En menos de 48 horas, dos hombres que predicaban el evangelio fueron detenidos por su presunta pertenencia a la Pandilla 18. Uno participaba en una reunión cristiana en Comayagüela. El otro predicaba por las calles de Tatumbla. Ambos tenían tatuajes relacionados con la organización. La Policía sostiene que seguían vinculados con actividades criminales. Al menos en uno de los casos, una congregación religiosa asegura que el hombre había abandonado la pandilla.
Armando Josué Aguilar Cano tiene 27 años. Lo detuvieron agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas en la colonia 14 de Marzo, en Comayagüela. Las autoridades lo identifican como un presunto integrante de Barrio 18, con rango de soldado, y señalan el número 18 tatuado en su brazo. La iglesia a la que pertenece sostiene que desde hace dos años dejó atrás esa vida y comenzó a dedicarse a la predicación.
Su pasado, sin embargo, tiene otras páginas. En enero de 2020, el Ministerio Público informó que un hombre con su mismo nombre y conocido también como «El Pelón» había sido condenado a once años y tres meses de prisión por extorsión. No sabemos todavía si se trata de la misma persona, cuánto tiempo pasó en prisión ni qué ocurrió después o por qué está afuera. Tampoco conocemos las pruebas con las que la Policía sostiene ahora que continúa vinculado a la pandilla.
En Tatumbla, Douglas Flores Silva, de 35 años, fue detenido por la Policía Militar. Lo investigan por asociación terrorista, amenazas de muerte, extorsión y robo. Las autoridades afirman que utilizaba su actividad religiosa para ocultar sus vínculos criminales.
La prédica religiosa puede ser el comienzo de otra vida, pero también una fachada. Y los tatuajes, que alguna vez sirvieron para reconocer a los miembros de una pandilla, pueden sobrevivir muchos años a la relación con ella. Entre esas dos posibilidades está la tarea de la justicia: averiguar qué hicieron estos hombres y qué vínculos mantienen hoy con las organizaciones criminales.
Esta semana, durante una conversación en +Conscientes, la doctora Pamela Ruiz de la Universidad de New York recordó una realidad que ha quedado al margen de las últimas discusiones sobre seguridad en el país: las pandillas se pueden abandonar. Hay personas que ingresaron siendo adolescentes y que años después encontraron maneras de salir. Algunas lo consiguieron a través de las iglesias; otras cambiaron de amistades, formaron familias o encontraron trabajo. La salida no siempre fue definitiva ni estuvo libre de amenazas.
https://oscarlestrada.com/bitacora/honduras/la-edad-del-castigo/
En Honduras hemos construido durante décadas una imagen del pandillero como alguien condenado a permanecer dentro de su organización hasta la muerte. Esa idea tiene algún fundamento en la violencia con que las estructuras castigan las deserciones, pero no describe todas las experiencias.
En 2020, un equipo de investigadores encabezado por José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida, publicó un estudio sobre el abandono de las pandillas en Honduras. Entrevistaron a 1,021 integrantes y antiguos miembros de estas organizaciones y encontraron que salir de ellas era posible. La decisión dependía, entre otras cosas, de los años que llevaban dentro, de sus creencias religiosas y de las relaciones que habían conseguido construir fuera de la pandilla.
La investigación identificó algo particularmente interesante. Los deseos de abandonar la pandilla eran relativamente elevados durante los primeros años, disminuían conforme avanzaba la pertenencia y podían aumentar nuevamente con la madurez. La posibilidad de construir relaciones fuera de la organización resultaba fundamental.
Esto significa que la salida también tiene una dimensión cotidiana. Para algunos, dejar la pandilla supone apartarse de las amistades con las que crecieron, encontrar otro lugar donde vivir, conseguir un ingreso y convencer a sus antiguos compañeros de que no representan una amenaza. Implica aprender a relacionarse con personas que los conocen únicamente por el miedo que provocaron.
Las iglesias han desempeñado un papel particular en esos procesos. En ciertos barrios, una congregación puede ofrecer algo que el Estado no consigue proporcionar: una comunidad dispuesta a recibir a alguien con antecedentes criminales y ayudarlo a construir otra identidad.
Esa transformación no borra los delitos cometidos. Tampoco significa que todas las conversiones religiosas sean sinceras. Las propias iglesias reconocen que algunas personas pueden utilizar la religión para encubrir actividades criminales. Su responsabilidad consiste también en distinguir a quienes buscan una nueva vida de quienes pretenden continuar delinquiendo bajo su protección.
Pero hay una diferencia entre desconfiar razonablemente de una conversión y negar de antemano que las personas pueden cambiar.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/los-faciles-de-capturar/
Las pandillas hondureñas comenzaron a modificar sus prácticas cuando el Estado convirtió los tatuajes en una de sus principales herramientas de identificación. Desde las reformas de 2003, muchas estructuras redujeron la utilización de marcas visibles para evitar ser reconocidas. La persecución policial terminó modificando la apariencia de las nuevas generaciones de pandilleros.
Paradójicamente, quienes ingresaron durante la época en que tatuarse era parte de la identidad de la organización pueden seguir llevando aquellas marcas muchos años después de abandonarla.
Un tatuaje no desaparece cuando alguien consigue trabajo, se convierte en padre, se incorpora a una iglesia o deja de reunirse con sus antiguos compañeros. Puede permanecer durante toda la vida. En algunos casos habrá posibilidades de borrarlo; en otros, por sus dimensiones, costos o cicatrices, no resultará sencillo.
La nueva reforma penal hondureña considera la pertenencia a una asociación terrorista como un delito de consumación permanente. Además, permite utilizar tatuajes y símbolos como elementos para acreditar esa pertenencia mediante peritajes especializados y matrices de asociación.
La ley no establece que llevar un tatuaje constituya, por sí solo, un delito autónomo. Pero su aplicación plantea una dificultad considerable cuando las autoridades deben distinguir la pertenencia actual de una relación que terminó en el pasado.
La diferencia es decisiva. Una persona que permanece dentro de una organización dedicada a extorsionar, amenazar o asesinar debe responder por los delitos que puedan probarse. Quien abandonó esa organización no puede continuar siendo considerado integrante únicamente porque conserva sus símbolos.
El principio constitucional que prohíbe aplicar retroactivamente una ley penal más severa añade otra dificultad. Si alguien dejó la pandilla antes de la reforma, su antigua pertenencia no puede convertirse automáticamente en un delito que continúa cometiéndose después. La Fiscalía debe demostrar esa continuidad, no presumirla a partir del pasado.
La investigación policial necesita reconstruir relaciones, comunicaciones, movimientos de dinero, participación en hechos concretos y vínculos actuales con las estructuras. Un peritaje de tatuajes puede aportar información, pero no sustituir toda esa investigación.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/bukele-y-las-pandillas-que-nacieron-del-poder/
Quedan, además, las víctimas. Los familiares de quienes fueron asesinados, los comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios y las familias expulsadas de sus casas tienen razones para desconfiar de las promesas de arrepentimiento. Algunos todavía esperan que sus agresores respondan ante la justicia. Otros difícilmente recuperarán lo que perdieron. Una conversión religiosa puede transformar la vida de quien cometió un delito, pero no borra lo que hizo ni las consecuencias que dejó en los demás.
La verdadera dificultad consiste en reconocer ambas realidades. Honduras necesita castigar a los responsables de delitos y también necesita que quienes formaron parte de estas organizaciones puedan abandonarlas.
Una política que solo ofrece cárcel a quien pretende salir termina cerrando uno de los caminos para reducir la cantidad de integrantes activos. Si el muchacho que abandona una pandilla descubre que ninguna empresa lo contratará, que todos los policías lo consideran delincuente y que ninguna institución reconocerá su cambio, las posibilidades de construir otra vida se reducen considerablemente.
La reinserción requiere más que la buena voluntad de un pastor. Necesita oportunidades de trabajo, protección frente a represalias, acompañamiento familiar y mecanismos que permitan documentar el abandono efectivo de una organización criminal.
https://oscarlestrada.com/bitacora/poder/la-impunidad-no-tiene-prisa/
El Estado hondureño ha dedicado enormes recursos a perseguir a las pandillas. Ha dedicado mucho menos esfuerzo a facilitar y comprobar la salida de quienes quieren abandonarlas.
Los dos hombres detenidos esta semana tendrán que responder ante la justicia. Sus casos deben resolverse con pruebas sobre sus conductas y vinculaciones actuales, sin desconocer antecedentes acreditados ni dar por verdadera una rehabilitación que todavía debe examinarse.
La sociedad también necesita conocer qué ocurre después de que alguien deja una mara. Cómo consigue empleo, dónde puede vivir, cómo recupera relaciones familiares y qué protección tiene frente a sus antiguos compañeros. Cuántos lo han logrado y cuántos regresaron porque encontraron cerradas todas las demás puertas.
Hay una diferencia entre llevar la pandilla tatuada en el brazo y continuar perteneciendo a ella.
La justicia hondureña tendrá que aprender a reconocerla. Porque salirse de una mara ya es suficientemente difícil como para que el pasado siga siendo una condena de la que nadie pueda escapar.