La elección hondureña entró en una fase en la que los votos ya no son el centro del conflicto. El conteo continúa, las actas existen, los datos están a la vista y el comportamiento de las actas inconsistentes, como ya se ha documentado, replica el patrón general del universo electoral. No hay un quiebre estadístico que sostenga, por sí solo, la hipótesis de un fraude estructural. Y sin embargo, la crisis se profundiza. No porque falten reglas, sino porque se está forzando una interpretación política de la ley para producir un resultado que las urnas no dieron.

El eje de la disputa es aparentemente técnico: la pretensión de declarar actas en cero en determinadas Juntas Receptoras de Votos. En la práctica, se trata de una maniobra de alto impacto político. Al borrar votos ya emitidos, sin repetir la elección en esas mesas, se altera el resultado general sin pasar por el costo institucional que la ley exige cuando una votación es anulada. Ese recurso, impulsado por una convergencia inédita entre sectores del Partido Liberal, Libre y el PINU, ha tenido un efecto inmediato: reducir la ventaja de Tito Asfura.

Pero la Ley Electoral de Honduras es clara en un punto central: la nulidad de una votación es una medida excepcional, sujeta a causales expresamente tipificadas, y su consecuencia jurídica es la repetición del acto electoral en la JRV afectada. No existe, en el texto legal, una figura que permita anular votos válidos y convertirlos en ceros definitivos como resultado final. Esa posibilidad no aparece ni en la ley ni en la Constitución. Los reglamentos y manuales operativos del Consejo Nacional Electoral pueden ordenar procedimientos, pero no crear consecuencias jurídicas que la ley no contempla. El principio de legalidad en materia electoral es estricto: la autoridad solo puede hacer lo que la ley autoriza de manera expresa.

Por eso, lo que hoy se exige desde algunas trincheras políticas, la eliminación definitiva de votos sin reposición, no es jurídicamente posible. No lo es para Salvador Nasralla. No lo es para Iroshka Elvir. Y no lo es para ningún actor, por más respaldo político que tenga en una fase puntual del escrutinio. Cuando se insiste en que “así lo manda la ley”, la pregunta inevitable es siempre la misma: ¿en qué artículo exacto? Ese artículo no existe.

La advertencia pública de las Fuerzas Armadas a los acreditados en el escrutinio especial, señalando que determinadas prácticas podrían constituir delito electoral, no fue un gesto político cualquiera, fue un recordatorio de los límites de la ley misma. La alteración del resultado por vías no previstas en la ley no es una diferencia de criterio, es una conducta penalmente relevante. A partir de ese momento, la discusión dejó de ser cómoda y la reacción fue inmediata paralizando el escrutinio especial.

Ese bloqueo no responde a una imposibilidad técnica. Responde a un cálculo político. Si el escrutinio avanza, el resultado que hemos venido observando se consolida, especialmente cuando comienzan a incorporarse las actas de zonas donde Asfura históricamente obtiene mayor respaldo. Si se detiene el escrutinio, el conflicto se traslada a un escenario donde el tiempo, la presión y el desgaste institucional juegan a favor de quienes no lograron revertir el resultado en las urnas y ganan terreno en el caos.

En ese contexto, la intervención de la comunidad internacional adquiere un peso que va más allá del protocolo. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea fue explícita en su último comunicado al advertir contra la invalidación intencionada de actas para alterar los resultados y al exigir que el escrutinio especial se realice sin interrupciones. No estamos ante un lenguaje habitual en comunicados diplomáticos sino ante una señal de alarma que viene de la comunidad internacional.

Estados Unidos fue más lejos aun. En la víspera, decidió retirar visas a Marlon Ochoa, Mario Morazán y Luis Redondo, bajo el argumento de socavar la democracia. Esa medida, que si bien no reescribe el pasado, busca condicionar el presente. Es una advertencia directa de que la estrategia de bloqueo y manipulación narrativa tiene costos personales para los actores a todos los niveles. EEUU sanciona a los ejecutivos de alto perfil del gobierno; las FFAA alerta a los operativos en terreno de las consecuencias de personales de sus actos. En Honduras conocemos bien ese lenguaje.

No es la primera vez que Washington interviene en una crisis política hondureña cuando percibe que sus intereses —estabilidad, gobernabilidad, control del conflicto— están en riesgo. En otros momentos de tensión extrema, la presencia de buques como el USS Tacoma y el USS Milwaukee frente a las costas del país fue parte de ese repertorio de presión. No es una amenaza inmediata, pero es un recordatorio histórico de hasta dónde puede escalar una crisis cuando se desborda el cauce institucional.

En este escenario, el papel de las Fuerzas Armadas es particularmente delicado. Hasta ahora, no han intervenido en el proceso electoral más allá de sus funciones constitucionales. Hubo algunos excesos retóricos del anterior jefe de la institución, pero debemos recordar que su rol como garante del orden y de la estabilidad siempre aparece cuando las instituciones civiles se bloquean entre sí. Lo vimos en 1985 y 2009. Nadie quiere llegar ahí. Ese es el último recurso cuando todo lo demás falla. En la historia hondureña, ese camino nunca ha terminado bien.

El riesgo mayor que vemos ya no es solo la alteración del resultado electoral del pasado 30 de noviembre. Es la construcción deliberada de un gobierno de origen cuestionado, incluso si termina siendo reconocido por la comunidad internacional. La narrativa de fraude, instalada sin prueba estructural desde el día D, no se desmonta con comunicados ni con avales externos. Permanece, erosiona la legitimidad y dificulta gobernar. Es una estrategia conocida que hemos visto antes, si no se puede ganar, se busca que nadie gobierne con normalidad.

La posible entrada del Congreso Nacional como árbitro de una elección que no le corresponde sería el punto de quiebre en esta crisis. Convertir un bloqueo político intencional en una “salida institucional” solo escalaría el conflicto. Hemos visto en nuestra historia también como cada vez que el Legislativo ha intentado resolver lo que no pudo resolverse en las urnas, el resultado fue más inestabilidad, nunca menos.

Todo esto ocurre mientras el argumento central de quienes impulsan el bloqueo sigue siendo jurídicamente insostenible. Lo que se pide no está permitido por la ley. La nulidad sin repetición no existe. El acta en cero como resultado final no existe. Lo que sí existe es un camino claro: terminar el escrutinio, declarar los resultados y, donde la ley lo ordene, repetir la votación. Sin que esto deba entenderse que se debe repetir TODA la votación, que eso tampoco existe. Todo lo demás es una apuesta peligrosa a la confusión, al desgaste y al conflicto prolongado.

Honduras está, otra vez, frente a una decisión que no es técnica ni aritmética, sino política: cerrar el proceso conforme a la ley, o abrir una crisis cuyo desenlace nadie controla. La historia reciente ofrece suficientes advertencias sobre cuál de esos caminos suele terminar mal. Aún estamos a tiempo para evitarlo.