Durante la conversación de esta mañana en +Conscientes hubo un momento que me pareció especialmente revelador. El abogado Raúl Paniagua, mientras explicaba la necesidad de enfrentar con mayor severidad a las organizaciones criminales, llegó a sostener que la demanda ciudadana de seguridad podía justificar la vulneración de algunos derechos humanos. Minutos antes había defendido la necesidad de mantener controles judiciales sobre las actuaciones policiales. La contradicción resumía buena parte del dilema que enfrenta Honduras: queremos instituciones capaces de combatir el crimen, pero seguimos considerando que las garantías legales son obstáculos que debemos remover para conseguirlo.
La afirmación no es extraordinaria en una sociedad que ha vivido durante décadas bajo el peso de la violencia. Cuando una familia pierde a un hijo, cuando un comerciante tiene que entregar parte de sus ingresos a los extorsionadores o cuando una comunidad aprende a convivir con hombres armados que deciden quién puede entrar y quién debe salir, la paciencia con los procedimientos judiciales comienza a agotarse. La gente quiere respuestas, quiere protección, quiere que los responsables sean castigados. Esa demanda es legítima y constituye una de las obligaciones fundamentales del Estado.
El problema comienza cuando confundimos la capacidad de castigar con la capacidad de impartir justicia.
Honduras conoce bien ese camino. A principios de este siglo ensayamos políticas de cero tolerancia, mano dura y militarización de la seguridad. Posteriormente construimos cárceles de máxima seguridad, creamos nuevas unidades policiales, reformamos leyes y otorgamos facultades extraordinarias a distintas instituciones. Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, el aparato de seguridad adquirió un protagonismo político y presupuestario sin precedentes recientes. En la administración de Xiomara Castro, el estado de excepción se convirtió durante más de dos años y medio en uno de los principales instrumentos para enfrentar a las organizaciones criminales.
No todas esas medidas tuvieron los mismos resultados ni pueden juzgarse mediante una explicación única. Honduras registró una reducción importante de los homicidios durante ese período. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, en 2011 alcanzamos una tasa de 86.5 homicidios por cada cien mil habitantes; en 2013 todavía era de 79. Para 2025 había descendido a 26.2. Es una transformación que no puede ignorarse, aunque tampoco sería riguroso atribuirla exclusivamente a las políticas represivas. La violencia criminal depende de múltiples factores y su reducción no significa que hayan desaparecido las estructuras que la producen.
De hecho, mientras descendían los homicidios, persistieron la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y las redes que permiten a las organizaciones criminales operar dentro de la economía y relacionarse con las instituciones públicas. La violencia cambió de intensidad y de manifestaciones, pero el desafío de construir un sistema de justicia capaz de enfrentarla permaneció.
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Por eso resulta necesario preguntarnos si las nuevas reformas responden a un diagnóstico actualizado de la criminalidad o si estamos recuperando respuestas diseñadas para las circunstancias de hace quince años.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ha impulsado una nueva legislación de seguridad que amplía las facultades de persecución penal, endurece el tratamiento de determinadas organizaciones criminales y propone nuevas restricciones procesales y penitenciarias. También ha anunciado la construcción de otra cárcel de máxima seguridad. La visita de una delegación legislativa al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador confirma que el modelo de Nayib Bukele constituye una referencia importante para quienes promueven estas decisiones.
Hay una razón política para ello. Las políticas de mano dura tienen una enorme capacidad de comunicación. Una cárcel gigantesca puede mostrarse en televisión. Un operativo con decenas de detenidos produce imágenes contundentes. Una ley que aumenta las penas permite anunciar que el Estado está recuperando el control. Todo esto puede contribuir a generar una percepción de respuesta frente a una población que exige seguridad.
Pero las imágenes no sustituyen los resultados. Y las capacidades de un Estado no crecen automáticamente con las atribuciones que le concede el Congreso.
Durante el programa, Paniagua recordó que el Ministerio Público trabaja con una cantidad insuficiente de fiscales y planteó un problema todavía más delicado: la autonomía de quienes investigan. Un fiscal puede reunir los elementos necesarios para presentar una acusación y encontrar obstáculos dentro de su propia estructura jerárquica. La afirmación merece una investigación específica, pero permite comprender que las debilidades institucionales no se resuelven únicamente contratando personal.
El fiscal general reconoció públicamente en septiembre que la institución cuenta con aproximadamente 796 fiscales, muchos de ellos sobrecargados de expedientes. La Corte Suprema de Justicia también ha solicitado mayores recursos para ampliar sus capacidades y desarrollar circuitos judiciales especializados. Mientras tanto, el Congreso continúa creando obligaciones y habilitó recientemente el uso anticipado de fondos incautados para financiar la seguridad y la justicia.
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La iniciativa de utilizar recursos provenientes del crimen organizado puede contribuir a fortalecer las instituciones. Sin embargo, no está claro cuánto costará ejecutar integralmente las reformas, cuáles serán las inversiones permanentes y de dónde saldrá el dinero cuando los fondos extraordinarios se agoten. Tampoco conocemos un cálculo público que relacione las metas de capturas, investigaciones y procesos judiciales con el personal y la infraestructura necesarios para alcanzarlas.
Este es el centro de la contradicción: estamos aumentando las responsabilidades de instituciones cuya capacidad para cumplir las obligaciones anteriores todavía resulta insuficiente.
Frank O’Connor introdujo otra cuestión relevante. Las instituciones encargadas de combatir el crimen necesitan procesos permanentes de depuración y mecanismos que permitan identificar la corrupción y la infiltración criminal. No se trata de considerar culpables a todos los policías, fiscales o jueces, sino de reconocer que una estrategia contra organizaciones con enormes recursos económicos necesita controles internos capaces de resistir las presiones y las redes de corrupción.
El sistema penitenciario proporciona un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando el Estado pierde el control sobre las instituciones bajo su responsabilidad. El 20 de junio de 2023, cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Estaban bajo custodia estatal. La magnitud de aquella masacre dejó al descubierto graves fallas de seguridad y protección dentro de una institución cuya razón de existir era precisamente mantener a las personas privadas de libertad bajo control y garantizar sus vidas.
Tres años después volvemos a discutir la construcción de cárceles más seguras y la necesidad de otorgar mayores facultades a las autoridades penitenciarias. La pregunta que sigue pendiente es qué transformaciones institucionales impedirán que se repitan los problemas anteriores.
Pero hay un aspecto todavía más preocupante. Cuando se propone restringir garantías para obtener resultados rápidos, se está trasladando al ciudadano el costo de las deficiencias del Estado. Si la Policía no consigue investigar adecuadamente, se busca facilitar la detención. Si la Fiscalía tiene dificultades para demostrar una acusación, se propone ampliar las facultades de persecución. Si las cárceles no consiguen controlar a las organizaciones criminales, se anuncia la construcción de otras con regímenes más severos.
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En lugar de corregir las debilidades institucionales, corremos el riesgo de convertirlas en argumentos para ampliar el poder coercitivo.
La discusión sobre los tatuajes como indicio de pertenencia a una organización criminal ilustra el peligro de ese razonamiento. Un tatuaje puede constituir un elemento de investigación cuando existen circunstancias que lo relacionan con actividades delictivas. Pero no debería sustituir la obligación de demostrar una conducta penalmente relevante ni permitir que la apariencia de una persona se convierta, por sí sola, en prueba de culpabilidad. El debido proceso existe precisamente para establecer esa diferencia.
Y aquí regresamos al momento más inquietante de la conversación de esta mañana. Los derechos humanos no constituyen un privilegio reservado a las personas inocentes ni una concesión que el Estado puede retirar cuando considera que enfrenta a un enemigo peligroso. Son límites establecidos al ejercicio del poder, incluso cuando ese poder persigue fines legítimos.
Defender el debido proceso no significa pedir indulgencia para quienes cometen homicidios, secuestran, extorsionan o trafican drogas. Significa exigir que el Estado demuestre los delitos, identifique a los responsables y obtenga condenas mediante procedimientos que impidan la arbitrariedad. También significa proteger a las víctimas, cuya demanda de justicia resulta igualmente indispensable.
Durante el programa hubo, sin embargo, una coincidencia significativa entre los invitados. Ambos reconocieron que capturar integrantes de las organizaciones criminales no equivale a desmantelar sus estructuras. Para conseguirlo es necesario perseguir el dinero, identificar a quienes las dirigen, descubrir sus redes financieras y romper los vínculos que les permiten sobrevivir.
El Ministerio Público anunció ayer la creación de una fiscalía especializada en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y recuperación de activos. Es una medida que apunta hacia uno de los problemas centrales de la criminalidad organizada. Su importancia, sin embargo, dependerá de que cuente con investigadores capacitados, herramientas tecnológicas, independencia funcional y recursos suficientes para convertir las investigaciones en procesos judiciales sólidos.
No podemos seguir confundiendo la captura del último eslabón de una estructura criminal con la destrucción de la organización que lo reclutó, lo financió y puede sustituirlo al día siguiente.
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Hay, finalmente, una responsabilidad política que no corresponde únicamente al Congreso. El Poder Ejecutivo dirige las instituciones encargadas de ejecutar las políticas de seguridad. El Ministerio Público debe investigar y acusar. El Poder Judicial debe controlar la legalidad de las actuaciones y resolver los procesos. Cada institución tiene atribuciones diferentes, pero ninguna puede alcanzar resultados sostenibles trabajando de manera aislada.
Si las reformas van a producir una transformación real, sus responsables deberían presentar un plan que permita conocer cuánto costarán, cuáles son las capacidades que faltan, cómo se financiarán y qué resultados deberán demostrar dentro de seis meses o un año. La ciudadanía necesita indicadores sobre reducción de delitos, calidad de las investigaciones, condenas y desarticulación de estructuras, no solamente cifras de personas detenidas.
No pretendo sostener que Honduras deba renunciar a las nuevas medidas de seguridad. Algunas pueden resultar necesarias y otras deberán superar un examen serio de constitucionalidad, eficacia y proporcionalidad. Lo que cuestiono es la idea de que la severidad de una ley pueda sustituir la construcción de instituciones capaces de hacerla cumplir.
Un Estado fuerte no es necesariamente aquel que tiene mayores facultades para detener, registrar o encarcelar. Es aquel que puede investigar a los poderosos y a los delincuentes comunes con la misma determinación, demostrar sus delitos ante un juez independiente y garantizar que una persona inocente no termine pagando por las deficiencias de una investigación.
Honduras no necesita escoger entre la seguridad y el Estado de derecho. Necesita construir un Estado capaz de garantizar ambas cosas.
Porque cuando un Estado débil recibe mayores facultades para castigar sin corregir sus propias debilidades, no necesariamente se vuelve más fuerte frente a los criminales. Puede volverse más peligroso para los ciudadanos.
Y después de tantos años de mano dura, cárceles, reformas y promesas de seguridad, lo que necesitamos no es un Estado que pueda castigar más, sino uno que finalmente sea capaz de hacer justicia.