Germán Lobo hizo una observación esta mañana en +conscientes que ayuda a entender dónde se encuentra la discusión sobre las reformas electorales. Los distintos sectores, dijo, debieron sentarse a elaborar una propuesta común. Al presentar documentos separados, dejaron en manos de la comisión legislativa la selección de lo que llegará al pleno. Su preocupación era que esa selección terminara acomodándose a la conveniencia de los partidos.
Existen actualmente cinco propuestas distintas de proyectos de reformas electorales que han sido enviadas al legislativo para el debate. Un grupo de exautoridades electorales presentaron una propuesta que incluye la revisión de más de 70 artículos de la ley electoral y la propuesta de nuevos artículos que incluyen reformas constitucionales. Lobo forma parte de ese grupo.
Lobo fue consejero suplente del Consejo Nacional Electoral, ha participado en distintas organizaciones políticas y compitió por una diputación liberal. Ahora habla desde la experiencia de administrar elecciones y desde la de buscar votos bajo las reglas que propone modificar.
La existencia de varias iniciativas no constituye, por sí misma, un problema. Una reforma puede enriquecerse con diferencias y ninguna propuesta adquiere autoridad suficiente para ser aprobada íntegramente solo porque sus promotores hayan logrado ponerse de acuerdo. Lo que merece atención es cómo se decidirá entre ellas. La ciudadanía necesita conocer qué se incorpora, qué se descarta y qué razones sostienen cada decisión. De otro modo, la negociación puede transformar una discusión pública en un acuerdo cuyos criterios solo conocen sus participantes.
En programas anteriores nos hemos detenido en el atraso del Congreso y en el tiempo que necesita la administración electoral para preparar los cambios. Ese problema permanece. Pero la conversación con Lobo nos permitió avanzar hacia el contenido: qué funciones cambiarían de manos y qué garantías acompañarían esa transferencia.
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Su propuesta de mesas cívicas ofrece un ejemplo comprensible. Según explicó, cuatro ciudadanos seleccionados aleatoriamente y capacitados por el CNE integrarían cada junta, con tres propietarios y un suplente. Los partidos conservarían su presencia como fiscalizadores, mientras la administración de la votación quedaría a cargo de esos ciudadanos.
El cambio tendría consecuencias concretas. Recibir las papeletas, contar los votos y levantar el acta son responsabilidades de las que depende la confianza en el resultado. Retirar su administración directa a los partidos modificaría una relación de poder en el lugar donde comienza el escrutinio.
También aumentaría la importancia de los procedimientos del CNE. Habría que conocer cómo se realiza la selección, quién verifica el sorteo, qué capacitación reciben los integrantes y cómo se cubren sus ausencias. La independencia de una mesa necesita condiciones que puedan comprobarse. El nombre de mesa cívica expresa una aspiración; su funcionamiento tendría que sostenerla.
Más adelante, la conversación tomó otra dirección. Al abordar el financiamiento de las campañas, Lobo defendió que, una vez concluidas las primarias, las donaciones de la candidatura presidencial sean recibidas y administradas por el partido. A su juicio, la organización debe asumir esa responsabilidad porque la candidatura pertenece a una institución con personería jurídica.
La distancia entre ambas propuestas merece examinarse. En las mesas, Lobo busca reducir la intervención partidaria; en las finanzas, propone fortalecer a la organización frente al candidato. Cada medida puede tener razones atendibles. Juntas muestran que una reforma distribuye autoridad entre actores con intereses propios, incluso cuando todos invocan la transparencia.
Una estructura partidaria puede ofrecer continuidad administrativa, personal capacitado y mejores registros que un equipo reunido para una campaña. Pero administrar los recursos también permite decidir prioridades, autorizar gastos y condicionar actividades. Si el dinero pasa por la dirigencia, sus decisiones necesitan controles internos, obligaciones de información y mecanismos para resolver desacuerdos. El orden contable y la concentración del poder pueden avanzar al mismo tiempo.
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El caso de Salvador Nasralla apareció como explicación de esa propuesta. Lobo cuestionó la separación entre la campaña presidencial y la estructura liberal, y atribuyó parte de los problemas que ahora enfrenta el excandidato liberal en torno al manejo de los fondos de su campaña a esa distancia. También reconoció que desconoce el expediente de fiscalización. Esa admisión establece un límite: sus apreciaciones no permiten resolver la controversia sobre las cuentas ni determinar si hubo un trato distinto al aplicado a otras candidaturas.
Lo que sí permite examinar su intervención es cómo una disputa entre candidato y organización alimenta una propuesta para regular campañas futuras. Una regla general debe evaluarse más allá del conflicto que la inspira. Sus controles tendrían que funcionar cuando el candidato confía en la dirigencia y cuando discrepa de ella; cuando ambos pertenecen al mismo grupo y cuando representan corrientes enfrentadas.
Algo semejante ocurrió con la segunda vuelta. Lobo expresó preocupación por la capacidad de negociación que adquiriría la tercera fuerza al decidir a cuál de los finalistas respaldar. Para explicarlo recurrió a las condiciones que Libre habría podido plantear a la candidatura de Salvador Nasralla.
Ese razonamiento revela cuánto pesan las alianzas imaginadas en la valoración de una regla electoral. La negociación entre fuerzas políticas puede producir acuerdos programáticos o repartos de cargos. Para juzgar el mecanismo hace falta discutir cómo se transparentan esos compromisos y qué consecuencias tienen para quien vota.
Durante el intercambio también se acercaron dos asuntos que conviene distinguir. Un organismo confiable ofrece certeza sobre el conteo y la declaración del resultado. La segunda vuelta modifica la forma de construir el respaldo electoral de una candidatura presidencial. La confianza en el árbitro es indispensable bajo cualquiera de los modelos, pero no resuelve por sí sola la discusión sobre la regla para elegir al ganador.
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La entrevista dejó además una propuesta de mayor alcance que requiere seguimiento. Según Lobo, el proyecto de los exfuncionarios contempla incorporar el Tribunal de Justicia Electoral a la Corte Suprema mediante una sala especializada y trasladar Política Limpia al Tribunal Superior de Cuentas. Falta examinar el articulado para conocer sus condiciones. Por ahora, tenemos la explicación de uno de sus promotores.
Una reorganización de esa magnitud necesita demostrar qué capacidades mejoraría, cómo protegería la independencia y qué vías conservarían los ciudadanos para reclamar. Las dificultades de una institución no prueban que otra pueda cumplir mejor sus funciones. Esa conclusión exige un diagnóstico y garantías precisas sobre la selección del personal, los recursos y los procedimientos.
Al terminar la conversación con Germán Lobo quedó claro que contar las reformas aprobadas será insuficiente para evaluar su alcance. Una modificación breve puede alterar un control decisivo; un paquete extenso puede conservar las relaciones que producen desconfianza.
El ciudadano necesita poder consultar el acta de su mesa, comprender cómo se resolvió una inconsistencia y conocer quién financió a quienes le pidieron el voto. Necesita autoridades capaces de explicar sus decisiones también cuando incomodan al partido que facilitó su nombramiento.
La negociación legislativa tendrá que traducirse en esas posibilidades. Allí podremos reconocer cuánto poder estuvieron dispuestos a ceder los partidos: en la información que permitan conocer, en las decisiones que acepten someter a revisión y en los controles que aprueben para cuando sean ellos quienes deban responder.