El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes las restricciones de visas para ciudadanos hondureños, a quienes considera responsables de fomentar actos de violencia política en Honduras y en respuesta al nombramiento irregular de los Fiscales General y adjunto interinos en el país. Aunque no se proporcionaron detalles sobre quiénes son los afectados, se mencionó que la medida podría dirigirse a congresistas hondureños, especialmente a aquellos de la Comisión Permanente integrada el 31 de octubre (pese al rechazo de los diputados de la oposición que conforman la mayoría en el parlamento) y a otros funcionarios del ejecutivo acusados de incitar a grupos violentos, lo que resultó en ataques físicos e intimidación, incluyendo agresiones a diputados de la oposición en el Congreso Nacional.

El nombramiento de las nuevas autoridades del Ministerio Público generó controversia y ha paralizado las sesiones legislativas desde hace más de cien días. EEUU condena las acciones antidemocráticas por parte de quienes controlan ese poder del Estado y las considera inconsistentes con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

EEUU toma la medida de restringir las visas a personas señaladas de atentar contra la democracia en el extranjero por varias razones clave, que se alinean con sus objetivos de política exterior y sus valores democráticos: socavan los principios democráticos. Es una forma de ejercer presión y desincentivar tales acciones sin recurrir a medidas más severas, como la acción militar o las sanciones económicas más amplias.

Antes de que se hiciera pública esta acción, el gobierno de EEUU también anunció la cancelación de visados a más de 300 funcionaros del gobierno de Guatemala, incluyendo 100 congresistas. Las restricciones se da en el contexto de la visita del senador estadounidense Tim Kaine, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado para el Hemisferio Occidental y otros senadores y representantes estadounidenses.

EEUU ha dejado clara su preocupación por el camino que está tomando la crisis post electoral del vecino país, donde es evidente el esfuerzo del Ministerio Público por socavar las elecciones que dieron como resultado la victoria del ahora presidente electo Bernardo Arévalo, el pasado septiembre. En Honduras, la preocupación se centra en la decisión del partido Libre de designar unilateralmente a su candidato preferido como Fiscal General interino, lo que ha generado preocupaciones sobre la credibilidad de las instituciones independientes.

Las reacciones no se han hecho esperar. Tanto en Honduras como en Guatemala, los diputados afectados por la medida han salido a desvalorarla haciendo uso del chovinismo patriotero o el antiimperialismo conveniente. A nadie, de los desvisados, parece preocuparles la medida, que atenta además contra la autodeterminación de los pueblos y el derecho soberano a hacer lo que les de la gana con el país.

Pero esta no es la única restricción de visados ni la más severa de las acciones que el gobierno de EEUU puede ejercer en este tipo de casos. Tenemos la Ley Magnitsky, aprobada por el Congreso de EEUU en 2012 que apunta a castigar a aquellos individuos que se consideren responsables de violaciones de derechos humanos, congelar activos y prohibir la entrada al país de los señalados y específicamente, en el caso centroamericano, tenemos la “Lista Engel”, que señala a sospechosos de corrupción y violaciones de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Lo que los desvisados parece no querer comprender, aún, es que esta acción nos debe de servir para comprender la visión que en el extranjero tienen de Honduras. Una visión regional, donde la tendencia es al descalabro institucional. Nicaragua y la pareja presidencial amenazando con la cárcel a todo aquel que se atreva a levantar la cabeza; el estado policíaco de El Salvador, con un presidente sumamente popular que está cercando cada vez más a la ciudadanía que ha entregado su libertad a cambio de la seguridad; y Guatemala, donde una cleptocracia mafiosa se ha apropiado de las estructuras del Estado y están dispuestas a cualquier cosa por mantenerse en el poder. En estos tres ejemplos el control absoluto sobre el Ministerio Público ha servido para consolidar el poder de quienes gobiernan. Si en el gobierno de Honduras consideran que esa asociación es injusta y lejos de debilitar la institucionalidad para consolidar una estructura política saecula saeculorum se busca (verdaderamente) luchar contra la corrupción, debe hacerse más para demostrar que no son más de lo mismo que nos rodea. Las palabras incendiarias no bastarán y EEUU siempre tendrá un recurso a mano, que al final nos afectará a todos.