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Entre 2024 y 2026, la población hondureña en edad de trabajar aumentó en aproximadamente 577 mil personas. Durante ese mismo período, el número de ocupados apenas creció en 70 mil. La diferencia revela una de las principales contradicciones de la economía nacional: el país continúa creciendo, pero su capacidad para incorporar a la población al trabajo productivo avanza mucho más lentamente.
Los datos provienen de las encuestas de hogares del Instituto Nacional de Estadística, analizadas por el economista Guillermo Matamoros en su Panorama Económico Estratégico de Honduras, correspondiente a septiembre de 2026. La comparación utiliza dos mediciones con una separación de dos años y requiere considerar sus características metodológicas, pero la brecha que describe merece atención.
Durante el primer semestre de 2026, el Producto Interno Bruto creció 3.8 por ciento. El sistema financiero mantiene liquidez, las reservas internacionales ofrecen protección frente a las presiones externas y las remesas familiares superaron los 6,600 millones de dólares. Son indicadores de una economía que conserva capacidad para financiar su funcionamiento y sostener el consumo.
El problema aparece al examinar los resultados sociales. La proporción de personas en edad de trabajar que tienen una ocupación disminuyó del 52.9 al 49.8 por ciento entre 2024 y 2026. El desempleo aumentó del 5.2 al 7.1 por ciento. La pobreza sigue afectando a más de seis de cada diez hogares y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, pasó de 0.49 a 0.51.
La estabilidad económica ha terminado conviviendo con una estructura productiva que ofrece oportunidades insuficientes a una parte considerable de la población.
Durante una conversación en +Conscientes con Guillermo Matamoros y German Dubón, exviceministro de Finanzas, el debate permitió examinar algunas razones de esa contradicción. El país dispone de capital, recibe inversión y mantiene actividades empresariales competitivas, pero los beneficios del crecimiento se distribuyen de manera desigual entre sectores económicos y grupos sociales.
La industria manufacturera ofrece uno de los ejemplos más claros.
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Durante décadas, la maquila textil fue presentada como una de las grandes transformaciones de la economía hondureña. Generó exportaciones, atrajo inversión extranjera y creó oportunidades de empleo industrial en el valle de Sula. Su desarrollo permitió incorporar a miles de trabajadores a procesos productivos vinculados con el mercado estadounidense.
Esa actividad atraviesa ahora un período de debilitamiento. Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de bienes para transformación disminuyeron 8 por ciento. La caída fue del 10 por ciento en textiles y confección, prolongando una contracción iniciada después de 2022. Incluso la fabricación de partes eléctricas y componentes de transporte, que había mantenido un mejor desempeño, comenzó a perder dinamismo.
Matamoros explicó que la industria enfrenta cambios en la demanda internacional, competencia de otros países y problemas de costos. La cercanía geográfica con Estados Unidos, que durante mucho tiempo constituyó una ventaja competitiva, resulta insuficiente cuando el transporte, la energía o las condiciones de producción encarecen las mercancías.
La discusión adquirió otra dimensión cuando examinamos los salarios.
El estudio presenta una comparación del costo laboral directo por hora efectiva en determinadas plataformas maquiladoras. En Honduras se estima en 3.58 dólares, frente a 2.17 dólares en Nicaragua y 1.37 dólares en una región industrial de Vietnam. Las diferencias son significativas para las empresas que compiten por contratos internacionales, aunque esos valores corresponden a un modelo sectorial y deben relacionarse con la productividad y los demás costos de producción.
Reducir los salarios hasta los niveles de los países competidores significaría trasladar a los trabajadores hondureños una parte considerable del costo del ajuste económico. En un país donde la pobreza continúa siendo mayoritaria y los ingresos laborales resultan insuficientes para muchos hogares, esa estrategia profundizaría el problema que supuestamente pretende resolver.
La competitividad exige algo más que mano de obra barata.
Honduras necesita trabajadores mejor formados, empresas que incorporen tecnología, procesos industriales eficientes, energía confiable y una infraestructura que reduzca los costos de transporte. También necesita mercados y capacidades productivas que permitan participar en actividades de mayor valor agregado.
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Matamoros insistió en la productividad como elemento central. La formación profesional puede contribuir a elevarla, pero el número de cursos impartidos o de personas capacitadas dice poco sobre los resultados cuando las habilidades adquiridas no corresponden a las necesidades de las empresas o no existen oportunidades para utilizarlas.
Aquí aparece una responsabilidad compartida. El Estado financia educación, capacitación e infraestructura, mientras las empresas toman decisiones sobre inversión, tecnología, organización del trabajo y contratación. Una economía productiva necesita que ambas dimensiones se articulen.
La discusión sobre educación adquirió particular importancia cuando abordamos la situación de los jóvenes hondureños. La disponibilidad de población en edad productiva representa una oportunidad económica, pero su aprovechamiento depende de las capacidades que desarrolle el país y de la existencia de empleos capaces de utilizarlas.
La formación de técnicos, ingenieros y profesionales puede ampliar las posibilidades de Honduras en manufactura, servicios empresariales, programación, logística y actividades especializadas. Sin embargo, el país también ha formado personas que terminan encontrando mejores oportunidades en el extranjero.
Esa contradicción conduce inevitablemente a las remesas.
Los hondureños que emigran trabajan en construcción, agricultura, servicios, comercio y otras actividades de las economías receptoras. Muchos consiguen empleo con una escolaridad semejante a la que tenían cuando salieron del país. La diferencia se encuentra en las capacidades de producción, inversión y contratación de los mercados a los que llegan.
En Honduras, una parte importante de la población enfrenta dificultades para incorporarse al empleo productivo. Fuera del país, esos mismos trabajadores pueden integrarse a actividades que generan ingresos suficientes para sostener a sus familias y enviar dinero.
Las remesas contribuyen al consumo, al financiamiento de necesidades básicas y a la disponibilidad de divisas. También revelan la dependencia de la economía hondureña respecto de las oportunidades laborales que ofrecen otros países.
En febrero, al escribir La economía del adiós, examiné cómo esa dependencia coloca a Honduras entre dos presiones: las políticas migratorias que buscan reducir la presencia de trabajadores extranjeros y la necesidad económica de mantener los recursos que estos envían. El análisis actual permite identificar una dimensión anterior a la migración: la capacidad insuficiente del aparato productivo nacional para incorporar trabajadores.
La respuesta exige examinar también el papel del Estado y la utilización de sus recursos.
Durante nuestra conversación, el exviceministro de Finanzas destacó que las decisiones presupuestarias, la infraestructura y la política fiscal pueden modificar las condiciones en las que opera la economía. Matamoros, por su parte, insistió en que la actividad privada constituye el principal motor de la inversión y la generación de empleo.
Ambos planteamientos conducen hacia una discusión sobre responsabilidades.
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El Estado debe proporcionar infraestructura, educación, servicios públicos, seguridad jurídica y condiciones apropiadas para la actividad empresarial. Las empresas deben invertir, innovar, aumentar su productividad y generar oportunidades laborales. La calidad de esa relación determina buena parte de las posibilidades de desarrollo.
Honduras ha recurrido durante décadas a incentivos tributarios para promover determinadas actividades económicas. La industria maquiladora constituye uno de los ejemplos más importantes. Esos beneficios representan recursos fiscales que el Estado deja de percibir para favorecer objetivos como inversión, exportaciones y empleo.
Su justificación depende de los resultados que producen.
Una de las propuestas más interesantes de la conversación fue establecer mecanismos para condicionar los incentivos fiscales al cumplimiento de metas verificables de inversión y generación de empleo. El planteamiento permitiría examinar la política de exoneraciones desde una perspectiva diferente, vinculando los beneficios empresariales con responsabilidades concretas.
El mismo criterio debería aplicarse a la inversión pública y los programas sociales.
Matamoros distinguió entre aumentar el gasto y mejorar sus resultados. Una carretera que permite transportar productos hacia los mercados puede elevar la productividad de una región; una infraestructura mal planificada puede consumir recursos sin producir beneficios comparables. Los programas de transferencias sociales también requieren mecanismos de selección, seguimiento y evaluación para cumplir sus objetivos de reducción de pobreza.
Durante décadas, la discusión económica hondureña ha dedicado una atención considerable a cuánto dinero se aprueba, cuánto se ejecuta y cuánto se invierte. Ha sido menos rigurosa al establecer qué capacidades permanecen después de utilizar esos recursos y quiénes reciben sus beneficios.
La transformación productiva necesita instituciones capaces de evaluar resultados y corregir decisiones.
Para 2027, Matamoros plantea un escenario de crecimiento positivo, remesas todavía elevadas y una recuperación manufacturera limitada. Entre las actividades con mayores posibilidades identifica la manufactura existente, determinadas cadenas agroexportadoras, la construcción y los servicios empresariales vinculados con los mercados internacionales.
Recuperar la capacidad instalada que ha perdido utilización puede ser una oportunidad relativamente inmediata. La infraestructura industrial existe, al igual que una parte importante del conocimiento acumulado por los trabajadores y las empresas. Su aprovechamiento depende de resolver restricciones concretas de competitividad y recuperar mercados.
Al mismo tiempo, el país necesita desarrollar nuevas actividades, ampliar la producción de alimentos y fortalecer los servicios especializados. La diversificación permitiría reducir la dependencia de unos pocos sectores y generar oportunidades para trabajadores con habilidades diferentes.
Los resultados deberán medirse en empleo formal, productividad, salarios reales, exportaciones, capacidad empresarial y reducción de pobreza. El crecimiento del PIB seguirá siendo importante, pero necesitará acompañarse de indicadores que permitan conocer sus efectos sobre la población.
Honduras ha conseguido mantener cierta estabilidad económica durante períodos prolongados. Esa continuidad ha permitido preservar actividades empresariales, sostener el sistema financiero y evitar desequilibrios mayores. También ha demostrado los límites de una estrategia que confía en el crecimiento agregado como mecanismo suficiente para transformar las condiciones sociales.
La próxima etapa exige una relación distinta entre las políticas públicas, la inversión empresarial y el trabajo. Un Estado que evalúe el resultado de sus inversiones, empresas que compitan mediante mayor productividad y trabajadores que puedan incorporarse a actividades capaces de ofrecer ingresos sostenibles.
El crecimiento económico puede continuar apareciendo en los informes oficiales mientras una parte considerable de los hondureños permanece fuera de sus beneficios. La diferencia se encuentra en la capacidad del país para transformar esa estabilidad en nuevas oportunidades.
Una economía comienza a desarrollarse cuando sus habitantes pueden participar de la riqueza que producen. Honduras todavía tiene pendiente construir esa posibilidad para una parte demasiado grande de su población.