Las palabras de Xiomara Castro, de esta mañana, no cayeron en saco roto ni fueron una frase improvisada. Cuando declaró abiertamente que el proceso electoral está “marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular”, y cuando lo calificó como un “golpe electoral en curso”, la presidenta cruzó una frontera muy clara: dejó de comportarse como la jefa de Estado que tiene la obligación constitucional de garantizar una transición pacífica y ordenada, y se colocó sin medias tintas del lado de quienes buscan, a como dé lugar, deslegitimar un resultado electoral en el que su partido fue derrotado de forma aplastante y sin lugar a dudas.

No fue un comentario de pasillo ni una declaración captada por un micrófono abierto. Lo dijo este día en Catacamas, Olancho, durante la inauguración de un proyecto social; transmitido por Canal 8 (el canal del Estado) y, acto seguido, el mensaje fue amplificado de manera coordinada por su gabinete y por las principales figuras de la campaña perdedora, con Enrique Reina al frente como vocero estrella. No fue una opinión personal expresada de manera espontánea, sino una pieza de comunicación política cuidadosamente diseñada, emitida desde los aparatos del Estado, convertida en mensaje institucional, que será luego repetida como dogma por todo el oficialismo. El gobierno entero se alinea ahora detrás de la tesis del “golpe electoral” usando los recursos públicos para instalarla.

No se trata entonces de una simple consigna para levantar ánimos en la militancia. Al hablar explícitamente de “nulidad” del proceso, apoyándose en unos audios que nadie serio ha autenticado y en acusaciones de manipulación del sistema de transmisión que siguen sin una sola prueba sólida, lo que está haciendo la presidenta es construir, ladrillo por ladrillo, el relato que le permita no reconocer el veredicto de las urnas y, al mismo tiempo, sembrar en la opinión pública la idea de que Honduras está frente a un fraude estructural orquestado desde afuera. Esa narrativa tiene un propósito muy concreto: abrir, aunque sea de forma simbólica o retórica, la puerta para resistir, bloquear o condicionar la entrega del poder.

Y esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. Es la culminación de una estrategia que Libre viene ejecutando desde muchos meses antes de la elección: el boicot constante a los organismos electorales, la parálisis deliberada del pleno del CNE, la persecución política abierta contra consejeros y magistrados del TJE que no se alineaban (Cossette López es el caso más visible), y la creación permanente de un clima de sospecha, una vez que se vieron incapaces de controlar el TREP. El libreto estaba escrito con anticipación: si ganábamos, todo bien; si perdíamos, entonces fue conspiración extranjera y instituciones cooptadas.

Pero los números son crueles y no mienten. Libre pasó de 1.7 millones de votos en 2021 a apenas 650 mil ahora. De 50 diputados a alrededor de 30. Su candidata presidencial terminó en un lejano tercer lugar, superada con mucha diferencia por los dos principales contendientes opositores. No fue una elección cerrada, no fue un resultado dudoso: fue un rechazo masivo y contundente del electorado a un gobierno que llegó prometiendo refundar el país y terminó entregando desgobierno, confrontación permanente y un deterioro institucional que se ve (aún) a simple vista.

Frente a esa evidencia tan contundente, la narrativa del fraude no busca explicar la derrota: busca anularla por completo. Convertir un castigo ciudadano clarísimo en una operación oscura tramada desde el extranjero permite evitar el debate incómodo sobre la gestión de Libre, sobre su desgaste rapidísimo, sobre el desencanto de sus propias bases y sobre la enorme distancia que hubo entre el discurso de la “refundación” y la realidad cotidiana del poder.

Lo más preocupante de todo es que esta vez la presidenta decidió no mantenerse al margen de esa maniobra partidaria. Xiomara Castro todavía conserva un capital de afecto personal en sectores que ya no apoyan ni al gobierno ni al partido. Su imagen sigue asociada a la resistencia del 2009, a la dignidad de quien acompañó a su esposo en el exilio y enfrentó el golpe con la cabeza en alto. Esa legitimidad personal es prácticamente lo único que le queda al proyecto de Libre que aún genera respeto. Al abrazar sin reservas la tesis del “golpe electoral”, la presidenta está poniendo en riesgo ese capital simbólico para defender un relato que solo le sirve a la franja más radicalizada de la militancia, no a la democracia ni al lugar que ella misma quiere ocupar en la historia.

Además, el discurso revela una confusión peligrosísima entre soberanía y rechazo de la legalidad. Cuando dice que “la soberanía no se negocia” y que “la democracia no se entrega”, está insinuando que aceptar el resultado electoral sería equivalente a rendirse ante una injerencia externa. Eso es profundamente antidemocrático: en una república, la soberanía se expresa justamente a través del voto libre del pueblo; desconocer las urnas en nombre de la soberanía es una contradicción que no resiste el menor análisis.

Y lo hace en el peor contexto internacional posible. Estados Unidos ya dijo oficialmente que no observa indicios de fraude. La OEA ha sido crítica con los desórdenes del proceso, pero no respalda en absoluto la idea de una manipulación estructural. La Unión Europea exige pruebas técnicas verificables, no audios sin peritaje ni discursos encendidos. Ni la CELAC ni la ONU van a salir a avalar denuncias que no traigan un solo elemento comprobable. El guion del fraude que la presidenta recita mencionando a todos los organismos internacionales no va a encontrar eco más allá de la propia militancia oficialista.

Ese es el verdadero peligro: la presidenta está hablando para una audiencia que ya no decide el rumbo del país —la base dura de Libre— mientras ignora por completo el contexto externo, que es absolutamente adverso a cualquier intento de ruptura institucional. Hoy no existe un entorno regional que legitime desconocimientos electorales sin pruebas contundentes, y menos todavía cuando el gobierno que denuncia es el mismo que debilitó adrede las instituciones electorales.

El daño puede ser irreparable. Internamente, la historia del fraude no detiene la hemorragia de apoyo ni reconstruye credibilidad. Externamente, aísla al país y deja a la presidenta en una posición cada vez más insostenible frente a una comunidad internacional que terminará reconociendo el proceso como imperfecto pero válido. La distancia entre el discurso oficial y la realidad verificable se hará cada vez más grande y más evidente.

Cada vez que Xiomara Castro repite la frase “golpe electoral” sin mostrar una sola prueba sólida, no está defendiendo la democracia ni a Honduras: se está colocando ella misma en el bando de quienes no aceptan el veredicto popular en un sistema que ella misma administró. En lugar de preservar su rol histórico como garante de la transición, empieza a ser vista como una líder partidaria derrotada que no tolera perder.

El mayor riesgo no es solo para Libre, que ya entró en un colapso del que le costará años salir, sino para la propia presidenta. Si sigue aferrada a un discurso tan alejado de los hechos y tan alineado con una estrategia antidemocrática, puede terminar atrapada en la paradoja más dolorosa: haber emergido en 2009 como símbolo de la defensa del voto popular, para terminar en 2025 convertida en la figura que pide desconocerlo cuando el voto no le favorece.

Esa sería la herencia más triste y más amarga para quien siempre quiso pasar a la historia como ícono de la resistencia democrática hondureña.