Durante la conversación de esta mañana con Juan Carlos Monge, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH hubo un momento que me hizo regresar a los años ochenta. Hablábamos de las desapariciones forzadas documentadas durante el estado de excepción, cuando recordé que mi generación había crecido conociendo las historias de quienes desaparecieron bajo la doctrina de seguridad nacional. Eran los años de la Guerra Fría, cuando bastaba una sospecha de militancia política, una relación con organizaciones populares o aparecer en alguna lista de los organismos de inteligencia para convertirse en objetivo de la represión.
Aquellas desapariciones marcaron profundamente a la sociedad hondureña. Las familias comenzaron una lucha que continúa hasta nuestros días y organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, consiguieron llevar algunos de esos crímenes ante instancias internacionales. En 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por las desapariciones de Manfredo Velásquez Rodríguez y Saúl Godínez Cruz. Fueron las primeras sentencias contenciosas de ese tribunal y contribuyeron a establecer una jurisprudencia fundamental sobre la responsabilidad de los Estados frente a las desapariciones forzadas.
Cuarenta años después, Naciones Unidas vuelve a documentar desapariciones atribuidas presuntamente a integrantes de las fuerzas de seguridad hondureñas. Durante los tres años de vigencia del estado de excepción, la Oficina del Alto Comisionado registró dieciocho casos, ocho de ellos ocurridos en 2025. La cifra corresponde únicamente a los hechos que sus funcionarios consiguieron documentar y Monge considera que podrían existir muchos otros.
Le pregunté por qué aquellas desapariciones de los ochenta parecían tener un peso político y moral que las actuales no consiguen alcanzar. Su respuesta fue inquietante. Las víctimas contemporáneas son principalmente jóvenes de barrios marginales, personas que viven en comunidades estigmatizadas por la presencia de pandillas y otras organizaciones criminales. Muchachos cuya desaparición, sugirió, probablemente no provoque demasiada preocupación fuera del círculo de sus familias.
La observación me hizo pensar en cómo ha cambiado nuestra relación con la violencia. Durante los ochenta, el enemigo que justificaba la actuación clandestina de los aparatos de seguridad era el comunista, el subversivo, el supuesto colaborador de la guerrilla. Hoy la sospecha se dirige hacia otros sectores de la población, particularmente los jóvenes pobres de las colonias donde las autoridades presumen que existen estructuras criminales. Las circunstancias históricas son diferentes y también lo son los propósitos declarados de las políticas de seguridad. Pero en ambos períodos aparece una peligrosa facilidad para convertir la sospecha sobre una persona en una explicación suficiente de lo que pueda ocurrirle.
La criminalidad que enfrentan actualmente las comunidades hondureñas es real. Hay barrios donde las pandillas han ejercido durante años un poder que alcanza las actividades económicas, la movilidad de sus habitantes y hasta las relaciones entre vecinos. Quienes viven sometidos a esas estructuras tienen razones suficientes para exigir que las autoridades intervengan y recuperen el control. Conocemos las consecuencias que ha tenido la extorsión sobre el transporte público y los pequeños negocios, y sabemos que muchas familias han tenido que abandonar sus viviendas después de recibir amenazas. Sería absurdo desconocer esa realidad cuando discutimos las garantías que deben acompañar las operaciones policiales.
Pero también conocemos nuestra historia, y esa experiencia debería servirnos para comprender lo que ocurre cuando el Estado comienza a considerar que ciertas personas representan un peligro por el lugar donde viven, la ropa que utilizan o los tatuajes que llevan sobre la piel.
La conversación con Monge adquirió mayor importancia cuando examinamos las estadísticas del estado de excepción. Entre el 1 de enero y el 1 de noviembre de 2025, la Policía Nacional reportó 15,953 detenciones, de las cuales 13,059 estuvieron relacionadas con delitos de tráfico de drogas y solamente 377 con extorsión. Los datos aparecen en el informe anual de Naciones Unidas y muestran una concentración extraordinaria de la actividad policial en los delitos relacionados con drogas. La distribución merece atención porque el estado de excepción había sido presentado originalmente como una herramienta para combatir la extorsión y otras actividades de las organizaciones criminales.
Conviene detenerse en la naturaleza de esas operaciones. El tráfico de drogas comprende actividades muy diferentes, desde la distribución callejera hasta las grandes redes de transporte y comercialización. Sin embargo, Monge señaló que buena parte de la persecución penal desarrollada durante el estado de excepción había terminado concentrándose en el microtráfico. Una actividad mucho más accesible para las operaciones policiales que la investigación de organizaciones capaces de movilizar recursos, proteger sus negocios y mantener relaciones que muchas veces trascienden las comunidades donde operan.
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La diferencia es fundamental para comprender las dificultades de la justicia hondureña. Un policía puede identificar a un distribuidor de drogas mediante labores de vigilancia, una denuncia o una operación encubierta. Llegar hasta quienes abastecen ese mercado exige reconstruir relaciones que pueden extenderse hacia otras ciudades, empresas utilizadas para lavar dinero y personas que financian las actividades criminales sin participar directamente en ellas. Lo mismo ocurre con la extorsión, donde el individuo encargado de recoger el dinero representa apenas una parte de una estructura que necesita administrar los cobros, organizar las amenazas y garantizar su capacidad de intimidación.
Durante la entrevista, Monge recordó que una política de persecución penal debe establecer prioridades y concentrar los recursos en aquellos delitos que producen mayor daño a la población. La investigación criminal tiene que identificar los patrones que relacionan unos hechos con otros y reconstruir las organizaciones que los hacen posibles. Es un trabajo que exige conocimientos especializados y una coordinación institucional que Honduras lleva muchos años intentando desarrollar.
Una semana antes, la Oficina del Alto Comisionado había organizado junto al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales un encuentro sobre persecución penal estratégica. La propuesta consistía precisamente en superar la fragmentación de las investigaciones y encontrar mecanismos que permitieran alcanzar a quienes organizan, financian y se benefician de las estructuras criminales. Monge explicó que el Ministerio Público había mostrado apertura para trabajar en esa dirección y reconoció la importancia de aprovechar esa disposición para introducir cambios en la política de investigación.
Me parece que allí se encuentra uno de los asuntos más importantes de la discusión actual. Honduras ha desarrollado durante décadas una extraordinaria capacidad para anunciar operaciones contra la delincuencia. Las fotografías de detenidos, los decomisos de armas y las estadísticas de capturas forman parte del lenguaje cotidiano de las autoridades de seguridad. Cada gobierno encuentra una manera de presentar sus resultados y construir alrededor de ellos una narrativa de recuperación del orden. Las instituciones pueden mostrar su actividad con facilidad porque los operativos producen imágenes inmediatas y cifras que permiten elaborar informes.
Las investigaciones más complejas tienen otro ritmo. Requieren seguir el dinero, examinar documentos, establecer relaciones entre organizaciones aparentemente independientes y reunir pruebas capaces de sostenerse ante un tribunal. En ocasiones, ese trabajo puede conducir hacia personas con influencia económica o política, funcionarios públicos o empresarios cuyas actividades permiten a las estructuras criminales mantenerse dentro de la economía formal. Allí comienzan las dificultades que rara vez aparecen en los balances policiales.
La experiencia hondureña con el narcotráfico debería habernos enseñado algo sobre ese problema. Durante años, las grandes organizaciones criminales convivieron con instituciones que supuestamente estaban encargadas de combatirlas. Hubo investigaciones que solamente consiguieron avanzar cuando las autoridades estadounidenses comenzaron a reconstruir sus redes y llevar a sus dirigentes ante tribunales extranjeros. Algunos de los nombres que terminaron apareciendo en esos expedientes habían participado abiertamente en la vida política y económica del país. Otros mantenían relaciones que les permitieron operar durante mucho tiempo sin enfrentar investigaciones capaces de alcanzar sus estructuras.
Aquella historia sigue siendo importante porque demuestra que la criminalidad organizada puede prosperar incluso cuando el Estado realiza miles de capturas. La persecución de los responsables de menor jerarquía produce resultados limitados cuando los mecanismos de financiamiento, protección y dirección permanecen intactos. Las organizaciones encuentran reemplazos, modifican sus procedimientos y continúan funcionando dentro de territorios donde conservan su influencia.
Hay otro ejemplo reciente que permite comprender las dificultades de este tipo de investigaciones. En septiembre se cumplieron dos años del asesinato de Juan López, defensor ambiental de Tocoa. La Fiscalía consiguió avanzar desde la identificación de tres presuntos autores materiales hasta presentar acusaciones contra otras tres personas señaladas como posibles responsables intelectuales, entre ellas el exalcalde Adán Fúnez. El proceso todavía tiene actuaciones judiciales pendientes, pero muestra la importancia de continuar investigando después de identificar a quienes presuntamente ejecutaron el crimen.
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He escrito en otras ocasiones sobre Juan y sobre la historia de violencia que acompaña los conflictos por la tierra y los recursos naturales en el Bajo Aguán. Durante nuestra conversación, Monge recordó que trece de las diecisiete muertes violentas de personas defensoras de derechos humanos y sus familiares documentadas en 2025 estuvieron relacionadas con una escalada de violencia contra cooperativas campesinas de aquella región. También explicó que los conflictos por la propiedad conviven con la presencia de distintas organizaciones criminales y con una disputa territorial que las instituciones todavía tienen dificultades para resolver.
El Bajo Aguán constituye un ejemplo particularmente complejo de cómo se relacionan las debilidades de la justicia con otros problemas del Estado. Allí existen conflictos históricos por la tierra, títulos de propiedad superpuestos, disputas entre empresas y organizaciones campesinas y comunidades que han vivido durante décadas bajo amenazas. Monge mencionó incluso las preocupaciones que su Oficina transmitió por escrito al Congreso Nacional sobre la nueva legislación de promoción a la agroindustria, particularmente por el énfasis otorgado a la propiedad privada frente a los derechos colectivos. El problema de fondo, explicó, incluye la necesidad de sanear los registros y establecer con claridad los derechos sobre territorios cuya titularidad continúa siendo motivo de conflicto.
La presencia policial resulta necesaria cuando existen organizaciones armadas que amenazan a las comunidades. Pero las operaciones de seguridad tienen un alcance limitado mientras permanezcan sin resolver las condiciones que alimentan esos conflictos y permiten a distintos actores ejercer su poder sobre el territorio. En el Aguán, como en otras regiones del país, la justicia necesita comprender las relaciones entre violencia, propiedad, intereses económicos y criminalidad organizada.
Todo esto debería formar parte de la discusión que ahora se desarrolla en el Congreso Nacional sobre las nuevas reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Las propuestas incluyen ampliar determinados plazos después de una captura, modificar las condiciones para realizar allanamientos sin autorización judicial previa, restringir beneficios penitenciarios y utilizar tatuajes asociados a pandillas como elementos para establecer posibles vínculos con organizaciones criminales. La Corte Suprema de Justicia ya remitió su opinión y formuló observaciones sobre la necesidad de mantener controles judiciales y respetar las garantías del debido proceso. El Congreso deberá decidir ahora qué modificaciones incorpora antes de aprobar las nuevas disposiciones.
Durante el programa, Monge explicó el peligro de que algunas de esas medidas conduzcan hacia lo que jurídicamente se conoce como derecho penal de autor. Se trata de una concepción de la responsabilidad penal que termina concediendo mayor importancia a las características atribuidas a una persona que a la demostración de los delitos cometidos. La distinción adquiere especial relevancia cuando se propone utilizar los tatuajes asociados a pandillas como criterios para justificar actuaciones policiales o establecer responsabilidades.
Monge recordó una conversación reciente en la que un joven había expresado preocupación porque sus tatuajes pudieran convertirlo en sospechoso. Mientras lo escuchaba, el representante de Naciones Unidas observó los dibujos que llevaba sobre los brazos y pensó en las consecuencias que podrían producirse si las nuevas disposiciones se aplicaban sin criterios suficientemente definidos. El ejemplo provocó una reflexión sobre la facilidad con que la apariencia puede terminar sustituyendo el trabajo de investigación.
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En Honduras conocemos bien el peso que tienen los prejuicios sobre las personas que viven en determinados lugares. Durante años, las autoridades y buena parte de la sociedad han identificado ciertos barrios como territorios de pandillas. Esa clasificación puede responder a situaciones reales de presencia criminal, pero también convierte a quienes habitan esas comunidades en una población sometida a sospecha permanente. Para muchos jóvenes, la dirección de su vivienda constituye ya una dificultad cuando buscan trabajo o intentan escapar de las condiciones de violencia que existen a su alrededor.
La ampliación de las facultades policiales debería considerar ese contexto. Las disposiciones que facilitan las detenciones o reducen los controles sobre los allanamientos pueden producir consecuencias muy diferentes según las condiciones sociales de quienes quedan sometidos a su aplicación. Y cuando el sistema de justicia tiene dificultades para investigar adecuadamente, existe el riesgo de que esas nuevas facultades terminen utilizándose principalmente contra las personas que resultan más fáciles de identificar y detener.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha defendido las reformas como parte de una estrategia para enfrentar a las organizaciones criminales y recuperar la seguridad de la población. La demanda ciudadana que sostiene esa propuesta es real y merece una respuesta efectiva. El Estado necesita instrumentos para investigar delitos complejos, perseguir organizaciones que operan dentro y fuera del territorio nacional y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La severidad de las medidas, sin embargo, ofrece poca información sobre la capacidad que tendrán las instituciones para aplicarlas y obtener resultados duraderos.
Monge reconoció expresamente que el Congreso puede revisar las penas, introducir nuevas herramientas de investigación y modificar disposiciones penitenciarias. Su preocupación se concentra en que esas decisiones respeten las obligaciones internacionales de Honduras y estén acompañadas por controles que impidan actuaciones arbitrarias. También insistió en que las normas deben elaborarse mediante una discusión suficientemente abierta para incorporar los conocimientos del Poder Judicial, las instituciones encargadas de investigar y los sectores que pueden verse afectados por su aplicación.
La discusión tiene una dimensión histórica que deberíamos considerar antes de aprobar nuevas disposiciones. Honduras lleva décadas modificando las leyes para responder a la inseguridad. Hemos conocido las políticas de cero tolerancia, la militarización de la seguridad, la creación de cuerpos especializados y la construcción de centros penitenciarios de máxima seguridad. Durante el gobierno de Xiomara Castro, el estado de excepción se prolongó por más de tres años y fue prorrogado veinticuatro veces. Según Naciones Unidas, la suspensión de garantías llegó a cubrir aproximadamente el 76 por ciento del territorio nacional.
En ese mismo período, los homicidios continuaron descendiendo, siguiendo una tendencia que venía de años anteriores. La reducción constituye un avance importante para una sociedad que llegó a registrar algunas de las tasas de violencia más elevadas del mundo. Pero el informe de Naciones Unidas advierte que no se ha demostrado una relación causal entre esa disminución y la aplicación del estado de excepción. Mientras tanto, las investigaciones sobre presuntas desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones de derechos humanos muestran las consecuencias que puede tener la utilización prolongada de facultades extraordinarias sin controles adecuados.
Regreso entonces a la conversación sobre los desaparecidos. Hay algo que todavía me resulta difícil aceptar en la manera en que hemos aprendido a convivir con la violencia. Durante los años ochenta, las familias de las víctimas tuvieron que enfrentarse a instituciones que negaban conocer el paradero de quienes habían sido detenidos. Las organizaciones de derechos humanos reconstruyeron historias, buscaron testimonios y denunciaron la existencia de mecanismos clandestinos de represión que el Estado tardó muchos años en reconocer.
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Hoy las circunstancias son diferentes, pero las familias de los jóvenes desaparecidos durante operaciones de seguridad enfrentan nuevamente la incertidumbre sobre lo ocurrido con sus hijos. Son personas cuya desaparición debería provocar una investigación rigurosa, independientemente de las sospechas que hayan existido sobre sus actividades. El Estado conserva la obligación de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades de sus agentes.
Quizás el aspecto más preocupante sea la normalidad con que estos casos pueden terminar incorporándose a nuestra vida pública. Dieciocho presuntas desapariciones forzadas documentadas por Naciones Unidas deberían bastar para abrir una discusión seria sobre los controles de las operaciones policiales. Sin embargo, el debate político continúa concentrado en la necesidad de ampliar las facultades de detención, endurecer las penas y facilitar nuevas formas de persecución penal.
Las víctimas de la criminalidad organizada tienen derecho a exigir resultados. Quienes han sufrido extorsiones, amenazas o desplazamientos necesitan un Estado capaz de protegerlos. Esa responsabilidad también compromete a las instituciones cuando sus propios agentes son señalados por desapariciones, torturas o detenciones arbitrarias. La autoridad pública debe responder por ambas obligaciones, precisamente porque su legitimidad descansa en la capacidad de proteger a las personas sometidas a su jurisdicción.
La investigación criminal constituye una de las mayores deudas institucionales de Honduras. Su fortalecimiento requiere fiscales especializados, policías preparados para reconstruir estructuras complejas, mecanismos eficaces de protección de testigos y tribunales capaces de examinar las pruebas con independencia. También necesita controles internos que permitan investigar la corrupción y los vínculos que puedan existir entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Son responsabilidades que exigen recursos y continuidad, y cuyos resultados solamente pueden medirse siguiendo los procesos hasta sus consecuencias judiciales.
Durante años hemos aceptado que cada nueva crisis de seguridad produzca una nueva promesa de mano dura. Hemos terminado acostumbrándonos a la idea de que una ley más severa representa por sí misma un avance frente al crimen. Las experiencias acumuladas deberían permitirnos exigir algo más que esa demostración recurrente de autoridad.
Al terminar la conversación con Monge me quedé pensando en los jóvenes desaparecidos durante el estado de excepción y en la facilidad con que podemos olvidarlos. También en los miles de detenidos que aparecen en las estadísticas oficiales y en las organizaciones criminales que continúan funcionando pese a los operativos. Son expresiones de un mismo problema: la distancia entre la capacidad del Estado para ejercer la fuerza y su capacidad para investigar las estructuras que producen violencia, incluso cuando las sospechas conducen hacia sus propios funcionarios.
El Congreso se dispone a ampliar las facultades de las instituciones que durante tres años actuaron bajo una nueva excepcionalidad. Sería conveniente que, antes de aprobar las nuevas reformas, examinara lo que ocurrió con las anteriores. Quedaron miles de detenciones registradas, dieciocho presuntas desapariciones forzadas documentadas por Naciones Unidas y muchas preguntas sobre la capacidad de las autoridades para alcanzar a quienes dirigen las organizaciones criminales.
Recuerdo que Monge dijo durante nuestra conversación que probablemente muy poca gente echaría de menos a aquellos dieciocho muchachos. La frase me siguió rondando después del programa. Pensé en las familias que todavía esperan conocer su paradero y en la facilidad con que hemos aprendido a mirar hacia otro lado cuando las víctimas proceden de los barrios más pobres. Mientras el Congreso discute cómo facilitar las próximas detenciones, esas familias siguen esperando que alguien les explique qué ocurrió durante las anteriores operaciones de seguridad. Y los responsables de las grandes estructuras criminales continúan siendo, demasiadas veces, los más difíciles de alcanzar.