La conversación sobre reformas electorales comenzó en el estudio de ICN con un tono técnico. El objetivo del programa +conscientes era sencillo en apariencia: discutir qué cambios podrían aprobarse este año en el Congreso Nacional para evitar una nueva crisis como la que siguió a las elecciones de 2025. Pero mientras avanzaba la entrevista, el debate se desplazó lentamente hacia otro terreno. Hacia el final, ya no se hablaba solo de normas o procedimientos. Se hablaba de responsabilidades.
Y en medio del programa, mientras los invitados discutían sobre tecnología, gobernabilidad del Consejo Nacional Electoral y los límites políticos del Congreso, ocurrió algo que terminó de situar la conversación en su verdadero contexto. Dos de las tres consejeras del CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, publicaron mensajes en la red X que describían lo ocurrido en el proceso electoral como un intento deliberado de bloquear la declaratoria de resultados y advertían sobre negociaciones políticas para evitar consecuencias.
El debate que había comenzado como un análisis institucional se convirtió, de pronto, en el reflejo de una crisis aún abierta.
Las elecciones de 2025 no produjeron un colapso del sistema electoral. Produjeron algo más difícil de reparar: una erosión de la confianza en su capacidad para resistir presiones políticas. Retrasos en la transmisión de resultados, conflictos públicos entre consejeros, cuestionamientos sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la logística y una escalada de acciones judiciales y mediáticas crearon un ambiente de incertidumbre que se prolongó durante semanas.
La legislación vigente —la Ley Electoral aprobada en 2021— había sido diseñada precisamente para evitar una crisis como la de 2017. El nuevo modelo sustituyó al Tribunal Supremo Electoral por un Consejo Nacional Electoral colegiado y creó el Tribunal de Justicia Electoral como instancia independiente. El diseño buscaba equilibrio político y controles cruzados. Pero el equilibrio, en la práctica, se transformó en parálisis.
Julio Larios, especialista en transformación digital y uno de los invitados del programa, resumió el problema desde el inicio: “Cada cuatro años hay una crisis. Alguien no acepta los resultados. Eso se repite siempre porque nuestro sistema electoral tiene vicios de raíz que nunca van a permitir que haya una elección donde nadie pueda objetar los resultados”.
Su diagnóstico fue directo. El proceso electoral, explicó, está controlado por los propios partidos que compiten. “Usted es juez y parte. Ese es el principal motivo de todos los males”.
La afirmación no era nueva. Desde la transición electoral de los años ochenta, la lógica de reparto partidario ha sido el mecanismo informal de gobernabilidad del sistema. Pero lo que en otros momentos funcionó como equilibrio hoy aparece como una fuente de vulnerabilidad: cada decisión administrativa se interpreta como un movimiento político.
El abogado Germán Lobo, el segundo invitado, ofreció una lectura complementaria. Para él, el deterioro no proviene únicamente del diseño interno del CNE, sino del entorno institucional que lo rodea. “El debilitamiento del órgano electoral viene de afuera y de adentro también”, dijo. “Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, el mismo órgano electoral… todo eso terminó afectando el proceso”.
Entre ambos diagnósticos apareció el primer punto de coincidencia: la crisis no es normativa. Es política.
A mitad del programa, cuando la discusión giraba en torno a la necesidad de blindar la gestión del proceso, apareció el primer mensaje de Cossette López.
“JUICIOS POLÍTICOS”, escribió en mayúsculas. El texto advertía que quienes negociaran para evitar responsabilidades por lo ocurrido en las elecciones de 2025 serían “autores directos de la prolongación y recrudecimiento de la crisis democrática”. Añadía una referencia personal: más de 105 días sin respuesta judicial a sus reclamos.
Poco después, Ana Paola Hall publicó un mensaje de respaldo. “Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, escribió. “No fueron hechos aislados, fue un intento deliberado de quebrantar el orden democrático”.
Las dos consejeras coincidían en algo más que en la solidaridad. Ambas situaban la crisis en el terreno de la responsabilidad política y advertían que, sin precedentes claros, los hechos podrían repetirse.
En el estudio, la conversación tomó un giro inevitable.
El tema de los juicios políticos había aparecido antes, pero como una posibilidad remota. La Constitución, en sus artículos 205 y 234, faculta al Congreso para iniciar procesos contra altos funcionarios por conductas que afecten el orden constitucional. En el caso del sistema electoral, las discusiones posteriores a la crisis incluyeron posibles responsabilidades de consejeros, autoridades del Ministerio Público y funcionarios vinculados a la seguridad del proceso.
Pero el Congreso no ha actuado.
Lobo lo planteó en términos políticos. “Después de lo que se vivió el 30 de noviembre, la sociedad hondureña ha confiado en los dos partidos mayoritarios. No es que quieran hacer reformas. Es que tienen que hacerlas. Si no lo hacen, van a pagar la factura política”.
El argumento supone que existe un incentivo para el cambio. Larios, en cambio, sugirió lo contrario. “Si el Congreso es político, va a hacer cálculos políticos. Y si los órganos electorales son políticos, entonces no van a querer un sistema que les quite control”.
La tensión entre ambas visiones refleja el problema central del momento: la reforma electoral depende de actores cuyo poder se vería limitado por esa misma reforma.
En el debate público, las propuestas se concentran en tres temas: segunda vuelta presidencial, rediseño del CNE y cambios en la tecnología de transmisión de resultados. Pero en el programa, los invitados coincidieron en que ninguna de esas medidas, por sí sola, resuelve el problema de fondo.
“La segunda vuelta no resuelve nada”, dijo Larios. “Si alguien cree que le robaron la primera, va a decir lo mismo en la segunda”.
Lobo planteó la misma idea desde otro ángulo. Antes de discutir nuevos mecanismos, dijo, es necesario revisar todo el marco institucional: el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, la capacidad del Ministerio Público para investigar delitos electorales, el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral y la efectividad de la Unidad de Política Limpia.
La crisis de 2025 expuso fallas en todos esos niveles.
La Constitución establece, en el artículo 272, que las Fuerzas Armadas deben garantizar el transporte y custodia del material electoral. Durante el proceso, esa función fue objeto de cuestionamientos públicos. El artículo 233 define la responsabilidad de los funcionarios públicos por abuso de autoridad. Ninguna investigación relevante ha avanzado bajo esa figura.
El sistema, en otras palabras, no solo mostró vulnerabilidades operativas. Mostró la ausencia de consecuencias.
En este punto, los mensajes de las consejeras adquirieron un peso distinto. No eran una reacción aislada a una controversia interna. Eran una advertencia sobre el costo político de cerrar el ciclo sin responsabilidades.
El programa terminó con una pregunta abierta: ¿habrá reformas electorales?
Pero la discusión que se había desarrollado durante más de una hora sugería otra pregunta, menos visible y más decisiva: ¿puede el sistema reformarse sin reconocer lo ocurrido?
La experiencia comparada ofrece una respuesta indirecta. Las reformas electorales que logran restaurar confianza suelen ir acompañadas de investigaciones, sanciones o al menos de un reconocimiento institucional de las fallas. Sin ese proceso, los cambios legales se perciben como ajustes técnicos en un conflicto no resuelto.
En Honduras, el calendario complica aún más el escenario. El actual CNE fue electo por cinco años. Le corresponde organizar las próximas elecciones primarias y convocar a las generales. Las reformas que se aprueben este año deberán implementarse bajo la conducción del mismo órgano cuya legitimidad está en discusión.
“Ese es uno de los peligros que nadie está viendo”, advirtió Lobo. Cambiar las reglas sin reconstruir la confianza en quienes las ejecutan puede trasladar la crisis al siguiente proceso.
La política hondureña ha desarrollado una relación cíclica con las reformas electorales. Después de cada elección conflictiva, surge un consenso temporal sobre la necesidad de cambios. Luego el impulso se diluye entre cálculos partidarios y prioridades legislativas. El siguiente proceso vuelve a exponer las mismas debilidades.
Lo que distingue el momento actual es la simultaneidad de tres debates: la reforma legal, la legitimidad del órgano electoral y la responsabilidad por la crisis reciente.
Los mensajes de Hall y López introducen un elemento que el debate técnico tiende a evitar: la crisis no terminó con la declaratoria de resultados. Continúa en el terreno institucional y político.
Si el Congreso decide avanzar solo en reformas operativas —tecnología, procedimientos, plazos— sin abordar el tema de las responsabilidades, el sistema llegará al próximo proceso con un déficit de confianza acumulado.
Si, por el contrario, el debate sobre responsabilidades se convierte en una disputa partidaria sin resultados concretos, el efecto será el mismo.
Al final del programa, el tiempo se agotó antes de que la discusión encontrara una síntesis. Pero el hilo que había atravesado toda la conversación quedó claro.
Las reformas electorales pueden modificar la forma del proceso. La legitimidad del órgano electoral depende de su capacidad para resistir presiones. Y la credibilidad del sistema depende de que la crisis anterior no quede sin consecuencias.
En la política hondureña, esas tres dimensiones suelen discutirse por separado. El momento actual las ha reunido en un mismo punto.
Las consejeras lo expresaron con un lenguaje más directo que el del debate técnico. “Si no se sientan precedentes claros y firmes”, escribió Hall, “¿qué impediría que estos hechos se repitan?”
La pregunta resume el dilema del sistema electoral hondureño. No se trata solo de diseñar mejores reglas. Se trata de cerrar el ciclo de la crisis anterior.
Sin ese cierre, cualquier reforma será percibida como el prólogo de la siguiente.