En una pequeña extensión de terreno frente a la Corte Suprema de Justicia, un grupo de familias garífunas lleva ochenta días viviendo bajo carpas. Allí cocinan, reciben visitas, organizan actividades comunitarias y esperan respuestas. Algunos llegaron desde San Juan, otros desde diferentes comunidades de la costa atlántica. A pocos metros se encuentra el edificio donde funciona la máxima autoridad judicial del país. Los magistrados entran y salen, los expedientes siguen su curso y, del otro lado, las familias continúan esperando.
El campamento comenzó el 10 de agosto, después de que un operativo policial desalojara a un grupo de pobladores que reclamaba tierras en San Juan, Tela. Cinco personas fueron detenidas y acusadas de usurpación agravada. El expediente ha pasado entre tribunales de Tela y San Pedro Sula, mientras la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, exige que se cierre el proceso penal y se cumplan las sentencias internacionales que reconocen los derechos de las comunidades.
La protesta tiene una particularidad incómoda para las instituciones. Quienes permanecen frente a la Corte cuentan con el respaldo de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado hondureño. Dos fueron emitidas en 2015, a favor de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra; otra en 2023, sobre San Juan, y la más reciente en 2025, sobre Cayos Cochinos. Las resoluciones establecen violaciones de derechos y obligaciones de reparación que el Estado todavía tiene pendientes en aspectos fundamentales.
Once años después de las primeras condenas, el problema sigue ocupando el mismo lugar en la agenda nacional: reuniones, comisiones, compromisos y nuevas protestas.
Durante una conversación en +Conscientes, el periodista garífuna Kenny Castillo Fernández explicó las razones de la desconfianza que existe entre las comunidades y las autoridades hondureñas. Castillo ha investigado durante años la migración, la discriminación y los conflictos territoriales de su pueblo. Hablaba con la familiaridad de quien conoce las comunidades, pero también con el cansancio de quien ha documentado demasiadas veces los mismos reclamos.
Le pregunté por qué OFRANEH había rechazado las convocatorias al diálogo realizadas por la Corte Suprema y la Procuraduría General de la República. Desde la perspectiva institucional, las autoridades habían abierto espacios para conversar y la organización había decidido no asistir. Castillo explicó que una de las reuniones incluía, según los testimonios que había recogido, a personas vinculadas con las disputas territoriales cuya participación no había sido comunicada adecuadamente. En otra ocasión, la Procuraduría había convocado a una reunión para la mañana siguiente mediante una notificación recibida a las siete de la noche.
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El episodio está documentado en una comunicación de OFRANEH del 9 de septiembre. La organización consideró que convocar con tan poca anticipación una reunión destinada a discutir responsabilidades, presupuestos y mecanismos de cumplimiento carecía de la seriedad necesaria. La Procuraduría convocó posteriormente otro encuentro, esta vez con mayor anticipación, al que tampoco asistió OFRANEH. La institución reiteró su disposición al diálogo; la organización insistió en que debían atenderse previamente los procesos penales, los desalojos y las cuatro sentencias.
La distancia entre las posiciones resulta evidente. Las autoridades consideran que están ofreciendo mecanismos institucionales para resolver el problema. OFRANEH desconfía de esos mecanismos porque sus experiencias anteriores han producido escasos resultados. Cada nueva convocatoria llega acompañada del recuerdo de las anteriores.
En 2024, durante el gobierno de Xiomara Castro, se creó una Comisión Intersectorial de Alto Nivel para coordinar el cumplimiento de las sentencias internacionales. Participaban representantes del gobierno, instituciones responsables de la tierra y organizaciones garífunas. En septiembre de ese año, una reunión se celebró incluso en territorio comunitario, en Vallecillo, Colón. Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH, destacó entonces la importancia de que los funcionarios llegaran hasta un territorio donde las comunidades mantenían sus reivindicaciones.
Pero en abril de 2025, un año después de la instalación de la comisión, las organizaciones realizaron su funeral simbólico. Denunciaron falta de presupuesto, obstáculos administrativos y ausencia de resultados verificables en las reparaciones territoriales. El gobierno había conseguido sentar a las partes, organizar reuniones y establecer compromisos. La capacidad de ejecutar las decisiones quedó muy por debajo de las expectativas.
Ese antecedente ayuda a comprender por qué las nuevas convocatorias encuentran resistencia. Los gobiernos cambian y las instituciones anuncian nuevos procedimientos, mientras las comunidades siguen reclamando buena parte de las mismas obligaciones. La responsabilidad se ha acumulado durante administraciones de distintas orientaciones políticas. El gobierno de Nasry Asfura ha heredado esas obligaciones y ahora debe responder por las decisiones que corresponden a su administración.
Detrás de este conflicto hay una disputa mucho más antigua por la costa atlántica. Las comunidades garífunas ocupan territorios que durante generaciones tuvieron escaso interés para las élites económicas del país. Con la expansión turística, inmobiliaria y agroindustrial, aquellas tierras adquirieron un valor considerable. Las playas donde las familias habían pescado, sembrado, enterrado a sus muertos y construido sus aldeas comenzaron a ser vistas como espacios disponibles para inversiones y nuevos proyectos.
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Castillo explicó durante la entrevista que para las comunidades la propiedad ancestral comprende una relación histórica con el territorio que involucra la alimentación, la espiritualidad, la organización social y la continuidad cultural. Una playa puede figurar en un proyecto inmobiliario como una oportunidad de inversión y formar parte, al mismo tiempo, de un territorio reivindicado colectivamente. Las controversias resultantes involucran títulos de propiedad, decisiones municipales, derechos de terceros y obligaciones internacionales que deben resolverse mediante procedimientos jurídicos específicos.
La sentencia de San Juan refleja esa complejidad. La Corte Interamericana reconoció violaciones a los derechos territoriales de la comunidad, pero, considerando la situación de los terceros que ocupan parte del territorio, estableció reparaciones mediante tierras alternativas consensuadas o una indemnización en las condiciones previstas por el fallo. Ejecutar esa decisión requiere determinar superficies, negociar soluciones, asignar recursos y garantizar la participación efectiva de los afectados. Son obligaciones que demandan algo más que una declaración de buenas intenciones.
La desconfianza tiene también una historia de discriminación. En San Juan ocurrió, en marzo de 1937, una masacre perpetrada durante la dictadura de Tiburcio Carías Andino, documentada por el historiador garífuna Víctor Virgilio López García. Aquellos acontecimientos pertenecen a circunstancias políticas distintas de las actuales, pero forman parte de una memoria histórica en la que el Estado aparece frecuentemente asociado con la violencia, el abandono o el desconocimiento de los derechos comunitarios.
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Esa memoria convive con otras formas de exclusión. Castillo recordó que los garífunas todavía escuchan expresiones que ponen en duda su pertenencia a Honduras, como si la condición de hondureño dependiera de determinados rasgos físicos o culturales. También cuestionó una representación política que, en su opinión, suele responder más a los partidos que a las comunidades.
Sin embargo, sería un error imaginar al pueblo garífuna únicamente a través de sus conflictos territoriales. Se trata de una sociedad con una extensa diáspora, profesionales, jóvenes universitarios, empresarios y redes familiares que conectan Honduras con Estados Unidos y otros países centroamericanos. Sus aspiraciones económicas han cambiado, al igual que las de cualquier otra comunidad. Castillo habló de turismo comunitario, emprendimientos y proyectos productivos en los que las propias comunidades participen en las decisiones y los beneficios.
Ese aspecto es fundamental. La reivindicación territorial también involucra la posibilidad de decidir cómo aprovechar económicamente esos espacios. La consulta previa y la participación comunitaria pueden contribuir a construir proyectos viables, aunque también existen diferencias entre organizaciones, dirigentes y habitantes respecto de las soluciones deseables. Reconocer esa diversidad es indispensable para cualquier proceso serio de negociación.
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Hacia el final de nuestra conversación, Castillo formuló una propuesta que parecía demasiado sencilla frente a la magnitud de los problemas. Sugirió que los funcionarios acudieran personalmente al campamento, se sentaran con quienes protestan y escucharan sus demandas. La Corte Suprema está a unos pasos. El presidente del Poder Judicial podría recorrer esa distancia, conversar con las familias y conocer directamente las condiciones en que permanecen.
El gesto tendría importancia, aunque su alcance sería limitado si las instituciones regresaran después a sus oficinas sin decisiones concretas. La experiencia de la comisión de 2024 demuestra que incluso una reunión celebrada dentro del territorio garífuna puede terminar frustrada cuando los acuerdos carecen de presupuesto, responsables y seguimiento.
La respuesta tampoco depende exclusivamente de la Corte Suprema. La ejecución de las sentencias internacionales requiere acciones del Ejecutivo, la Procuraduría, las instituciones agrarias y otras dependencias públicas. Los procesos penales deben resolverse por los tribunales competentes, con respeto a las garantías judiciales. Una relación institucional seria necesita reconocer esas responsabilidades y ofrecer resultados que las comunidades puedan verificar.
El campamento permanece frente a la Corte, en una ciudad donde las protestas suelen terminar absorbidas por la rutina. Durante ochenta días, los garífunas han sostenido una presencia que debería resultar difícil de ignorar. En ese tiempo, las autoridades han podido observarlos desde sus instalaciones, emitir convocatorias y anunciar su voluntad de diálogo.
Castillo propuso comenzar por algo elemental: acercarse y escuchar. La propuesta obliga a reconocer que los procedimientos institucionales también expresan relaciones de poder y que la confianza difícilmente puede reconstruirse mediante las mismas prácticas que han contribuido a deteriorarla.
La Corte está a unos pasos del campamento. Recorrer esa distancia sería sencillo. Lo verdaderamente difícil comenzaría después, cuando las autoridades tuvieran que regresar a sus despachos y convertir lo escuchado en decisiones, presupuestos, resoluciones y derechos efectivamente garantizados.
Mientras eso no ocurra, las familias seguirán allí, frente a un edificio al que llegaron buscando justicia, esperando que alguna vez las sentencias dejen de ser promesas pendientes.