La reforma agraria permitió que trabajadores bananeros y campesinos construyeran una empresa agroindustrial. Medio siglo después, Honduras protege las propiedades productivas con una nueva legislación, mientras mantiene sin resolver los conflictos sobre la tierra que alguna vez entregó a las cooperativas.
En 1981, los campesinos de Guaymas compraron una vieja planta extractora de aceite de palma que pertenecía a una empresa transnacional. La maquinaria estaba usada y necesitaba reparaciones. Para adquirirla recurrieron a un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Hasta entonces, vendían la fruta a compañías que controlaban su procesamiento y comercialización. Con aquella compra comenzaron a participar en una parte más rentable del negocio.
Ese molino fue uno de los primeros pasos hacia la consolidación de HONDUPALMA, una empresa que hoy produce, industrializa y comercializa derivados de la palma africana. Su historia comenzó mucho antes, entre los trabajadores bananeros despedidos después de la huelga de 1954, las organizaciones campesinas que se formaron durante los años sesenta y las familias que quedaron en condiciones precarias después del huracán Fifí, en 1974.
La reforma agraria permitió recuperar tierras, organizar la producción y construir un proyecto económico colectivo. El Estado intervino mediante el Instituto Nacional Agrario, el financiamiento de BANADESA y los programas de capacitación. Los campesinos aportaron su trabajo, asumieron las decisiones empresariales y aprendieron a administrar una actividad industrial para la que originalmente carecían de experiencia.
HONDUPALMA es una de las demostraciones más interesantes de lo que pudo haber sido la reforma agraria hondureña.
Durante el programa de +Conscientes de este viernes le pregunté a Omar Palacios, especialista en desarrollo rural y organización de productores, qué posibilidades tendría actualmente un grupo de campesinos sin tierra de construir una empresa semejante.
Su respuesta fue afirmativa. Considera que las condiciones todavía existen y que las organizaciones campesinas pueden convertirse en empresas competitivas si consiguen desarrollar una cultura de trabajo, organización y agregación de valor.
Palacios explicó que HONDUPALMA consiguió superar una de las principales limitaciones del agro hondureño: vender materias primas para que otros obtengan los mayores beneficios de su transformación. La empresa avanzó desde la producción agrícola hacia la extracción, refinación y comercialización, construyendo capacidades técnicas y administrativas dentro de la propia organización.
El desarrollo también alcanzó a las nuevas generaciones. Según explicó, los hijos de los socios recibieron becas universitarias y posteriormente comenzaron a incorporarse a las gerencias y otras responsabilidades profesionales. La organización creó mecanismos internos de financiamiento y amplió sus actividades económicas.
La propiedad colectiva adquirió así un significado distinto al que suele atribuírsele en el debate público. Los campesinos demostraron que podían administrar capital, formar profesionales, competir en los mercados y construir una empresa que sobreviviera a sus fundadores.
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Esa experiencia resulta particularmente importante porque la reforma agraria hondureña tuvo un propósito económico que hoy suele perderse entre las disputas políticas. Se trataba de transformar las relaciones de propiedad para incorporar a miles de familias a la producción nacional. La distribución de la tierra debía facilitar el desarrollo de nuevas capacidades empresariales, ampliar el mercado interno y modificar una estructura económica caracterizada por la concentración de los recursos productivos.
HONDUPALMA muestra lo que ocurre cuando esas condiciones llegan a reunirse.
En el Bajo Aguán, las organizaciones campesinas siguieron una trayectoria mucho más conflictiva.
Allí también se entregaron tierras durante la reforma agraria y se crearon cooperativas capaces de desarrollar actividades agrícolas. Sin embargo, en 1992, durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola modificó las condiciones que regulaban la propiedad y transferencia de aquellas tierras.
Numerosas cooperativas vendieron sus propiedades, que terminaron concentrándose en empresas agroindustriales y propietarios particulares. Los procesos de compraventa provocaron controversias sobre su legalidad, algunas de las cuales continúan sin resolverse.
Human Rights Watch documentó en 2014 cómo esas transformaciones contribuyeron a los conflictos territoriales y a la violencia que afectó al Bajo Aguán. Entre 2009 y finales de 2012, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos había registrado 92 muertes relacionadas con las disputas agrarias de la región.
Durante nuestra conversación, Yoni Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria del Aguán, sostuvo que muchas transferencias se realizaron incumpliendo los procedimientos que debían proteger las tierras adjudicadas mediante la reforma agraria. Afirmó que una comisión jurídica interinstitucional investigó esas operaciones y reconoció la existencia de un despojo masivo.
Se trata de una denuncia que requiere revisar los expedientes originales, las autorizaciones de compraventa y las conclusiones del informe mencionado por Rivas. La legalidad de aquellas transferencias tiene que establecerse mediante documentos y resoluciones, especialmente cuando existen derechos de propiedad controvertidos.
Pero la persistencia del conflicto revela algo más profundo. Durante décadas, el Estado hondureño ha sido incapaz de resolver de manera definitiva una parte de las controversias que surgieron de sus propias políticas agrarias.
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El Aguán también demuestra que el campesinado organizado conserva capacidad productiva. Rivas mencionó las experiencias de Salamá, COAPALMA y otras cooperativas que continúan trabajando. Algunas han desarrollado procesos de industrialización; otras cultivan palma, granos básicos, plátano o mantienen proyectos ganaderos y avícolas.
Palacios reconoció el valor de esas organizaciones y destacó que varias han logrado integrarse a cadenas de producción y comercialización. Ambos coincidieron en que la capacidad económica del campesinado constituye una oportunidad real de desarrollo.
Las diferencias entre HONDUPALMA y el Aguán tienen que examinarse, por tanto, a partir de las condiciones que permitieron a unas organizaciones conservar y ampliar su patrimonio, mientras otras terminaron atrapadas en disputas sobre la propiedad. La calidad de la administración, el acceso al financiamiento y las decisiones de las propias cooperativas forman parte de esa historia. También la continuidad del apoyo institucional y el marco jurídico que reguló la venta de las tierras.
Rivas denunció que las organizaciones vinculadas con la Plataforma Agraria carecen actualmente de asistencia técnica y financiamiento estatal, y que incluso les fue retirado un equipo de apoyo del Instituto Nacional Agrario. La situación descrita contrasta con el respaldo institucional que contribuyó a desarrollar HONDUPALMA durante sus primeras décadas.
En ese escenario, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 107-2026, conocido como Ley Agroindustrial, que entró en vigor el 26 de junio.
La legislación declara inafectables determinadas tierras destinadas a la agroindustria, la ganadería, la energía, el turismo y otras actividades productivas, siempre que cumplan los requisitos establecidos sobre titularidad y registro. Esa protección alcanza incluso a causas de reforma agraria. También establece mecanismos de intervención inmediata frente a ocupaciones, usurpaciones y bloqueos que afecten las actividades protegidas.
Sus promotores justifican estas medidas por la necesidad de garantizar seguridad jurídica, proteger las inversiones y mantener la producción. Son preocupaciones legítimas en un país donde numerosas actividades económicas enfrentan conflictos por la propiedad y donde las ocupaciones ilegales también han perjudicado a empresas campesinas.
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La dificultad aparece cuando se pretende aplicar esa protección sobre tierras cuya historia jurídica todavía está siendo discutida. La inscripción de una propiedad ofrece una presunción de legitimidad, pero los conflictos sobre su adquisición requieren instituciones capaces de examinar los antecedentes y resolver las reclamaciones conforme a derecho.
La propia legislación remite esas controversias a las instancias judiciales. Mientras tanto, permite actuaciones destinadas a recuperar la posesión bajo las condiciones previstas en el decreto.
En los primeros cuatro meses de vigencia ya se han producido desalojos amparados en esta normativa, como el de familias campesinas de El Tulito, Choluteca. Expertos de Naciones Unidas advirtieron en septiembre sobre más de mil órdenes de desalojo que podrían afectar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y pidieron detener su ejecución ante los riesgos de vulneración de derechos.
La cifra corresponde a órdenes de desalojo, algunas ejecutadas y otras pendientes. Su importancia está en la magnitud del problema territorial que el Estado pretende administrar mediante estos procedimientos.
Hay una contradicción en las prioridades institucionales. Las organizaciones campesinas pueden pasar años intentando resolver una controversia sobre sus tierras, mientras la nueva legislación exige una actuación inmediata de fiscales y policías ante determinadas denuncias por ocupación.
Una investigación de Criterio.hn documentó que el Ministerio Público y la Policía Nacional emitieron circulares para priorizar las actuaciones relacionadas con usurpaciones y desalojos. La protección de la propiedad adquirió una respuesta institucional preferente en un sistema que continúa arrastrando graves retrasos para resolver los conflictos que afectan a esa misma propiedad.
Durante el programa planteé que, cuando las instituciones fracasan en la resolución de sus responsabilidades, el Estado tiende a recurrir al derecho penal. Esa tendencia aparece en los conflictos agrarios, en las ocupaciones destinadas a vivienda y en otras disputas sociales que tienen antecedentes económicos y administrativos.
Palacios llevó la discusión hacia un problema fundamental: la debilidad institucional perjudica a todos los sectores productivos. El Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad y los tribunales deben resolver títulos superpuestos, expedientes pendientes y controversias acumuladas durante años.
La seguridad jurídica es indispensable para las empresas privadas y para las cooperativas campesinas. Sin títulos claros resulta difícil acceder al crédito, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo. La incertidumbre también facilita la intervención de grupos que utilizan los conflictos territoriales para apropiarse de propiedades ajenas o desarrollar actividades criminales.
Rivas denunció precisamente la presencia de estructuras que, según su testimonio, se presentan como organizaciones campesinas para desplazar a cooperativas legalmente constituidas. El problema exige investigaciones capaces de distinguir las reivindicaciones legítimas de los delitos cometidos bajo su apariencia.
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Esa distinción adquiere una importancia adicional mientras el Congreso prepara nuevas reformas penales para combatir estructuras criminales. Las disposiciones sobre usurpación, los delitos relacionados con terrorismo y las nuevas propuestas legislativas tienen alcances jurídicos diferentes. Su aplicación exige pruebas individualizadas, respeto al debido proceso y controles sobre las facultades del Estado.
La seguridad de las inversiones depende también de la confianza pública en las instituciones que protegen los derechos de propiedad. Cuando una resolución judicial tarda años, cuando existen títulos contradictorios o cuando una comunidad considera que sus reclamaciones nunca fueron escuchadas, el conflicto termina trasladándose al terreno de la confrontación.
La experiencia de HONDUPALMA ofrece una perspectiva distinta.
La reforma agraria permitió crear una empresa que hoy necesita seguridad jurídica para continuar produciendo. Su existencia demuestra que la protección de la propiedad y el acceso campesino a la tierra pueden formar parte de un mismo proyecto de desarrollo. La cuestión es cómo construir instituciones que garanticen ambos objetivos y eviten que una función termine anulando a la otra.
Al final de nuestra conversación, Palacios y Rivas coincidieron en un concepto: inclusión.
Palacios lo vinculó con la necesidad de incorporar más familias a las cadenas de valor, industrializar la producción, desarrollar mercados y superar la concentración de oportunidades económicas. También insistió en la sostenibilidad ambiental y la necesidad de que las empresas mantengan relaciones responsables con las comunidades.
Rivas sostuvo que esa inclusión debe comenzar por el acceso a la tierra, el financiamiento y la participación de las organizaciones campesinas en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios.
La coincidencia tiene una dimensión política importante. Honduras posee experiencias suficientes para reconocer que el desarrollo agroindustrial puede incorporar a pequeños productores y empresas de propiedad colectiva. Los obstáculos económicos, jurídicos e institucionales que enfrentan esas iniciativas también son conocidos.
HONDUPALMA surgió porque un grupo de campesinos consiguió organizarse y encontró un Estado dispuesto a facilitar tierra, financiamiento y capacidades para producir. El Bajo Aguán conserva los conflictos de una transformación agraria que el país nunca terminó de resolver.
Cincuenta años después, la política agraria hondureña enfrenta una decisión sobre la distribución de las oportunidades económicas. Puede concentrar sus esfuerzos en custodiar las propiedades productivas existentes o recuperar, junto con esa protección, la capacidad de incorporar a nuevas familias al desarrollo agroindustrial.
Los campesinos de Guaymas comenzaron comprando una maquinaria usada para dejar de depender de quienes procesaban su cosecha. Aquella decisión fue posible porque antes habían conseguido la tierra y aprendido a organizarse. La industria llegó después.
La historia de HONDUPALMA recuerda que la seguridad jurídica debe servir también para hacer posibles nuevas empresas campesinas. Una política que protege lo que existe, pero abandona las condiciones para que otros puedan producir, termina defendiendo una estructura económica cada vez más difícil de transformar.