Seguí la comparecencia de Karen Guandique porque desde hace semanas me parecía uno de los perfiles más interesantes dentro del proceso de selección de magistrados electorales. La había tenido previamente en +conscientes y recuerdo que entonces hablaba con dudas sobre la posibilidad de postularse. Había visto demasiado de cerca la presión a la que estuvieron sometidas las consejeras del Consejo Nacional Electoral durante la crisis pasada y entendía mejor que muchos el costo político y personal que implica ocupar uno de esos cargos en Honduras. Por eso llamó mi atención que finalmente decidiera participar en el proceso.
La audiencia comenzó de una manera distinta a la mayoría de comparecencias que han pasado por el Congreso Nacional. Mientras otros aspirantes llegaron con discursos centrados desde el inicio en artículos, jurisprudencia o referencias técnicas, Guandique decidió abrir hablando de su infancia en Namasigüe, de su madre trabajando en un juzgado local y de las tardes en que cruzaba desde la escuela para observar cómo se administraba “la justicia de a pie”. Después habló de su padre, abogado de profesión, obligándola junto a sus hermanas a leer los editoriales de El Heraldo y La Tribuna antes de discutirlos en familia. Más adelante aparecieron las maestrías, las especializaciones en derecho electoral y la experiencia dentro del sistema electoral hondureño, pero para entonces ya había construido algo más importante que una hoja de vida: había construido una explicación sobre cómo se veía a sí misma dentro de la institucionalidad que ahora aspiraba a integrar nuevamente.
Durante toda la comparecencia se movió con bastante comodidad entre el lenguaje técnico y el político. Explicó con claridad procedimientos sobre escrutinios especiales, recuentos jurisdiccionales, acciones de amparo y control de convencionalidad, pero sin convertir sus respuestas en clases jurídicas difíciles de seguir para un auditorio legislativo. Esa combinación entre manejo técnico y control discursivo fue probablemente una de las razones por las que su intervención destacó dentro de las audiencias.
Sin embargo, hubo un momento que terminó concentrando buena parte del significado político de su comparecencia. Cuando habló sobre su paso por el Tribunal de Justicia Electoral recordó que, al inicio, el tribunal prácticamente no existía como institución consolidada. “Nos entregaron un decreto y nosotros le dimos a la ciudadanía una institución”, dijo frente a los diputados, antes de agregar que aquel tribunal “gozaba de una enorme confianza del pueblo hondureño y de mucha legitimidad, la cual debemos recuperar”.
La frase quedó flotando varios minutos dentro de la sala porque implicaba algo más profundo que una simple valoración institucional. Guandique estaba admitiendo que esa legitimidad se perdió y que el deterioro alcanzó un nivel suficientemente severo como para que hoy la discusión ya no sea únicamente cómo mejorar el sistema electoral, sino cómo reconstruirlo. El verbo que utilizó fue importante. Habló de recuperar, no de fortalecer. Y esa diferencia termina revelando bastante sobre el momento político que atraviesan las instituciones electorales hondureñas.
Su intervención también dejó ver una comprensión bastante realista de la naturaleza partidaria del sistema. Cuando varios diputados insistieron en la idea de “despolitizar” los órganos electorales, Guandique evitó refugiarse en respuestas cómodas sobre neutralidad absoluta y dijo algo mucho más cercano a la realidad hondureña: “Todos tenemos afiliación partidaria. Todos tenemos contacto con políticos”. Luego desplazó la discusión hacia otro terreno, afirmando que la independencia “tiene que ver con el carácter”. La respuesta tenía un componente incómodo porque desmontaba parcialmente la ficción de que basta con cambiar nombres o eliminar vínculos visibles para resolver la crisis de confianza alrededor del árbitro electoral. También mostraba que entiende perfectamente cómo opera realmente el sistema que aspira a integrar.
Mientras avanzaba la audiencia, sin embargo, se hacía evidente otra tensión más difícil de ignorar. Guandique parece reunir muchas de las condiciones que públicamente se exigen para ocupar estos cargos: experiencia electoral, formación jurídica especializada, estabilidad discursiva y conocimiento interno del funcionamiento institucional. Pero al mismo tiempo no parece tener detrás una bancada claramente alineada con su candidatura ni un bloque político suficientemente fuerte dispuesto a impulsarla como parte de una negociación mayor.
Ese detalle adquirió todavía más relevancia desde el momento en que el presidente del Congreso Nacional anunció que las evaluaciones no serían acompañadas de calificaciones públicas. La decisión parecía administrativa, pero alteró de manera importante el significado político de las audiencias. Las calificaciones visibles generan presión pública porque obligan a explicar por qué determinados perfiles quedan fuera pese a haber sobresalido técnicamente. Sin ellas, el proceso conserva la apariencia de escrutinio meritocrático mientras las decisiones reales permanecen sujetas principalmente a correlaciones políticas y acuerdos entre bancadas.
Y alrededor de esas negociaciones empieza además a sentirse otra discusión que hasta hace poco parecía lejana: la posibilidad de una reforma constitucional para ampliar de tres a cinco el número de magistrados y consejeros electorales, lo cual requeriría una reforma constitucional que extendería la discusión hasta 2027. La sola aparición de esa conversación revela el nivel de dificultad que enfrenta el sistema político para construir consensos alrededor del modelo actual. Más allá de si esa posibilidad termina concretándose o no, el debate deja ver que las tensiones que atravesaron la crisis electoral pasada siguen presentes dentro de las instituciones encargadas de arbitrar las próximas elecciones.
Ese ambiente terminó proyectándose sobre toda la comparecencia. Las preguntas sobre ausencias de magistrados, juicios políticos, presupuestos, recursos de amparo, representación partidaria y funcionamiento interno del tribunal parecían girar constantemente alrededor del mismo problema: la fragilidad de los acuerdos políticos que sostienen el sistema electoral hondureño.
Por eso la comparecencia de Karen Guandique terminó resultando más reveladora de lo que parecía al inicio. Sus respuestas no transmitían la sensación de alguien que observa el problema desde afuera, sino la de alguien que ya conoce el desgaste institucional desde dentro y que entiende que el principal desafío no pasa únicamente por nombrar magistrados técnicamente capaces, sino por reconstruir instituciones electorales capaces de recuperar legitimidad en un país donde esa confianza se erosionó profundamente después de la última crisis.
Y quizá la parte más interesante de toda la audiencia es que ella misma parecía consciente de la contradicción que encarna dentro del proceso. A lo largo de la comparecencia dejó claro, de distintas maneras, que sabe que tiene preparación suficiente para ocupar el cargo. Su exposición sobre derecho electoral fue probablemente una de las más sólidas del proceso, conoce el funcionamiento interno del tribunal, domina los procedimientos y entiende las fracturas institucionales que dejó la última crisis electoral. Pero al mismo tiempo también dejó entrever que entiende perfectamente cómo funciona el sistema político hondureño y cuáles son los límites reales del mérito técnico dentro de las elecciones de segundo grado.
Ese momento apareció con claridad cuando un diputado le planteó la posibilidad de reformar el modelo para reservar los cargos a representantes de los partidos mayoritarios y sectores de sociedad civil. Guandique respondió que esa fórmula la excluiría automáticamente y agregó algo que probablemente resumió mejor que cualquier otra frase el trasfondo político de toda su candidatura: “No voy a ser ni nacionalista, ni liberal, ni Libre para obtener ese cargo”.
La frase pasó relativamente rápido dentro de la audiencia, pero revelaba bastante más de lo que parecía. En el fondo, Guandique parecía admitir algo que muchos dentro del sistema entienden, aunque pocas veces se diga de forma tan directa: que en Honduras la preparación técnica puede abrir la puerta de la comparecencia pública, pero no necesariamente garantiza los votos necesarios para llegar al cargo si no existe detrás una estructura política suficientemente fuerte para sostener la candidatura.
Y precisamente por eso su comparecencia terminó funcionando también como una radiografía del momento institucional que atraviesa el sistema electoral hondureño. Porque mientras el Congreso organiza audiencias, escucha perfiles técnicos y habla de independencia judicial, sigue flotando una pregunta mucho más incómoda sobre el proceso: cuánto espacio real tiene todavía el mérito profesional dentro de un modelo político construido históricamente alrededor de cuotas, pactos y equilibrios partidarios.