Todo ocurrió en menos de veinticuatro horas, pero el significado de lo que hemos sido testigos no se agota en la velocidad con la que se descabezaron las piezas más importantes del legado de Libre. El Congreso Nacional destituyó a Johel Zelaya, nombró a un nuevo fiscal general y, en paralelo, aceptó la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando. Dos movimientos distintos, con efectos desiguales, que cierran una etapa y abren otra cuyo alcance todavía no medimos.

La destitución de Zelaya siguió un guion que, con matices, ya había sido anticipado. La comisión especial del Congreso concluyó que existían indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el desempeño del cargo y falta de independencia funcional. La votación —más de noventa diputados de cuatro bancadas— no dejó espacio para lecturas marginales. Fue una convergencia política poco frecuente en el país.

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Pero el momento decisivo no estuvo en el número de votos, sino en lo que se dijo antes de ellos. Durante la audiencia de descargo con el Comité especial, Zelaya no negó los hechos que se le imputaban. Optó por explicarlos. Sostuvo que actuó conforme a la ley, que sus decisiones fueron interpretadas políticamente y que el proceso en su contra respondía a una persecución. No intentó desmontar cada señalamiento. Se ubicó dentro de un conflicto más amplio, como un actor enfrentado a estructuras que, según su versión, buscaban controlarlo.

Esa línea de defensa encontró su límite en los testimonios.

La fiscal Claudia Paz, en particular, introdujo un elemento que cambió la naturaleza del debate y, en gran medida, definió el destino de Zelaya. Su relato sobre la investigación contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, resultó clave. Fue la descripción de una intervención. Dijo que, cuando preparaba un requerimiento por abuso de autoridad y fraude, recibió instrucciones para modificarlo. Eliminar cargos, reducir la acusación, debilitar el caso. La orden, según su testimonio, provenía de Tegucigalpa y era conocida por el fiscal general. Ella se negó y por eso fue sometida a un proceso disciplinario. Adan Fúnez, recordemos, aparece en el infame video de Carlos Zelaya con un grupo de narcotraficantes negociando apoyo para la campaña de Xiomara Castro en 2013. Es el operador más importante del Partido libre en la zona norte.

Ese episodio no prueba por sí solo una intención por parte del fiscal Johel Zelaya en el caso contra Funez, pero introdujo una pregunta que el Congreso terminó respondiendo en términos políticos: si un fiscal que interviene —o permite intervenir— en una investigación en curso, ¿puede seguir siendo sujeto de confianza para ejercer el cargo?

La destitución de Zelaya no se explica por un error puntual. Lo que se construyó durante el proceso fue la idea de un patrón: decisiones reiteradas, criterios inconsistentes y actuaciones que, vistas en conjunto, dejaron de ser interpretadas como discrecionales para convertirse en un problema de confianza política. Pero ese patrón no surge en el vacío.

Se forma dentro de un escenario más amplio, marcado por la crisis electoral de 2025. Ese proceso no solo produjo resultados disputados. Alteró el funcionamiento de las instituciones. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el propio Congreso dejaron de operar como estructuras separadas y empezaron a moverse dentro de una misma disputa. Durante semanas, las reglas dejaron de ser claras y las decisiones comenzaron a leerse en clave política, incluso cuando se tomaban bajo apariencia técnica. Todo eso ya lo expliqué antes en una nota titulada “Anatomía de una crisis que nadie quiere asumir.”

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En ese contexto, la actuación del Ministerio Público dejó de evaluarse caso por caso y pasó a ser observada como parte de ese entramado. Y ahí es donde el juicio político encuentra su justificación: no en un hecho aislado, sino en la acumulación de decisiones dentro de un sistema que ya estaba tensionado.

Pero esa misma lógica no se aplicó de forma uniforme. La destitución del fiscal avanzó porque se permitió exponer sus actuaciones, someterlas a contraste y construir una narrativa pública sobre su responsabilidad. En el caso de la presidenta de la Corte, ese proceso se interrumpió antes de comenzar. Su renuncia evitó que se conocieran los señalamientos en su contra y dejó incompleta la evaluación de su papel en la crisis. Ahí es donde el proceso cambia: pasa de ser un ejercicio de exposición y sanción a un cierre anticipado que impide conocer el fondo del caso.

La renuncia de la magistrada Rebeca Ráquel Obando no es un hecho menor dentro de la secuencia. El Congreso tenía lista la denuncia, pero la sesión se detuvo. Se leyó la carta que había enviado. Se aceptó la renuncia. Y con ese acto, el juicio político contra ella dejó de existir. Eso tiene un efecto inmediato: las razones de su salida quedan incompletas.

A diferencia del caso de Zelaya, donde hubo audiencia, testigos, exposición pública de decisiones y reconstrucción de patrones, en el caso de Obando no hubo ese ejercicio. No se conocieron los señalamientos en el mismo nivel de detalle. No se sometió su gestión al mismo escrutinio.

Obando no fue destituida. Sigue siendo magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Su salida se limita a la presidencia. Y el mecanismo utilizado para sustituirla introduce una irregularidad que no ha sido suficientemente discutida: la designación de un presidente “interino”, una figura que no está contemplada en la ley.

El nombramiento de Wagner Vallecillo resuelve un problema inmediato, evitar un vacío en la conducción del Poder Judicial, pero abre otro: altera el orden interno de la Corte. Reconfigura la integración de las salas. Y, en particular, modifica la composición de la Sala de lo Constitucional. Con la salida de Ráquel Obando de la presidencia y su incorporación a esa sala, Libre pasa a tener una posición de mayoría en el espacio donde se dirimen los conflictos más sensibles del sistema político.

Ese es el efecto que no aparece en la superficie del evento, pero que define lo que viene. Porque mientras el Congreso logra una victoria visible —la destitución del fiscal—, la oposición obtiene una ventaja menos evidente, pero más duradera: el control de la instancia que interpreta la Constitución.

La renuncia de Obando, en ese sentido, no debilita a Libre. Lo protege.

Evita que se expongan públicamente las decisiones que se le atribuían en el contexto de la crisis electoral. Evita que se establezca un precedente sobre la responsabilidad política de la Corte en ese proceso. Y al mismo tiempo, reorganiza el poder interno del Poder Judicial en términos favorables para Libre. Es un movimiento defensivo que produce un efecto ofensivo. Esto tiene una implicación directa sobre la narrativa política que se ha construido desde noviembre.

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Libre y Salvador Nasralla instalaron la idea de un fraude electoral. Esa narrativa no ha sido respaldada por las misiones de observación internacional, pero sigue operando como un marco interpretativo dentro de su base política. El juicio político contra Zelaya, al exponer decisiones, patrones y testimonios, se comenzaba a desplazar esa narrativa hacia otro terreno: el del uso político de las instituciones para el boicot electoral. La salida de Obando interrumpe ese desplazamiento porque impide que el mismo nivel de exposición ocurra en la Corte. Y sin esa exposición, la discusión sobre el papel del Poder Judicial en la crisis queda abierta, incompleta, disponible para ser reinterpretada. En ese espacio es donde intenta operar ahora Manuel Zelaya.

La reacción de Mel Zelaya ha sido política. Él volvió a recurrir al lenguaje del golpe de Estado, a la idea de ruptura constitucional, a la construcción de un enemigo externo. Es un recurso conocido. Ha funcionado antes. Pero su capacidad de alterar el curso de los acontecimientos, en este momento, es limitada. La correlación de fuerzas en el Congreso ya no le es favorable. El juicio político avanzó sin sus votos. La destitución se consumó. El control del Ministerio Público cambió de manos. Su margen de acción se reduce entonces a lo que sí logró: evitar que el caso de la Corte se discutiera en los mismos términos que el del fiscal. Lo que viene no se define solo por lo que ya ocurrió, sino por lo que no se llegó a conocer.

El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, asume en este contexto. Su nombramiento responde a una lógica institucional (llenar la vacante, garantizar continuidad) pero también a una expectativa política: corregir la percepción de selectividad que marcó la gestión anterior.

El problema es que esa expectativa no depende únicamente de su actuación. Depende de si el sistema en su conjunto cambia.

El juicio político, como mecanismo, ha demostrado que puede ejecutarse. Que puede reunir mayorías. Que puede producir resultados concretos. Lo que no ha demostrado todavía es si puede aplicarse con consistencia.

Si se convierte en una herramienta para corregir desviaciones institucionales, puede fortalecer el sistema. Si se utiliza de manera selectiva, puede profundizar la desconfianza. Ese es el punto en el que queda el país. No en la resolución de un caso, sino en la definición de un criterio.

Porque al final, la pregunta no es si Johel Zelaya debía o no ser destituido. Esa discusión ya fue resuelta políticamente y coincidimos que cometió suficientes acciones para merecer la destitución del cargo. La pregunta ahora es si el mismo estándar que se aplicó para evaluar al fiscal se aplicará en adelante al resto de los actores que participaron en la crisis. Si la Corte, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el propio Congreso estarán sujetos al mismo nivel de escrutinio. O si lo ocurrido será recordado como un momento de corrección parcial dentro de una crisis que, en su fondo, permanece intacta. La diferencia entre esas dos posibilidades no se decidirá en una votación, se decidirá en lo que ocurra a partir de ahora.