La escena del martes 24 de marzo en el Congreso Nacional marca el momento cuando una crisis, que llevaba meses acumulándose (entre audios, requerimientos fiscales, decisiones contradictorias y silencios incómodos) entró finalmente en un espacio donde ya no bastaba con insinuar. Había que responder.
Con 92 votos, el Congreso Nacional admitió el lunes 23 el juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya y ordenó su suspensión del cargo. La mayoría calificada alcanzada no admite lecturas superficiales. Se trata de una convergencia política que, en circunstancias ordinarias, difícilmente habría ocurrido. Lo que siguió fue una audiencia que, más que cerrar el caso, terminó de delinear sus contornos.
Johel Zelaya llegó al cargo en la madrugada del 1 de noviembre de 2024, luego de una intensa pelea de poder en el anterior congreso. Fue electo por una comisión permanente compuesta por 9 diputados de Libertad y Refundación, y ratificado semanas después, luego de una negociación entre los partidos mayoritarios que incluyó requerimientos fiscales contra varios diputados opositores. Sentado en el sillón frente al comité especial del congreso en el salón de retratos, compuesto por 9 diputados, no negó las acusaciones que lo llevaron al banquillo de los acusados. Optó por defenderse. Dijo haber actuado conforme a la ley, insistió en que su actuación había sido interpretada políticamente y enmarcó el proceso en su contra como una persecución política. “Me quieren destituir porque me tienen miedo. Porque no me controlan ni me puede comprar nadie”, dijo. Su defensa no fue técnica, sino política. No buscó desmontar cada señalamiento, sino colocar su gestión dentro de una narrativa de confrontación con actores tradicionales.
Abogado Luis Romero
Pero la audiencia no giró en torno solo a esa narrativa. Los diputados no se concentraron en episodios aislados. Preguntaron por patrones, por criterios de persecución, por decisiones reiteradas en momentos específicos del proceso electoral. Y, sobre todo, por el uso del poder penal en un contexto donde las instituciones estaban bajo tensión.
Ahí aparecieron los testigos.
Siete intervenciones que, vistas individualmente, podían parecer episodios distintos, pero que juntas construyeron una línea consistente de decisiones que afectaron derechos, procesos impulsados sin claridad probatoria, exposiciones públicas con consecuencias personales y, en algunos casos, presiones internas dentro del Ministerio Público. Y el punto más delicado de toda la audiencia no vino de un actor político, sino de una fiscal. Claudia Paz.
El relato de la fiscal contra la corrupción de la Ceiba señaló como dirigió una investigación contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, en la que encontró indicios de delitos como abuso de autoridad y fraude. Dijo que esa investigación estaba prácticamente concluida en noviembre de 2024 y que contaba con medios probatorios suficientes para procesarlo, entre ellos el testimonio de Juan López, quien iba a ser testigo estrella del caso. Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, semanas antes de que Johel Zelaya asumiera el cargo.
Hasta ahí, el relato se mantenía dentro de lo esperable. Lo que sigue es lo que cambia el caso.
Según la fiscal Claudia Paz, para el mes de noviembre se preparaba el requerimiento fiscal por corrupción contra Funez, recibió entonces instrucciones desde Tegucigalpa para modificarlo. La orden no fue técnica. Fue sustantiva. Se le pidió eliminar el delito de abuso de autoridad y reducir la acusación a falsificación de documentos públicos, en una versión que, según su propio criterio, debilitaba la investigación. La fiscal se negó a proceder de esa manera.
Dijo que el nuevo requerimiento fiscal desnaturalizaba su tesis acusatoria, que eliminaba elementos centrales del caso y que favorecía directamente al investigado. La consecuencia fue inmediata: fue sometida a un proceso disciplinario. La advertencia que recibió, según su testimonio, fue explícita: la orden venía de arriba, y el fiscal general Johel Zelaya tenía conocimiento de ella.
Ese momento redefine el juicio político. Porque ya no se trata de una discusión abstracta sobre criterios fiscales o decisiones administrativas. Se trata de una intervención directa en una investigación en curso. De la alteración de un requerimiento para favorecer a aliados políticos. De una decisión que, según quien la ejecutó originalmente, debilitaba la posibilidad de acusar a un funcionario por delitos concretos. En términos políticos, eso tiene un peso evidente. En términos institucionales, es más grave, porque introduce un elemento que atraviesa todo el proceso contra Zelaya: la selectividad.
Marvin Ponce
Durante la audiencia del pasado martes se repitió una idea que no proviene de un solo caso. Se construye con la acumulación. Procesos que avanzan con rapidez en ciertos contextos, otros que se detienen sin explicación clara, decisiones que se hacen públicas en momentos de alta tensión electoral, investigaciones que no llegan a su conclusión. El problema, según lo descrito en la audiencia, no es la existencia de investigaciones, es el criterio con el que se impulsan.
Ese patrón no se agota en el testimonio de la fiscal Paz. Se conecta con otros relatos presentados en la audiencia: fiscales removidos, decisiones administrativas que afectan procesos en curso, acusaciones de presión interna para modificar requerimientos, y casos donde la acción penal parece responder más al contexto político que a la lógica jurídica. Y se conecta, además, con lo que no ocurrió.
El caso de Juan López aparece como un punto de quiebre en esa discusión. Un líder ambiental que investigaba corrupción en la alcaldía de Tocoa, que denunció públicamente a Adán Fúnez, un aliado cercano de la familia Zelaya y que fue asesinado días después de hacerlo. Las investigaciones sobre la estructura que él denunciaba existen. Hubo allanamientos. Hubo documentos. Pero hasta ahora no hay requerimientos claros contra las figuras de mayor peso político vinculadas al caso. Esa omisión no se discute en abstracto. Se vuelve parte del argumento, porque el juicio político no evalúa delitos, evalúa idoneidad para ejercer el cargo. Evalúa confianza. Y la confianza se pierde tanto por lo que se hace como por lo que se deja de hacer.
Pero el Congreso Nacional, que hoy actúa como órgano de control, tampoco está fuera de esta historia. Bajo la conducción anterior de Luis Redondo, el Congreso intervino en momentos clave del proceso electoral, aprobó decretos en condiciones cuestionadas y trasladó presión pública hacia el Ministerio Público. Esa secuencia forma parte del entorno en el que el fiscal tomó decisiones. Ahora, una nueva composición legislativa intenta ordenar ese proceso.
Libre ha reaccionado denunciando persecución política. Es una reacción esperable de todo juicio político. Pero también es una defensa que ignora un elemento central: muchas de las condiciones que hoy se atribuyen al fiscal (presión sobre órganos electorales, uso político de instituciones, intervención en momentos críticos) se desarrollaron en un escenario donde el propio poder político también intervino. El juicio político no surge en el vacío. Es el resultado de una acumulación.
De decisiones que, vistas en conjunto, construyen una forma de ejercer el poder. Una forma en la que el Ministerio Público deja de ser percibido como un órgano técnico y pasa a ser un actor dentro del conflicto político.
Por eso, la discusión ya no es si Johel Zelaya cometió un delito. La discusión es otra. Es si puede seguir siendo fiscal general un funcionario al que se le atribuye haber intervenido en investigaciones sensibles, haber modificado requerimientos bajo presión y haber aplicado la acción penal con criterios inconsistentes en un momento crítico para el país.
El Congreso Nacional tendrá al final la última palabra. El comité especial que hoy conoce la causa deberá entregar un informe al pleno en donde se señalará un veredicto. Y será el pleno, nuevamente con 86 votos, quienes deberán decidir si procede la destitución o no. Pero la audiencia ya dejó algo claro. La caída del fiscal general Johel Zelaya no se explica por un error. Se explica por un patrón. Y ese patrón, tal como fue expuesto, hace insostenible su permanencia en el cargo.