La primera audiencia que muestran lo complicado del «juicio del siglo»
—Señor Juez, mi cliente quiere removerme de mi cargo —dijo el abogado Raymond Colon, defensor de Juan Orlando Hernández Alvarado, en la audiencia de ante juicio realizada el pasado jueves 18 de enero.
—Yo, ya fallé sobre eso —respondió lacónico, el Juez Kevin Castell, refiriéndose al comunicado que extendió la corte, luego de la carta que enviara el propio Juan Orlando Hernández, el pasado 10 de enero, donde pedía un cambio en su defensa.
«Desde el principio de este caso, no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal apropiada para este juicio, considerando la complejidad y los terabytes de material. No he podido revisar personalmente la mayoría del material debido a las dificultades para revisar el descubrimiento y producir productos de trabajo mientras estoy encarcelado en el MDC. Mi abogado, debido a la COVID-19 y otras obligaciones de tiempo, tampoco ha podido revisar gran parte de este material, ya sea solo o conmigo, ni preparar adecuadamente la defensa para el juicio. Además, la defensa recibió una gran cantidad de material adicional del Gobierno la última semana de diciembre, y el Gobierno ha anunciado que habrá más entregas, ambas significativamente después de la fecha acordada para la producción de documentos, y ninguna de las cuales anticipa que la defensa podrá revisar de manera suficiente tal como están. No tengo dinero para contratar a un abogado adicional; de hecho, no tengo suficiente dinero para seguir pagando a Sabrina Shroff para ayudar a mi abogado y a mí. Mis ahorros de toda la vida fueron congelados como resultado de esta persecución, aunque incluso con ellos habría sido difícil cubrir el costo de mi defensa.
Por lo tanto, no anticipamos que mi abogado y yo tengamos suficiente equipo o tiempo para prepararnos adecuadamente para el juicio del 5 de febrero. Estoy solicitando a la Corte que me designe un defensor público para ayudar a prepararnos para el juicio; además, estoy solicitando una prórroga de siete semanas en el juicio para darme a mí y a mi nuevo abogado, tiempo para prepararnos. Tal como está, sin la designación de un defensor público o una prórroga en el juicio, no creo que la defensa pueda prepararse eficazmente para este juicio. He informado a mi abogado que creo que necesitamos otro abogado y él está de acuerdo».
El Juez Castell negó la solicitud de Hernández Alvarado, manteniendo la fecha del 5 de febrero para el inicio del juicio.
Juan Orlando, esposado de pies y manos, observaba la audiencia desde el cubículo reservado para el jurado. A su derecha, en iguales circunstancias, estaba el general Juan Carlos Bonilla y al otro extremo, el tercero de los imputados, el oficial de policía Mauricio Hernández Pineda, que la fiscalía lo señala como «primo» de Juan Orlando, algo que la familia del expresidente niega.
Quienes asistieron a la audiencia describen con lujo de detalle la apariencia física del expresidente Hernández: barbado, demacrado, desesperado, fueron los distintos calificativos que se le dieron para ese día.
El señor Hernández se puso de pie sin esperar autorización.
—Siéntese señor —ordenó el alguacil.
—Tengo dos emergencias —continuó Juan Orlando, ignorando la orden vertida por el shérif—. No me siento debidamente representado. Mi abogado tiene seis meses de estar enfermo. No he podido hablar con mi abogado de Honduras. Necesito llamar testigos de Honduras. Necesito una computadora Laptop y la persona que me trajo al abogado Colón ahora dice ser un infiltrado de la DEA. Ahora se oponen a una recaudación de fondos para pagar mi defensa privada. Necesito un abogado público. No puedo continuar con este juicio —dijo, pidiendo disculpas luego.
Es inédito este actuar. El procesado no debería hablar directamente al juez, solo cuando se le pregunta algo, toda intervención debe hacerse siempre a través de su apoderado. Pero Juan Orlando indica en su intervención que ha preparado varias respuestas a los recursos y argumentos del fiscal, que Colon luego no presentó. El Juez Castell deja que Hernández continúe.
—Acabo de enterarme por un informe del FBI, que hay amenazas a muerte sobre mi familia, que la fiscalía no me informó. Necesito un defensor público.
El abogado Colón se pone de pie, pide permiso para hablar y agrega:
—Es difícil seguir con este nivel de exposición. No estoy capacitado para continuar ya con este caso.
—¿Algo que decir por parte del gobierno de los Estados Unidos? —pregunta el juez.
—Le acabamos de entregar el material 3500 —dice el fiscal, tan sorprendido como el juez por lo que está pasando.
—Las amenazas contra su familia las acaban de notificar (la fiscalía) —afirma Colon. Luego amplía sobre el tema del infiltrado de la DEA.
—El señor Jorge Levy fue a Honduras enviado por la DEA, afirmando que podía conseguir un indulto por parte del expresidente Donald Trump para Tony Hernández. El señor Levy ha hecho declaraciones sobre usted, su señoría. Fue cuando asesinaron al hijo del expresidente Pepe Lobo, yo estaba en Honduras y Levy me culpó del asesinato. Recibí luego una llamada de un capitán de la cárcel MDC (donde está Juan Orlando Hernández interno) afirmando que Jorge Levy les llamó diciendo que Juan Orlando había ordenado asesinarlo (a Said Lobo, hijo de Pepe Lobo) a través de un teléfono que (JOH) no tiene.
Silencio en la sala. El Juez Castell necesita unos segundos para procesar lo que le dice el abogado Colon. El general Juan Carlos Bonilla aprovecha la oportunidad y se pone de pie.
—He estado privado de mi libertad en los Estados Unidos. Debo apelar mi estado de indefensión. No soy un delincuente ni un criminal.
—Puede indicar eso en el juicio —interrumpe el juez Castell, ya molesto por como se está desarrollando la audiencia.
—Le envié una carta el año pasado afirmándole que mi abogado no me representa bien —agrega Bonilla.
—Acabamos de agregar otro abogado al equipo —afirma el abogado De Castro, representante del general Bonilla—. El material 3500 ha sido extenso. Nos vemos con mi cliente una vez o dos veces por semana.
El Juez, harto ya de la situación (quizás también un poco confundido) cierra el debate con un lapidario:
—Ya no hay tiempo para más abogados —dice.
Y suspende la audiencia. Por la tarde la corte confirmó que la fecha del juicio se mantenía para el 5 de febrero. Nada parecía haber cambiado para el señor Juan Orlando Hernández ni para los otros imputados, de lo que la prensa en Honduras ya califica como «El Juicio del Siglo».
—El juez pareciera que quiere sacarme de esta sala en camilla —afirmó el abogado Colón, luego de la audiencia.
La prensa en Honduras no sabe cómo interpretar esta audiencia. ¿Acaban de despedir a Colon? ¿Juan Orlando afirma que su abogado es un infiltrado de la DEA? ¿Se volvió loco, producto de la desesperación, el expresidente?
La semana pasada, luego que la corte negara un abogado público para Hernandez Alvarado, la familia del expresidente organizaron una cuenta de recaudación de fondos de GoFundMe, para juntar 300,000 dólares, que serían destinados para pagar un abogado suplementario para conocer el material que la fiscalía, aún a la fecha, sigue entregando del caso. Juan Orlando sabe que debe revisar cada documento que se le entregue: fotos, videos, capturas de pantalla, transcripción de testimonios de testigos, declaraciones oficiales y no oficiales, noticias, comentarios en redes sociales, informes; pero sobre todo, que debe revisar el material clasificado que tanto tiempo peleó para conseguir. Allí, piensa él, en algún lugar, está la clave para ganar el juicio, pero no cuenta con tiempo suficiente. Es humanamente imposible lograrlo sin ayuda. El juicio debe arrancar el 5 de febrero y él apenas cuenta con horas para revisar todo eso.
Y tampoco tiene una computadora, dice.
Cualquiera, en su lugar, estaría desesperado.
Luego, dos días después, la fiscalía envía dos cartas al Juez Castell.
En la primera carta detalla el contenido de los materiales 3500 que han entregado y las fechas donde se hicieron esas entregas, que datan del 7 de diciembre de 2023, 4 de enero de 2024, 13 de enero de 2024 y 18 de enero de 2024; afirma además que el gobierno tiene la intención de poner a disposición material nuevo el próximo 22 de enero. En total, más de un tera de información. Sin contar con la información clasificada.
Pero el punto central de la carta de la Fiscalía es la referente a Jorge Bar Levy.
Este dice el documento de la Fiscalía:
«En la conferencia del 18 de enero, Hernández acusó infundadamente al Gobierno de ordenar a un individuo llamado Jorge Bar Levy (“Levy”) que se infiltrara en su equipo legal. Esa acusación es completamente infundada e incorrecta.
Aproximadamente en febrero de 2020, antes de la acusación de Hernández en este caso en 2022, Levy se acercó al Gobierno. Los agentes de la Administración de Control de Drogas (“DEA”) se reunieron con Levy en aproximadamente dos ocasiones y recibieron ciertos chats de WhatsApp, notas de voz y correos electrónicos de Levy, que el Gobierno presentó en el descubrimiento el 22 de agosto de 2022 y el 4 de noviembre de 2022. En particular, Levy informó a los agentes de la DEA sobre, entre otras cosas, reuniones en las que había participado con la familia de Hernández y reuniones con otras personas durante las cuales Levy habló sobre Hernández. Levy también proporcionó a los agentes de la DEA comunicaciones de WhatsApp que Levy tenía con personas que asistieron a las reuniones descritas anteriormente. Los agentes de la DEA no se reunieron con Levy después de 2020 y se negaron a entablar conversaciones adicionales con él, incluso cuando Levy intentó comunicarse con la DEA en noviembre de 2022. El Gobierno en ningún momento ordenó a Levy que se pusiera en contacto con Hernández, equipo investigador o legal y no tuvo ninguna conversación sustancial con Levy después de la acusación de Hernández en este caso».
«Aproximadamente dos reuniones», dice el fiscal. ¿Cuánto es aproximadamente dos? ¿Tres? ¿Cuatro? No tuvo «ninguna conversación sustancial», afirman. ¿Qué se habló entonces? ¿Por qué hasta hoy se conoce esto?
La primera vez que aparece Jorge Bar Levy en toda esta trama fue en 2017, cuando, según reportan fuentes cercanas, intentó acercarse a Yani Rosenthal para «ofrecerle», más o menos lo mismo que intentó ofrecer a la familia Hernandez en 2020: Un indulto con el presidente Trump. Rosenthal ni siquiera consideró aquella oferta. Anteriormente Jorge Bar Levy aparece en una recaudación de dinero a su nombre, a través de Facebook, supuestamente para recaudar fondos para la construcción de una escuela llamada Roberto Micheletti Baín. La recaudación no fue muy exitosa, apenas logró recoger unos 3,000 lempiras. Si uno revisa en el internet, hay reportes de varios casos de denuncias menores en contra de Jorge Bar Levy. Este señor, que afirma ser Rabino, cuenta incluso en su canal de YouTube, «que trabaja para la DEA desde 1997», si bien, dice, «nunca se le ha pedido infiltre el equipo de Juan Orlando Hernández».
Luego vuelve a salir señalando que el abogado Ric Soto, sobrino de la presidenta Xiomara Castro, es un narcotraficante y arrancó una campaña en redes sociales afirmando que la DEA tenía «ya preparada una orden de extradición contra Soto», que habían investigaciones en República Dominicana que lo vinculaban con el crimen organizado y que había presentado una denuncia en su contra en Miami, por un supuesto intento de homicidio en su contra. Nada de esto fue probado nunca, si bien los medios y comentadores de internet que adversan al gobierno hicieron eco de los señalamientos. La campana de Jorge Bar Levy contra Soto se diluyó conforme aumentaba —nuevamente— sus ataques, ahora contra la señora Ana García de Hernández.
La campaña de Bar Levy en contra de Ana García ha sido intensa, afirmando que existe una orden de extradición en su contra, que ha sido señalada por lavado de activos, luego que le debía un dinero que no le quería pagar, por supuestos servicios profesionales, que la señora García en todo momento ha negado. Incluso llegó a asumir la responsabilidad de haber «bajado la campaña de GoFundMe» que pretendía recoger los fondos para financiar la defensa legal de Juan Orlando. No fue muy difícil, para que en el ambiente polarizado de Honduras, las denuncias de Jorge Bar Levy encontraran eco en los opositores y enemigos de los Hernandez. Como en su momento las denuncias contra Ric Soto encontraron eco en los opositores de Zelaya. Muchas personas, con alma de justicieros, hicieron eco de la campaña de Bar Levy para «bajar» la página de GoFundMe y celebraron cuando está fue cerrada.
Pero hay aún un detalle más que me llama la atención. Ese acercamiento que Jorge Bar Levy tuvo en su momento con Salvador Nasralla, corriendo invitaciones a través de la Alianza Repúblicana de las Américas que dirige, aunque por el momento, de allí, no ha salido ningún escándalo, queda demostrada su capacidad para llegar a las altas figuras políticas de Honduras.
¿Estafador, mitómano o agente? No queda claro. Lo cierto es que, así como llegó a todos estos personajes hondureños llegó también a la DEA y ahora ha causado un revuelo de enormes proporciones.
El Juez Kevin Castell publicó este día una carta ordenando a las partes, hacerse presentes mañana martes, 23 de enero, a las 10 de la mañana, para decidir sobre el futuro de este juicio. Allí la defensa de Juan Orlando Hernández deberá explicar su preocupación por la (posible) infiltración de la DEA en su defensa; allí podrá Bonilla explicar la razón de su descontento con su defensa y tendrá el fiscal, sobre todo, que explicar cómo entra Jorge Bar Levy en esta trama. El juez deberá entonces decidir si sostiene la fecha del 5 de febrero para el juicio, como es su voluntad o si la cambia a otra fecha, 30 días, 45 días, dos meses, como ahora TODOS los implicados en el proceso están pidiendo.
Mientras esto ocurre, Mauricio Hernández Pineda presentó una carta al juez (que deberá también abordarse mañana) en la cual solicita separar su proceso del de los otros imputados y argumenta que, en la estrategia de la defensa de Juan Carlos Bonilla, está subir al estrado como testigo para declarar, quién y cómo están metidos en el narcotráfico, por parte de la Policía Nacional de Honduras. Según Hernández Pineda, las declaraciones de Bonilla señalarían a Hernández Pineda como culpable del narcotráfico y eso afectaría su derecho a un juicio justo.