terreno para expandir su influencia.

Y si esto suena como el tipo de narrativa que justifica una política agresiva, es porque lo es. Con este marco, Trump no solo puede reinstaurar sanciones más duras, sino que puede justificar acciones directas contra Venezuela, como bloqueos económicos más severos o incluso medidas de carácter militar encubierto. El mensaje es claro: Biden no solo fue débil, fue cómplice. Y Trump ha venido a corregir eso.

Pero quizás la pieza más desconcertante en este rompecabezas sea la repentina rehabilitación de Juan Orlando Hernández. Hasta hace unos meses, JOH era el ejemplo perfecto de un aliado de Estados Unidos que traicionó la confianza de Washington al encabezar un narcoestado. Su condena a 45 años de prisión en Nueva York fue vista como una prueba de que la DEA y el Departamento de Justicia seguían comprometidos con la lucha contra la corrupción en América Latina. Pero en la nueva narrativa de Trump, todo eso se está reescribiendo.

Roger Stone, un hombre con acceso directo al círculo cercano del presidente, ha calificado a JOH como un prisionero de guerra, un líder que combatió al crimen organizado y fue traicionado por la administración Biden. El artículo publicado por The Daily Caller, que Trump amplificó en sus redes oficiales, refuerza esta visión: JOH no era parte del problema, sino un aliado clave en la lucha contra los carteles. Si esta línea se mantiene, un indulto presidencial para Juan Orlando Hernández podría estar en el horizonte. Esto no sería solo un gesto simbólico. Sería una declaración de guerra contra la política exterior de Biden y una advertencia a los líderes de derecha en América Latina: Estados Unidos vuelve a estar abierto para los aliados dispuestos a seguir la línea trumpista, sin importar su historial de corrupción o narcotráfico.

Lo que estamos viendo es un reacomodo completo de la doctrina Trump en la región. Su administración está presentando la lucha contra el crimen organizado como una nueva forma de guerra y está moldeando la política exterior bajo esa lógica. En este nuevo marco, la migración no es una crisis, sino una invasión criminal organizada por el chavismo. El Cártel de los Soles no es solo un grupo narcotraficante, sino una herramienta del Estado venezolano para atacar a Estados Unidos. Biden no fue solo un presidente blando, sino un facilitador del crimen transnacional. Juan Orlando Hernández no es un criminal, sino un aliado traicionado por una administración corrupta.

Si Trump mantiene esta línea, las consecuencias serán profundas. Podemos esperar el retorno de sanciones duras contra Venezuela, pero también un enfoque mucho más radical en temas migratorios, con deportaciones masivas, endurecimiento del asilo y arrestos preventivos de migrantes venezolanos. También podríamos ver una presión diplomática extrema contra gobiernos de izquierda en la región, acusándolos de estar coludidos con el narcotráfico y facilitando medidas de intervención encubierta. Y, quizás lo más significativo, podríamos ver un uso aún más agresivo del Departamento de Justicia para redefinir qué líderes en América Latina son aliados y cuáles enemigos.

Desde la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que su regreso no es solo para continuar su primera administración. Esta vez, quiere reescribir las reglas del juego. El problema es que, en su cruzada por “limpiar el patio trasero”, los límites entre el crimen, la política y la guerra se están desdibujando de una manera peligrosa.