Cuatro niños han muerto por tosferina en Honduras en las últimas semanas. Cuatro. En otro momento, ese número habría sido impensable. La tosferina formaba parte de ese conjunto de enfermedades que la memoria colectiva había desplazado al territorio de lo superado, de lo controlado por una política pública efectiva, constante y silenciosa. La vacunación fue, en algún momento, nuestra mejor arma para prevenir esas cuatro muertes.
La doctora Claudia Ramírez lo dijo con toda crudeza esta mañana, en el programa +conscientes, de ICN. “Esos cuatro niños no deberían haber muerto”. No lo dijo como consigna política. Lo dijo desde la experiencia clínica, describiendo una enfermedad que asfixia lentamente a un recién nacido. “Son paroxismos de tos… mueren porque no alcanzan a respirar. Mueren por falta de oxígeno. Es una muerte muy dura”, dijo.
La tosferina no es una enfermedad exótica. Es una infección bacteriana prevenible mediante la vacuna DPT —difteria, tétanos y pertussis— incluida en el esquema básico infantil. El problema no es la ausencia de herramienta. Esa la tenemos. El problema es la caída en la cobertura.
Durante años, Honduras fue un referente regional en vacunación. Las coberturas superaban el 90% y en algunos biológicos alcanzaban el 95%, el umbral que la salud pública considera necesario para sostener la inmunidad colectiva. Hoy la tercera dosis de pentavalente —el indicador trazador que incluye protección contra tosferina— ronda el alarmante 73%. En algunas regiones, oscila incluso alrededor del 70%. Ese descenso de más de veinte puntos porcentuales no es una cifra abstracta; es una brecha por donde las bacterias vuelven a circular.
Ramírez fue directa en la entrevista: “El 73% nos está diciendo que no estamos preparados para una epidemia”. Y añadió algo que debería incomodar a cualquier autoridad sanitaria: “Más abajo de 85 ya comienza a generar problemas. Lo óptimo es 95%”. Honduras está hoy muy por debajo de ese margen seguro.
La historia de la vacunación en el país desmiente cualquier argumento fatalista. Desde la segunda mitad del siglo XX, el Programa Ampliado de Inmunizaciones logró reducir drásticamente enfermedades como la poliomielitis, la difteria y el sarampión. Las jornadas nacionales de vacunación movilizaban escuelas, comunidades, medios de comunicación y alcaldías. Era una operación cívica. La cadena de frío funcionaba. El personal estaba entrenado. La cobertura se monitoreaba con rigor.
¿Qué ocurrió entonces? La pandemia de COVID-19 interrumpió servicios preventivos, postergó esquemas y redirigió recursos humanos hacia la emergencia inmediata. Las embarazadas dejaron de acudir a controles prenatales. Los niños no completaron refuerzos. Pero el impacto de la pandemia no explica por sí solo el desplome sostenido posterior. Recuperar cobertura requiere planificación activa, campañas intensivas, búsqueda casa a casa, coordinación con educación y gobiernos locales.
Doctora Claudia Ramírez, en +conscientes
Ramírez recordó un detalle clave que rara vez se discute: la vacunación comienza antes del nacimiento. “La madre embarazada, entre las semanas 26 y 36, debe vacunarse. Esa inmunidad se traspasa al recién nacido”. Cuando esa cadena se rompe, el bebé queda expuesto desde el primer día de vida. La tosferina golpea con mayor severidad a quienes aún no completan su esquema. Los recién nacidos no tienen margen.
La Organización Panamericana de la Salud ha advertido sobre un retroceso regional en coberturas de vacunación infantil. En paralelo, varios países de América Latina han reportado repuntes de sarampión y tosferina tras años de mínimos históricos. Honduras forma parte de esa tendencia, pero con un agravante: un sistema hospitalario ya saturado.
La doctora Ramírez lo describió en el programa: “¿Se imagina ese hospital, con hacinamiento, respirando el mismo aire, sin cámaras de presión negativa, y llegan cuatro o cinco casos con pertussis?”. La vigilancia epidemiológica requiere capacidad de detección temprana, cercos sanitarios, rastreo de contactos. Con cuatro muertes confirmadas, la probabilidad de subregistro es alta. “No nos podemos quedar solo con el caso que falleció. Hay que ir detrás del caso”, insistió.
El riesgo que alertamos no se limita a la tosferina. La caída en la DPT es un indicador de fallas más amplias en el esquema de inmunización. Si la vacuna trazadora cae, otras probablemente también. Sarampión, difteria, poliomielitis: enfermedades controladas desde hace décadas pueden reaparecer cuando la inmunidad colectiva se erosiona. La experiencia internacional muestra que los brotes epidemiológicas comienzan con brechas pequeñas y sostenidas.
Hay un componente logístico que no puede ignorarse. La vacunación depende de cadena de frío continua, distribución territorial, registro nominal, personal capacitado. Ramírez planteó preguntas que deberían tener respuestas oficiales claras: ¿hay suficientes vacunas? ¿están distribuidas adecuadamente? ¿funciona la cadena de frío en zonas rurales? ¿se están realizando campañas de recuperación para niños rezagados?
El argumento de que “la pandemia lo explica todo” ya no es suficiente. Han pasado varios años desde el pico de COVID-19. La recuperación no fue automática. Requiere decisión política y coordinación interinstitucional inmediata. La vacunación no es un acto aislado en un consultorio; es una política pública que articula Estado y comunidad.
En el programa +conscientes, Claudia Ramírez formuló un llamado que merece repetirse: “Necesitamos urgentemente hacer campañas nacionales de vacunación. Volver a ese 95% que salvó tantas vidas”. Ramírez no habló de una jornada simbólica, sino de un esfuerzo sostenido por toda la sociedad. Recordó que antes participaban escuelas, bachilleratos, universidades. “Era una actividad social”, dijo. El país supo hacerlo y esa experiencia aun existe.
El gobierno actual enfrenta múltiples desafíos sanitarios, eso lo reconocemos, desde mora quirúrgica hasta abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, la vacunación infantil ocupa un lugar distinto: es prevención pura. Cada punto porcentual recuperado se traduce en riesgo reducido de hospitalización y muerte de miles de niños. Es, además, una de las intervenciones de salud pública con mayor costo-efectividad documentada a nivel global.
La urgencia no admite dilación administrativa. Cada mes con cobertura por debajo del umbral seguro amplía la ventana para brotes. El cálculo no es ideológico. Las bacterias no esperan cambios de gabinete.
La historia hondureña demuestra que el país puede sostener niveles superiores al 90% cuando hay liderazgo técnico y coordinación territorial. Ya lo hicimos antes. Volver a ese estándar es posible. Requiere tres decisiones inmediatas: auditoría real de cobertura por departamento, campaña nacional intensiva de recuperación de esquemas atrasados y comunicación clara a la población sobre la importancia de acudir a los centros de salud.
Los cuatro niños que murieron por tosferina no son una estadística más. No podemos verlos así. Son el recordatorio de que la prevención falló en un punto preciso de la cadena. Cada brote prevenible expone una fisura en el sistema. Aún estamos en un margen de maniobra donde la acción temprana puede evitar que esas fisuras se conviertan en grietas.
Ramírez cerró el programa con una frase que resume el momento que vivimos en Honduras: “El 73% es una alerta roja”. Las alertas existen para que se actúe antes del desastre. La vacunación no genera titulares espectaculares cuando funciona, pero se vuelve noticia cuando deja de funcionar.
El país tiene memoria de campañas exitosas. Todos los adultos de este país las recordamos. Tiene experiencia acumulada. Tiene estructura básica. Lo que falta es la decisión de activar todo el sistema antes de que el número cuatro se convierta en diez o veinte o mil. No hay tiempo que esperar.