En los registros penitenciarios de El Salvador aparece una escena que, varios años después, ayuda a comprender las dificultades de la nueva legislación penal hondureña. Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele ingresaban a cárceles de máxima seguridad acompañados de hombres encapuchados para sostener reuniones clandestinas con dirigentes de la Mara Salvatrucha. Los visitantes evitaban los procedimientos ordinarios de identificación. Los encuentros quedaron registrados en los libros de novedades de las prisiones, documentos que los periodistas de El Faro consiguieron reconstruir en una investigación publicada en septiembre de 2020.
Aquellas reuniones formaban parte de una negociación que incluía la reducción de homicidios, beneficios penitenciarios y compromisos políticos relacionados con las elecciones legislativas de 2021. La Fiscalía salvadoreña había comenzado a investigarlas. Posteriormente, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a dos funcionarios del gobierno por organizar los encuentros. La documentación permitió conocer una relación mucho más compleja que la confrontación pública entre un Estado decidido a combatir las pandillas y unas organizaciones criminales empeñadas en resistirlo.
El martes 27 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas que contempla penas de treinta a cuarenta años para integrantes de organizaciones terroristas, prisión perpetua para sus cabecillas y financistas, mayores facultades de investigación y condiciones penitenciarias más estrictas. Una de las disposiciones más discutidas permite utilizar tatuajes y símbolos característicos de las maras como elementos para acreditar pertenencia criminal, sujetos a valoraciones técnicas y peritajes. La Corte Suprema de Justicia había advertido que esas marcas corporales solamente podían constituir indicios y que debían acompañarse de otras pruebas.
La controversia adquiere un significado particular cuando se examina la transformación que han experimentado las organizaciones criminales durante las últimas décadas.
Un día antes de la aprobación de las reformas conversé con Juan José Martínez d’Aubuisson, periodista y antropólogo salvadoreño que ha dedicado buena parte de su vida a investigar las maras centroamericanas y que recientemente ha realizado trabajo de campo en Haití. Durante la entrevista utilizó una expresión que permite comprender mejor la evolución de estas estructuras: mafias de origen pandillero.
Las maras nacieron como organizaciones juveniles cuya identidad estaba estrechamente relacionada con el territorio, los tatuajes, los códigos de pertenencia y las rivalidades entre grupos. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 desarrollaron sus primeras formas organizativas en California, dentro de comunidades de inmigrantes centroamericanos. Las deportaciones masivas de los años noventa contribuyeron a su expansión por El Salvador, Honduras y Guatemala, donde encontraron barrios marcados por la pobreza, la exclusión y una presencia institucional extremadamente débil.
Durante años, buena parte de su organización estuvo determinada por la confrontación entre pandillas rivales. Martínez d’Aubuisson sostiene que aquellas rivalidades llegaron a constituir un sistema de agresiones recíprocas que otorgaba prestigio y jerarquía dentro de los grupos. La violencia construía identidad y definía la pertenencia.
Sin embargo, conforme las organizaciones crecieron, sus actividades comenzaron a adquirir un carácter empresarial. La extorsión se convirtió en una fuente regular de ingresos. El comercio de drogas, los negocios ilícitos y la administración de territorios exigieron nuevas capacidades. Aparecieron relaciones con funcionarios públicos, intermediarios económicos y actores políticos. Los dirigentes aprendieron que resultaba más provechoso controlar los negocios que participar directamente en los enfrentamientos callejeros.
Algunos de los símbolos que habían definido su identidad comenzaron a perder importancia. Los tatuajes visibles, que durante años habían servido para demostrar lealtad, también facilitaban la identificación policial. La evolución de las maras hacia estructuras económicas más complejas modificó sus prácticas y sus formas de relacionarse con el poder.
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La historia salvadoreña ofrece una demostración especialmente reveladora de esa transformación.
En septiembre de 2020, El Faro publicó los documentos que acreditaban las reuniones secretas entre funcionarios del gobierno de Bukele y dirigentes de la MS-13. En agosto de 2021, una nueva investigación basada en el expediente denominado Catedral, desarrollado por la anterior administración de la Fiscalía General de la República, mostró que las negociaciones también habían involucrado a las dos facciones del Barrio 18.
Los investigadores fiscales habían reunido registros penitenciarios, fotografías, grabaciones, testimonios y documentos. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, por organizar encuentros clandestinos con dirigentes pandilleros. Según las autoridades estadounidenses, las negociaciones comprendían incentivos económicos, beneficios penitenciarios y compromisos de apoyo político.
La relación tuvo consecuencias todavía más graves. En noviembre de 2023, el Departamento de Justicia estadounidense confirmó que Élmer Canales Rivera, conocido como El Crook, uno de los principales dirigentes de la MS-13, había sido liberado de una prisión salvadoreña en 2021, pese a que Estados Unidos había solicitado su extradición. Posteriormente fue detenido en México y trasladado a territorio estadounidense.
Los expedientes fiscales y las investigaciones periodísticas permiten documentar la participación de funcionarios del gobierno en aquellas negociaciones. La responsabilidad penal individual del presidente Bukele constituye una cuestión diferente, pero la existencia de los acuerdos cuenta con un respaldo documental considerable.
La experiencia demuestra que las relaciones entre las organizaciones criminales y los Estados pueden atravesar distintas etapas de confrontación, negociación y colaboración. Bukele consiguió debilitar profundamente el control territorial de las pandillas mediante el régimen de excepción y una ofensiva de encarcelamientos masivos que comenzó en marzo de 2022. Aquella política también produjo miles de denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y muertes bajo custodia.
Martínez d’Aubuisson interpreta esa transformación como parte de un proceso más amplio de concentración de poder. Su argumento es que el gobierno salvadoreño consiguió desplazar a unas organizaciones criminales que anteriormente habían adquirido capacidad de negociación política, mientras debilitaba simultáneamente los mecanismos institucionales capaces de limitar la autoridad presidencial.
La experiencia de Haití permite observar una evolución diferente, cuya historia comienza mucho antes de la aparición de las pandillas que hoy dominan amplias zonas de Puerto Príncipe.
En 1957, François Duvalier llegó a la presidencia de Haití y organizó una milicia que sería conocida como los Tonton Macoutes. Sus integrantes actuaban como instrumentos de represión política, vigilancia e intimidación. La organización permitió al dictador consolidar su autoridad y reducir la influencia de las Fuerzas Armadas tradicionales. La violencia ejercida por grupos leales al gobernante se convirtió en una práctica arraigada dentro del funcionamiento del poder.
Los Tonton Macoutes desaparecieron como organización dominante después de la caída de la dictadura en 1986, pero la utilización de grupos armados irregulares continuó formando parte de las disputas políticas haitianas.
Durante los años posteriores surgieron organizaciones comunitarias en los barrios populares de Puerto Príncipe, conocidas como baz, o bases. Algunas nacieron de movimientos de resistencia contra la dictadura y de redes de solidaridad vecinal. Otras desarrollaron relaciones con actores políticos que necesitaban movilizar partidarios, proteger territorios o intimidar adversarios.
Durante los gobiernos y conflictos relacionados con Jean-Bertrand Aristide adquirieron importancia los llamados chimères, grupos armados vinculados con sectores de su movimiento político. Algunos participaron en acciones violentas contra opositores. Tras la salida de Aristide en 2004, distintas organizaciones conservaron sus armas, sus territorios y sus relaciones políticas, mientras desarrollaban fuentes propias de financiamiento.
El informe de International Crisis Group publicado en diciembre de 2025 reconstruye esta trayectoria y sitúa los antecedentes más directos de las bandas actuales en aquellas organizaciones de finales de los años noventa. La violencia paramilitar heredada de los Duvalier había establecido un precedente, pero las pandillas contemporáneas surgieron de procesos posteriores, relacionados con las luchas partidarias, la organización territorial y la transformación de las economías urbanas.
La participación de las élites económicas también fue determinante. Algunos empresarios financiaron grupos armados para proteger negocios, controlar mercados y enfrentar competidores. Los políticos recurrieron a ellos para movilizar electores, intimidar adversarios y asegurar determinadas zonas. A cambio, las organizaciones recibían dinero, armas y protección.
Durante nuestra conversación, Martínez d’Aubuisson describió el caso de comerciantes que recurrían a grupos armados para resolver sus disputas económicas. Le pregunté si estaba utilizando una metáfora. Respondió que se trataba de un ejemplo que había documentado durante sus investigaciones.
La explicación adquiere otra dimensión cuando se examina la geografía de Puerto Príncipe.
En La Saline, uno de los barrios situados cerca de las instalaciones portuarias y del mercado de Croix-des-Bossales, el control territorial significa acceso a rutas comerciales, mercancías y espacios estratégicos de la economía urbana. En noviembre de 2018 ocurrió allí una masacre que fue investigada por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití. Su informe documentó la participación de grupos armados y denunció vínculos con funcionarios estatales.
La disputa por un barrio podía determinar quién controlaba la circulación de productos, quién cobraba por permitir el paso de mercancías y quién obtenía ingresos de los negocios establecidos en sus calles. El territorio comenzó a proporcionar recursos suficientes para sostener a las organizaciones sin depender exclusivamente de sus antiguos patrocinadores.
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Ese proceso continuó hasta producir estructuras considerablemente más poderosas.
En junio de 2020, Jimmy Chérizier, un expolicía conocido como Barbecue, anunció la formación del G9, una alianza de bandas que operaban en distintos sectores de Puerto Príncipe. La organización llegó a agrupar grupos asentados en barrios como Delmas, Cité Soleil, Bel Air y otras zonas estratégicas.
Frente al G9 existía otra coalición, conocida como G-Pèp, vinculada históricamente con grupos rivales y otros sectores políticos. Ambas organizaciones protagonizaron enfrentamientos por territorios, rutas de transporte y recursos económicos. Las diferencias políticas de sus patrocinadores se mezclaban con los intereses de los dirigentes criminales.
Martínez d’Aubuisson explicó que las bandas haitianas conservaron características que las distinguen de las maras centroamericanas. Algunas funcionaban como organizaciones juveniles tradicionales; otras tenían antecedentes paramilitares, vínculos con antiguos policías o capacidades militares muy superiores. Sus líderes ejercían una autoridad personal sobre hombres armados que controlaban barrios enteros.
La crisis alcanzó una nueva dimensión después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. La desaparición de una autoridad presidencial ya debilitada alteró las relaciones entre los grupos armados y sus patrocinadores. La competencia por territorios y recursos se intensificó, mientras las instituciones perdían capacidad para contenerlos.
En septiembre de 2023, Chérizier anunció un acercamiento entre las coaliciones rivales bajo el nombre de Viv Ansanm, expresión criolla que significa vivir juntos. El intento inicial fue inestable y los enfrentamientos continuaron, pero la idea de una alianza volvió a tomar fuerza al año siguiente.
El 29 de febrero de 2024, distintas bandas emprendieron una ofensiva coordinada contra instituciones del Estado. Atacaron instalaciones policiales, prisiones y puntos estratégicos de Puerto Príncipe. En los días posteriores, miles de reclusos escaparon de las cárceles atacadas y el aeropuerto internacional quedó paralizado. La ofensiva contribuyó decisivamente a la salida del primer ministro Ariel Henry.
Los grupos que durante décadas habían servido como instrumentos de presión política demostraban ahora una capacidad suficiente para alterar directamente el funcionamiento del gobierno.
La nueva confederación conservaba las estructuras territoriales de sus integrantes. Cada dirigente mantenía autoridad sobre sus hombres y sus negocios, mientras la alianza permitía coordinar ataques, defender posiciones y ejercer presión sobre el poder político.
En 2025, los estudios de Global Initiative Against Transnational Organized Crime estimaban que las bandas controlaban o influían sobre aproximadamente el 85 por ciento de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Su autoridad se expresaba mediante extorsiones, secuestros, cobros por circulación, control de accesos y reglas impuestas a la vida cotidiana de las comunidades.
Esa autoridad tampoco dependía exclusivamente de su capacidad militar. Las bandas podían cobrar por permitir el transporte de alimentos, combustible y mercancías. Controlaban sectores de las rutas hacia los puertos y hacia la frontera dominicana. Las familias que permanecían en esos territorios debían adaptar sus actividades a las decisiones de dirigentes armados.
El fenómeno llegó a desarrollar una economía política propia. Los grupos obtenían recursos de los territorios y utilizaban esos recursos para comprar armas, reclutar integrantes y extender su influencia. Las relaciones con funcionarios y actores económicos facilitaban la circulación de mercancías, la protección de negocios y el acceso a información sobre las operaciones de seguridad.
Sin embargo, la experiencia de Viv Ansanm también demuestra las dificultades de mantener una alianza construida entre organizaciones que conservan intereses particulares.
Durante 2026, los enfrentamientos internos reaparecieron. Un informe de Naciones Unidas publicado en septiembre documentó la fragmentación violenta de la coalición por disputas territoriales y económicas. Entre marzo y julio, los combates entre bandas en Cité Soleil y la llanura de Cul-de-Sac dejaron al menos 613 personas muertas, incluidas 214 que no estaban vinculadas con las organizaciones criminales.
La alianza que había permitido coordinar ataques contra el Estado comenzó a experimentar conflictos por el reparto del territorio y sus ingresos. Al mismo tiempo, las bandas extendieron operaciones hacia otras regiones de Haití, mientras las fuerzas de seguridad conseguían recuperar parcialmente algunos sectores de la capital.
Las organizaciones criminales habían adquirido poder suficiente para desafiar a las instituciones, pero sus conflictos internos continuaban reproduciendo la violencia que habían prometido superar al anunciar la alianza.
La crisis dejó consecuencias humanas devastadoras. Cerca de un millón y medio de personas han sido desplazadas por la violencia. Los informes de Naciones Unidas documentan asesinatos, violencia sexual, reclutamiento de menores y comunidades sometidas a la autoridad de grupos armados. Buena parte de la población ha quedado atrapada entre las operaciones de seguridad, los enfrentamientos criminales y la ausencia de instituciones capaces de protegerla.
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El último episodio involucra directamente a El Salvador.
El 18 de octubre, cuatro integrantes salvadoreños de la fuerza internacional desplegada en Haití desaparecieron después de una emboscada cerca de Puerto Príncipe. Bukele anunció una operación para recuperarlos. El 27 de octubre, Reuters informó, citando a una fuente de seguridad haitiana, sobre el envío de aproximadamente mil militares salvadoreños adicionales. El alcance y la estructura de mando de ese despliegue todavía no habían sido confirmados oficialmente.
El gobierno salvadoreño llega a Haití con el prestigio político que le ha proporcionado la reducción de la violencia pandillera en su propio territorio. Pero las organizaciones que enfrenta poseen características históricas y militares diferentes de las maras salvadoreñas.
Martínez d’Aubuisson considera que el modelo de Bukele difícilmente puede trasladarse a Haití. La experiencia salvadoreña estuvo precedida por una serie de negociaciones con dirigentes pandilleros, por la concentración del poder institucional y por una ofensiva contra organizaciones que ya habían experimentado importantes derrotas frente a las fuerzas de seguridad. En Haití, los grupos armados poseen mayor capacidad de fuego, conservan extensas bases territoriales y mantienen relaciones con sectores del poder que siguen siendo difíciles de desarticular.
La intervención extranjera puede modificar el equilibrio militar, pero las estructuras que sostienen la violencia permanecen vinculadas con las relaciones políticas y económicas del país.
En marzo de 2026, Global Initiative Against Transnational Organized Crime publicó un informe titulado Brokers and Patrons, dedicado precisamente a examinar esas relaciones. Sus investigadores sostienen que las bandas haitianas están integradas en circuitos de poder económico y político que permiten reproducir la violencia incluso después de operaciones exitosas contra determinados dirigentes. La investigación plantea que las políticas de seguridad deben perseguir también a los patrocinadores, las redes financieras y los mecanismos de protección institucional.
El diagnóstico permite regresar a Honduras con una perspectiva diferente sobre las reformas aprobadas por el Congreso.
Durante la conversación que sostuvimos esta mañana con Frank O’Connor y Raúl Paniagua, ambos señalaron que las nuevas disposiciones requieren instituciones capaces de investigar y sostener procesos judiciales. O’Connor insistió en la necesidad de depurar los cuerpos policiales, examinar el patrimonio de funcionarios y perseguir los recursos económicos de las organizaciones criminales.
La discusión resulta especialmente relevante porque las reformas hondureñas también contemplan castigos extraordinarios para cabecillas y financistas. Existe, por tanto, una intención legislativa de alcanzar a quienes dirigen y sostienen estas organizaciones. Lo difícil comienza cuando las autoridades deben identificar a esas personas y demostrar sus responsabilidades.
Un dirigente puede actuar desde una empresa legítimamente constituida, administrar recursos mediante intermediarios, financiar actividades ilícitas o mantener relaciones con funcionarios que facilitan sus operaciones. La participación criminal requiere pruebas que permitan reconstruir movimientos financieros, acuerdos, comunicaciones y decisiones. Los tatuajes, la vestimenta y los símbolos tradicionales aportan información sobre determinadas formas de pertenencia, pero ofrecen poco para descubrir las relaciones económicas que sostienen a las estructuras más complejas.
La propia Corte Suprema de Justicia advirtió sobre esa diferencia. Un tatuaje puede constituir un indicio, aunque la responsabilidad penal exige una investigación que demuestre la participación de la persona en la organización.
Hay otra observación de la Corte que merece atención. Mientras el Congreso pretendía eliminar beneficios penitenciarios para determinados condenados, los magistrados recomendaron conservar incentivos para quienes colaboren con las investigaciones y propusieron aprobar una ley de colaboración eficaz. En organizaciones construidas sobre jerarquías, secretos y relaciones de protección, el testimonio de sus propios integrantes puede permitir identificar a responsables que jamás aparecen en las operaciones policiales ordinarias.
La historia centroamericana demuestra que el encarcelamiento de miembros visibles de una organización puede coexistir con la supervivencia de sus redes financieras y políticas. La historia haitiana muestra las consecuencias de permitir que esas relaciones adquieran autonomía, controlen territorios y terminen condicionando el funcionamiento de las instituciones.
Ambas experiencias advierten sobre la necesidad de comprender cómo cambia el crimen organizado.
Hace décadas, las primeras políticas de mano dura se dirigieron contra jóvenes que ocupaban esquinas, exhibían tatuajes y defendían territorios mediante enfrentamientos violentos. Aquellos grupos crecieron y algunos se transformaron en organizaciones capaces de administrar negocios, negociar con autoridades y relacionarse con estructuras de poder. En Haití, grupos utilizados originalmente por políticos y empresarios terminaron acumulando suficiente fuerza para desafiar a quienes habían contribuido a su desarrollo.
Las reformas hondureñas llegan cuando esa transformación ya ocurrió.
El Estado conoce desde hace mucho tiempo los tatuajes de las pandillas, sus nombres, sus barrios y sus códigos de pertenencia. Tiene ahora penas más severas para castigarlas y mayores facultades para perseguirlas. Lo que todavía debe demostrar es su capacidad para identificar a quienes administran sus recursos, protegen sus negocios y participan desde las instituciones en el funcionamiento de esas organizaciones.
Esos vínculos han permitido que las pandillas sobrevivan a innumerables capturas, cambios de gobierno y reformas legislativas. Buena parte de su poder se encuentra precisamente allí, entre personas que pueden dirigir o facilitar actividades criminales sin exhibir ninguno de los símbolos que durante décadas aprendimos a reconocer.