Los partidos políticos hondureños enfrentan una paradoja que debería preocupar mucho más a sus dirigentes: pueden estar perdiendo a sus ciudadanos sin perder el control del poder. Las encuestas registran un creciente distanciamiento entre la población y las organizaciones partidarias, mientras estas continúan ocupando el Congreso, las alcaldías, las instituciones públicas y buena parte de los espacios donde se toman las decisiones nacionales. La confianza se deteriora, pero las estructuras permanecen. Los gobiernos cambian de manos, pero las relaciones que sostienen el poder parecen resistir cualquier alternancia.
Según la encuesta Paradigma de septiembre de 2026, el 75.4 % de los entrevistados declaró no pertenecer a ningún partido político. En febrero, esa proporción era del 65.5 %. Casi diez puntos porcentuales de diferencia en apenas siete meses. El dato no significa que tres de cada cuatro hondureños hayan renunciado a votar, ni demuestra que todos estén buscando una nueva organización. Pero revela una distancia considerable entre los ciudadanos y unas instituciones que, por definición, deberían organizar sus demandas y representarlos.
El problema adquiere otra dimensión cuando se examina la confianza en el sistema político. El Sondeo de Opinión Pública del ERIC-SJ encontró que el 65.1 % de los entrevistados considera que las elecciones de 2025 debilitaron la democracia, mientras el 80.3 % respalda la necesidad de reformas electorales. La misma investigación señala que el 86 % percibe que jueces y magistrados protegen intereses de personas poderosas, corruptos y narcotraficantes. No se trata de una demostración de que todos los funcionarios judiciales actúen de esa manera, sino de una percepción ciudadana suficientemente extendida para comprometer la legitimidad de las instituciones.
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Sobre esa contradicción conversamos esta mañana en +Conscientes con el analista político Edgardo Rodríguez y el abogado Germán Leitzelar, actual presidente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU. Aunque abordaron el problema desde experiencias diferentes, ambos coincidieron en que el desgaste partidario no puede explicarse únicamente por el comportamiento de determinados dirigentes. Sus raíces se encuentran también en la forma en que se organiza, distribuye y conserva el poder en Honduras.
Rodríguez habló de desafección política, un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales. Los partidos, sostuvo, siguen siendo instrumentos fundamentales de la democracia representativa, pero las élites políticas parecen haber perdido la capacidad de escuchar a los ciudadanos. En su interpretación, existe una relación estrecha entre los grupos que controlan las organizaciones partidarias y determinados sectores del poder económico, cuyas prioridades no siempre coinciden con las necesidades colectivas.
Leitzelar ofreció una explicación menos académica, pero particularmente ilustrativa. En Honduras, dijo, los políticos que pierden las elecciones no necesariamente abandonan los beneficios del poder. Simplemente dejan de administrarlos directamente. Quien antes distribuía los recursos pasa a solicitarlos a quienes ahora gobiernan. Las alianzas, los nombramientos y los acuerdos permiten que algunos integrantes de las élites mantengan acceso a los beneficios estatales, independientemente del resultado electoral.
Su metáfora de las mieles del poder merece atención porque describe un mecanismo que ayuda a comprender la persistencia de las estructuras políticas. La alternancia puede cambiar al presidente, a los ministros y a los funcionarios visibles, pero no necesariamente transforma las relaciones informales mediante las cuales distintos grupos negocian su participación en el Estado.
No significa que todas las administraciones sean iguales ni que todos los políticos participen de esos acuerdos. Significa que cambiar de gobierno no equivale, por sí mismo, a modificar las reglas que permiten la reproducción del poder.
Honduras ya vivió una ruptura importante de su sistema partidario. Después del golpe de Estado de 2009 surgieron organizaciones que cuestionaron el predominio histórico de liberales y nacionalistas. Libre apareció vinculado a la resistencia contra el golpe y al proyecto de refundación nacional, mientras el Partido Anticorrupción, encabezado por Salvador Nasralla, capitalizó el rechazo a la corrupción y a las dirigencias tradicionales.
En las elecciones de 2013, Libre obtuvo el 28.78 % de los votos presidenciales válidos y el PAC el 13.43 %. Fueron resultados que demostraron que las lealtades históricas podían romperse. El bipartidismo dejó de ser la única forma de organizar la competencia por el poder.
Sin embargo, trece años después, la renovación continúa siendo una tarea pendiente. Libre ya no es solamente una organización nacida de la protesta, sino un partido que ha ejercido el gobierno y participado de las disputas institucionales. Nasralla tampoco representa al recién llegado que irrumpió en la política hace más de una década. Su trayectoria forma parte de la misma historia de alianzas, rupturas y disputas partidarias que inicialmente cuestionó.
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La aparición de nuevas fuerzas modificó el mapa electoral, pero no eliminó automáticamente el caudillismo, el clientelismo, el transfuguismo ni las disputas por los recursos públicos. Cambiaron los protagonistas y las coaliciones, sin que necesariamente cambiaran todas las prácticas.
Esta distinción es fundamental porque permite comprender que la crisis hondureña no se resuelve simplemente multiplicando el número de partidos. Una organización puede nacer denunciando los abusos del sistema y terminar reproduciéndolos cuando consigue representación institucional. Los incentivos para controlar candidaturas, distribuir empleos, negociar alianzas y administrar recursos continúan presentes, independientemente del discurso con el que sus dirigentes hayan llegado a la política.
La discusión sobre el Poder Judicial permitió explorar una consecuencia de ese funcionamiento. Leitzelar cuestionó decisiones administrativas que, según su experiencia profesional, afectan la prestación de los servicios judiciales. Rodríguez introdujo una distinción necesaria entre las presiones ejercidas sobre determinados procesos y el trabajo cotidiano de numerosos jueces y empleados que enfrentan sobrecarga laboral y limitaciones presupuestarias.
Ambos coincidieron en señalar la interferencia partidaria como uno de los problemas que afectan a las instituciones. La designación de funcionarios por lealtad política, cuando desplaza los criterios de capacidad profesional, termina debilitando el funcionamiento del Estado.
Este es uno de los costos menos visibles del clientelismo. No se limita a los salarios que reciben las personas incorporadas por compromisos políticos. También afecta la calidad de las decisiones, la continuidad administrativa, el funcionamiento de los servicios públicos y la confianza de los ciudadanos.
Cuando un partido utiliza las instituciones para recompensar a sus seguidores, puede fortalecer temporalmente su maquinaria política, pero corre el riesgo de deteriorar precisamente los servicios que necesita mejorar para conservar la confianza de la sociedad.
La paradoja es evidente: las organizaciones pueden encontrar en el control del Estado los recursos necesarios para sostenerse, aunque el ejercicio de ese control contribuya a debilitar su legitimidad.
En medio de esta discusión apareció una noticia reveladora. Unión Democrática Nuevas Ideas, una organización que adopta el nombre y la inspiración política del partido gobernante de El Salvador, busca obtener reconocimiento legal en Honduras. Según un oficio del Consejo Nacional Electoral, su solicitud fue presentada el 14 de julio de 2026 y continúa en trámite.
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Hasta ahora no existe evidencia pública de que Nayib Bukele haya autorizado o respaldado formalmente esta iniciativa. Sin embargo, el atractivo de su figura plantea una pregunta que va más allá de las intenciones de los promotores hondureños: ¿por qué ciudadanos de un país terminan buscando referentes políticos en el presidente de otro?
Rodríguez interpretó ese interés como una manifestación del agotamiento de la confianza en las dirigencias nacionales. Leitzelar expresó una preocupación distinta: la posibilidad de que la frustración política termine convirtiendo a un gobernante extranjero en una especie de solución providencial para problemas que requieren instituciones, capacidades administrativas y proyectos nacionales.
Ambas perspectivas permiten comprender una contradicción importante. El prestigio de un dirigente puede construirse alrededor de resultados concretos, como la reducción de la violencia atribuida al gobierno salvadoreño, pero también alrededor de la promesa de superar los obstáculos que impone la política tradicional. El problema comienza cuando la búsqueda de resultados se separa de la discusión sobre las garantías democráticas, la concentración del poder y los costos institucionales de determinadas decisiones.
Honduras conoce bien las consecuencias de organizar su política alrededor de figuras personales. El caudillismo ha atravesado nuestra historia desde mucho antes de la formación de los partidos modernos. La promesa de un hombre capaz de resolver por sí solo los problemas nacionales ha servido reiteradamente para desplazar el debate sobre las instituciones necesarias para impedir que esos mismos problemas se reproduzcan.
Por eso, el surgimiento de otra organización no representa necesariamente una renovación. Puede ser el comienzo de una alternativa política, pero también puede convertirse en otra plataforma electoral sin arraigo social, programa de gobierno ni vida democrática interna.
El propio CNE registra siete organizaciones en proceso de formación. Seis comenzaron sus trámites entre 2022 y 2023 y todavía mantienen expedientes pendientes. En varios casos, sus representantes no han completado requisitos documentales. La información permite observar tanto las dificultades para organizar nuevas fuerzas como la distancia entre solicitar reconocimiento legal y construir un partido capaz de competir nacionalmente.
Rodríguez cuestionó la rigurosidad de los procedimientos de comprobación del respaldo ciudadano y planteó la necesidad de revisar las reglas de inscripción. Leitzelar manifestó preocupación por la fragmentación política y por la aparición de organizaciones sin estructuras suficientemente consolidadas.
Pero el debate más significativo llegó al examinar las reformas electorales.
Leitzelar sostuvo que la administración de las elecciones debería dejar de estar controlada por representantes partidarios. Los partidos tienen derecho a participar, fiscalizar y defender sus intereses legítimos, pero otra cosa es que intervengan directamente en las decisiones de las instituciones encargadas de arbitrar la competencia. Desde su perspectiva, la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral exige transformar el modelo de participación partidaria en esos organismos.
También planteó revisar el sistema de financiamiento público de los partidos. Llegó a proponer la eliminación de la deuda política, aunque posteriormente sostuvo que, si se mantiene, debería someterse a controles rigurosos y sanciones económicas por incumplimientos.
La posición resulta significativa porque procede del presidente de un partido minoritario que reconoce necesitar recursos para organizarse y competir. Su argumento central es que el Estado no debería financiar a las organizaciones políticas sin exigir responsabilidades verificables por la utilización de esos fondos.
Rodríguez se mostró menos convencido de que las reformas electorales pendientes puedan transformar las estructuras de poder. Considera que las negociaciones legislativas podrían limitarse a modificar procedimientos operativos sin alterar los mecanismos mediante los cuales los partidos mantienen influencia sobre los órganos electorales.
No es una preocupación infundada. En Honduras, las reformas electorales suelen convertirse también en escenarios de negociación entre las mismas organizaciones que deben ser reguladas. Los partidos participan en la elaboración de las reglas, pero al mismo tiempo procuran conservar las ventajas que han construido dentro de ellas.
Por esa razón, una reforma electoral puede mejorar los procedimientos de votación, transmisión de resultados o resolución de controversias sin transformar necesariamente el funcionamiento interno de las organizaciones políticas.
Y aquí regresamos al problema que dio origen a nuestra conversación.
Durante muchos años, la política hondureña se organizó alrededor de identidades partidarias relativamente estables. Ser liberal o nacionalista tenía un significado familiar, comunitario e incluso cultural. Esas identidades no garantizaban una democracia de calidad, pero proporcionaban mecanismos de pertenencia y participación que ayudaban a sostener las organizaciones.
La ruptura de esas lealtades abrió espacio para nuevos partidos, aunque no necesariamente produjo nuevas formas de representación. Una parte de la ciudadanía dejó de identificarse con las organizaciones tradicionales, pero eso no implica que haya encontrado otras en las cuales depositar su confianza.
Es posible votar por un partido sin creer demasiado en él. También es posible respaldar a un candidato por rechazo a sus adversarios, por expectativas de cambio, por vínculos personales o por beneficios materiales. El resultado electoral expresa una decisión entre las opciones disponibles, pero no necesariamente una identificación duradera con la organización que recibe el voto.
De ahí que los partidos puedan seguir ganando elecciones mientras pierden militantes convencidos, identificación social y capacidad para organizar proyectos colectivos.
La desafección tampoco significa que la sociedad haya dejado de interesarse por los asuntos públicos. Las movilizaciones ciudadanas, las organizaciones comunitarias, los movimientos territoriales y las expresiones de protesta muestran que existen otras formas de participación política. La distancia respecto de los partidos puede convivir con demandas intensas de justicia, empleo, seguridad y servicios públicos.
El desafío democrático consiste en comprender por qué esas demandas encuentran tantas dificultades para convertirse en representación institucional.
Los partidos deberían ser puentes entre la sociedad y el Estado. Cuando dejan de cumplir esa función, pero conservan el acceso a los recursos públicos y el control de las candidaturas, corren el riesgo de convertirse en estructuras que se reproducen principalmente para mantenerse dentro del poder.
No es necesario imaginar una conspiración permanente entre todos los dirigentes para entender ese mecanismo. Bastan reglas que premien la lealtad sobre la capacidad, estructuras que concentren las decisiones, mecanismos de financiamiento poco transparentes y una competencia electoral donde las organizaciones establecidas poseen ventajas difíciles de superar.
La ciudadanía puede castigar a un partido en las urnas, pero si el siguiente gobierno reproduce los mismos mecanismos, la frustración termina extendiéndose hacia el sistema político en su conjunto.
Ese es el peligro de una democracia donde la alternancia no siempre consigue transformar las prácticas institucionales.
Honduras no necesita solamente dirigentes nuevos, ni partidos adicionales, ni reformas que se agoten en modificar el procedimiento electoral. Necesita organizaciones capaces de construir propuestas colectivas, desarrollar liderazgos, democratizar sus decisiones y someterse a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
También necesita instituciones que puedan funcionar sin depender de los cambios de gobierno y sin convertirse en instrumentos de recompensa para las organizaciones que ganan las elecciones.
La aparición de Nuevas Ideas puede ser una iniciativa pasajera o el comienzo de un proyecto político más amplio. Todavía no existen elementos suficientes para determinarlo. Pero el interés que despierta revela algo sobre el momento que atraviesa Honduras: la búsqueda de referentes políticos continúa mientras se debilita la identificación con las organizaciones existentes.
El problema no es que los ciudadanos quieran nuevas alternativas. En una democracia, esa posibilidad debe permanecer abierta. El problema es que el desgaste de los partidos pueda terminar alimentando la expectativa de encontrar en otro caudillo la solución a una crisis que también ha sido producida por el personalismo.
Al terminar el programa quedó planteada una conclusión que merece mayor reflexión. Los partidos pueden cambiar sus dirigentes, sus nombres, sus alianzas e incluso sus discursos. Pueden aprobar reformas electorales, celebrar primarias y reorganizar sus estructuras. Pero si no modifican la relación que mantienen con el poder y con los ciudadanos, difícilmente recuperarán la confianza perdida.
Porque la crisis de los partidos hondureños no consiste solamente en que una parte creciente de la población haya dejado de identificarse con ellos.
Consiste en que sus dirigencias todavía pueden conservar buena parte del poder sin necesitar reconstruir esa identificación.
Y mientras esa contradicción permanezca intacta, cambiar de partido o de presidente no será necesariamente lo mismo que cambiar la manera de gobernar.