Del libro Héroes y villanos del golpe de Estado**, El Pulso, 2019.**
La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, identifica como antecedente inmediato a la crisis de 2009, la crisis de 1985.
«En 1985 la democracia hondureña vive su primera crisis en la confrontación del ejecutivo de Suazo Córdova y el poder legislativo. Aquella crisis tuvo como motivación el interés del Suazo Córdova de extender su período por dos años. Llevó a la confrontación de los poderes políticos en donde tuvimos a dos presidentes de Corte Suprema, uno preso y el otro en posesión de su cargo. Aquello se resolvió en el marco de los acuerdos políticos».
La crisis política e institucional de 1985 fue el producto de un conflicto frontal entre el titular del Poder Ejecutivo, el doctor Roberto Suazo Córdova, y los diputados al Congreso Nacional de la República liderados por su presidente, el abogado Efraín Bu Girón.
El tema de fondo fue la sucesión presidencial. En su tesis, Suazo Córdova había sido electo presidente bajo la constitución aún vigente en 1981, que contemplaba el período presidencial de 6 años y no bajo la constitución vigente a partir del 27 de enero de 1982, cuando Suazo Córdova inicia su período presidencial. Argumentaba, igual que lo hizo años después, en otro contexto, Porfirio Lobo Sosa, que la ley no podía ser retroactiva y él debía regirse por la Constitución de 1965, estando obligado por ley a convocar elecciones hasta 1988.
La crisis dio inicio el 28 de marzo de 1985, cuando el Congreso Nacional de la República ordenó la destitución del magistrado Carlos Manuel Arita Palomo, presidente de la Corte Suprema de Justicia y de cuatro magistrados más de la Corte Suprema. Arita Palomo era aliado político de Suazo Córdova y se prestaba a dar un fallo a favor de la postura de Suazo Córdova. El Congreso Nacional de la República colocó en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Ramón Valladares Soto, amigo y cercano colaborador del presidente del Congreso Nacional, Efraín Bu Girón, quien daría un fallo contrario a las pretensiones del ejecutivo.
Para evitar que el Congreso Nacional se saliera con la suya, Suazo Córdova solicitó al jefe de las Fuerzas Armadas que ordenara la captura del abogado Valladares Soto y presentó una querella judicial contra 53 diputados del Congreso Nacional de la República, a los que acusó de «atentar contra la forma de Gobierno en perjuicio del Estado hondureño». El abogado Valladares Soto fue detenido y enviado a la Penitenciaría Central, donde permaneció durante varios días.
Parte de la estrategia del ejecutivo era la designación de aspirante a la presidencia de los candidatos del Partido Liberal y del Partido Nacional, con el entendido que ambos aceptarían el fallo de la corte e iniciarían campaña hasta 1988. El Congreso Nacional de la República respondió a esta acción del presidente Suazo Córdova asestándole un golpe a sus pretensiones, aprobó el 4 de abril de 1985 una disposición legislativa por medio de la cual estableció que los candidatos a la Presidencia de la República, los designados a la Presidencia y los miembros de las corporaciones municipales, solo podrían ser inscritos en los organismos electorales después de haber sido electos en elecciones internas mediante el voto secreto y directo de sus afiliados.
Las elecciones internas, en ese sentido, fue un recurso que el Congreso Nacional usó para bloquear el proyecto político de Suazo Córdova.
Esta disposición que daba vida a las elecciones internas en los partidos políticos, fue acompañada de un decreto legislativo que indicaba que la convocatoria a elecciones generales solamente podría hacerse cinco meses antes de la fecha establecida para tal objeto. Con esta última regulación se pretendía limitar el margen de maniobra del presidente Suazo Córdova y evitar que pudiera burlar la disposición del Congreso Nacional de la República, de practicar elecciones internas antes de las elecciones generales.
El Congreso Nacional de la República emitió adicionalmente un decreto de amnistía para lograr la liberación del abogado Valladares Soto.
Para evitar que las disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional entraran en vigencia, el presidente Suazo Córdova ordenó a los soldados de la guardia de honor presidencial ocupar el edificio de la Tipografía Nacional e impedir que fueran publicadas en el Diario Oficial La Gaceta; posteriormente, envió al Congreso Nacional un veto objetando las disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional. Este, en abierta rebeldía, se negó a discutir siquiera el veto presidencial.
Las organizaciones sindicales, al igual que otros sectores de la sociedad civil hondureña, siguieron con una mezcla de atención y sorpresa el conflicto político e institucional. Cuando estimaron que la crisis había llegado a su fase de mayor tirantez y para prevenir un golpe de Estado (que comenzaba a presentarse como una opción a la crisis) decidieron intervenir. Fue así que líderes de la CTH, la FESITRANH, la FECESITLIH, la ANACH, el SINAMEQUIP, la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Honduras (FECORAH) y de la Federación de Campesinos de Honduras (FCH), se reunieron en abril de 1985 para analizar la situación y emitir juicios sobre la misma.
De esta reunión salió un conjunto de sugerencias para enfrentar la crítica situación política existente. El 19 de abril de 1985, las organizaciones obreras y campesinas, fortalecidas por la presencia de la CGT, la UNC y la CNTC, elevaron ante los partidos políticos y la opinión pública en general, un nuevo documento al que denominaron «Posición del movimiento obrero y campesino ante la actual crisis que vive el país», en el cual proponían un conjunto de medidas para resolver la crisis política e institucional.
Desde la dimensión electoral, la crisis de 1985 se resolvió con un acuerdo entre las élites, en la cual formaron parte también las Fuerzas Armadas, la Embajada de Estados Unidos, los gremios obreros y campesinos, la iglesia y la empresa privada agrupado en lo que se conocía como “Notables”; resultó en el cambio abrupto de las reglas de juego para las elecciones de ese noviembre, al adoptarse la llamada “Alternativa B”, que indicaba que el ganador de las elecciones no sería necesariamente el candidato que obtuviera más votos que cualquier otro contendiente, sino el partido político que, sumandos los votos de los diferentes candidatos bajo su lema, obtuviera más sufragios que otro partido. Así fue que José Simón Azcona del Hoyo obtuvo menos votos que Rafael Leonardo Callejas en las elecciones de 1985, pero, al sumar el total de votos por partido, fue proclamado como ganador de las elecciones.
Sin embargo, Azcona, pese a que su partido tenía mayoría legislativa, no contaba con el apoyo total de esa bancada, de modo que tuvo que resignarse a la producción de un pacto en el que se le otorgaba importantes concesiones de poder a la bancada del Partido Nacional, adscrita al candidato que, en realidad, había obtenido más votos en las elecciones generales y que, en la elección de 1989, fue el que ganó los comicios para ocupar la presidencia de la República en 1990.
Pero, como afirma Miguel Cálix, aunque la crisis del 85 fue contenida, no fue resuelta del todo. «Me atrevo a decir incluso que hay cosas que no se resolvieron de forma apropiada en las crisis del 63, 71 y mucho menos en la del 85. El Partido Liberal ha atravesado por crisis recurrentes que solamente aplacan la incomodidad interna, pero al ser partidos con una profunda herencia familiar heredan también los caudillismos y también sus conflictos. Si revisas la constituyente de 1957 y ves quiénes eran los protagonistas de 1963, son los mismos nombres de 2009, con la excepción de que ahora son los hijos de aquellos. Un Villeda Morales de presidente en 1963, un Mauricio Villeda de líder del partido Liberal y candidato presidencial en 2009; un Modesto Rodas de candidato presidencial en 1963, Patricia Rodas de canciller de gobierno del Poder Ciudadano; Arturo Corrales, Carlos Flores, Ortéz Colindres, Marta Lorena Alvarado (todos hijos de protagonistas en la crisis de 1963). Cualquiera que conoce la política hondureña sabe que hay allí, en esas familias, un odio nunca resuelto, una pelea nunca resuelta que indica que en el golpe de Estado del 63 tiene las mismas características del golpe de 2009: entre liberales.»
Quizás, como ya mencionamos antes, el resultado más importante de la crisis de 1985 fue el inicio de procesos internos para elegir candidatos en los partidos mayoritarios, un avance en la construcción de las instituciones democráticas en el país.
Como resultado de este acuerdo comienzan a consolidarse las corrientes internas de cada partido, algo que no se había logrado en tiempos de la Alianza Liberal Progresista (ALIPO) y el Rodismo, en donde quien controlaba el partido ponía al andidato. De haber continuado la elección de candidatos en la forma que Suazo Córdova buscaba, el candidato de 1985 hubiera sido Óscar Mejía Arellano, alguien de su entera confianza. Pero la crisis abrió la posibilidad para que el próximo presidente fuera un diputado hasta ese momento marginal, que por su victimización frente al poder que representaba Suazo Córdova y Efraín Bu Girón, logró la presidencia con la Opción B, el ingeniero José Simón Azcona del Hoyo.
La consolidación de las corrientes internas continúa su proceso según transcurre la década de los noventa, cuando el descontento del movimiento popular a las políticas neoliberales de Rafael Leonardo Callejas alimenta la corriente progresista del M-Lider, marginal hasta ese momento, que lleva a la presidencia a Carlos Roberto Reina Idiáquez.
SIGUE: «El último león del liberalismo se llevó el sombrero»
