El traspaso de mando en las Fuerzas Armadas de Honduras, programado para este 18 de diciembre, habría sido en cualquier otro momento un acto rutinario: una ceremonia interna, discursos medidos, una transición administrativa más dentro de una institución acostumbrada a los relevos periódicos. Pero esta vez ocurre en medio de una crisis política abierta, con un proceso electoral inconcluso, una narrativa oficial de fraude sin respaldo internacional y una creciente tensión entre legalidad constitucional y voluntad política.
En ese contexto, la salida del general Roosevelt Hernández del cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto no marca solo el cierre de un ciclo personal, sino el final de una etapa en la que la cúpula militar quedó expuesta —y arrastrada— al centro de la disputa política. Así lo plantearon, con distintos énfasis, los invitados al programa +conscientes de hoy: el abogado y capitán en retiro Germán Licona, y los generales en condición de retiro Luis Maldonado Galeas y Rafael Moreno Coello, cuyas intervenciones nos permiten reconstruir no solo lo que está en juego en el país, sino los márgenes reales de acción de la institución armada.
La figura del general Hernández aparece, en ese análisis, como la de un jefe militar cuya gestión coincidió con un período de alta exposición política de las Fuerzas Armadas. No se trató únicamente de su cercanía con el Ejecutivo, sino de decisiones y declaraciones que, según Maldonado Galeas, terminaron por “desfigurar el mandato constitucional de la institución”, al permitir que se confundiera obediencia con alineamiento partidario. La filtración de un reporte interno, en el que Hernández reprendía a oficiales por haber intervenido para impedir el ingreso de manifestantes de Libre a instalaciones del INFOP, donde se está llevando a cabo el escrutinio electoral, fue interpretada por los panelistas no como un episodio aislado, sino como síntoma de un problema más profundo: el uso disciplinario del mando para enviar mensajes políticos.
Licona fue más directo en su intervención. Recordó que, desde el 30 de octubre, las Fuerzas Armadas asumieron formalmente la custodia del proceso electoral y del material sensible, una función que —subrayó— no es discrecional, sino obligatoria. En ese marco, cuestionó que se pretendiera sancionar a oficiales que actuaron frente a riesgos evidentes, incluyendo intentos de ingreso forzado y la presencia de materiales inflamables. “No cumplir esa misión”, sostuvo, “sí habría sido una violación constitucional”.
Ese señalamiento introduce uno de los ejes centrales del debate: la diferencia entre subordinación y legalidad. A lo largo del programa, los invitados coincidieron en que no existe, en el sentido clásico, un escenario de golpe de Estado. No hay tanques en las calles, no hay comunicados de insubordinación ni ruptura violenta del orden institucional. La acusación reiterada desde el Ejecutivo, advirtieron, opera más bien como un recurso discursivo. “Es una narrativa preventiva”, dijo Moreno Coello, “para justificar decisiones extraordinarias y deslegitimar cualquier límite que se le ponga al poder”.
Lo que sí aparece, en cambio, es la posibilidad de un autogolpe técnico, no como acto súbito, sino como proceso: bloqueo del escrutinio especial, parálisis deliberada del Consejo Nacional Electoral, desconocimiento anticipado de resultados y exploración de salidas jurídicas forzadas para prolongar el mandato. En ese escenario, la pregunta deja de ser si las Fuerzas Armadas darán un golpe, y pasa a ser si aceptarán o no órdenes que contradigan su mandato constitucional.
Ahí es donde entra en escena la nueva junta de comandantes, encabezada por el general Héctor Valerio Ardón. Ninguno de los invitados lo presentó como un actor mesiánico ni como un opositor político. La expectativa es más sobria, pero no menor: que marque un “reencuadre institucional”, en palabras de Maldonado Galeas. Es decir, que devuelva a la institución a una posición clara de respeto a la Constitución, sin prestarse a ambigüedades ni a lealtades personalistas.
Moreno Coello insistió en que ese rol no implica insubordinación, sino exactamente lo contrario: cumplir con el artículo constitucional que prohíbe obedecer órdenes ilegales. “Negarse a una orden ilegal no es un golpe de Estado”, afirmó, “es la defensa del orden democrático”. Esa distinción es clave, porque redefine el sentido mismo de la advertencia presidencial: el verdadero conflicto no estaría en una acción militar contra el poder civil, sino en la posibilidad de que el alto mando se niegue a acompañar una ruptura constitucional.
El componente internacional refuerza esa lectura. La Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y Estados Unidos han descartado la existencia de fraude sistemático y han llamado a dejar avanzar el proceso electoral. Para los panelistas, ese cierre de filas reduce drásticamente el margen de maniobra del gobierno y coloca a las Fuerzas Armadas ante una disyuntiva histórica: alinearse con una narrativa aislada o con el marco constitucional respaldado externamente.
Licona fue explícito al advertir que cualquier intento de trasladar la declaratoria electoral al Congreso, en las condiciones actuales, carecería de legitimidad y abriría un conflicto mayor. De ahí su llamado a que el propio Consejo Nacional Electoral asuma su responsabilidad, aun en medio de presiones, para evitar que la crisis escale hacia un punto sin retorno.
El artículo que emerge de ese intercambio no es, entonces, una crónica sobre generales, sino una radiografía del poder. El relevo militar no resolverá por sí solo la crisis electoral, pero sí define los límites dentro de los cuales esa crisis puede resolverse o agravarse. Las Fuerzas Armadas, una vez más, no aparecen como protagonistas voluntarias, sino como árbitro involuntario de una disputa política que otros empujaron hasta el borde.
La pregunta que me quedó abierta al final del programa no fue si el 18 de diciembre habrá un golpe, como afirma la presidenta Castro, sino si el país será capaz de cerrar este ciclo sin forzar a la institución armada a ocupar un lugar que la Constitución nunca le asignó como opción, sino como último recurso.